La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comenzará este miércoles 18 en el Parlamento Vasco el debate de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de creación de un Fondo de compensación para las víctimas del amianto.
La creación de este fondo de compensación fue pactada a finales de 2021 en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, cuando el Gobierno llegó a un acuerdo con Bildu para financiar este fondo con una partida de 25 millones de euros.
Mientras tanto en nuestra Ciudad, la Legislatura aprueba todos los años una partida para sacar el asbesto del Subte, pero el gobierno no lo pone en marcha. “El servicio está cada vez más degradado y las fibras de asbesto que se eliminan por los túneles, ponen en peligro a pasajeros y trabajadores”, denuncia la AGTSyP y advierte medidas de fuerza.
Ya son doce los fallecidos por enfermedades derivadas del contacto con asbesto, según las cifras de CCOO. El Comité de Empresa ha convocado tres minutos de silencio para que este material se erradique “absolutamente” del entorno laboral.
Durante la madrugada del 30 de abril, otro trabajador de Metro de Madrid fallecía tras años de exposición al amianto. Luis Gómez, el empleado fallecido, quien tenía cáncer de pulmón y la enfermedad profesional reconocida por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Juan Carlos de la Cruz, secretario de la sección sindical de CCOO en Metro de Madrid, explica que Gómez llevaba en Metro cerca de cuarenta años, toda la vida laboral. “Entró de maquinista y luego fue personal de atención al cliente en estaciones. Es uno de los primeros casos que nos salen de esta área. Estaba metido dentro del grupo de riesgo por contacto con amianto por haber estado dos años de maquinista. Al personal de estaciones no les quieren hacer el reconocimiento de amianto, solo se está reconociendo a maquinistas y al personal de mantenimiento”, explica.
Según los datos de CC OO, ya hay doce trabajadores fallecidos con enfermedades relacionadas por el contacto con asbesto. Sindicatos y trabajadores denuncian que en Metro de Madrid la tónica general es el negacionismo. La empresa, a través de su asesoría jurídica, está poniendo palos en las ruedas para el reconocimiento de las enfermedades derivadas del contacto y la manipulación del amianto, requisito necesario para conseguir una indemnización.
En nuestro país, ya van más de cuatro años que las y los trabajadores del Subte de Buenos Aires denuncian la presencia de asbesto, material cancerígeno prohibido desde principio de siglo, en las formaciones, talleres y túneles.
Producto de esta lucha se lograron cambios parciales por parte de Emova (ex Metrovías) y el ingreso de una parte de los trabajadores al Registro de Agentes de Riesgo. Sin embargo, la inacción de la empresa y del gobierno de la Ciudad tuvo consecuencias más graves: 55 trabajadores con afecciones pulmonares -algunos con cáncer- y tres fallecidos.
Los trabajadores nucleados en la AGTSyP denunciaron que Emova tomó la decisión de retirar de una sola vez y sin ninguna protección, aislamiento, método o protocolo de seguridad, todo el sistema de ventilación forzada de la Línea B. “Esto trajo aparejado la dispersión en el taller, y luego en toda la línea, de ingentes cantidades de asbesto de dicha estructura, violando lo acordado, desconociendo la ley y también el fallo vigente de la jueza Liberatore, que entre otras mandas a la empresa concesionaria plantea la prohibición de tomar contacto con lugares o elementos con presencia de asbesto”, señalaron.
Por su parte, Francisco Ledesma, secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo de la AGTSyP, informó: “También estamos denunciando que el gobierno de la Ciudad, a través de la empresa estatal Sbase, quiere rematar varias formaciones que están sin desasbestizar en unos galpones que Sbase le alquiló al Grupo Clarín en la calle Magaldi, a 50 metros del Riachuelo. Esos predios son del diario Clarín y de la Nación. Eso no puede salir a la venta si no se desasbestiza. Nosotros queremos que saquen el asbesto, pero no que lo tiren por la Ciudad o por el Conurbano porque nuestros trabajadores, igual que cualquier ciudadano, tienen el derecho a que el Estado los cuide, no a que se enfermen adrede”.
Al mismo tiempo, añadió: “Ellos se habían comprometido en 2021 a un cronograma de trabajo para sacar asbesto ya no solo de los trenes, sino de las instalaciones como, por ejemplo, los cuartos de bombeo. El subte, aunque Mauricio Macri dijo que no se inunda más la Capital Federal, se sigue inundando. En medio de la pandemia se inundó, entonces a esos cuartos de bombeo hay que repararlos. Los cuartos y las bombas tienen asbesto, por eso a nuestros trabajadores no les permitimos que vayan a trabajar ahí porque ya está confirmado por todas las partes que tienen asbesto y si van a trabajar ahí los estamos mandando a que adrede se enfermen”.
