Dos de los guardias del lujoso departamento que habitaba, su esposa, su hijo Ariel y una de sus hijas fueron detenidos. Algunos como presuntos autores, otros como cómplices del asesinato de Héctor Febrés, el Prefecto Naval, represor de la ESMA y acusado de mas de 300 casos de torturas, desapariciones y robo de bebes durante […]
Dos de los guardias del lujoso departamento que habitaba, su esposa, su hijo Ariel y una de sus hijas fueron detenidos. Algunos como presuntos autores, otros como cómplices del asesinato de Héctor Febrés, el Prefecto Naval, represor de la ESMA y acusado de mas de 300 casos de torturas, desapariciones y robo de bebes durante los «años de plomo» de la dictadura militar. La jueza actuante ordenó, además, la detención de Rubén Iglesias, jefe de la zona Delta de la Prefectura Naval, todavía prófugo.
El mensaje que dejaron sus asesinos a la sociedad es que ningún genocida será condenado; que ninguno de los asesinos hablara y dará datos sobre los crímenes del «Proceso», que los responsables del Proceso siguen organizados y que el gobierno no quiere o no puede castigar a los culpables en forma efectiva.
Los familiares cenaron con Febrés en la cárcel horas antes de su muerte por ingesta de cianuro. Se investiga si le proporcionaron el veneno o si se lo hicieron ingerir sin notificarselo. La tercera variante es el veneno haya sido suministrado por sus carceleros por orden de terceros. Una versión que circulaba insistentemente es que el veneno utilizado podría ser una de las pastillas incautadas en su momento a militantes Montoneros que se suponía debían utilizarlas si eran capturados en los 70.
El juzgado de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado indico que los pedidos de detención se difundieron anoche, luego que se confirmara que la mujer, su hijo Ariel y una de sus hijas cenaron con Febrés en la cárcel horas antes de su muerte por ingesta de cianuro. Según indicó radio Mitre, el prefecto Iglesias habría cenado junto con la familia y Febres.
La esposa y la hija del ex represor estaban alojadas en la cárcel de Ezeiza, mientras el hijo se hallaba en la prisión de Marcos Paz.
La conclusión que arrojó la autopsia realizada al cadáver del ex prefecto determinó que murió por envenenamiento por cianuro. La cantidad de cianuro encontrada en el cuerpo de Febres superaría en varias veces la dosis mortal de 0.5 miligramos.
«La prueba y la contraprueba en la autopsia dieron positivo, tenía cianuro en sangre, fluido y vísceras, presuntamente ingerido por boca», confirmaron a la agencia Télam fuentes judiciales. En este último trámite, cuyo resultado fue informado de inmediato por el responsable de la Morgue Judicial a la magistrada, estuvieron presentes peritos de la querella, la familia y la fiscalía.
Febres tenia un régimen de detención privilegiado ya que habitaba un departamento de dos ambientes en una delegación de la Prefectura Naval amueblado cómodamente, incluyendo televisión, DVD, computadoras, acceso a Internet y telefonía celular. El detenido no tenía restricciones de visitas y, junto a sus familiares, era asiduamente visitado por militares, prefectos, abogados y amigos personales.
El departamento de su arresto no tenía llaves y Febres era libre de circular libremente por las instalaciones de Prefectura. En efecto, su cuerpo fue descubierto a las 10:30 AM hace dos días, después que sus «carceleros» fueron a buscarle, sorprendidos de que no hubiese bajado a desayunar con ellos como lo hacia habitualmente.
Inmediatamente conocida la noticia de su muerte, los abogados de la querella, organismos de DDHH y algunos de los testigos contra Febres en el juicio levantaron la acusación de la posible muerte por suicidio o incluso de asesinato del Prefecto apodado «Selva» durante la dictadura porque «era la suma de todos los animales» durante las torturas.
El gobierno de Néstor Kirchner, y anteriormente el de De la Rua, jamás modificaron la conducta oficial sobre los represores detenidos. A los mayores se les concedió el arresto domiciliario y a otros, más jóvenes como Febres, se los detuvo con todas las comodidades en unidades militares. Solo 200 de los 30.000 responsables de asesinatos, secuestros y robos de bebes durante la dictadura están «detenidos», la gran mayoría en estas condiciones privilegiadas.
