Aunque está legalmente prohibido desde el retorno de la democracia en el país, las fuerzas armadas argentinas volverán a actuar en «asuntos estratégicos» de seguridad interior por decisión del presidente Mauricio Macri, en respuesta a la cada vez más creciente conflictividad social y a las presiones del gobierno de Donald Trump. Para hacerlo, Macri sigue […]
Aunque está legalmente prohibido desde el retorno de la democracia en el país, las fuerzas armadas argentinas volverán a actuar en «asuntos estratégicos» de seguridad interior por decisión del presidente Mauricio Macri, en respuesta a la cada vez más creciente conflictividad social y a las presiones del gobierno de Donald Trump.
Para hacerlo, Macri sigue utilizando el mismo lenguaje con el que suele adornar y encubrir sus verdaderas intenciones: «modernizar», mirada «estratégica», «los desafíos del siglo XXI»; y usar siempre la referencia a la «democracia», entendida como la potestad de un gobierno para cercenar los derechos de los ciudadanos que son sujeto de los derechos que pretende defender.
La decisión del mandatario termina con un consenso democrático logrado en 1983 tras la larga noche de la dictadura cívico-militar genocida instaurada en marzo de 1976, y borra la barrera entre la seguridad interior y la defensa nacional. «Si la sociedad no detiene a Macri, la decisión cambiará la vida de la Argentina para siempre. Y arruinará, inclusive, la vida de los propios militares», sostuvo Martín Granosvsky en Página 12.
Macri hizo el anuncio en el Cuartel de Campo de Mayo; sostuvo que estas medidas están destinadas a combatir «los desafíos de seguridad del siglo XXI, el terrorismo y el narcotráfico. Es importante que intervengan en la protección de asuntos de carácter estratégico. Será fundamental la custodia y protección de las fuerzas armadas en objetivos estratégicos y blindar la seguridad de nuestros activos».
Hizo énfasis en «el apoyo logístico» a la seguridad interior, enfocado la mirada hacia la protección del Atlántico Sur y de las fronteras, habló del rediseño del concepto de defensa nacional y de una protección de los objetivos estratégicos clave de los recursos naturales del país. La escasez y la pobreza de argumentos que suele utilizar Macri son inversamente proporcionales a la brutalidad de sus anuncios.
El decreto, elaborado con asesoramiento de expertos estadounidenses e israelíes – apenas fue anunciado y repudiado por partidos políticos y movimientos sociales pero aún no fue publicado-, contempla tres artículos para poner en ejecución el plan de restructuración de las fuerzas armadas, y en su anexo documental de 27 páginas prevé tres grandes capítulos que fijan los lineamientos de la profunda reforma militar, detalló el diario oficialista Infobae.
El documento firmado por el ministro de Defensa, OscarAguad menciona que «las amenazas cibernéticas sofisticadas provienen de organizaciones militares y agencias de inteligencia de otros estados». El ministro aún no pudo dar respuestas sobre la desaparición en el Atlántico Sur del submarino ARA San Juan con 43 tripulantes, el 15 de noviembre último.
Aguad señaló a periodistas que «no hay una amenaza concreta, pero la podemos tener en cualquier momento. Imagínense que Rusia intervino en el resultado electoral de Estados Unidos de la campaña anterior y eso tiene que ver con un ciberataque», dando por cierto algo que nunca se pudo comprobar y causó revuelo diplomático, al tratar de justificar la compra de «un aparato para ciberdefensa muy moderno», y otros equipos israelíes.
Es más, habla de cooperación con otros países y sorprende que en el anexo sobre el análisis regional se haga referencia a «la crisis que atraviesa Venezuela», y denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro «persiste en sus esfuerzos por consolidar un régimen autoritario que viola de manera sistemática las libertades fundamentales y los derechos políticos de sus opositores».
Repudios y preocupación
El anuncio recogió solamente repudios entre los organismos de derechos humanos, desde donde calificaron la decisión presidencial como una «amenaza» a la democracia y la vincularon con las medidas de ajuste que el Ejecutivo está implementando. Para los organismos humanitarios, la medida tiene un objetivo claro: responder a la cada vez más creciente conflictividad social con política represiva, ya que no hay forma de solucionar plan económico de ajuste y hambre sin represión.
«Es una decisión que nos retrotrae a épocas de la dictadura porque fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior, por lo tanto es una muy mala noticia, nos lleva a pensar que justamente lo peor de la historia argentina», definió Carlos Pisoni, de la agrupación Hijos (de desaparecidos durante la dictadura), quien aseguró que «como familiar de desaparecidos, de solo imaginar que los militares vayan a poder hacer tareas que hicieron durante la dictadura da escalofríos».
El bloque en el Senado del kirchnerista Frente para la Victoria advirtió que esta medida es inconstitucional y si hay un decreto, debe pasar por el Congreso Nacional. Sostuvo que «desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las fuerzas armadas en asuntos internos es ilegal», explicando que «entrometer» al ejército en seguridad interior «exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina: defensa, seguridad interior e inteligencia».
«La experiencia del mundo nos indica que termina siendo un remedio peor que la enfermedad, como en México y Colombia», opinó el excandidato presidencial del radicalismo Ricardo Alfonsín. Desde el Frente de Izquierda (FIT) no hay dudas que el gobierno quiere tener las Fuerzas Armadas a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI, mientras que Gabriel Solano (FIT-PO) lo asoció al «plan represivo diseñado por el Pentágono».
Varios analistas se refirieron a la triste experiencia mexicana desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón sumó a los militares a la lucha contra el narcotráfico (y de paso contra la creciente protesta social) causando 234 muertes (cifras hasta 2017), aún aclarando del narco en Argentina es muy diferente al de México, pero también sirve de argumento para acentuar la represión.
Alineamiento
La «reforma del sistema de seguridad nacional» cuando no hay una hipótesis de conflicto real no es otra cosa que una nueva decisión de alineamiento de la Argentina con la política de Estados Unidos en materia de seguridad internacional que señala como enemigos «al terrorismo» y al «narcotráfico».
Alimentar la idea del enemigo es una acción multipropósito: justifica el apoyo a las Fuerzas Armadas, permite desviar fondos con ese fin, busca sacar la mirada de los crecientes problemas internos y, simultáneamente, hacer un guiño al gobierno estadounidense, uno de los principales sostenes de la gestión de la Alianza Cambiemos.
«En breve podremos observar que con la pretensión de «modernizar» la Argentina comprará más armas a la industria militar internacional (en especial estadounidense) y en consecuencia «tendrá» que capacitar a sus Fuerzas Armadas en el uso de las mismas. No es difícil imaginar que EEUU, generosa y solidariamente, ofrecerá a sus propios expertos para enseñarles a los nuestros como usarlas. No solo eso. ¿Quiénes conocen más de «narcotráfico» y de «terrorismo» en el mundo? Los mismos», señala el analista Washington Uranga.
Para todos estos propósitos, Macri, quien sigue perdiendo credibilidad e inbtención de voto de cara a las elecciones del año pr´loximo, quiere «poner en valor a la familia militar». Comenzó por recomponer los salarios castrenses por encima del recorte con el que castiga a todos los empleados del Estado, en un reconocimiento necesario para las nuevas tareas represivas que requiere el modelo económico, político y social del macrismo.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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