Con un llamamiento a frenar las políticas de ajuste salvaje contra los ingresos de los trabajadores, los jubilados y las clases medias, las centrales sindicales argentinas realizaron este jueves un paro general, en el que exigieron impedir la entrega del patrimonio nacional y defender los derechos laborales y la educación pública.
También protestaron contra la media sanción del Congreso al proyecto de la llamada “Ley Bases” que impulsa el presidente ultraderechista Javier Milei, que busca eliminar una enorme cantidad de derechos para la clase trabajadora. El último día de abril, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la llamada Ley Bases y al paquete fiscal del presidente.
Ahora, las iniciativas se abren camino en el Senado. Se trata de dos proyectos que cercenan derechos laborales, habilitan privatizaciones de empresas públicas, amplían beneficios impositivos para empresarios y otorgan facultades extraordinarias por un año al jefe de Estado, entre otras disposiciones.
Con las consignas “La Patria no se vende” y “Pará la mano”, la medida de fuerza se realizó en el marco de un plan de lucha de las centrales obreras que incluyó la semana pasada una masiva concentración por el Día del Trabajador, y previamente la participación en la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril.
Los máximos representantes de la CGT celebraron el alto acatamiento del paro general en todo el país y aseguraron que «el Gobierno tiene que tomar nota» para cambiar el rumbo de sus políticas de ajuste. «El paro les dolió», afirmó Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, y señaló que si el presidente Javier Milei mantiene el recorte, la central obrera mantendrá el plan de lucha.
Tanto el Presidente como sus funcionarios, en especial el vocero Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hicieron declaraciones en contra del paro. «Es un paro netamente político, que daña y le complica la vida a la gente; y es un paro inentendible», sentenció el vocero
El dirigente sindical Héctor Daer respondió señalando que «La contundencia del paro que vimos en el día de hoy demuestra que el Gobierno tiene que tomar nota reconfigurar su política de ajuste. Su política está llevando a trabajadores y trabajadoras a extremos que difícilmente se puedan recuperar si estas políticas siguen adelante”.
Se trató de la segunda medida de fuerza general y nacional de la CGT durante la gestión de Milei: la primera fue el 24 de enero, a 45 días del inicio del nuevo Gobierno, e incluyó una masiva concentración en Plaza Congreso, mientras se desarrollaban las sesiones extraordinarias.
Convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, también adhirieron la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). A diferencia de la huelga anterior del 24 de enero, en la que se privilegió realizar una gran movilización, el objetivo fue paralizar el país.
El Gobierno rechazó el paro, aseguró que hubo hechos de violencia para impedir que los empleados lleguen a sus lugares de trabajo, habló de dirigentes gremiales “que hace 40 años que viven del esfuerzo de los demás” y afirmó que la gestión actual tiene “más paros que leyes” sancionadas.
Si bien Javier Milei parece avanzar en el ámbito institucional, el escenario es diferente en la calle, donde una inflación sin freno –alcanzó el 107 por ciento en cuatro meses- es el mayor indicador de una importante crisis económica, que ubicó a la Argentina como el país campeón mundial en inflación del mundo.
El Gobierno de extrema derecha está decidido a liberar todos los precios, excepto uno: los salarios, éstos cada vez más deteriorados y con menor poder adquisitivo se acentuó la caída de la producción industrial en marzo, se desplomó 21,2 por ciento respecto a igual mes de 2023.
“Es un paro absolutamente inentendible si es que uno busca buscarle una explicación por fuera de que es un paro político. Un paro a base de piedrazos, a base de extorsión y amenazas no es un paro, es simplemente un día donde vemos la consecuencia de un esquema sindical que claramente ha quedado en otro tiempo”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“El paro para nosotros y nosotras es necesario y urgente, en el marco de lo que venimos padeciendo, que está totalmente relacionado con un una etapa neocolonial que intenta dejarnos sin ningún tipo de derechos al pueblo trabajador”, explicó el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano.
