Asamblea de AGD-UBA vota paro activo por tiempo indeterminado

El gobierno de Milei se propone atacar la Ley de Financiamiento Universitario conquistada luego de marchas históricas en 2024, que incluyeron la toma de más de 100 Facultades en todo el país. Según la Ley, solo para recuperar lo perdido por inflación desde diciembre de 2023 hasta 2025, el salario docente debe actualizarse un 51% (y esto sin contar el retroactivo, que fue graficado por Matías Blaustein, docente en Exactas, en su intervención en la asamblea: «nos sacaron ya un año de nuestro trabajo»). En su lugar, Milei pretende modificar la Ley para reconocer solo un 12,3% para 2026 y en tres pagos.
La situación en la universidad pública es crítica, con miles de docentes ya expulsados de la misma por no poder afrontar ni los gastos de movilidad (que son mayores al magro sueldo), en un planteo de urgencia que recorrió las intervenciones.
Pero las fuerzas que conquistaron la Ley siguen ahí. Ya las asambleas de base de docentes en la Universidad Nacional de La Plata, Córdoba y Rosario (agrupadas en CONADU) habían votado por paro por tiempo indetermindado, y la de AGD-UBA (miembro de Conadu Histórica) se pronunció en el mismo sentido en la universidad más grande del país, en unidad con la lucha de la docencia de otros niveles y con otras luchas emblemáticas como Fate. El debate se extendió por más de dos horas, con acuerdo extendido en la necesidad de profundizar la lucha mediante el no inicio del ciclo lectivo y la unidad con estudiantes y no docentes en asambleas interclaustros para debatir las medidas a seguir.
A continuación publicamos las resoluciones.

Mandato al congreso de Conadu Histórica

Paro universitario, a partir del 16 de marzo, por tiempo indeterminado hasta ganar.
No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones (regionales y federal). Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Gazebos en la vía pública o esquina de cada facultad. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública.
Nos mantenemos en estado de deliberación permanente y convocamos a nueva asamblea el 20/3 cuyo carácter estará condicionado al resultado del congreso de nuestra federación ConaduH. En ese mismo sentido, promover la articulación con estudiantes y trabajadores no docentes en asambleas intergremiales e interclaustros.
Acciones centralizadas desde AGD UBA en todas las facultades y colegios para visibilizar el reclamo. Si se realizan clases públicas que tengan como propósito la difusión del conflicto sin dictado de temas del programa.
Inmediata convocatoria a marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el congreso.
Que la federación haga convocatoria pública a los que estén dispuestos a impulsar el paro por tiempo indeterminado hasta ganar.
Seguir exigiendo la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de financiamiento universitario conquistada en 2025 y que tiene fallo a favor de la justicia. Rechazo al proyecto de modificatoria del Ejecutivo Nacional.
Marchar al rectorado de la UBA.
A la Secretaría de trabajo con el SUTNA 10:00. El miércoles 4/3. Participar del festival que se realizará en las puertas de Fate el viernes 6/3.
Movilizar en el marco del paro transfeminista el 9/3.
Plenario de secretarias de la gremial junto a la mesa ejecutiva para organizar las acciones en las diferentes facultades y colegios
Asimismo, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, una multitudinaria asamblea interclaustros votó en el mismo sentido por el no inicio de las clases para imponer que se aplique la Ley de Financiamiento.

La UBA solicitó al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario para iniciar las clases

La Universidad de Buenos Aires (UBA) exigió al Gobierno nacional que implemente la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó la emergencia presupuestaria para 2026. El Consejo Superior lo decidió de manera unánime el miércoles 11 de marzo. La decisión se tomó ante la falta de actualización en el presupuesto nacional que, según la casa de estudios, no contempla lo que establece la ley ni asegura fondos adecuados para gastos de funcionamiento, sueldos y servicios esenciales.
En la resolución, las autoridades universitarias reclamaron específicamente a los Ministerios de Capital Humano y de Economía la urgente actualización del presupuesto, acorde con la inflación y las necesidades del funcionamiento institucional, especialmente en áreas de salud, investigación, extensión y educación, pero también en la mejora de la infraestructura universitaria, el fortalecimiento de las becas estudiantiles y el financiamiento de los colegios preuniversitarios.
Señalaron que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial fue aprobada dos veces por el Congreso, pero hasta el momento no fue aplicada ni reglamentada por el Poder Ejecutivo, lo que pone en riesgo el sostenimiento de actividades clave de la Universidad. “La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional”, sostuvo el comunicado.
La UBA también confirmó la emergencia salarial de todos los trabajadores docentes y no docentes, incluyendo profesionales de la salud e investigadores, advirtiendo que sin recursos adecuados se verían afectadas tanto la calidad educativa como la atención en los seis hospitales e institutos universitarios que ofrece la institución.
En el comunicado oficial, el Consejo Superior subrayó que las universidades públicas son fundamentales para la formación de profesionales estratégicos para el país y requieren presupuestos adecuados para planificar y sostener sus funciones.
“Es por ello que se requiere la jerarquización de la función de sus trabajadores y trabajadoras para garantizar la excelencia en las tareas de enseñanza, investigación, extensión y asistencia a la salud. Para el desarrollo de estas funciones, resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias”.
De igual forma, la resolución afirma que: “Promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado, (…) resulta necesario el trabajo conjunto entre la Universidad y el Poder Ejecutivo Nacional, en atención a los desafíos actuales y al rol estratégico que la educación superior y el sistema científico-tecnológico tienen para el desarrollo de la República Argentina”.

