Este 20 de diciembre se cumplen veinte años del gran estallido social argentino de 2001 desatado tras la decisión del gobierno de imponer el denominado «corralito» a los depósitos bancarios. Las protestas, en un país que acumulaba ya tres años en recesión y 30% de trabajadores sin empleo, que iniciaron un día antes con un cacerolazo, fueron violentamente reprimidas con un saldo de 39 personas muertas y 4.500 detenidas.
Durante diciembre de 2001 Argentina vivió una serie de acontecimientos que marcaron sensiblemente su historia institucional y política. En 15 días el país tuvo cinco presidentes, consolidó su default financiero, abandonó la férrea política cambiaria que desde 1991 sostenía y devaluó el peso.
En un contexto de retraimiento económico e inequidad social se produjeron en todo el país encendidas manifestaciones de protesta. Contra ellas, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó la declaración de Estado de Sitio en toda la nación. Durante el conflicto, muchos comercios fueron saqueados, un gran número de ellos por grupos de personas provenientes de sectores relegados, y se produjeron destrozos en un clima violento.
Veinte años después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal confirmó las condenas por los asesinatos y heridos del 19 y 20 de diciembre de 2001de Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, y Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de esa fuerza. La justicia tarde pero ¿llega?
La crisis capitalista devino crisis institucional después del levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 bajo el grito unísono de “que se vayan todos”. A partir de la crisis, el empoderamiento de los ciudadanos anónimos mostró diferentes maneras de articulación social como las fábricas ocupadas y reactivadas por sus trabajadores, el mercado del trueque, las asambleas barriales, grupos de ahorristas reclamando sus derechos, los piqueteros desplegados en la geografía del país…
Crisis del modelo
A partir de mediados de la década del ‘90, se pulverizaron los ingresos de la gente de menores recursos a tal punto que el 20% de la población más rica, que en 1974 ganaba 7,8 veces más que el 20% más pobre, ahora percibe 14,6 veces más. Progresivamente aumentaron los índices de pobreza e indigencia, que en vastos sectores del país abarcaban a más del 50% de la población. Aún antes de que estallara la crisis, se registraba un índice de pobreza del 35,4% y de indigencia del 12,2%.
No fue el primer estallido social en la Argentina. Ya entre 1969 y 1972 se habían dado una serie de puebladas, contra la dictadura de la Revolución Argentina iniciada en 1966. Las puebladas de 1969 y comienzos de 1970 en Rosario y Córdoba debilitaron al gobierno militar. El Cordobazo, entre el 29 y 30 de mayo de 1969, fue liderado por los dirigentes sindicales Elpidio Torres, Atilio López y Agustín Tosco. Ambas llevaron a la salida del dictador Juan Carlos Onganía en junio de 1970, abriendo paso a las elecciones generales de 1973 y el retorno a la democracia.
El “corralito” bancario decretado el 1 de diciembre de 2001 marcó el inicio del mes más dramático de la historia argentina reciente. 20 días después de aquel cepo a los ahorros, Fernando de la Rúa, el último presidente radical, dimitió superado por las protestas y abandonó la Casa Rosada en un helicóptero.Con las reservas del Banco Cengtral en caída y una corrida bancaria en ciernes, a los argentinos se les permitió sacar un máximo de 250 pesos -o dólares- en efectivo por semana de sus cuentas. También se prohibieron las transferencias de dinero al exterior.
De la Rúa, que había asumido a fines de 1999, enfrentaba un durísimo dilema: por la Ley de Convertibilidad aprobada por su antecesor Carlos Menem que ataba el valor del peso al dólar, el endeudamiento se había disparado y la economía estaba estancada por un peso caro y poco competitivo. El 97% de la deuda externa era en dólares. La paridad peso-dólar estimuló los viajes a Miami, para regresar con exceso de equipaje y cajas de enormes televisores y raquetas de tenis.
El dólar era asimilado por las clases media y alta como moneda propia hasta para pagar golosinas en un kiosco. Cuando terminó la ilusión, esos mismos entusiastas vendían todo a precio de remate para irse del país. “No tenían ni ahorros: ni un peso ni un dólar ni comida ni trabajo ni futuro ni dónde curarse ni dónde educarse ni dónde caerse muertos”, recuerda la periodista Sandra Russo.
Ladeuda pública de Argentina ascendía a unos 150.000 millones de dólares, un 54% del Producto Bruto Interno (PBI) del país en esa época. De ese total, el 97% estaba tomada en dólares. Además, diversos factores jugaban en contra de la situación del país: la caída de los precios de las materias primas, los efectos de la crisis mexicana y asiática, la devaluación del real brasileño, la poca disposición de capitales extranjeros a invertir en mercados emergentes y un dólar muy fuerte cuando todas las obligaciones argentinas eran en esa moneda.
