El presidente consiguió que el juez Casanello lo sobreseyera por las escuchas telefónicas ilegales. Ahora, prepara una ofensiva para colocar a su antecesora CFK en la incómoda posición de la que él ha salido. Así como designó dos jueces de la Corte Suprema en comisión y modificó por decreto la ley audiovisual, también recortó por […]
El presidente consiguió que el juez Casanello lo sobreseyera por las escuchas telefónicas ilegales. Ahora, prepara una ofensiva para colocar a su antecesora CFK en la incómoda posición de la que él ha salido. Así como designó dos jueces de la Corte Suprema en comisión y modificó por decreto la ley audiovisual, también recortó por su sola firma las funciones de la Procuradora General Gils Carbó, cuya renuncia solicita por los diarios. Lorenzetti gestiona el alejamiento de varios jueces.
Es el tiempo de la venganza. El juez Sebastián Casanello ya había sobreseído a Maurizio Macrì en una etapa previa, decisión que fue revocada por los camaristas de apelación Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. La semana pasada, Ballestero y Freiler recibieron un ultimatum de Macrì, quien empleó al más insólito mandadero para solicitarles la renuncia: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La intimación también abarcó a los jueces Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrì por las escuchas) y Rodolfo Canicoba Corral. Oyarbide decidió apurar su jubilación, Canicoba se encargó de que trascendiera la operación conjunta ejecutivo-judicial, para asegurar la justicia independiente que Macrì exaltó en su primer mensaje y que Casanello ejemplificó sobreseyendo al flamante mandatario. Ahora es el turno de Cristina, a quien el gobierno desea ver presa por traición a la patria, nada menos.
Nada que ver
El propio Macrì repitió hasta el hartazgo que la designación del comisario Fino Palacios como primer jefe de su policía metropolitana le había sido recomendada por organismos de Inteligencia de Israel y Estados Unidos, pero Casanello entiende que el ex jefe del gobierno porteño estuvo ajeno a ella porque debía ocuparse de muchos otros asuntos. Aunque Palacios fue su jefe de seguridad en Boca Juniors y está probado que integraba una asociación ilícita para realizar esos delitos, el entonces jefe de gobierno no la integró: las escuchas a su cuñado fueron por iniciativa de Franco Macrì, no de su hijo; el vínculo con el agente de Inteligencia Ciro James, que retiraba las cintas grabadas, no lo llevaba él sino su ministro de Educación Mariano Narodowsky, quien no se sabe por qué le pagaba el sueldo más alto en un ministerio en el que no trabajaba; el interesado en escuchar a Burstein era el propio Palacios, porque cuestionaba su designación para el cargo debido a su participación en el encubrimiento por el atentado a la DAIA, por el que está procesado. Según el testimonio del ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, fue él quien sugirió a Palacios. Asunto terminado. Menos fortuna tuvo el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ya que la Corte Suprema dejó firme su procesamiento, debido a las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que realizó en el megacanje liderado por Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo.
La fecha de largada para la ofensiva contra el kirchnerismo sería el 1 de marzo, cuando Macrì inaugure las sesiones ordinarias del Congreso. A diferencia de lo sucedido el 1 de diciembre, cuando enhebró una apurada retahíla de generalidades y propuestas de felicidad y amor, dentro de dos meses se propone presentar con el mayor detalle los cargos que haya acumulado contra la administración que lo precedió. Su mensaje sería extenso y duro. La colocación de Cristina a la cabeza de los objetivos fue un aporte del Grupo Clarín. Ya en octubre de 2014 su ariete más voluminoso, Jorge Lanata, dijo que «Cristina tiene miedo de ir presa. Tiene miedo de la investigación de los buitres sobre la ruta del dinero». A mediados de 2015, durante la campaña para las Primarias, la ex diputada radical Elisa Carrió sostuvo que de llegar ella a la presidencia, «Cristina irá presa». Esto no ocurriría por «revanchismos» sino mediante leyes de «imprescriptibilidad sobre los delitos de corrupción» y «juicios sobre los bienes» de los funcionarios corruptos. «Pediré informe de todas las cuentas en el exterior», dijo. El 27 de noviembre, mientras se discutían los detalles del acto de jura del nuevo presidente, el periodista Ceferino Reato escribió: «Vamos a ver si Cristina permanece libre mucho tiempo». Agregó que «debería favorecer una buena transición» y que «tensar la situación no la favorece» porque «tiene muchas causas abiertas», amenazó. La aliada presidencial Margarita Stolbizer denunció a CFK por enriquecimiento ilícito y el 9 de diciembre anunció que podría ir presa por «un enriquecimiento difícil de ocultar». En una columna para el diario La Nación, Luis Majul sostuvo que si Cristina fuera presa no sería porque Macrì decidió «empujarla a la cárcel» sino porque el juez Claudio Bonadio ya recolectó «todas las evidencias que prueban, como mínimo, la existencia de lavado de dinero en la causa Hotesur». Macrì no conminó a su socia política para que presionara al fiscal Carlos Stornelli o al juez Daniel Rafecas «porque sabe que Stolbizer no necesita un guiño del Presidente para continuar lo que empezó. Pero el miedo de Cristina Fernández a que la metan presa es lo que explica, también, la virulencia y la