Ley de financiamiento universitario

La Ley de Financiamiento Universitario fue una de las que el Gobierno no quería que fuera aprobada porque iba a desajustar el balance fiscal que habían conseguido. Sin embargo, durante los últimos meses de 2025 la ley se aprobó en ambas Cámaras, pero fue vetada por el Poder Ejecutivo. Luego de eso, el veto fue rechazado por el Congreso, por lo que la ley quedó nuevamente aprobada.
Actualmente, su implementación está totalmente detenida a pesar de que un fallo judicial obliga al Gobierno a efectuar la transferencia. Para retrasar la medida, el oficialismo presentó un contraproyecto con aumentos menores, asegurando que, de aprobarse, se destinarán los fondos necesarios para su ejecución. El nuevo proyecto que el Gobierno envió al Congreso propone un aumento de solo el 12,3% en 2026, eliminando la obligación de equiparar los salarios con la inflación.
Por ese motivo, las asociaciones docentes convocaron a un paro nacional desde el 16 de marzo, exigiendo que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se convoque a paritarias.
El Gobierno nacional sancionó la ley, pero suspendió su aplicación hasta definir nuevas fuentes de financiamiento a través del Presupuesto, lo que motivó al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a presentar un amparo judicial. El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la ejecución inmediata de la norma. En febrero de 2026, el Ejecutivo apeló la decisión y presentó un nuevo proyecto que, según universidades y gremios, modifica el alcance original de la ley.
En el Ejecutivo parece no haber intención de avanzar con múltiples temas hasta entrado abril. “El proyecto para las universidades debería ser una excepción y tratarse cuanto antes”, asegura una fuente gubernamental cercana a esas gestiones.

Los gremios docentes rechazan la oferta oficial

El jueves, la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y los cinco gremios docentes con representación en todo el país finalizó sin acuerdo. Tras varias horas de debate en la sede de la Secretaría de Trabajo, los representantes sindicales rechazaron la oferta de recomposición salarial, lo que dio inicio a un estado de alerta en el sector educativo. La falta de consenso sitúa al sistema educativo ante la inminencia de medidas de fuerza que podrían afectar el normal dictado de clases en las próximas semanas.
La propuesta oficial consistió en un incremento escalonado que, según el Ministerio de Capital Humano, busca acompañar la trayectoria de la inflación técnica sin comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, desde el sector gremial que integran CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA, la oferta fue calificada como insuficiente. El principal argumento de los sindicatos es que la cifra puesta sobre la mesa no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el último trimestre, ni contempla la restitución de fondos que anteriormente se transferían a las provincias.
Durante la audiencia, los representantes del Estado ratificaron que no hay margen presupuestario para exceder los topes fijados por el Ministerio de Economía. La postura gubernamental se sostiene en la necesidad de mantener la disciplina fiscal y evitar que los aumentos salariales alimenten una nueva espiral de precios. Por el contrario, los dirigentes docentes presentaron informes técnicos que sitúan al salario mínimo docente por debajo de la canasta básica total, solicitando un piso salarial que garantice la estabilidad económica de los trabajadores del sector en todas las jurisdicciones del país.
El rechazo de la oferta salarial tiene consecuencias inmediatas en la organización gremial. Al término del encuentro, los secretarios generales informaron que convocarán a sus respectivas bases y congresos nacionales para definir un plan de lucha. Entre las opciones que se barajan se encuentran paros nacionales de 24 y 48 horas, así como movilizaciones hacia los centros administrativos de las principales ciudades. Los gremios sostienen que, ante la falta de una propuesta superadora, el ejercicio del derecho a huelga es el siguiente paso institucional.
Otro de los puntos de fricción en la mesa fue el financiamiento educativo vinculado a la infraestructura y los programas de conectividad. Mientras que el Gobierno plantea que estas responsabilidades deben ser absorbidas de forma progresiva por los presupuestos provinciales, los sindicatos exigen que la Nación mantenga su rol como garante de la equidad educativa mediante el envío de partidas específicas.
En términos legales, el Ministerio de Trabajo sigue de cerca la evolución del conflicto y no se descarta el dictado de una conciliación obligatoria en caso de que las medidas de fuerza se formalicen. Esta herramienta jurídica obligaría a las partes a suspender cualquier acción directa y retomar las negociaciones por un período de quince días. No obstante, desde los sindicatos advierten que la conciliación solo postergaría una resolución que requiere, necesariamente, una mejora en los términos económicos de la paritaria.
A la espera de una nueva convocatoria oficial, el panorama para la semana próxima es de incertidumbre. El Ministerio de Capital Humano aún no confirmó si realizará un nuevo llamado a paritaria con una oferta modificada o si mantendrá la cifra actual. Por lo pronto, el conflicto docente de marzo de 2026 queda abierto, con las partes manteniendo sus posiciones iniciales y la comunidad educativa aguardando definiciones que determinen la continuidad del calendario escolar en todo el territorio nacional.

