En los últimos dos meses, Argentina está experimentado una serie de cambios bruscos en su política económica bajo la presidencia de Javier Milei.
Estos acontecimientos se dan en un contexto marcado por el legado económico de la gestión anterior, como la compleja negociación de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno macrista y la inflación que el gobierno de Alberto Fernández no pudo superar.
En estas circunstancias el nuevo gobierno exacerbó los problemas heredados al aplicar recientemente medidas que están generando un impacto negativo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre las medidas se incluyen el aumento generalizado de los precios de la canasta básica así como de los combustibles, medicamentos y del transporte público. Además, se suma la eliminación de subsidios clave como los de las tarifas de luz y gas y la consecuente inflación que aceleró y que afecta a todos lo actores y sectores de la sociedad.
Estas disposiciones derivaron en una pérdida del 20,3% del poder adquisitivo del salario real, según informa el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de provocar un aumento significativo del índice de pobreza que según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) llegará a alrededor del 60% entre febrero y marzo de 2024, como consecuencia de la «ineficacia económica» que sufre el país. Un ejemplo de ello es el aumento del arroz, con un salto del 113%, y la harina con un incremento del 103%, desde octubre del 23 hasta enero del 24.
Un apartado especial se debe dedicar a la represión llevada a cabo por varias fuerzas de seguridad bajo las ordenes de la ministra de esa cartera y excandidata presidencial, Patricia Bullrich. La aplicación de un protocolo de seguridad durante estos eventos fue rechazada y calificada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como ilegal. Esta censurable actuación viola el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos, tal como está consagrado en la propia norma constitucional en su artículo 14.
Además, es crucial señalar que, durante esta represión, no solo se vulneraron los derechos fundamentales de los manifestantes, sino que también se registraron agresiones a periodistas que cumplían con su deber de informar. Este doble atropello a los derechos civiles evidencia la gravedad de la situación y plantea interrogantes sobre la protección de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en un contexto donde la represión se ha convertido en una herramienta ilegítima para silenciar la disidencia.
En este breve repaso se hace evidente que las políticas de desregulación total de la economía, impulsadas por el aún vigente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), han traído como consecuencia inmediata la derogación de la ley de alquileres, la ley de góndolas y abastecimiento, la ley de Contrato de Trabajo, la liberación de las cuotas de las prepagas médicas y la inminente privatización de empresas públicas de carácter estratégico, entre otros.
Se hace evidente también que el DNU carece de la imprescindible legitimidad legal-racional que otorgan los procedimientos constitucionales. Eduardo Barcesat, reconocido abogado constitucionalista, ha caracterizado estas medidas como un «mamarracho institucional», subrayando su abordaje de materias expresamente prohibidas en los DNU, como el régimen electoral, el régimen de los partidos políticos, y aspectos tributarios y penales y procesales. Barcesat enfatiza que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional establece de manera inequívoca que el Poder Ejecutivo no puede, en ningún caso y bajo pena de nulidad absoluta e insubsanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. En este sentido se pone de relieve la contradicción entre las maniobras del gobierno y los principios constitucionales.
A poco de cumplirse setenta y cinco días al frente de la primera magistratura el presidente anarco-capitalista, Javier Milei, bien podría compararse metafóricamente con la figura del “ibérico altivo león”, que en el contexto del himno nacional argentino representa al Reino de España y que califica como a “el fiero opresor de la Patria” que es derrotado frente a una nueva y gloriosa nación.
Es importante señalar que el 24 de enero de 2024 la Confederación General del Trabajo (CGT), identificado como la columna vertebral del histórico movimiento obrero peronista, llevó a cabo el primer paro nacional contra el gobierno a solo cuarenta y cinco días de haber asumido su mandato y que fue respaldado por todas las centrales obreras del país que abarcan diversos espectros políticos. Este acontecimiento sucedió después de una masiva manifestación espontánea de miles de personas frente al Congreso Nacional la misma noche en que, a través de una cadena nacional, se anunció el decreto de necesidad y urgencia que modifica artículos de la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, así como más de seiscientas leyes.
El periplo presidencial escaló las tensiones sociales y especialmente la relación con gobernadores de diferentes provincias que expresaron públicamente su descontento con el gobierno central desde la caída de la denominada Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Razón por la que el presidente tildó de «extorsivos» y «traidores» a los gobernadores y por la que determinó reducir en un 98% las transferencias discrecionales a las provincias y eliminó los subsidios al transporte en el interior del país. Esta acción ya generó un marcado descalabro económico en las administraciones del interior del país y deteriora, día a día, la lógica comunicación que deben sostener tanto el presidente como los gobernadores. Estos últimos, en su mayoría, ya no quieren intermediarios con la Casa Rosada.
La respuesta de los mandatarios provinciales no se hizo esperar y entre ellos se destacan el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien advirtió sobre el ajuste salvaje que sin un plan de empleo ni actividad económica, desembocará en una recesión sin precedentes, peor a la crisis del 2001. Además, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llamó a la unidad de los gobernadores y sugirió la posibilidad de iniciar un juicio político contra el presidente. Quintela critica la conducta de Milei, calificándola como impropia, y señala: «Los gobernadores debemos tomar esto con la preocupación que corresponde». También se sumó el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, quien dijo que en caso de que el conflicto escale, podrían “dejar sin energía” a todo el país.
El presidente autodenominado “león” parece querer arrastrar a toda la población argentina a condiciones que la convertirían en una neocolonia, enfrentándose a una situación pre-peronista sin justicia social. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si se adoptara el dólar estadounidense como moneda oficial o si se lograra desregular toda la economía.
La letra del himno, escrita por Vicente López y Planes en 1812, fue oficialmente adoptada el 11 de mayo de 1813 durante la Asamblea del Año XIII en Buenos Aires. Refleja el espíritu de lucha por la libertad e independencia, así como la resistencia contra la opresión colonialista. Aparentemente, el pueblo argentino se enfrenta nuevamente a una lucha similar, pero esta vez contra su propio gobierno constitucional.
Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/argentina-su-planta-rendido-un-leon
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.