Desde la asuncion de la «democracia» ha habido reiterados intentos de los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rua de perdonar o librar de responsabilidades a los genocidas del Proceso. Leyes de Punto Final, Obediencia Debida, perdones presidenciales y otras maniobras fueron ensayadas una tras otra para eliminar o al menos demorar el advenimiento de justicia y memoria en nuestro país.
Solo la persistencia de los organismos de DDHH y una conciencia social de los crímenes cometidos, así como la presión internacional de jueces extra territoriales y algunos medios de prensa, lograron finalmente despejar el camino para el juzgamiento de las atrocidades cometidas en la «Segunda Década Infame» durante el primer gobierno Kirchner. Entonces comenzó una política de DDHH «en cuentagotas» que consiste esencialmente en juzgar uno por uno a las genocidas y solo por algunos casos comprobados en cada instancia. En 25 anos de «democracia» y a casi tres anos de la derogación de las leyes de impunidad, Febres iba a ser el tercer inculpado con condena, detrás de Etchecolatz y Von Wernich. Un verdadero escándalo.
El objetivo de estas demoras en el juzgamiento tiene como propósito político diluir las condenas, dejar impunes a miles de asesinos y promover lo que algunos políticos han definido como «la pacificación y reconciliación» del país y el «restañar las heridas del pasado». Aunque el Presidente Néstor Kirchner se ha referido en varias oportunidades a la lentitud de los procesos, el gobierno no ha dado instrucciones a los fiscales de todo el país para acelerarlos y masificarlos juntando a todos los acusados y los cargos contra estos en megacausas. El gobierno, obviamente, a pesar de sus dichos, no quiere presidir sobre varios juicios tipo Nuremberg.
Esto, que ha sido un reclamo constante de las organizaciones de DDHH, se suma al hecho denunciando, entre otras por las pro-gobierno Madres de Plaza de Mayo, de que centenares de jueces que provienen del Proceso se hallan aun en actividad y demoran los procesos con artimañas legalistas o aceptando las chicanas legalistas de los abogados defensores y sumergiéndolas en un proceso jurídico denso y contorsionado que nada tiene que ver con la verdad.
Tampoco escucho el gobierno las demandas de protección de los testigos de los casos de genocidio, lo que ha provocado entre otras cosas la desaparición de Julio López, las amenazas constantes contra otros testigos y abogados de querellantes y la diseminación de la sensación social de impunidad. A pesar de las declaraciones y acciones gestuales del gobierno, aun la mayoría de los encausados goza de prisiones privilegiadas (unos pocos) o de un cómodo arresto domiciliario esperando su muerte natural, seguramente ganadora en esta carrera de desgaste.
Por ultimo, y por necesidades políticas propias, el gobierno no se ha pronunciado en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el amparo del estado durante los gobiernos peronistas de Lastiri, Perón e Isabel que fueron la verdadera antesala del genocidio que se generalizo y expandió durante la dictadura militar que les sucedió.
Temeroso de que actuales dirigentes políticos y sindicales del peronismo sean implicados en estas causas de crímenes contra la humanidad de terrorismo estatal ejecutado por la Triple A (y sus organizaciones participes como la CNU, la JSP, la JPRA, las policías Federal y provinciales y el aparato de la burocracia sindical) el gobierno ha mantenido el silencio al respecto mientras los jueces que deberían publicar la resolución correspondiente que ya esta escrita, se debaten en laberintos leguleyos para hacerlo mientras Isabel Perón, el Comisario Almiron y otros cientos de culpables, esperan tranquilamente que la vejez y la muerte los libere de la responsabilidad de enfrentar la justicia.
Nuevamente, es hora de la movilización de los trabajadores, los jóvenes, las organizaciones de DDHH y de todos aquellos que ven en la Verdad, la Justicia y la Memoria el único camino de la superación de las marcas del genocidio en nuestra sociedad. Basta de palabras