Protestas masivas de docentes en cuatro provincias aliadas de Milei

En Catamarca, gobernada por el peronista Raúl Jalil –uno de los gobernadores más cercanos a Milei en el norte–, el conflicto docente escaló este último miércoles 11, durante la noche, cuando las columnas de maestros y profesores se concentraron frente a la Casa de Gobierno en una marcha de antorchas. La movilización tuvo réplicas en las ciudades más importantes de esta provincia. “El Ejecutivo liderado por el gobernador Raúl Jalil tiene literalmente un plan sistemático de destrucción de la educación pública”, aseguró el docente Marcos Castro durante la movilización. Su colega Bruno Corzo, también referente del sector de los autoconvocados, apuntó contra el reciente viaje de Jalil a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial de Javier Milei: “Es muy grave lo que hace con la situación que hay acá. El gobernador pide prudencia en la política salarial para los trabajadores pero él se va de gira con la comitiva presidencial”.
Pese a que el gobierno no tenía en sus planes abrir el diálogo, el mandatario catamarqueño bajó la orden de reiniciar las negociaciones. La primera reunión se concretó este último jueves al mediodía, en la que estuvo la Intersindical Docente, que integran los gremios ATECa, SADOP y SIDCa, pero terminó sin acuerdo, lo que profundiza la crisis que ya lleva semanas.
Mientras las conducciones gremiales mantenían el encuentro con funcionarios en el interior de la Casa de Gobierno, los docentes autoconvocados permanecieron en la calle frente al edificio, rechazando de antemano cualquier propuesta que no cumpliera con sus exigencias. El Ejecutivo de Jalil había ofrecido llevar el salario básico docente a $800.000 por cargo (posteriormente mejorado a $850.000), más un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y actualización bimestral del punto índice según la inflación. Sin embargo, los docentes exigen $1.300.000 de salario básico, denunciando que Catamarca tiene el tercer salario docente más bajo del país, solo por encima de Misiones y Mendoza, según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación.
El fracaso de la mesa abre un escenario de mayor conflictividad: los docentes autoconvocados –que no participaron de la reunión– convocaron una nueva marcha para el viernes y advierten que no aceptarán cualquier acuerdo que surja de la paritaria sin su participación directa.
En Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir, afín a la Casa Rosada, el conflicto policial encendió los reclamos del resto de los gremios estatales. Los docentes jujeños, encabezados por el gremio combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), marcharon el miércoles durante la noche para reclamar la restitución del abono docente y una nueva negociación salarial. “Hay una situación económica asfixiante, con $800.000 no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón quinientos”, expresó en la marcha Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y sostuvo que “debemos ser recibidos en paritaria, no se puede poner un 10% en cuotas”.
La presión en las calles, a la que se sumaron estatales enrolados en una decena de sindicatos de la administración pública, obligó al gobierno provincial a reabrir las paritarias, aunque la situación permanece tensa. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que la próxima semana se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores. “Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato”, precisó.
La paradoja salarial en Jujuy resulta llamativa: mientras el gobierno ofrece 30% de aumento a la policía, los docentes y empleados estatales denuncian que se les impone un porcentaje inferior, lo que genera una brecha creciente entre las fuerzas de seguridad y resto de los trabajadores públicos.
En San Juan, la provincia cuyana gobernada por Marcelo Orrego, que integró Juntos por el Cambio como diputado nacional y hoy cultiva sintonía fina con la Casa Rosada, vivió el miércoles por la noche horas de alta tensión porque los gremios docentes marcharon con antorchas en reclamo de mejoras salariales, en una potente demostración de fuerza.
La columna multitudinaria estuvo encabezada por la secretaria general del gremio educativo UDAP, Patricia Quiroga, y contó con la participación de distintos sindicatos docentes y estatales. Se sumaron los sindicatos UDA, AMET y SADOP, y también adhirieron trabajadores de otros sectores, entre ellos ATE, la Unión Judicial y referentes del sindicato SUTE, que viajaron desde Mendoza para expresar su apoyo. Durante la protesta se pudieron ver banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas como “sueldo digno”, mientras los manifestantes sostenían velas encendidas en una marcha simbólica que rodeó la plaza principal.
El conflicto en San Juan había escalado con cuestionamientos al paro médico por parte de funcionarios provinciales, quienes aseguraron que los salarios “le ganan a la inflación”, una afirmación que contrastaba con la realidad que denunciaban los trabajadores en las calles. Sin embargo, la presión de la movilización docente logró revertir la intransigencia inicial del Ejecutivo. Como resultado directo de las protestas en las calles, el gobierno accedió a sentarse a negociar el jueves 12 con los representantes gremiales, abriendo una instancia de diálogo que busca destrabar el conflicto salarial. La apertura de la mesa representa una victoria parcial para los docentes, que lograron forzar al gobierno aliado de Javier Milei a escuchar sus reclamos.
La situación evidencia la dificultad del gobierno de Orrego para sostener simultáneamente el apoyo al presidente y la paz social en su territorio, mostrando que incluso las manifestaciones más tradicionales pueden doblegar la resistencia inicial de administraciones que intentan aplicar austeridad fiscal, de igual modo que la Casa Rosada.
En Santa Cruz, provincia gobernada por el gremialista Claudio Vidal –quien si bien pertenece al PJ no kirchnerista se muestra cercano a la gestión de Milei–, los gremios montaron un acampe frente a la Legislatura desde el pasado miércoles para repudiar que la Legislatura debata un Proyecto de ley de emergencia económico-financiera y administrativa que presentó el Poder Ejecutivo.
La presión en las calles, con momentos de tensión, provocó que el proyecto sea devuelto el jueves al Ejecutivo por los diputados, decisión que fue votada por unanimidad. La iniciativa contemplaba facultades extraordinarias para el gobierno provincial. Según los artículos claves, la emergencia alcanzaba a toda la estructura estatal, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos, institutos, organismos de previsión social, tribunales de cuentas y la Legislatura misma. Pero lo que encendió la chispa de los reclamos fue que el texto también establecía que durante la vigencia de la emergencia, prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, “no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos, ni mejoras remunerativas, si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos”.
El rechazo de los diputados a avanzar con la ley –en medio de un acampe gremial– evidenció las dificultades para implementar medidas de ajuste estructural, en un contexto de creciente conflictividad social. Los trabajadores estatales temen que la “emergencia” se traduzca en despidos, suspensiones y reducción de derechos laborales, mientras el gobierno provincial busca herramientas para cumplir con las metas fiscales que exige la coordinación con la Nación.
Las cuatro provincias comparten una característica común: sus gobernadores han manifestado en distintos grados apoyo o alineamiento con la gestión de Javier Milei, en términos de coordinación fiscal y, sobre todo, un respaldo político que permitió la aprobación de proyectos libertarios en el Congreso, como fue la reforma laboral. Sin embargo, esta alianza con la Casa Rosada les presenta un desafío creciente: el Gobierno nacional ha reducido significativamente el envío de fondos federales a las provincias, lo que les impide atender las demandas salariales de sus empleados estatales.
La situación genera una paradoja política porque mientras los mandatarios respaldan al jefe de Estado, son precisamente quienes más sufren las consecuencias sociales de sus políticas de ajuste. En Catamarca, Jalil fracasó en la mesa de negociación; en Jujuy, Sadir tuvo que ceder ante la presión policial para evitar un colapso institucional; en Santa Cruz, Vidal no logró avanzar con su ley de emergencia; y en San Juan, Orrego se vio obligado a abrir el diálogo tras las protestas.
Los conflictos docentes y estatales en estas cuatro provincias evidencian que el costo político del apoyo a Milei está comenzando a cobrarse en las calles, con gobernadores aliados obligados a enfrentar la ira de sus propios trabajadores mientras la Casa Rosada retiene los recursos necesarios para calmar las aguas. Las protestas de las últimas horas sugieren que la tensión social podría profundizarse en los próximos días, con mandatarios atrapados entre su lealtad al Presidente y la necesidad de garantizar la gobernabilidad en sus territorios

