A principios de año el gobierno de Macri anunció la formación del Instituto de Evaluación Educativa. Luego, en abril, creó la Secretaría de Evaluación Educativa y ahora prepara para el 18 y 19 de Octubre el Operativo de Evaluación «Aprender 2016». ¿En qué consiste? En una conjunto de exámenes de distintas áreas de conocimiento (lengua, […]
A principios de año el gobierno de Macri anunció la formación del Instituto de Evaluación Educativa. Luego, en abril, creó la Secretaría de Evaluación Educativa y ahora prepara para el 18 y 19 de Octubre el Operativo de Evaluación «Aprender 2016». ¿En qué consiste? En una conjunto de exámenes de distintas áreas de conocimiento (lengua, matemática, naturales y sociales) a estudiantes y docentes del nivel primario y secundario. Se trata de pruebas estandarizadas (todas iguales para todo el país) de dos tipos. Las pruebas censales que son para 6º año de la primaria y 5º y 6º años de la secundaria. Y las pruebas de muestra son para 3º de la primaria y para 2º y 3º año de la secundaria. Según el Ministerio de Educación tienen como objetivo «aportar un mayor conocimiento del sistema educativo». Sin embargo, veremos, esto es la forma de encubrir otras razones más profundas que están por detrás. Razones que van en contra de un proyecto educativo y de sociedad al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.
A continuación explicaremos cuáles son estas razones de fondo. Adelantamos que nos oponemos firmemente a su implementación y llamamos a la docencia y los estudiantes a rechazarlos y a organizar la lucha para evitar que se aplique.
«Aprender 2016″: la «pata educativa» del neoliberalismo del Siglo XXI
Lo primero que hay que señalar es que el Operativo de Evaluación «Aprender 2016» es parte de la estrategia global del macrismo de operar un giro conservador y reaccionario en los asuntos políticos y culturas del país. Se trata de hacer de la Argentina un país amigable con los centros de poder económico como EEUU, «atractivo» para las inversiones de los países imperialistas y por lo tanto las patronales y el gobierno necesitan realizar un duro ajuste económico que baje los salarios a niveles inferiores que los países vecinos.
Pero para eso, Macri y los empresarios, necesitan derrotar todas las luchas de resistencia que los trabajadores venimos dando en la última década. A partir de esto lograr un «clima político» en el país que haga viable la aplicación de este ajuste en toda la regla. Ahora bien, no se trata sólo de aplicar un ajuste económico. El macrismo pretende un cambio mayor: quiere introducir un conjunto de cambios políticos y culturales que reviertan el «consenso» que se instauró a partir de la Rebelión Popular del 2001. Consenso a favor de la «intervención de la estado en el mercado», de valorización de lo público por sobre lo privado, de la defensa de los derechos sociales, del valor de la educación pública. Y es contra esta legitimidad de la educación pública que quiere avanzar el proyecto educativo del macrismo, con el objetivo operar un profundo cambio en el sistema educativo.
Lo más perverso del gobierno es que para lograr este cambio se apoya un hecho real: que si bien la educación pública es defendida por vastos sectores de la sociedad, al mismo tiempo ha venido sufriendo un deterioro enorme, producto de la política de los gobiernos anteriores (menemismo, kirchnerismo y macrismo en CABA) que la han dejado venirse a pique. Y esta política favoreció que muchos sectores, tanto de clases medias como inclusive de trabajadores, elijan mandar a sus hijos a escuelas privadas donde hay mejores condiciones edilicias, el presupuesto es mayor y por la presión de la patronales hay muchos menos paros. Pero no hay que dejarse engañar! El macrismo no trae un cambio que este a favor de la educación pública y desde ahí introduzca mejoras. No! Es un cambio que profundizará más su crisis y le abrirá las puertas a las empresas privadas para que hagan suculentos negocios y precarizará aún más el trabajo docente.
La educación al servicio de los empresarios
Contra lo que dice Macri y el Ministro Bullrich de que el Operativo Aprender es algo innovador, tenemos que decir que no! Es un proyecto que viene importado de «experiencias» educativas neoliberales de otros países del mundo como México, Chile, España, EEUU, donde se buscó hacer del sistema educativo uno al servicio de las necesidades del mercado capitalista. No podía ser de otro modo cuando encontramos que uno de los principales impulsores de esto es el mismo Banco Mundial, una institución que defiende los intereses de bancos y empresas multinacionales, y que no es precisamente la educación de los pueblos lo que le interesa. Y ahora, con la asunción de Macri, un gobierno bien amigo de los empresarios y banqueros, el proyecto educativo que se pretende aplicar en Argentina es uno que refleje lo más fielmente lo que estos sectores de poder quieren para América Latina y el mundo.
