El gobierno nacional rechazó hoy, formalmente, la propuesta del Uruguay para realizar un monitoreo «permanente y conjunto» en relación con las dos plantas de celulosa de Fray Bentos, porque implicaría convalidar «un acto ilícito» como es, para la Argentina, la construcción de las papeleras. Días atrás el canciller uruguayo Reynaldo Gargano envió a su par […]
El gobierno nacional rechazó hoy, formalmente, la propuesta del Uruguay para realizar un monitoreo «permanente y conjunto» en relación con las dos plantas de celulosa de Fray Bentos, porque implicaría convalidar «un acto ilícito» como es, para la Argentina, la construcción de las papeleras.
Días atrás el canciller uruguayo Reynaldo Gargano envió a su par argentino Jorge Taiana una carta en la que propuso un monitoreo «permanente y conjunto de los dos países de la calidad de la aguas del Río Uruguay».
De esa manera, el acercamiento a la Argentina que Uruguay intentó a través de esa propuesta, sufrió un traspié ya anunciado ante la negativa argentina, máxime si está en plena sustanciación el juicio que ambos países mantienen en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La propuesta uruguaya apunta, en especial, «a las consecuencias que en el futuro pudiera tener en dicha calidad el funcionamiento de dos plantas industriales» de celulosa proyectadas sobre el recurso pluvial compartido.
Al respecto, a las 15.30 de hoy, el vicecanciller Roberto García Moritán entregó a Gargano la respuesta de Taiana, que deja en claro que aceptar la propuesta implicaría convalidar un «acto ilícito» en contra de la Argentina, al aceptar las plantas como un «hecho consumado».
Fuentes oficiales informaron a DyN que Taiana señaló que el planteo del gobierno de Tabaré Vázquez entra en contradicción de lo referido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su última resolución.
«Nuestro país se vería forzado a tolerar la planta y la tecnología unilateralmente elegida», explicaron a esta agencia fuentes de la Cancillería, que sostuvieron que son «factores no determinantes del prejuicio que, como se demostrara ante la Corte Internacional, los emprendimientos causarán al Río Uruguay y a sus áreas de influencia, incluyendo la salud y el bienestar de los habitantes de las comunidades circundantes a ese recurso fluvial».
Según trascendió, el canciller reafirmó «la continuada disposición de la Argentina a cooperar con el Uruguay» en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para la realización de las actividades, orientada a «asegurar los mas altos estándares de calidad de todo el Río Uruguay y sus áreas de influencia».
En la misiva a Gargano, Taiana consideró que la cooperación propuesta por Montevideo «debe realizarse de plena conformidad con el estatuto del Río Uruguay y las normas de derecho internacional sobre medio ambiente».
En ese contexto, según supo esta agencia, ayer Taiana se reunió nuevamente con los abogados asesores y representantes de la Asamblea de Gualeguaychú y el gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de continuar con la elaboración de la posición argentina ante la Corte Internacional de La Haya en enero próximo, en el marco del juicio por la instalación de las papeleras. Del encuentro participó el presidente del CARU, Hernán Orduna.