Una gran marcha de docentes en Catamarca reclamó por salario

La docencia en Catamarca salió a la calle en la provincia por el reclamo salarial y contra el ajuste en la educación. «Basta Jalil con los docentes no», «unidad de los trabajadores» y «no tenemos miedo» cantaron mientras recorrían la ciudad para ir a la casa de la gobernación. Las y los docentes catamarqueños denuncian que no tienen la vida del «deslomado» Manuel Adorni, que está de viaje en Nueva York junto a la esposa en hoteles donde la noche, costeada por el propio Estado nacional, vale más de mil de dólares mientras un salario inicial docente en Catamarca ronda los 400 dólares.
Las y los docentes se autoconvocaron, denunciando a las conducciones sindicales de la docencia que traicionan y firman paritarias de miseria, porque están cobrando salarios iniciales alrededor de los 500 y 600.000 pesos por un cargo. Por eso, debatiendo y organizándose desde abajo están peleando por un salario mínimo de $ 1.300.000. Además de la movilización en la ciudad de Catamarca, se vienen realizando acciones en toda la provincia, como en los departamentos Santa Rosa, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán y en Andalgalá.
El gobierno provincial les está ofreciendo un básico de 800.000 pesos, en la movilización volvieron a expresar su rechazo a la propuesta, a que se realice el aumento con «bonos» o montos que no se suman al básico, y plantearon la continuidad de la lucha: «no nos dejemos vencer». A su vez, entre los reclamos exigen presupuesto para infraestructura y denuncian la precarización, que no se realizan titularizaciones y, por lo tanto, no tienen estabilidad laboral.
El reclamo sucedió mientras Raúl Jalil, el gobernador peronista de la provincia, estaba de viaje en la Argentina Week paseando con el presidente Javier Milei por Nueva York.
La movilización cuenta con importante apoyo popular, por la mañana jubiladas y jubilados autoconvocados anunciaron que se sumarían a la marcha por la tarde, porque se trata de un ajuste que tiene impacto en el conjunto de trabajadores.
A nivel nacional, la docencia viene de un paro durante el inicio de clases que tuvo gran acatamiento expresando el descontento con el ajuste en la educación pública. En Jujuy, gobernada por Sadir, durante la tarde del miércoles también se realizó una movilización de docentes junto a trabajadores de la salud y estatales reclamando por salarios porque es una situación que no se soporta más.
A su vez, la docencia autoconvocada apuntó contra las conducciones sindicales que se dan vuelta ante la lucha, no solo firmando acuerdos sin consultar democráticamente en asambleas, sino también por boicotear las medidas. Por eso en la concentración votaron continuar la pelea convocando a una movilización el viernes 13.

Jujuy: la docencia en pie de guerra

El Cedems convocó a un paro de 24 horas para el miércoles 11 de marzo, que tuvo su punto de máxima visibilidad con una movilización de antorchas. La docencia de Adep que pelea contra el fraude en el gremio también convocó a movilizarse. Desde la Asamblea Permanente contra la Reforma Laboral sumaron su apoyo y convocaron a la movilización.
A su vez, la docencia universitaria inicia un plan de lucha desde el 16 de marzo exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que Milei desconoce.

Córdoba

El parazo docente del lunes pasado en toda la provincia de Córdoba y la enorme movilización en la ciudad capital fue expresión del contundente rechazo a la propuesta salarial de miseria del gobierno de Llaryora y de la expresión de la bronca y la disposición de la docencia a luchar.
En todos los departamentos el rechazo fue rotundo. Todos los mandatos tenían plan de lucha y en su mayoría con paro de 48 horas. En la docencia se ve la necesidad de enfrentar de forma contundente el ajuste salarial y las condiciones de sobrecarga y precarización laboral que se agudizan con las reformas educativas en la provincia y las resoluciones que bajan del ministerio de educación sin ser discutidos y elaborados por la comunidad educativa. A esto se suma el cierre de cursos y los despidos encubiertos del gobierno de Llaryora que son masivos y en todos los niveles y modalidades.
El martes continuó el debate en la Asamblea Provincial de UEPC que el pasado viernes 27 de febrero pasó a cuarto intermedio por maniobra de la conducción Celeste que no quería el paro de 48hs.
El martes de forma unánime se votó el paro del lunes 9 en el marco del Día internacional de las mujeres, un paro de todas las y los docentes que se movilizaron en todo el país. En Córdoba la movilización fue a las 18:00 desde Colón y Cañada. El ajuste también es violencia y en un gremio feminizado donde muchas docentes son sostén de hogar y no se llega a fin de mes, las docentes se proponen encabezar la movilización contra el ajuste de los gobiernos nacional y provincial.
El rechazo a la propuesta del gobierno se volvió a ratificar y se suma al plan de lucha un paro para el próximo miércoles.
El mandato votado por la mayoría Celeste especifica que se vuelve a los mecanismos de consulta si aparece una nueva propuesta del gobierno, pero no específica qué exigimos que el cargo testigo salga de la pobreza.
Cómo nos tiene acostumbrada la conducción Celeste, está latente una nueva maniobra, levantar el paro por una nueva propuesta de ajuste del gobierno.
Cómo exigimos desde la oposición en la asamblea el plan de lucha tiene que ir acompañado de la recomposición salarial que necesitamos. No se puede levantar la lucha si aparece una nueva propuesta salarial de miseria.
El desprestigio y crisis de la Celeste sigue creciendo en toda la provincia a la par que los cuestionamientos a las distintas centrales sindicales como la CGT y CTA por el rol que jugaron frente a la reforma laboral.