A principios de febrero de 2016 el gobierno firmó la «Declaración de Purmamarca» donde, entre otros de sus objetivos se encuentra el de «Desarrollar herramientas e integrar prácticas académicas con conocimiento del trabajo y la producción para reducir la brecha entre la educación y el mundo del trabajo.»1 Donde la idea de reducir esta brecha no es otra cosa que poner al sistema educativo en función de lo que las empresas («el mundo del trabajo») necesiten. Y eso implica, en una parte, reorientar los programas de estudio y los contenidos de enseñanza para que los estudiantes aprendan las cosas que las empresas quieren que sepan. Así, la educación pública se vuelve un engranaje de la formación de la «mano de obra», en lugar de estar en función de una perspectiva humanista, laica, científica y liberadora.
Ataque al salario docente y la estabilidad laboral
Aunque en los documentos oficiales de «Aprender 2016» no este dicho, el gobierno piensa la aplicación del plan en varias etapas. Esta primera que se busca realizar el 18 y 19 de octubre tiene como objetivo central, según el gobierno, «sensibilizar» con la «cultura de la evaluación». Lo que hay que decir en realidad es que busca instalar entre la docencia y la sociedad que es necesario, para «mejorar la educación», hacer una evaluación de los docentes y los estudiantes. De esta manera se pretende reforzar la idea que la solución de los problemas educativos vendrá de la mano exclusivamente de una mejor formación de los docentes. Claro, de aumentar los salarios, el presupuesto, de arreglar las escuelas no se habla.
Lo que el gobierno no dice es que esta es la primera fase de lo que viene después: una vez publicados los resultados en el 2017 tratarán de instalar la idea que «la manera de mejorar la educación de los chicos es formando a los docentes en función de lo que el mundo actual necesita». Es decir: luego del operativo de «sensibilización» vendrá el operativo de «culpabilización» y estigmatización de los docentes como los responsables de la falta de educación de los estudiantes. Entonces darán paso a justificar la necesidad de condicionar el monto salarial a cobrar a los resultados de los exámenes. Si se obtienen «buenas notas» de los estudiantes y del docente… el salario sube; y viceversa. Y como sucede en México hace tiempo, si se repiten las «malas calificaciones»… viene el despido del docente!. Esto busca introducir un espíritu de competencia entre los docentes para obtener mayores puntajes, tratando de minar los lazos de solidaridad y camaradería que se han forjando entre la docencia luego de años de luchas.
Esta competencia también rige para las escuelas. Porque se establecería un criterio de cuanto mejor sean los resultados de los docentes y los alumnos de un establecimiento se le destinaran más recuerdos pedagógicos y más dinero para «caja chica». Claro que esto atenta contra el principio básico de distribución justa en donde se supone que se le deben asignar más recursos a quienes más los necesitan y no más recursos en función del «merito» medido por los resultados de estos exámenes.
La formación docente como mercancía
La contrapartida de atar el salario y la estabilidad laboral a los resultados de los exámenes se encuentra en que el gobierno está preparando suculentos negociados con empresas multinacionales para que entren en la esfera del sistema público de educación. Por eso se lo vio a Macri reunido con el «empresario de la educación» más poderoso del mundo, Sunny Varkey, dueño de más de 130 centros de formación docente en 12 países y de la cadena de colegios privados más grande del mundo. Lo que se ventiló es que hicieron planes para que su empresa, la GEMS Education desembarque en la Argentina para poner en pie un sistema de cursos de formación para docentes. Cursos que tendremos que pagar los propios docentes y que se instalaría como una suerte de monopolio de los conocimientos para luego aprobar las pruebas estandarizadas que se tomarían a fin de cada año. Pruebas que serán las mismas para todos los lugares del país, desconociendo los distintos contextos sociales y culturales.
Así la enseñanza se transforma completamente. En lugar de concebir a la educación como un proceso de construcción conjunta de conocimiento y valores entre docentes y estudiantes se pasa a una concepción donde el docente es un aplicador de los saberes que impartan en estos cursos. Saberes que, como ya señalamos, son los requeridos por las empresas, y que luego son examinados en las pruebas evaluadoras. El docente es visto de forma tecnocrática, el estudiante como una suerte de recipiente vacío que debe ser llenado, y al conocimiento como una mercancía que venden estas empresas y que el gobierno administra en las escuelas. Cualquier parecido con la película The Wall no es pura coincidencia.