Que se vayan todos
El 18 de diciembre de 2001 un grupo de 60
personas irrumpió en un minimercado de la
cadena Día en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para
llevarse
alimentos. En San Miguel, provincia de Buenos Aires, unas 500 personas
saquearon varios comercios. Estos acontecimientos fueron percibidos como
detonantes de la crisis. Todos los medios evocaron la crisis de 1989, que
obligó al presidente Raúl Alfonsín a abandonar su gobierno antes de la
finalización de su mandato constitucional.
El 19 de diciembre se produjeron en todo el país numerosos saqueos contra negocios, especialmente de venta de alimentos, casas de electrodomésticos y de indumentaria. Mujeres con sus bebés en brazos llenaban sus bolsas con cajas de leche o paquetes de yerba o polenta. Comerciantes desconsolados que trataban de pararlos. Otros optaban por quedarse a un costado, resignarse y tratar de salvar lo poco que quedaba. Aún donde no existieron problemas, el pánico quedó sembrado.
En algunos casos, en particular en la provincia de Buenos Aires, la policía no intervino de modo efectivo. En muchos lugares, los propios comerciantes reaccionaron con armas de fuego. Como resultado de la violencia de ese día, siete personas fueron muertas a balazos durante los saqueos a supermercados.
En este marco, durante la tarde del 19 de diciembre, De la Rúa optó por declarar el Estado de Sitio en todo el país. La suspensión de garantías constitucionales como reacción estatal frente al conflicto social fue muy cuestionada. El Centro de Estudios Legales y Sociales y otras organizaciones impugnaron judicialmente la validez del decreto.
El periodista Martín Granosky relataba: “justo después del discurso de De la Rúa la irritación se concentró en el Presidente. Miles de personas salieron a la calle con cacerolas, sartenes, espumaderas y tapas… El cacerolazo fue incluso mayor que el de la semana pasada, aunque esta vez ninguna cámara de comerciantes lo hubiera convocado y a pesar de que por la noche reinara el temor a nuevos saqueos (…) El tono era hasta festivo, ganador (…) Del pánico se había pasado al repudio. El estado de sitio, y el discurso anunciándolo, habían pasado a la historia, cada vez más patéticos a medida que avanzaba la noche. Otros miles caminaban para engrosar las columnas en Plaza de Mayo”.
Entrada ya la mañana del jueves 20 y a plena luz, muchos manifestantes volvieron a congregarse sobre la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. Grupos heterogéneos convergían sobre la plaza. Partidos de izquierda junto a los oficinistas, con sus trajes y maletines. Aunque la situación era tranquila, la Policía Federal intervino nuevamente. Llegaron carros de asalto y se armó la primera fila de la Guardia de Infantería con cuya intervención comenzó la represión. La intervención policial fue ilegítima.
Se trató de una reacción excesivamente violenta frente a un conjunto de personas que, al tiempo de la intervención poicial manifestaban pacíficamente. La ausencia de una causa justificada para la represión, la utilización de armas de fuego en el contexto de una manifestación pública, así como la vulneración de los principios de gradualidad y proporcionalidad en la intervención mostraron de forma evidente la ilegalidad del procedimiento.
En la tarde del 20 de diciembre de 2001, el presidente renunció. La dimisión manuscrita, fue remitida por fax al conjunto de gobernadores peronistas por entonces reunidos en la provincia de San Luis. Minutos más tarde, De la Rúa abandonó la casa de gobierno a bordo de un helicóptero y dejó definitivamente el gobierno. Esa es la imagen del presidente que quedó grabada en todos los argentinos.
Derrumbe social
La crisis de 2001 quizás haya sido el peor derrumbe social de la historia argentina. El país atravesaba una crisis a nivel político, económico y social, cuyo desencadenante inicial fue la imposición del “corralito”, disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por Domingo Cavallo, el ministro de Economía.
Pero la revaluación cambiaria no fue más que una parte del conjunto de las políticas implementadas en ese período de fundamentalismo neoliberal, donde se intentó crear un “clima de negocios”, lo que significó la subordinación a los intereses empresariales con la apertura importadora, privatización a precio vil de las empresas públicas y la desregulación a favor de intereses privados.
El tipo de cambio artificialmente sostenido con endeudamiento externo favoreció la concesión de una gran masa de créditos al país, muy útiles para los financistas, favoreció la importación de todo tipo de bienes de consumo, provenientes de firmas extranjeras, lo que le proporcionó a la población la sensación (ficticia) de progreso y de “acceso” a la modernidad.