Mendoza: las bases del SUTE rechazan la paritaria de hambre

El miércoles 4 se realizaron los plenarios departamentales del SUTE en toda la provincia. Más de 600 delegados y delegadas debatieron la propuesta salarial del gobierno de Alfredo Cornejo: un 7% en marzo y un 3% en mayo.
La conducción del sindicato salió a militar la aceptación como si se tratara de un logro, instalando además el miedo de que el gobierno sacara el aumento por decreto -utilizando el golpe que el gobierno le dio a ATE- y cerrara la paritaria durante todo el año.
En las escuelas, en cambio, la propuesta fue leída como una paritaria de hambre que consolida salarios por debajo de la línea de pobreza, los más bajos del país, y profundiza la destrucción del poder adquisitivo.
El resultado general fue 365 votos por la aceptación contra 353 por el rechazo. Apenas 12 votos de diferencia. No hay respaldo. Hay crisis.
Pero el dato político más contundente surge al observar el detalle: sin los votos de la conducción, el resultado se invierte y el rechazo gana 353 a 337. Es decir, entre la base docente el rechazo fue mayoritario. Solo mediante esta decisión burocrática y apoyándose en los aspectos más antidemocráticos del estatuto del SUTE impondrán un resultado funcional al gobernador Cornejo.
El mapa provincial mostró un escenario dividido y conflictivo. En Las Heras el rechazo fue abrumador: 81 votos contra 13. En San Carlos hubo 21 rechazos y ninguna aceptación. En Godoy Cruz, Lavalle y General Alvear también se impuso el voto negativo. En total, cinco departamentos votaron contra la oferta.
En varios plenarios se denunciaron maniobras: miembros de la conducción votando por la aceptación sin contar con mandato de escuelas que los respaldaran, integrantes de la conducción provincial interviniendo en los debates a los gritos y agrediendo verbalmente a los delegados que llevaban el rechazo en sus mandatos, y delegados de la agrupación oficialista que, teniendo mandato de rechazo, se retiraron del plenario al momento de la votación. El voto por la aceptación se sostuvo gracias al aparato sindical, no a la convicción y el debate de las bases.
El gobierno no consiguió legitimidad en las escuelas, pero obtuvo, una vez más, el acompañamiento de una conducción que viene firmando paritaria tras paritaria a la baja.
La discusión salarial no puede separarse del contexto general. Mientras se votaba este 7% y 3%, avanzan:
*El cierre de Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT), Escuelas Artísticas y cursos en diferentes secundarios y primarias.
*El desfinanciamiento de los presupuestos educativos provincial y nacional
*Una reforma educativa que apuesta a una menor calidad educativa y una mayor precarización de los trabajadores.
La oferta no recompone lo perdido, no recupera la escala salarial destruida por antigüedad y zona, ni elimina adicionales-castigo como el ítem aula y arraigo. Consolida el empobrecimiento y el salario en negro.
Lo que la conducción acepta hoy no solo es hambre para el presente, sino que garantiza mucho más hambre para mañana. Es una postura profundamente irresponsable: primero, porque no cubre el brutal deterioro salarial ni recupera lo perdido en 2020 -algo que la propia cúpula sindical critica de la boca para afuera pero no resuelve-; y segundo, porque deja a la docencia sin ninguna defensa frente a una inevitable nueva escalada inflacionaria, en un contexto nacional e internacional inestable donde la crisis económica tiende a complejizarse.
Lo que mostraron los plenarios es que hay una base docente que no está dispuesta a seguir convalidando salarios de miseria ni reformas regresivas. Esto golpea de lleno el histórico discurso derrotista de la conducción, acostumbrada a lavarse las manos y responsabilizar a las bases con el cínico mensaje de «jódanse, esto es lo que ustedes votaron».
Los números y el clima en los plenarios reafirman lo que gritan las escuelas: las y los docentes están diciendo que NO. Hay un claro espíritu opositor y una bronca creciente que se expresa por abajo, desmintiendo por completo la resignación que el aparato sindical quiere vender.
La experiencia de departamentos como Las Heras demuestra que cuando las y los trabajadores se organizan y construyen mandatos democráticamente, el rechazo se fortalece.
La disputa ya no es solo salarial. Es política y sindical. ¿Un sindicato que acuerda salarios miserables y acompaña el ajuste? ¿O un sindicato que organice un plan de lucha en serio?

Paro docente en la provincia de Buenos Aires

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó el paro nacional docente previsto en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo.
La medida impactó de lleno en 15 provincias, que concentran a más de ocho millones de estudiantes, donde no comenzaron las clases.
El paro nacional interrumpió el inicio de actividades en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
La decisión sindical se sostuvo pese a que el Gobierno convocó a los gremios a una mesa paritaria nacional en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel nacional.
La protesta incluyó una movilización al Congreso de la Nación Argentina. Además, en varias jurisdicciones se dictaron clases públicas como forma de visibilizar el conflicto.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, CTERA confirmó el “Paro Nacional y Movilización” y enumeró sus principales demandas: aumento salarial, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor presupuesto educativo y rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.
A la medida de fuerza convocada por CTERA se sumaron gremios docentes nucleados en la CGT, entre ellos la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Sin respuesta al hacinamiento y el recorte en las escuelas de Bariloche

Se denuncia el hacinamiento y falta de mobiliarios para la cantidad de estudiantes que se pretende contener en las escuelas. Se dio a conocer que una gran cantidad de familias se encuentra solicitando el pase de una escuela privada hacia la pública. Esto refleja la crisis económica y la reacción de las familias para sobrevivir recortando sus gastos.
A su vez desde docentes y el sindicato UnTER se viene señalando la vulneración a los derechos de les trabajadores ya que no se crean nuevos cargos para dar clases a más cursos. Por el contrario, la política que prima es el cierre de cargos o la reducción de las horas de los mismos (varios casos denunciados en distintas instituciones y niveles). Esta combinación provoca la sobrecarga de tareas y una pérdida en la calidad educativa.
Existe actualmente una normativa que plantea la cantidad de estudiantes por agrupamiento de 25 en nivel medio. A partir de los pases de las últimas semanas algunas supervisiones están solicitando que se trabaje con 29 estudiantes por aula, una cantidad que además en muchos casos no es posible de contener físicamente.
Se habla de reestructuración sin presupuesto para llevarlo adelante, sin espacios físicos en condiciones y sin elementos básicos como sillas y mesas. Ventanas tapadas con maderas y sin los docentes para trabajar en esas aulas como el régimen académico lo propone.
En este contexto también se están recibiendo recortes directos como el cierre de más de 50 cargos al nivel inicial en toda la provincia. Esta definición se logró revertir parcialmente gracias a los reclamos de las comunidades educativas.
También el cierre de la escuela hogar de Cerro Alto argumentando la baja matrícula y obligando a les estudiantes a trasladarse más lejos de sus viviendas para poder estudiar. Como si el valor de una escuela se midiera sólo por la cantidad de estudiantes. Se realizó un abrazo a modo de reclamo para revertir la definición del gobierno.
Esta política del gobierno de JSRN de vaciar las escuelas donde sea posible se expresó semanas anteriores con la negativa de brindar cupo a 3 estudiantes para las residencias educativas (en Mencué, Aguada de Guerra y Comicó).
En nivel primario dos casos testigo son la Escuela 311 donde la comunidad educativa destinó dinero de sus bolsillos para poder poner en condiciones realizando trabajos de pintura, limpieza y reparaciones (práctica habitual en muchas escuelas) que dieron a conocer a través de un video para redes y la Escuela 71 que realizó una presentación para continuar con el reclamo por el agua potable.
El gobierno de Weretilneck y sus funcionarios se excusan con que no hay fondos para el presupuesto. Pero en sus propias declaraciones a los medios, el gobierno viene anunciando hace meses grandes inversiones por la llegada de empresas petroleras mientras contrata nuevamente a una auditora privada por más de $ 50 millones mensuales para auditar las prestadoras de servicios de salud al IPROSS que se encuentra vaciado por la propia política de salarios en negro del gobierno.
La docencia de la provincia continúa con el plan de lucha votado en las últimas asambleas y Congreso. La medida fue el lunes 2 de marzo, con paro y movilización de docentes de toda la provincia. Por mayor presupuesto para educación, edificios en condiciones, planta funcional acorde, la normalización del IPROSS y recomposición salarial para que no haya familias bajo la línea de pobreza.

