La abogada que demandó a Repsol pidió, en una carta al Presidente Kirchner, que anule los contratos con la empresa. La situación es similar al caso boliviano.
«…le pongo de manera fehaciente en conocimiento de todos los instrumentos legales que tiene en su favor a los efectos de revertir esta política petrolera». Así reza parte del final de la carta que la Dra. Alejandra Dibo envió el 22 de mayo al Presidente argentino Néstor Kirchner. La misma fue sumada a la causa penal 8568/99 que, con sus 21 cuerpos, ya alcanza un metro de altura en el Juzgado Federal Nº11 a cargo del Juez Carlos Bonadío.
La empresa Repsol acrecienta sus franquicias en base al patrimonio de los países latinoamericanos y parte de Indonesia, ya que su país de origen no tiene cuencas hidrocarburíferas de importancia. La actualmente denominada Repsol YPF S.A. -ya que presionó en 2000 para fusionar las dos empresas-, obtiene sus regalías de los campos gasíferos de Camisea en Perú, es socia de Petrobrás, por lo cual explota el petróleo de Brasil y Bolivia y, en conjunto con la empresa Occidental Petroleum, extrae petróleo de la cuenca de Arauca en Colombia, donde está denunciada por Amnistía Internacional de financiar a grupos militares que matan civiles. En Argentina es repudiada por la comunidad Lonko Purán de la provincia de Neuquén por usurpar sus tierras en nombre del petróleo y, tras cartón, los mapuches sólo reciben represión de la policía neuquina. Los ex trabajadores de YPF y Petroquímica de Mosconi -empresas anexadas al activo de Repsol- denunciaron penalmente a la empresa española por comprar en forma fraudulenta sus acciones en litigio.
La ley 26.939, llamada de Reforma del Estado, determinaba que los trabajadores de las empresas a privatizar (texto de 1989), eran los dueños del 10 por ciento accionario, denominado Programa de Propiedad Participada. De ellos surge entonces la demanda penal 8568/99 «YPF s/ daños de acción pública» donde se les imputan los cargos de defraudación, malversación y asociación ilícita a 33 directivos de la empresa, a agentes de bolsa internacional y a gran parte de los funcionarios y ministros que participaron de las ventas de acciones en 1997 y 1999. También le exigen a Repsol que les pague el dinero correspondiente a sus acciones, hoy en manos de la empresa ibérica gracias a Menem y sus socios, algunos de los cuales están mimetizados en las filas kirchneristas.
El jueves 8 de este mes, la doctora Alejandra Dibo, en representación de los ex trabajadores demandantes (hay unos 1500 que participan en la causa de 40 mil que la privatización dejó en la calle), anexó a la causa 8568/99 la carta enviada por ella al Presidente Kirchner el 22 de mayo pasado. En el reclamo epistolar la letrada denunció la venta fraudulenta de las acciones de sus demandantes en el convenio que realizó Repsol con el gobierno de Menem el 20 de enero de 1999, para comprar, por adjudicación directa, el restante accionario estatal. También remarca la responsabilidad de la actual funcionaria de la Auditoria General de al Nación, la contadora Alessandra Minnicelli, quien es esposa del Ministro de Infraestructura y Planeamiento, Julio De Vido. La funcionaria fue Síndica suplente de las acciones clase A, B y C en el directorio de YPF S.A. desde el 30 de Abril del año 1996 hasta el 14 de Octubre de 1999. Por ello es co-responsable «por inacción y/u omisión» como reza la ley 12.962 de Sociedades de Economía Mixta, de los hechos fraudulentos en la venta de acciones de YPF S.A. a Repsol S.A.
A partir de ello la doctora recordó al presidente que debería «declarar nulos los contratos con Repsol y reclamar el dinero que nos fue robado por la firma ibérica, que extrae en forma irracional nuestros recursos no renovables, permitiendo el copamiento fraudulento en toda Latinoamérica». En la carta se explicita la necesidad de recuperación del patrimonio nacional a partir de la anulación de las O.P.A. (Oferta Pública de Adquisición) de 1997 y 1999 que reguló las dos ventas más importantes de acciones a Repsol S.A.