La paridad con el dólar (1 a 1) favoreció la ilusión de estabilidad de precios y a la remisión de grandes utilidades en dólares de las firmas extranjeras a sus casas matrices ya que la brutal disrupción de la producción local y la enorme masa de desempleados que se fue acumulando a lo largo de esos años, presionó hacia la baja el salario nominal. No fue apenas una crisis económica, sino que se puso en juego la posibilidad de la continuidad del Estado nacional como entidad con capacidad de autogobierno.
El colapso del aparato productivo, bancario y de las finanzas públicas fue sólo la expresión económica del derrumbe de toda la sociedad. Fue la acumulación de políticas contrarias a los intereses básicos de la Nación, fue el derrumbre del modelo neoliberal capitalista.
Las condiciones materiales y sociales que desembocaron en la crisis de 2001 comenzaron un cuarto de siglo antes, en 1976, con la dictadura cívico militar que impuso una transformación en el poder social a favor de los sectores más concentrados, productivos y financieros, y en lo económico un enorme endeudamiento externo que neutralizó las capacidad estatal para continuar el desarrollo económico.
Fue en ese año cuando comenzó la injerencia permanente de la tecnocracia neoliberal del Fondo Monetario Internacional sobre la definición de las políticas públicas. Los militares fallaron con su proyecto político, pero lograron reorganizar el país a favor de las fracciones más parasitarias del capital, tanto local como extrajero, logrando un notorio retroceso industrial y la precarización social que se prolongaron durante las dos décadas siguientes.
El período posdictatorial del presidente (también radical) Raúl Alfonsín fue impotente para poder conciliar el crecimiento con el pago de la deuda externa, y se vivió un escenario de inestabilidad macroeconómica, con una feroz hiperinflación junto a un profundo programa de reformas estructurales, para maximizar ganancias privadas a costa del patrimonio público.
Fueron las reformas estructurales de los ´90, acompañadas por el Plan de Convertibilidad de 1991, las causas más próximas de la crisis de 2001. El desempleo, que llegó al 18% -con un subempleo semejante- a mediados de la década, fue un aspecto relevante del “modelo”, ya que permitía un fuerte disciplinamiento laboral, y fue un antecedente social directo de las jornadas de diciembre de 2001. El movimiento piquetero surgirá a todo lo largo del país como estrategia de autodefensa de diversos grupos poblacionales frente a la destrucción masiva de puestos de trabajo.
Para muchos, diciembre de 2001 marcó el inicio de un ciclo de movilización donde la acción directa, la autoorganización y la democracia de base instaurarían una nueva ciudadanía e institucionalidad. Para otros, fue una expresión espasmódica frente a la confiscación de los ahorros, un grito antipolítico sin mayores proyecciones.
Más allá de las distintas interpretaciones, era el final de la larga década abierta en 1989. Hubo dos líneas de acción –la de la protesta y la de la impugnación- a las que se sumó otra más, ligada a las medidas que implementó el gobierno, desoyendo los resultados electorales, las críticas de las distintas agrupaciones políticas incluso desde el propio radicalismo, que se conjugaron en diciembre para activar los mecanismos para la violencia colectiva.
La oportunidad política para el pasaje a la acción, la facilitó el quiebre de la coalición que le había permitido llegar al poder, provocando divisiones en su seno y también entre el gobierno y algunos sectores económicos poderosos.
El boom solidario
La crisis de 2001 llegó con el universo asociativo en ebullición einvolucró intensamente las formas de organización de la culturaen una escena social, política y económica al borde del abismo.
Aunque el mundo y el país cambiaron en las últimas dos décadas, muchas de aquellas consignas gozan de notable actualidad: el despertar a la sociedad ante la voracidad del neoliberalismo, la denuncia de las estructuras patriarcales o un modelo de desarrollo económico a expensas de la explotación de la naturaleza.
El 2001 marcó profundamente a toda la sociedad y aquel laboratorio social que surgió a partir de la crisis significó un enorme aprendizajea través dela `pedagogías del hacer´, una forma muy experimental de educación colectiva que se dio en las calles, en asambleas barriales, fábricas recuperadas y manifestaciones de todo tipo. Un mural en el proletario barrio porteño de Pompeya señala que la zozobra no se evaporó: “En 2001 estábamos al borde del abismo. ¿Hoy dimos un paso al frente?”. Seguramente, algunas capas de pintura más abajo se leía “Que se vayan todos”.
A pesar de que las continuidades son claras, una de las cosas que cambió en estos veinte años fue el surgimiento de internet y de las redes sociales, mientras desde el poder se quiere convencer a la sociedad que la forma de participación debe ser virtual, a través de opiniones en las redes sociales. No muy democrático, ¿verdad?
Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)