El país marcha hacia las elecciones legislativas del 14 de noviembre en medio de una gestión de gobierno que no ratifica su vocación “popular” con medidas concretas y con trabajadorxs y pobres bajo la presión de una situación económica y social insostenible.
Luego de la derrota sufrida en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el gobierno nacional ha intentado el relanzamiento de su gestión y sus actividades propagandísticas, movido por la urgencia de revertir, o al menos atenuar, el traspié electoral en las elecciones generales.
Se especula hoy hasta el hartazgo acerca de qué sectores estarían ganando o perdiendo poder en el seno del gobierno y de la coalición Frente de Todos (FDT). Son elucubraciones que trascienden la coyuntura electoral y se proyectan sobre los dos años de gobierno que le quedan a la alianza oficialista.
Cristina Fernández de Kirchner ha convocado a sus partidarios a replegarse sobre la visión más clásica del peronismo, la de la alianza de clases, expresada en amplios entendimientos entre el capital y el trabajo. Ese pronunciamiento va acompañado por la idea de que hay que evitar los “extremos” y por lo tanto rechazar a los que quieren “expropiar todo a todos”. Tales manifestaciones “moderadas” y “serias” encuentran correspondencia con la actuación de los “hombres de orden” que han llegado al gabinete, con el jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro de seguridad Aníbal Fernández a la cabeza.
Si no logra mejorar el resultado del pasado septiembre, el FdT, con una proporción de votos en torno al 30% podría quedar muy debilitado, forzado a “consensos” bajo la inspiración del poder capitalista y de la oposición de derecha. Cabe el interrogante de si la adopción de esa política “consensuada” con los poderes fácticos no es ya decisión firme del gobierno, más allá de los sufragios que obtenga en noviembre.
La negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se prolonga. No hay indicios comprobables de que el FMI vaya a tener una actitud benévola hacia nuestro país, allanándose a un acuerdo que no imponga duras políticas de ajuste.
Siguen produciéndose actos masivos donde se protesta contra el Fondo y hasta se plantea el no pago de la deuda; el último de los cuales se realizó el 27 de octubre en el estadio de Deportivo Morón. El propio presidente Alberto Fernández proclamó allí su decisión de “no arrodillarse” frente a las exigencias del organismo internacional. El peronismo demuestra una vez más que conserva capacidad para movilizar a sus bases, lo que no equivale a tener respuestas políticas de mediano alcance.
Esas manifestaciones no alteran la decisión del poder económico local e internacional de exigir un acuerdo con el FMI, que constituya a su vez la oportunidad para imponer una reforma laboral, previsional y tributaria, en resguardo de sus intereses y despejando obstáculos para su dominio más pleno de la relación con lxs trabajadorxs.
Mientras tanto arrecian las exigencias de que en la Patagonia se reprima a las comunidades originarias que ocupan tierras de propiedad privada o pública. Todo el arco conservador se juega allí una batalla importante, que le permite incluso reivindicar la función punitiva del Estado frente a un “enemigo interno” de contornos difusos. El gobierno oscila entre “lavarse las manos” y el envío de gendarmes listos para actuar.
Más allá de las especificidades étnicas y regionales de los conflictos por la tierra en el sur del país, es el avance de la apropiación privada del territorio por los intereses del gran capital el que se encuentra en entredicho. Lo que pone allí en juego el establishment es la voluntad de que prevalezca la mercantilización de los bienes comunes a como dé lugar.
Y más en general, a que la propiedad privada y el libre manejo de los medios de producción no sea objeto del más mínimo cuestionamiento. Pueden ser tierras tomadas por comunidades mapuche, una fábrica que sus trabajadoras y trabajadores pretendan recuperar, una empresa de la que alguna instancia de gobierno proponga la expropiación. La respuesta de los empresarios y sus aliados políticos y mediáticos es siempre similar: La reivindicación de que sus intereses son intocables.
Es la misma posición que esgrimen cuando se resisten al control de precios establecido por el gobierno. Medidas de control, disfrazadas de “acuerdo”, como para no manifestar la decisión de intervenir con fuerza desde el aparato estatal. Lo mismo desata las iras de las cámaras empresarias y sus voceros oficiosos.
Un “congelamiento” que no se sabe si tendrá incidencia real a la hora de disminuir la tasa de inflación o naufragará frente al desabastecimiento y las maniobras de los conglomerados de la industria alimenticia. Si no es así seguirán adelante los aumentos de precios que corroen todo el tiempo los ingresos en salarios, jubilaciones y prestaciones sociales.
La realidad acuciante del deterioro generalizado del nivel de vida y el porcentaje pavoroso de pobres sigue sin ser enfrentada con políticas que puedan mejorar en serio la situación. Mientras se aplican paliativos, como aumentos en los salarios mínimos y en las asignaciones familiares, la perspectiva parece ser la de nuevas políticas de ajuste.
Si la idea rectora es pagar la deuda, acordar con el Fondo y no afectar en lo más mínimo los intereses del poder económico, el resultado no es dudoso: Pobreza, precarización y desempleo para el corto y mediano plazo.
El único factor con capacidad para evitar este tipo de “soluciones” es el de la lucha popular. La movilización con capacidad para detener los avances del gran capital y enfrentar las tendencias a la resignación y el aislamiento que ganan a algunos sectores. Y apta para fortalecer la mirada en torno a una salida alternativa a la crisis, en la que los grandes capitales paguen por una vez sus prácticas destructivas.
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