Zdero propuso que las licencias sindicales sean sin goce de sueldo

En el marco de su mensaje ante la Cámara de Diputados, el gobernador Leandro Zdero anticipó que enviará un proyecto de ley para establecer que las licencias sindicales en la provincia sean sin goce de haberes, tanto para gremios docentes como para otros sectores de la administración pública.
“El ejercicio de la representación gremial es un derecho de los trabajadores, pero debe realizarse a través de una licencia sin goce de haberes. Las licencias gremiales no la pueden pagar todos los chaqueños”, afirmó el mandatario, al plantear la necesidad de revisar el esquema actual.
La definición se dio en un contexto de fuerte tensión con el sindicalismo docente. Zdero apuntó directamente contra la dirigencia gremial y sostuvo que “con quienes deberíamos sentarnos a dialogar, a debatir, no podemos porque solo están dispuestos a hablar de cómo siguen siendo gremialistas, cobrando sin trabajar para continuar gozando de sus privilegios”.
En ese sentido, remarcó que “la educación no puede seguir siendo rehén de intereses corporativos” y agregó que “la escuela no es un campo de batalla política; la prioridad son los chicos”.
El gobernador enmarcó su anuncio en un diagnóstico crítico del sistema educativo provincial, aunque defendió avances de su administración. Enumeró que se logró la conectividad de 165 predios escolares, alcanzando a 1.000 escuelas en red, y adelantó la instalación de 97 nuevas antenas en establecimientos del departamento Comandante Fernández.
También destacó la conformación de 16 equipos interdisciplinarios para acompañar a alumnos con discapacidad en las 14 regiones educativas y la regularización de más de 19.000 docentes, tras años sin concursos.
“La carrera docente estuvo congelada por 20 años sin concursos de ingreso”, afirmó, y detalló que en nivel inicial hubo 19 años sin llamados, 15 en bibliotecarios y que en educación física para adultos nunca se había realizado un concurso.
No obstante, reconoció que existen deudas históricas con el sector, aunque insistió en que también hay una deuda con los estudiantes y sus familias. “Prefiero asumir esto con responsabilidad, porque gobernar también es decir la verdad”, sostuvo, aludiendo a las restricciones financieras que enfrenta la provincia.

Lágrimas de cocodrilo: La ministra de Chaco se quebró en un acto escolar

El ciclo lectivo 2026 comenzó oficialmente en la E.E.P. Nº 132 de Isla del Cerrito, con un acto encabezado por el gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación, Sofía Naidenoff. La apertura se dio en un clima atravesado por la tensión salarial y la suspensión de la cláusula gatillo, mecanismo que actualizaba los sueldos docentes según la inflación.
Durante su discurso, Naidenoff se quebró al referirse a la situación económica y pidió comprensión al sector. “Estamos para acompañar en lo que ustedes necesiten”, expresó ante la comunidad educativa. También admitió el descontento por la medida y sostuvo que el escenario financiero actual condiciona las decisiones oficiales.
La ministra defendió el proceso de «reorganización administrativa» impulsado por la gestión provincial, con eje en la titularización docente. Según indicó, el ordenamiento del sistema es clave para mejorar las condiciones laborales y salariales a mediano plazo.
En ese marco, planteó que determinadas licencias y traslados generan impacto presupuestario y llamó a revisar esos mecanismos para redireccionar recursos. No obstante, aclaró que no se trata de eliminar derechos, sino de “ordenar prioridades” dentro de un contexto económico restrictivo.
Al abordar la suspensión de la cláusula gatillo en Chaco, Naidenoff reconoció que la medida genera preocupación y explicó que en etapas anteriores se había podido afrontar el pago gracias a un mayor ingreso por coparticipación. Ahora, sostuvo, la provincia enfrenta un escenario diferente.
El mensaje oficial contrastó con el clima que se vivió días atrás en Resistencia, donde gremios docentes realizaron una masiva movilización y ratificaron el no inicio de clases. El salario básico de un maestro de grado en la provincia es de $349.353 y, con el aumento anunciado, el incremento rondaría los $10.000, cifra que los sindicatos consideran insuficiente frente a la inflación acumulada.