La causa 8568/99 se encuentra en el juzgado federal Nº 11 a cargo del Juez Carlos Bonadío, actualmente apuntado por el gobierno para adelantarle su jubilación, por anteriores apegos al gobierno menemista. Bonadío pidió licencia desde el 2 de mayo, fecha aproximada en que debía exigir la extradición de Alfonso Cortina de Alcocer, ex director de Repsol S.A. en España y uno de los principales actores de la venta. Lo interesante de la situación es que, si bien sigue de licencia, Bonadío es quien firma los oficios.
En la carta al presidente argentino se relata el accionar del gobierno y la empresa Repsol S.A. para hacerse adjudicataria del 14,99 por ciento que controlaba el Estado Nacional. El 20 de enero de 1999 la empresa entregó una oferta de compra al Estado y ese mismo día se firmó la carta «Convenio YPF», en ella se arregló que la empresa recibiría por adjudicación directa el paquete de acciones del Estado -que contenía también acciones clase C, pertenecientes a los trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi-. En el convenio participó como Fondo fiduciario de fidecomiso el Banco de la Nación Argentina, y se pactó que, sujeto a ciertas condiciones como la remodelación del Estatuto de YPF, Repsol compraría 52.914.700 acciones a un precio estipulado en 38 dólares la acción -unos 2.011 millones-. El 26 de enero de ese año se concreta la compra a 38 dólares la acción, pero se oficializa la compra mediante la O.P.A. el 30 de junio, cuando en realidad las acciones ya costaban 48 dólares cada una. Repsol compró ese año el 14,99 por ciento accionario que quedaba en manos del Estado argentino, por adjudicación directa.
A esta situación irregular se le suma que el día 26 de febrero de ese año, por nota 141/99 de la Subsecretaría de Bancos y Seguros del Ministerio de Economía y Producción, se delega la representación de las acciones clase A (del Estado Nacional) a Alfonso Cortina de Alcocer y a Miguel Ángel Remon Hill, los dos pertenecientes a la empresa Repsol S. A., casa matriz. Esto infringe las leyes 25.188 de Ética de la Función Pública y la 19.550 de Sociedades Anónimas. Los mismos interesados en comprar el patrimonio argentino, fueron los representantes de las acciones clase A en el directorio de la empresa. Luego del escándalo en Argentina contra el director de Repsol, generado a partir del pedido de indagatorias que debía efectivizarse el día 5 de mayo en los juzgados federales de Comodoro Py, la casa matriz le pidió la renuncia de Cortina, quien fue indemnizado con la suma de 25 millones de dólares.
En medio de esto, las provincias petroleras agrupadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) demandan una reforma de ley para repartir las regalías entre esas provincias. El pedido encabezado por Julio Cobos, presidente de la entidad y gobernador de la provincia de Mendoza, surge de que el propio Néstor Kirchner, cuando comandó la OFEPHI como gobernador de Santa Cruz, logró imponer en la reforma constitucional de 1994 el artículo 124 que reza: «Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos nacionales existentes en su territorio». En 1994 estaba en disputa la hegemonía de los hidrocarburos entre el presidente Carlos Menem y las provincias petroleras no alineadas a sus políticas. A la cabeza de esta empresa estaba el actual presidente, hoy está atado a sus palabras. Si este artículo fuera operativizado y existiera una nacionalización de los hidrocarburos, los mismos pasarían al poder de las provincias. Algunas de las cuales detentan gobiernos cuasi feudales o abiertamente de derecha como el caso de Jorge Sobich en Neuquén.
La alternativa que propuso el gobierno con la creación de Enarsa -que Pino Solanas del grupo Moreno advirtió que debió llamarse Enarse, por Sociedad del Estado-, es la exploración marítima en las costas offshore, como así se informó recientemente. La única empresa que tiene los permisos de exploración y explotación es Enarsa, creada para competir con las multinacionales. Para la exploración en la costa marplatense Enarsa se asoció con Repsol YPF S.A., Petrobrás y Petrouruguay. Siendo las mayores inversiones las de la empresa Argentina y la de Repsol con un 35 por ciento cada una. Las empresas contrataron un buque sísmico a la empresa Western Geco para explorar 1.890 kilómetros cuadrados de mar en la Cuenca Colorado Marina, a 300 kilómetros de la costa, con un costo de 27 millones de dólares.
