Junto a Jorge Acosta, fueron los más encarnizados represores que tuvieron a cargo el centro de detenciones, a 15 kilómetros de Córdoba Capital. Después de la ‘causa ESMA’, es el juicio de lesa humanidad más grande de nuestro país y se juzgarán delitos cometidos entre 1975 y 1977. El movimiento obrero organizado fue el sector […]
Junto a Jorge Acosta, fueron los más encarnizados represores que tuvieron a cargo el centro de detenciones, a 15 kilómetros de Córdoba Capital. Después de la ‘causa ESMA’, es el juicio de lesa humanidad más grande de nuestro país y se juzgarán delitos cometidos entre 1975 y 1977. El movimiento obrero organizado fue el sector más afectado por la máquina de matar. Hay 46 imputados, entre policías, militares y Personal Civil de Inteligencia (PCI).
Hoy martes, a las 10, dará comienzo en la torre de los Tribunales Federales de Córdoba, un proceso que se prolongará, al menos, por un año y medio, en el ámbito del Tribunal Oral Federal Nº1.
«Esta causa es la de mayor densidad luego de la Esma aunque ningún juicio es más importante que otro cuando se juzga al terrorismo de Estado», le dijo a prensared.org, el fiscal general Carlos Gonella, que llevará la acusación.
La megacausa concentra por acumulación 16 expedientes que se instruyeron separadamente. Los imputados son 46, declararán unos 700 testigos y las víctimas son alrededor de 500.
Los represores deben responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y homicidios calificados. En esta causa se agrega, por primera vez en Córdoba el robo de bebés.
La Perla fue uno de los centros de concentración más importantes de la estructura represiva, una máquina de torturar y matar cuyo modus operandi consistía en secuestrar a la víctima en su casa, en el trabajo o en la vía pública para luego trasladarla al centro clandestino, ficharla y torturarla para obtener información y luego abandonarla, con los ojos vendados y maniatada, a un depósito de cuerpos malheridos llamado la cuadra. Allí permanecían en condiciones inhumadas, esperando el «traslado» que conducía al detenido desaparecido a la muerte.
Al respecto, Gonella reflexiona: «La Perla fue un campo de concentración dedicado a la destrucción psíquica y física de seres humanos. Fue una tecnología de exterminio del sujeto político a través de la tortura de su cuerpo. Significó el punto límite de la razón instrumental del sistema capitalista», discurrió.
Junto a Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, responsable máximo del terrorismo de estado en Córdoba -condenado en juicios anteriores-, comparecerán militares, policías, personal civil de inteligencia y civiles. Entre ellos, los responsables del campo de concentración «La Perla», Ernesto Barreiro y Héctor Pedro Vergez junto a Jorge Exequiel Acosta, Arnoldo López, Luis Dietrich, Mirta Antón, Carlos Yanicelli, Héctor Romero, Francisco Melfi.
Sin embargo, las fuerzas que actuaban coordinadamente mantienen a rajatabla un pacto de sangre y silencio. Mientras, tímidamente, comienzan a revelarse los objetivos económicos, las complicidades de sectores civiles como la justicia, la Iglesia, la prensa y el empresariado como partes de un «poder desaparecedor» en los términos de Pilar Calveiro, concepto desarrollado en su libro Poder y desaparición donde analiza los campos de concentración en Argentina.(1)
Por caso, la causa «Barreiro» investiga el destino de 82 víctimas apresadas entre 1975 y 1976, antes del 24 de marzo. De ellas hubo 13 sobrevivientes, 21 fueron asesinados y arrojados a la calle y el resto permanece desaparecido. Algo similar ocurre con la carátula «Vergez» con 21 represaliados en enero del ’75, desaparecidos en el campo de la Ribera. La causa «Acosta», conocida como de los sobrevivientes, trata sobre los secuestros y tormentos sufridos por 139 personas, luego liberadas.