agresividad de los fogoneros del Frente para la Victoria», pretende uno de los periodistas más próximos a la intimidad presidencial. El modelo es el ’55, con la exhibición de vestidos y zapatos en la residencia presidencial, las comisiones investigadoras que ocuparon el lugar del clausurado Congreso, y la ilusión de borrar al tirano depuesto de la memoria popular, presentándolo como un ladrón de los dineros del pueblo. El resultado de ese intento es bien conocido. Pero Macrì también comienza a advertir que la recomposición del Grupo Aaahhhh… puede ser útil para apoderarse de cargos que no le corresponden, como la banca en el Consejo de la Magistratura que esa componenda birló a la primera minoría, del FpV, para entregársela al diputado de PRO Pablo Tonelli, maniobra que por ahora frenó un amparo aceptado por la jueza de La Pampa Iara Silvestre. Pero la propia Stolbizer objetó que se modificara por decreto la ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal, materia que la Constitución colocó en forma expresa fuera del alcance de la lapicera presidencial. «El gobierno no pude avanzar con DNU que son inconstitucionales. No sólo debe acreditar necesidad y urgencia sino respetar materias vedadas», advirtió Stolbizer.
Traición a la patria
Hay también otros temas y operadores. El día de Nochebuena, un columnista del Grupo Clarín sostuvo que cuando fue apartado de la causa el juez de Casación Juan Carlos Gemignani se proponía denunciar a Cristina por traición a la patria a raíz del memorando de entendimiento con Irán, cuya inconstitucionalidad quedó confirmada por la decisión del Poder Ejecutivo de no apelar la resolución de la Cámara Federal en ese sentido. El mismo día, un boletín electrónico dirigido por dos editores del Grupo Clarín dijo que un ciudadano colombiano, cuya identidad ocultan, escuchó el 16 de enero del año pasado, en una oficina de la Cancillería donde realizaba un trámite personal, que el entonces ministro Héctor Timerman planeaba asesinar al fiscal Alberto Nisman y que el ejecutor sería el nerd informático Diego Lagomarsino (!). Dos días después Nisman apareció con una bala en la cabeza y el colombiano fue a Puerto Madero a verificar los hechos (¡!). Como corresponde, la extravagante denuncia, que nadie con dos dedos de frente podría tomar en serio, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. El 28 de diciembre, el rabino Gustavo Perednik le dijo al aún receptivo Mariano Grondona, que «CFK va a ir presa por el asesinato de Nisman», cuando a casi un año el único elemento a favor de la hipótesis del crimen es la voluntad de la familia y de los amigos políticos de Nisman. En coincidencia con estos episodios, el nuevo gobierno pretende que la Unidad AMIA del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahora a cargo del ex senador radical Mario Cimadevila, oriente su tarea a la investigación de la muerte del ex fiscal y sobre todo a resucitar la denuncia de Nisman contra la ex presidente, que un juez de primera instancia, dos de apelaciones y un fiscal de Casación desestimaron por inexistencia de delito. Incluso se proponía rebautizar a la dependencia como Unidad AMIA-Nisman, lo cual motivó una tajante reacción de familiares de las víctimas del atentado. «Si asesinan a un familiar y el fiscal de la causa se gasta en putas los fondos asignados para investigarlo, ¿qué te parecería que lo homenajearan?» fue la pregunta airada que escuchó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, un hombre con demasiados cadáveres en el ropero como para embestir contra un muro. El fiscal federal Eduardo Taiano dio curso a otra denuncia desopilante por traición a la patria y encubrimiento contra Timerman, por el contenido de una conversación telefónica grabada en forma ilegal, donde dice en privado lo mismo que la justicia y el gobierno afirmaban en público desde 2005: que los autores del atentado eran los iraníes denunciados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 2005 y 2010 por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner y cuya captura internacional solicitó en 2007 el juez Canicoba Corral. En 2013, cuando el presidente de la AMIA Guillermo Borger le recriminó que negociara con Irán, Timerman le respondió que no podía negociar con Suiza, porque la bomba la pusieron los iraníes. Taiano pidió que se agregara la denuncia de Nisman contra Timerman y Cristina, de modo que confiando en la conocida buena puntería de Bonadio sea posible acertar a la cabeza de la oposición. Los audios forman parte del libro «Nisman debe morir», del periodista Daniel Santoro y su divulgación ahora como si revelaran algún secreto descalificatorio, une la utilidad del marketing a lo placentero de la injuria contra el anterior gobierno. Santoro también fue el vehículo elegido para atribuir carácter de prueba judicial al borrador del juez Gemignani sobre Cristina, cuando no es más que la opinión de un magistrado cuyas afirmaciones no tienen sustento en los documentos de la causa. Según Gemignani, la traición a la Patria habría consistido en la creación de una comisión de la verdad que implicaría transferir la soberanía al «estado sospechoso» de haber ordenado el atentado. También entiende que el tratado restringe «la potestad de encarcelamiento» del juez al «dejar sin efecto las alertas rojas sobre los responsables». Pero el memorandum sólo dice que esa comisión que nunca se integró (de cinco juristas de prestigio internacional, que no podía incluir