Alto acatamiento y escuelas vacías en el inicio de clases en Corrientes

El ciclo lectivo 2026 no logró romper la inercia del conflicto salarial en Corrientes. Tras el fracaso de las negociaciones preliminares entre el Gobierno provincial y los representantes sindicales, la provincia amaneció con un alto acatamiento al paro docente, dejando a la gran mayoría de las escuelas sin actividad en lo que debería haber sido el primer día de clases.
Desde el sector de Docentes Autoconvocados confirmaron que el impacto de la medida de fuerza fue contundente. «En algunas localidades del interior la adhesión es del 100%», señalaron, destacando que la respuesta es particularmente fuerte en el nivel primario.
La unidad de acción entre los gremios SUTECO, AMET y ACDP, sumada a la adhesión de SADOP en el ámbito privado, garantizó que el inicio escolar quedara virtualmente paralizado.
El secretario general de AMET, Rufino Fernández, evitó dar cifras definitivas pero aseguró que la tendencia es creciente. «Va a ser un paro importante, habida cuenta del descontento que existe en cuanto al salario y otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento pleno de las escuelas», afirmó el dirigente.
La mayor crítica de los gremialistas radica en la falta de propuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial en los encuentros previos. «No tenemos ninguna cifra, ningún monto, ningún método de recomposición salarial para poder hacer la consulta a las bases», lamentó Fernández, subrayando el vacío informativo que rodea a la paritaria local.
Las exigencias de los trabajadores de la educación se mantienen firmes en tres puntos innegociables:
Salario inicial de $1.360.000, para alcanzar la línea de pobreza establecida por el INDEC.
Blanqueo de las sumas no remunerativas (montos «en negro»).
Aumento real al básico que permita recomponer la pirámide salarial y reconocer la antigüedad.

Entre Larreta y Jorge Macri desmantelaron 15 maternales

“A esta altura realmente creemos que son un gasto que el GCBA no está dispuesto a realizar”, aseguró un asesor de la cartera educativa porteña que conduce Mercedes Miguel al ser consultado sobre los argumentos que tiene el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para cerrar los Jardines Comunitarios, instalados en los barrios más postergados del distrito porteño.
Son establecimientos maternales públicos conveniados, manejados por el Ministerio de Educación de la Ciudad junto a asociaciones y organizaciones barriales. Estos espacios educativos reciben a niños y niñas de 45 días a tres años de edad, y funcionan en el marco de la Dirección de Inclusión Educativa dentro del Programa Primera Infancia del Ministerio de Educación porteño.
De acuerdo a una auditoría realizada por el equipo de docentes y trabajadores del Programa Primera Infancia, hasta el año 2016 había alrededor de 55 jardines populares. En los últimos diez años, las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri desmantelaron 15 jardines maternales. Algunos de estos cierres fueron a lo largo de la última década y en la actualidad quedan cerca de 35. De acuerdo a la denuncia del personal del sector, Jorge Macri está dispuesto a avanzar con el cierre de la mayoría de ellos.
Desde el colectivo de trabajadoras y trabajadores del Programa Primera Infancia manifestaron que se encuentran en estado de alerta y movilización ante la persecución diaria que sufren por parte de las autoridades, y denuncian que “a una semana de comenzar nuestro ciclo lectivo 2026, desde el Ministerio de Educación cerraron un espacio y amenazan a otros tres de posible cierre”. Para justificar el cierre de los mismos, el gobierno de la Ciudad argumenta que esos espacios no están en condiciones.
“Actualmente de esos tres jardines que están con amenaza de cierre, estamos intentando hacer algunas modificaciones en uno de los jardines para poder abrir este año. Y en los otros dos directamente estamos buscando otro espacio edilicio, cerca del lugar de origen ya que es una comunidad que funciona hace más de 15 años”, contó Marina, docente de El Jardín de Teresa ubicado en el barrio Fraga en la zona de Chacarita.
“Lo que nosotros vemos es una intención política ya, porque venimos hace años siendo hostigados por la Ciudad y con cada vez más frecuencia y más exigencias para cerrar. Y son justamente jardines que están en las villas, en lugares donde las familias los necesitan”, agregó Marina. En riesgo de cierre para el ciclo lectivo 2026 son Luces en el Bajo, Globo Rojo y Sacha; tres de los maternales que administra la agrupación La Dignidad.
Entre los maternales populares que ambos mandatarios ordenaron su cierre se encuentran: La Vereda, manejado por el Ministerio de Educación y la asociación civil que lleva el mismo nombre, y estaba ubicado en el barrio de Balvanera; el maternal San José Obrero que funcionaba en La Boca; el jardín Sueñitos, ubicado en el barrio de lugano sobre Luis Herrera 3460; el espacio Sala de juegos Piletones, ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre; y el Jardín Maternal Comunitario «Madre del Pueblo», que estaba ubicado estratégicamente sobre la avenida Perito Moreno al 1700, dentro del Barrio Illia, entre el Bajo Flores y Nueva Pompeya.
“Este año ya cerró porque no tiene la fuerza para poder responder a esta situación. Nosotros le propusimos un lugar al gobierno, ahora esta semana vamos a proponerle otros dos para posibles mudanzas, pero vemos que la administración de Macri tiene una decisión política de querer cerrarlos”, terminó Marina.
De acuerdo a la denuncia de las y los trabajadores y docentes de Primera Infancia, hasta ahora son seis maestras que tuvieron que cesar sus suplencias.
“Es porque el GCBA hizo volver a algunas coordinadoras a sus cargos de base, quitándole las reubicaciones a las coordinadoras actuales. Estaban reubicadas en cargos de coordinación, como ahora hay cuatro jardines menos, hay menos maternales para coordinar y les sacaron las reubicaciones”, explicó a Tiempo Damián Drescher, docente de nivel inicial.
Drescher anticipa que esas docentes que cumplían la función de maestra de sección en la sala se quedaron sin su cargo. “Estos eran cargos que en algunos casos existen hace nueve años. Son suplentes, o sea, no cesaron interinatos por ahora. Pero bueno, es el primer paso de este recorte.”