En Córdoba, la metodología represiva que diezmó a miles de familias y organizaciones del campo popular comenzó mucho antes del Golpe de Estado de 1976. Según cuenta la historia, el Navarrazo fue la antesala del horror posterior. Echados el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vice gobernador Atilio López, en 1974, asume como interventor el brigadier Raúl Lacabanne quien le deja vía libre a los Comandos Libertadores de América, versión local de la Triple A, comandados por Vergez y Raúl Telleldín (fallecido). En esa época el campo de la Ribera y el D2 ya eran usados para llevar adelante el plan de eliminación del enemigo político luego consolidado por la dictadura cívico militar.
A lo largo de las audiencias serán ventiladas causas emblemáticas como la masacre de la familia Pujadas, en agosto de 1975, los asesinatos de los jefes Montoneros Marcos Osatinsky y Horacio Miguel Pietragalla, de María Mercedes Gómez de Orzaocoa (embarazada), de cientos de activistas y dirigentes sindicales como Tomás Di Toffino, secretario adjunto de Luz y Fuerza, los delegados de San Cor, Pedro Juárez, Juan Carlos Galván y Carlos Velázquez; Eduardo Requena de Ctera, Diego Hunziker, militante de la UES, los hermanos Chabrol, las mellizas Wakim, el periodista Luis Mónaco y su esposa Ester Felipe, y el secuestro de los misioneros de la Sallette, por mencionar algunos.
Robo de bebe
Por primera vez se juzgará en esta provincia uno de los delitos más aberrantes, como la sustracción de bebes nacidos en cautiverio. Es el caso del niño o niña Orozco – Parodi, hijo del matrimonio conformado por Silvina Parodi (embarazada de 6 meses y medio) y de Daniel Orozco, ambos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) desaparecidos en el campo de concentración La Perla.
Por fin, tras superar una serie de trabas judiciales esta causa llegó a juicio. «Espero que el juzgamiento de los responsables del secuestro y la tortura de la hija de Sonia Torres y el robo de su nietito le transmita, aunque sea en el plano simbólico, un efecto reparador», expresó el fiscal. Ponderó la lucha de la titular de Abuelas y afirmó que «el estado argentino con estos juicios le rinde homenaje al ejemplo inclaudicable de Sonia y de tantas otras abuelas y madres, verdaderas impulsoras de la política de DD.HH. que el gobierno, comenzó a hacer suya desde hace 9 años. Y no hay vuelta atrás», señaló.
El Tribunal estará conformado por Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu. El fiscal será acompañado en su tarea por los coadyuvantes Carlos Facundo Trotta y Horacio Azzolín.
Las audiencias se realizarán martes, miércoles y jueves, mañana y tarde. Por tratarse de un juicio oral y público quienes tengan 18 años y presenten el DNI podrán ingresar siempre y cuando haya lugar en la sala. La apertura será televisada, al igual que los alegatos y la sentencia.
Nos faltan a todos
Parece mentira que después de 35 años aún se escuchen este tipo de expresiones: «a mí nunca me pasó nada», «por algo será», «acá hubo una guerra», «basta de derechos humanos del pasado» justificando tal vez por ignorancia la existencia de un plan sistemático que quedó demostrado en sentencias anteriores.
En ese sentido, la campaña lanzada por todos los organismos de derechos humanos de Córdoba cuya consiga expresa: «Los desaparecidos nos faltan a todos» convoca a reflexionar sobre las consecuencias que dejó para el pueblo la matanza de miles de militantes y activistas que pasaron por estos campos de concentración. Se calcula fueron entre 2000 y 2500 quienes fueron arrastrados a La Perla.
Para celebrar el inicio del juicio también denominado Menéndez III, los Organismos convocan a participar de una movilización que partirá desde la rotonda de ingreso a la universidad hasta el edificio de tribunales donde se realizarán intervenciones, y se expresarán diversos colectivos artísticos.
Nota:
(1) La autora es doctora en Ciencias Políticas de la UNAM. Víctima de la dictadura recorrió varios campos de concentración como Mansión Seré, comisaría Castelar y la ESMA. Publicado por Editorial Puñaladas, Colihue, 2008.
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