La causa penal 8568/99 tiene una triple finalidad: la nulidad de los contratos de venta para la recuperación del patrimonio, la punición de los responsables y el cobro de las acciones clase C de los ex ypefianos. Los ex trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi, la mayoría expulsados de las empresas a principios de los noventa cuando se buscaba «mejorar el rendimiento de la empresa», reclaman hace años su parte correspondiente al PPP que los hace dueños del 10 por ciento accionario. Esas acciones clase C fueron vendidas por el gobierno de Menem en forma fraudulenta gracias al decreto 628/97 y a la anuencia o pasividad de ministros, agentes de bolsa, sindicalistas y funcionarios, entre los que se encontraba la Alessandra Minnicelli. La contadora ya prestó declaración indagatoria como imputada el 9 de marzo del este año en la causa 8568/99.
En el gobierno provisional de Eduardo Duhalde se creó la ley 25.471 que estipuló que los beneficiarios serían abonados con unos 70 mil pesos. La pelea por esta ley fue promocionada por los ex trabajadores, que fueron víctimas nuevamente de la desidia política: un mes antes de entregar el mando, Duhalde firmó el decreto 1077/03 que reguló el pago a los ex trabajadores en aproximadamente 20 mil pesos a cobrar en bonos 2016. El decreto dictaba que aquellos que aceptaran dicho pago (unos 8 mil pesos reales por medio de financieras), desistían a las acciones judiciales en trámite y aún a la posibilidad de iniciar nuevos juicios. En el 2004 Kirchner firmó el decreto 821/04, que aseguró el pago de 24 mil pesos/bonos a los ex trabajadores de YPF y Petroquímica Mosconi con el mismo requerimiento que el 1077/03, que el que aceptara el cobro debía abandonar los juicios.
Son varios los abogados que actualmente aceptan el cobro de los bonos, quizás entendiendo que sea la única manera de recuperar algo de su patrimonio. El sector que representa la doctora Dibo se unió el pasado 8 de junio en la agrupación «Enrique Mosconi», enmarcada en la CTA y presidida por Carlos Guanciarrossa, ex delegado de Petroquímica Mosconi. Estos mismos ex trabajadores, durante noviembre del 2003, mantuvieron bloqueados los accesos de Repsol en Ensenada -provincia de Buenos Aires- para presionar a la empresa y al gobierno a que pagara lo que les correspondía por la ley 25.471. El 1º de diciembre, cuando decidían levantar los bloqueos, siete de esos compañeros fueron arrestados en sus domicilios y procesados por los jueces Carlos Atencio y Cesar Melazo de La Plata -allegados al duhaldismo-, quienes los imputaron por Intimidación pública y a dos más por coacción agravada. Los juicios, acelerados si se los compara con los tiempos de la causa 8568/99, siguen pendientes.
En una nota realizada a Gustavo Callejas, vicepresidente del Grupo Moreno, por el diario argentino Página 12 el 7 de mayo de este año, aconsejaba seguir el ejemplo de los bolivianos en la nacionalización de los hidrocarburos, decretando la nulidad de los contratos por haber sido realizados con mecanismos fraudulentos. El caso de Bolivia es muy similar al argentino, y fue la misma Dra. Dibo quien suministró consejos y documentación al país del altiplano para determinar la nulidad.
En la carta al presidente Alejandra Dibo recomienda que no se vendan las mil acciones que quedan en poder del Estado argentino. Si bien es un porcentaje mínimo, esas acciones son las denominadas Golden Share o acciones de oro. Las mismas, en poder del gobierno, significan tener el poder de veto en el directorio, especialmente si se toma la decisión de vender una parte importante de las acciones o el cambio de domicilio, actualmente en Av. R. Sáenz Peña 777, Buenos Aires.
Si comparamos la renta petrolera que obtienen países como Venezuela o Bolivia, que llegan a un 87 por ciento, con la Argentina, que sólo obtiene un 37 por ciento, se calcula que el país sureño pierde la posibilidad de incrementar sus ingresos en 10 mil millones de pesos. Para dar una idea de la importancia de esa suma, se puede estipular que con ella se podría, por ejemplo, reactivar el Cordón de Contención Sanitaria del país. Es decir, que los hospitales no estarían atiborrados y en emergencia operativa, ya que el caudal de casos de importancia media y baja serían contenidos en las «Salitas» barriales.