iraníes) revisaría la documentación y transmitiría una opinión a los dos gobiernos, pero no que desplazaría la jurisdicción de los tribunales argentinos. Además está probado en forma contundente que nunca se contempló levantar las alertas rojas. Por el contrario, el entonces director de Interpol, Ronald Noble, declaró que el gobierno argentino le pidió en forma reiterada e insistente que siguieran en vigencia y el único que podría haber pedido su anulación era el juez Canicoba, que nunca sintió su jurisdicción menoscabada. Tal vez por eso, ahora está en la lista negra del gobierno amarillo. Que la justicia haya declarado inconstitucional el memorando y que no haya surtido ninguno de los efectos que se buscaron al suscribirlo, no implica que su firma y su ratificación por el Congreso constituyeran un delito penal.
El esquema que se intenta ahora es el mismo que usó el 17 de mayo de 1956 el juez de facto Luis Botet, en la causa «Perón, Juan Domingo y otros s/ traición y asociación ilícita», instada por el gobierno militar que tres semanas después fusilaría a decenas de trabajadores y militares acusados de conspirar para reponer al gobierno derrocado. Para Botet, el delito se había realizado con la sanción de leyes que a su juicio confirieron a Perón la suma del poder público y facultades extraordinarias. Botet, que se identificaba como «Juez de la Revolución Libertadora», libró orden de captura internacional contra Perón y ordenó el arresto de más de un centenar de ministros, secretarios, diputados y senadores. Esta es parte de la dificultad que encuentra ahora Macrì: si el memorando constituye el delito, ¿cómo imputar a Timerman y Cristina y no a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley? Botet reapareció en julio de 1966, como interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires luego de la noche de los bastones largos que el dictador Juan Carlos Onganía hizo descargar sobre la cabeza de profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. Al referirse al éxodo de centenares de investigadores de alto nivel que fueron a enriquecer a universidades de todo el mundo, entre ellos el futuro Premio Nobel César Milstein, Botet dijo que la autoridad debía prevalecer sobre la ciencia, un razonamiento de la misma raíz filosófica (con perdón de la palabra) que la advertencia del actual ministro de Comunicaciones, quien cree que ninguna ley puede limitar al presidente.
La fracción hegemónica
No es de extrañar que el tema central elegido para acorralar a Cristina y propiciar el surgimiento de un peronismo hermafrodita, que vuelva a acomodarse en el rol de facilitador de políticas contrarias al interés popular que pregona defender, pase por la política internacional. Macrì nunca ocultó que ése era su propósito; cuestionó al gobierno de Venezuela en el debate con Daniel Scioli y en su primera cumbre del Mercosur; encomendó la Cancillería a la funcionaria de Naciones Unidas que coordinó las misiones de paz que interesaban a Washington; antes de las elecciones viajó a Israel, donde coincidió con el halcón presidente Beniamin Netanyahu en su posición contraria a cualquier acuerdo con Irán e incluso contra la política soberana de la Argentina frente a los fondos buitre. Así lo contó en una investigación sobre los fondos no declarados que Nisman recibió de Israel y Estados Unidos publicada en este diario, el sociólogo Jorge Elbaum, quien precedió a Claudio Avruj como director ejecutivo de la DAIA. Allí reveló que el rabino Perednik fue uno de los principales contactos de Nisman con el partido Likud, de la derecha gobernante israelí, que su vez fue su vía de acceso a Roger Noriega, quien desde que dejó el gobierno de George W. Bush dirige el American Enterprise Institute. Su principal financista es el millonario empresario estadounidense del juego Sheldon Adelson, socio de Paul Singer en el fondo buitre NML Elliot y mecenas de la Task Force Argentina, que volcó cuantiosos recursos a difamar a las anteriores autoridades argentinas, con cargos tan disparatados como los que acaba de hacerle a CFK el Centro Wiesenthal, que le otorgó una mención de deshonor en su ranking mundial de expresiones antisemitas. (Su pecado fue haber dicho que los mecanismos de la usura que hoy practican los fondos buitre fueron descriptos hace siglos en «El mercader de Venecia». Pero la ex presidente nunca cuestionó al fondo Elliot porque Paul Singer fuera judío, sino porque pretende una ganancia exorbitante, por títulos que compró a precio vil después del default). Elbaum cuenta que Nisman se encontró con Noriega en Buenos Aires en 2010, en un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, coorganizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus Foundation, asidua receptora de aportes provenientes de Adelson, El Rey de Las Vegas. En 2014, Avruj concertó con Nisman la agenda de las reuniones que Maurizio Macrì sostuvo en Tel Aviv y en Jerusalén, vinculadas con temas de seguridad internacional. El entorno de Macri consideraba como referente a Nisman después de sus dictámenes contra la infiltración iraní en Venezuela y América del Sur. A través de los contactos de Nisman, Macrì se reunió con referentes de la derecha israelí y con el primer ministro Netanyahu. Una de sus consecuencias fue que el 9 de septiembre último, Israel rechazara en la ONU las regulaciones de los fondos especulativos propuesta por la Argentina (que obtuvo 136 votos a favor, siete en contra y 41 abstenciones).