En este sentido, Ledesma expresó: “Ellos se preocupan de la operatividad, del servicio -para obviamente lucrar- pero nosotros entendemos que el transporte público es eso, es un bien que está al servicio de la comunidad, no es un transporte para lucrar, aunque la empresa lo trata así hace 28 años”.
Y agregó: “La Legislatura, donde tiene mayoría el partido gobernante, todos los años destina una partida para el subte, exclusiva para sacar asbesto. O sea, el presupuesto no es un problema para comprar flotas nuevas, sino al contrario, no ejecutan el presupuesto para hacer eso. Mientras tanto, el servicio está cada vez más degradado y a partir de la fibra de asbesto que se elimina por los túneles, el pasajero y principalmente los trabajadores, que estamos muchas horas en ese lugar que no tiene ventilación forzada ni ventilación natural, estamos a merced de esa fibra cancerígena que ya se ha cobrado la vida de tres trabajadores”.
El secretario de Salud Laboral comentó también que la problemática está afectando psicológicamente al plantel. “Es muy fuerte, tanto para el que viene a trabajar todos los días y dice ‘¿hoy me llevaré el cáncer encima a mi casa y contagiaré a mi familia?’, y para los afectados, que hasta el día de hoy no pueden volver a trabajar porque la ley indica que por una cuestión de salud no pueden volver a trabajar a un lugar donde está el material cancerígeno. Es una situación traumática psicológicamente porque si no te enfermás con el asbesto te estalla la cabeza. Ante la empresa estatal, la empresa privada y el Gobierno nacional que no toman decisiones políticas, se están enfermando los compañeros psicológicamente. Es una bomba de tiempo”, dijo Ledesma.
Para finalizar, resaltó: “A nosotros la vida se nos va laburando y queremos que la decisión política sea más rápida porque no es una cuestión de presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires es la que tiene más presupuesto nacional, pero además en la Legislatura, donde ellos tienen mayoría, todos los años votan una partida específica de presupuesto para asbesto”.
La AGTSyP invita a los usuarios, a las organizaciones ambientales y de Derechos Humanos a sumarse a la lucha de las y los trabajadores del subte para que se retire el asbesto cancerígeno del subte y advierten la posibilidad de medidas de fuerza “en defensa de nuestras vidas”.
Macri y Larreta denunciados
La escandalosa compra de los vagones de la Línea B de Subterráneo por parte del entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, volvió a los primeros planos en 2020 a partir de la denuncia de los Metrodelegados por la presencia de asbesto en sus formaciones, lo que afectó la salud de numerosos trabajadores, y que enciende las alertas sobre posibles consecuencias también en pasajeros frecuentes de ese subte. A esta situación se agregó una denuncia ante el juzgado federal Nº 2 de Sergio Ramos, tanto a Macri como a Horacio Rodríguez Larreta, por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento. Los denunció el Ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, Edgardo Castro: “Se importó un material que está prohibido importar, con lo cual ya se cometió delito. Enfermó a 14 trabajadores, escondió en silencio la presencia del amianto en las formaciones todo este tiempo. Y esos trenes que compró a 550.000 dólares cada uno no los podés vender ni siquiera como chatarra, no se podían sacar de España. Después los organismos lo protegieron y lo ocultaron”, expresó.
Según detalla en las doce carillas de la denuncia, la importación de este residuo peligroso está prohibida por ley desde 2001. A finales de ese mismo año también se la declaró ilegal en España, el país de donde le vendieron al Estado porteño los CAF 5000 que el macrismo buscó instalar en la Línea B. El material rodante, según develaron notas periodísticas de España, es de 1974 y estaba destinado a chatarra. La Ciudad de Buenos Aires no sólo les compró 36 coches a 19.800.000 dólares para uso habitual de los ciudadanos, sino que además debió destinar millones de pesos para amoldar las estaciones de la B, porque los vagones eran más chicos de lo normal. Por si fuera poco, poseen asbesto en sus componentes eléctricos, que ya de por sí le generó el cáncer asbestosis a un empleado de mantenimiento de la red española.
La denuncia de Castro también apuntó al entonces presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo De Montmollin; al director de la concesionaria del servicio, Metrovías SA, Alberto Esteban Verra y al titular de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Fernando Cohen.
Fuentes: Diario siglo XXI, El Salto, Resumen Latinoamericano, rebelion.org
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