Un ataque al Estatuto Docente y la actividad sindical
De fondo, lo que queda cuestionado y como letra muerta es el Estatuto Docente, ley donde están sancionadas todas las conquistas que dio la lucha docente durante décadas. En primer lugar queda destruida la principal conquista laboral de la docencia: el ingreso, ascenso y permanencia en el cargo. Desde el punto de vista de los trabajos que hay en el país, el docente es quizá el que tiene el sistema de ingreso y ascensos más democrático de todos. Se ingresa por puntaje, y ese puntaje es cuantificado sobre la base de una serie de variables (antigüedad, formación en cursos, títulos, etc) y no hay ninguna persona que tome la decisión de que docente ingresa y quién no. Es decir: no existe lo que es la moneda común en casi todo el sistema laboral, el «dedismo», el despotismo del patrón. Por lo tanto, los gobiernos de turno tienen una seria dificultad para hacer variar la planta docente, lo que dotó a la docencia de una importante libertad para ejercer la actividad sindical y política en las escuelas.
Si el gobierno avanza con este sistema no sólo se pone en jaque la estabilidad laboral sino que también queda restringida seriamente la libertad conquistada para el ejercicio de la actividad sindical. Porque otra de las cosas que entrarían el sistema de evaluación es la cantidad de ausencias y es conocido que la licencias por enfermedad son utilizadas por muchos compañeros que se ven seriamente afectados por las pésimas condiciones laborales. Y por otro lado, producto de los bajos salarios los docentes recurrimos frecuentemente a la huelga como herramienta de la lucha por recuperar nuestro poder adquisitivo. Entonces si la «no asistencia» entra como un elemento a evaluar y por lo tanto al puntaje que se otorgue a ese docente, se corre el peligro (y es lo que se busca) de meter presionar para que uno vaya a trabajar enfermo y además para que no haya más paros. Así, un «simple» plan de evaluaciones es en el fondo una herramienta muy sutil para combatir las huelgas! Por lo tanto, no es sólo una reforma educativa sino también es una reforma laboral anti-sindical.
Hay que resistir la aplicación del Operativo
El gobierno está decidido a aplicar el Operativo Aprender 2016. De hacerlo sería un primer triunfo de esta política neoliberal y anti-educativa. Por eso es están importante que los docentes nos informemos, debatamos y organicemos para evitar que esto suceda. En primer lugar tenemos que exigir que se realicen las Jornadas Institucionales en las escuelas. En lo que va de gobierno de Cambiemos no se ha hecho ninguna, por la sencilla razón que quieren evitar que se debata amplia y democráticamente este y otros temas. Pero no podemos naturalizar que borren estas instancias que, por más limitadas y defectuosas que sean, son un espacio de reunión, reflexión y también de organización de los docentes. En el caso de que el gobierno no las convoque tendremos que ser los propios docentes lo que las organicemos y responsabilidad de los directivos colaborar en este sentido.
Por otro lado está la necesidad de salir a las calles a manifestarnos contra esta reforma educativa. La CTERA ya ha dicho que está en contra del Operativo y ha pedido su suspensión. Pero no ha dicho que está en contra del contenido sino de la forma de aplicarlo. De ahí que no haya llamado a un Plan de Lucha Nacional, que sería lo que corresponde para semejante ataque. Por eso las organizaciones sindicales combativas ya estamos exigiendo a la CTERA que salga del inmovilismo porque si deja pasar esto se trataría de una lisa y llana traición no sólo a los docentes sino a la Educación Pública. Ahora, los docentes no podemos esperar que la conducción burocrática de la CTERA haga algo: es momento de ser partícipes activos en una lucha en la que no estamos solos. Ya son miles de docentes y estudiantes en distintas partes del mundo que están resistiendo las «reformas evaluadoras», desde Chile, pasando por México hasta en EEUU. Pongamos manos a la obra: es momento de salir a luchar!
Nota:
1 «Declaración de Purnamarca». http://www.neuquen.edu.ar/Resoluciones%202016/Declaracion%20de%20Purmamarca%202016.pdf
Eric Simonetti, delegado docente de Suteba La Plata y dirigente de la Lista Gris Carlos Fuentealba (Nuevo MAS)
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