Esto a su vez coincide con un desplazamiento inédito en las relaciones de poder entre las fracciones dominantes del capital que se expresan en el actual gobierno. Por primera vez, la hegemonía se ha desplazado desde los grupos económicos locales, que crecieron de modo exponencial durante la dictadura cívico-militar y condujeron el desguace del Estado bajo el menemismo, hacia las empresas extranjeras, que tienen una impresionante representación en el gabinete nacional, a través de los CEOS de varias de ellas, tanto estadounidenses como europeas. La lógica binaria de la campaña electoral no ayudó a percibir que Macrì no era el representante del Círculo Rojo, sino que lo estaba denunciando. Eso ocurrió cuando le exigían que cerrara un acuerdo electoral con Sergio Massa, en cuyo Frente Renovador activan los grupos económicos locales (aunque los conduzca la transnacional italiana Techint) a través de personeros como el ex ministro de Devaluación y Pesificación Asimétrica, José de Mendiguren, y el también ministro en el gabinete del ex senador Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna, quien reordenó los fragmentos de aquel estallido. Ni ellos ni los exportadores agropecuarios consideran suficiente la devaluación del 40 por ciento y por eso no están liquidando todos los granos acumulados que habían prometido. Jorge Todesca (0,3 por ciento de los votos cuando aspiró a ser electo jefe de gobierno porteño en 2011) repite el error que a partir de 2006 cometió el kirchnerismo con el INDEC y lo profundiza. En vez de dibujar las cifras, directamente las oculta, amparado en la emergencia estadística para todo este año que decretó el ministro Alfonso de Prat Gay, quien con alegría Pro dijo que la inflación de diciembre había sido de 3.5 por ciento. La vandalización del INDEC destruyó la credibilidad de toda palabra pública y quien persista en ese camino bárbaro pagará las consecuencias, porque la realidad, como el agua, siempre se las ingenia para superar cualquier dique. Esto apunta también hacia los posibles realineamientos con vistas a 2017. Massa cuenta con el poderoso respaldo de ese sector económico desplazado de la conducción, ya sea para apostar por la jefatura de un peronismo deskirchnerizado en alianza con varios gobernadores que desean cerrar el ciclo del Frente para la Victoria, o tratando de nuclear esa misma reacción en su Frente Renovador, dejando a Cristina sola con la rama juvenil. Las convocatorias por redes sociales y las catarsis en los parques son reacciones valiosas ante el avasallamiento de normas y derechos, siempre que no segmenten el vasto movimiento político y social que se expresó durante los doce años del kirchnerismo ni recaigan en el antipejotismo esteticista. Estas peripecias del PRO no están exentas de contradicciones, sino todo lo contrario. Quien se opuso a los dictados del Círculo Rojo e insistió ante Macrì en la pureza étnica como condición para llegar al gobierno fue su consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba. Ahora, mientras el presidente hace saber a través del diario La Nación que quiere ex funcionarios presos lo antes posible, Durán Barba declara a la revista Noticias que sólo al 16 por ciento le gustaría ver a la ex presidente tras las rejas. Acaso porque el ecuatoriano hizo su aprendizaje político en la Argentina de los primeros años ’70, cuando quedó claro para qué habían servido casi dos décadas de hostigamiento y ninguneo a Perón. También tomó nota del imponente acto de despedida a Cristina, el 9 de diciembre y del peso que su palabra sigue teniendo en el FpV, con el que nadie más que el intendente de Ezeiza Alejandro Granados pregonó que no tenía nada que ver. La composición de la comisión bicameral que trata los decretos de necesidad y urgencia y las negociaciones por el presupuesto bonaerense hablan por sí solas.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289453-2016-01-03.html