Para el sindicalista, el Gobierno quiere generar “un marco legal para disciplinar al pueblo argentino y desprotegerlo de las leyes que lo pueden ir cuidando en este contexto, de desocupación y pobreza, paritarias intervenidas, sin un salario mínimo vital y móvil que se pueda constituir en una mesa de diálogo”. Por eso la huelga general “es una herramienta más que se tiene que llevar adelante como forma de autodefensa de organización de nuestro pueblo”.
El principal objetivo de la acción sindical fue demostrar un amplio rechazo a las medidas de ajuste del Gobierno y presionar para que el Senado no apruebe finalmente la Ley de Bases. Los sindicatos hacen hincapié en su oposición al capítulo laboral de la iniciativa, la eliminación de la moratoria previsional -que impediría jubilarse a nueve de cada diez mujeres- y también a las privatizaciones de empresas públicas.
Tras un primer traspié en febrero, cuando la versión original de la Ley Bases fue retirada por el propio partido oficialista ante el rechazo a algunos de sus artículos, ahora volvió con una versión más acotada, que sin embargo mantiene intacta la vocación de favorecer a las patronales.
Negociada previamente con su aliado indiscutible, el PRO (Propuesta Republicana) del expresidente neoliberal Mauricio Macri, y sumando el apoyo de la histórica Unión Cívica Radical (UCR), más algunos diputados del peronismo, la nueva normativa ya hizo la mitad del camino legislativo, al obtener el respaldo de la Cámara de Diputados.
En Diputados, algunos puntos de la iniciativa pueden sufrir modificaciones, como el que prevé la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aprobarlo aseguraría que aquellas empresas que inviertan más de 200 millones de dólares gocen de exenciones impositivas, beneficios aduaneros y libre disponibilidad de divisas durante 30 años. Es decir que, futuros gobiernos quedarían atados a este sistema.
Esos mismos inversores podrán importar libremente bienes de consumo, insumos y bienes de capital, lo que tendría un impacto muy negativo en la industria local. Esto quedó de manifiesto por las críticas den entidades patronales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).
El desguace del Estado está en el corazón del proyecto de Bases. Si bien, originalmente, Milei buscó privatizar todas las empresas bajo control público, las negociaciones con los partidos colaboracionistas y otros intereses, redujeron el listado considerablemente. El proyecto habilitaría la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo (operadora terrestre de servicios aeroportuarios).
Otras cinco empresas pueden ser vendidas a empresas privadas o concesionadas. Es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos, Correo Argentino, Corredores Viales, la ferroviaria Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria. Las que conforman el aparato energético, como Nucleoeléctrica, que administra las centrales nucleares, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), solo podrían ser privatizadas parcialmente y el Estado deberá mantener el paquete accionario mayoritario.
Además, y por fuera del listado, de aprobarse la ley, Milei tendrá facultades extraordinarias por un año, que le permitirían legislar de facto en materia económica, financiera, administrativa y energética. Así, estaría habilitado para intervenir, vaciar y hasta eliminar cientos de organismos públicos.
Como si los beneficios para los empresarios no fueran suficientes, el proyecto ataca abiertamente a la clase trabajadora argentina con una reforma laboral integral que elimina derechos, algunos consagrados hace medio siglo en la todavía vigente Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Un punto central de la pretendida “modernización laboral” es el paquete de normas que facilitan los despidos.
Quizá el artículo de la Ley Bases que cosechó mayor repudio social sea aquel que elimina la moratoria previsional, un sistema que actualmente permite a las personas jubilarse aunque no acrediten los 30 años de aportes exigidos por la ley. En gran medida, esto se debe a la expansión del trabajo informal o, en otras palabras, al incumplimiento empresario por no registrar a sus trabajadores y trabajadoras.
*Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Fuente: https://estrategia.la/2024/05/09/argentina-paro-contra-las-medidas-del-gobierno-de-milei/
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