Jornada de lucha en las calles y rechazo en la Legislatura contra los despidos de docentes porteños

La comunidad educativa resiste un nuevo ajuste de Jorge Macri, tras las cesantías de maestras con licencia por maternidad que fueron notificadas por mail. Los gremios mayoritarios UTE y ADEMYS movilizaron al Ministerio de Educación.
“La educación es una variable de ajuste para Macri y Milei, quieren un pueblo sumiso, sin crítica y poco educado”, manifestó una de las docentes durante el acto que realizaron en las puertas del Ministerio de Educación que dirige Mercedes Miguel.
El rechazo a este nuevo ajuste a la educación pública porteña llegó a la Legislatura. La diputada local Maru Bielli presentó un proyecto de repudió a la gestión macrista.
“Los docentes del programa Maestro + Maestro se dedican a fortalecer la enseñanza de la lectura y escritura en el primer ciclo del nivel primario. 50 de ellos fueron cesanteados, notificados por mail, sin previo aviso a días de empezar las clases”, manifestó la diputada de Fuerza Patria y agregó: “Esperamos que se revea esta injusta medida que afecta a quienes trabajan en la alfabetización de niños y niñas de la Ciudad.”
Por su parte, la legisladora porteña Andrea D’Atri manifestó en sus redes su apoyo “a las maestras del programa M+M, que alfabetizan en las escuelas donde asisten niñxs de sectores vulnerables de CABA, quienes hoy exigen la reincorporación de 50 compañeras despedidas por Jorge Macri, en el Ministerio de Educación porteño.”
El Programa Maestro más Maestro (M+M) de la Ciudad de Buenos Aires es una iniciativa pedagógica enfocada en fortalecer la enseñanza, particularmente en el primer ciclo de la escuela primaria, con énfasis en la alfabetización inicial y la didáctica. Se basa en un dispositivo de pareja pedagógica o acompañamiento, donde una maestra/o del programa trabaja junto a docentes de grado para mejorar las prácticas, apoyando a estudiantes en contextos de vulnerabilidad.
Si bien el GCBA se niega a brindar datos oficiales sobre la cantidad de docentes que quedan activos dentro del programa de alfabetización Maestro+Maestro, de acuerdo a un relevamiento realizado por los trabajadores del sector, se estima que, tras los despidos, quedan alrededor de 220 docentes en funciones, apenas entre 100 y 130 fueron titularizados y entre 90 y 100 del total de maestros están precarizados.

Jorge Macri impide el ingreso al Postítulo de ESI

El Postítulo de Educación Sexual Integral, que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, constituye actualmente el único espacio de formación de especialistas en educación sexual integral, tras el cierre del Postítulo que dictaba Escuela de Maestros. Se trata de una propuesta educativa de excelencia y gratuita en un profesorado también de gran nivel académico. Con respaldo científico y trayectoria educativa de formación docente, convoca cada año a profesionales de diversas disciplinas. Durante 17 años, este Postítulo permitió abordar de manera integral las problemáticas que conforman la Educación Sexual Integral (ESI), incluyendo perspectivas históricas, antropológicas y biológicas, así como marcos legales y prácticas específicas en el campo educativo.
La continuidad del Postítulo se encuentra en riesgo ante la falta de apertura de inscripciones para la cohorte 2026-2027. Pese a que el proyecto fue presentado con antelación, la falta de respuesta gubernamental bloquea el acceso a esta formación estratégica para profesionales de la educación y la salud vinculados a la ESI. Asimismo, se advierte que los cambios propuestos en la modalidad de cursada —que reemplazan cátedras por cursos breves— comprometen el carácter integral de la especialización.
Amparada por las leyes 26.150 (Nacional) y 2.110 (CABA), la ESI es una herramienta clave para garantizar derechos y promover la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Su implementación no solo fortalece la afectividad y el respeto a la diversidad, sino que resulta vital en la prevención de violencias, ITS y embarazos no intencionales. Este enfoque difiere de manera absoluta de la postura sostenida por los sectores más conservadores de la derecha, desde Milei a Macri, los ataques son dirigidos contra las mujeres, la diversidad y las niñeces.
En un contexto de ajuste y ataques a las condiciones de vida, el Postítulo es parte de un escenario de creciente conflictividad social. Las profesoras y profesionales que trabajan en el Postítulo, sostienen que los cuestionamientos y dificultades no son recientes, sino que se han intensificado en los últimos años a partir de la retención de salarios docentes, la precarización e inestabilidad laboral y un clima adverso hacia políticas orientadas a mujeres y diversidades.
En la Ciudad de Buenos Aires hay ataques a todos los niveles educativos, cierres de grados y secciones, cierre de jardines y orquestas infantiles en barrios populares, despidos en el programa m+m de alfabetización, ataques a las formaciones artísticas, todos ataques dirigidos, no casualmente, contra quienes sostenemos la educación que somos mayoría de mujeres con las familias trabajadoras afectadas.
Durante los últimos años el ataque sistemático a la salud y a la educación pública por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei y de Macri en la Ciudad de Buenos Aires se vio reflejado en un desfinanciamiento de la ESI, la salud sexual no reproductiva, con la eliminación de presupuestos para cuidados, prevención, y protección, los tratamientos para VIH y la obligatoriedad de la ESI. Así como la incorporación de sectores antiderechos en centros de salud de la ciudad.
No son sólo ataques en términos económicos y de ajuste, también es ideológico. La incorporación de la educación emocional (con un enfoque individualista y neoliberal de problemáticas que son sociales) tiene esa intencionalidad como denunciamos acá y acá. Este enfoque busca desplazar la ESI mediante una «gestión individual de las emociones» que despolitiza el conflicto y las desigualdades de clase, género y raza, reduciendo problemáticas sociales complejas a una autorregulación personal. Mientras se promueven estas salidas individuales y disciplinadoras, el Estado profundiza el punitivismo y la represión, con la ley de baja de la edad de punibilidad y un ajuste brutal que deteriora las condiciones de vida. En este escenario de empobrecimiento y violencia, se limitan las posibilidades para las infancias y adolescencias y se impone mayor control social.
Frente a esta situación que nos preocupa y nos mantiene en alerta, les egresades del Postítulo de ESI, escribimos una carta que te invitamos a firmar y difundir. Para exigir al Gobierno de la Ciudad la apertura inmediata de las inscripciones de la cohorte 2026/27. La carta tiene que llegar a todas las feministas, artistas, trabajadoras de la salud, que apoyen esta exigencia y den la pelea con nosotras.
La conducción celeste del sindicato mayoritario UTE Ctera no puede seguir siendo cómplice de todos los ataques del macrismo, ya dejó pasar el Ba Aprende, la huella, y los ajustes a la educación. Es urgente que le exijamos desde abajo, que convoquen a asambleas a toda la docencia porteña de todos los niveles para que podamos discutir y debatir un plan de lucha contra los ataques de Macri y Mercedes Miguel.

Fuentes: Tiempo Argentino, Perfil, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, El Destape

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