ATE anunció un paro general en todo el país para el próximo 3 de abril

“Mire, presidente Javier Milei, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento”, dijo el líder sindical a través de sus redes sociales, luego de escuchar la presentación del jefe de Estado. Adujo que “la Argentina vive una etapa de transición. Los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del ‘90 frente a un proceso político similar”.

“En los 90′ supimos abrazar la consigna ‘Fortalecer el Estado para liberar la Nación’, y resulta que la fortaleza o debilidad del Estado depende de quién lo mire. En este momento, si lo mira la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Estado se está fortaleciendo. Sin embargo, si lo miramos nosotros, se está debilitando”, remarcó en la red X.

Luego señaló que “cuando decimos que sus políticas intentan destruir el Estado, en realidad lo que está pasando es que se está destruyendo el Estado de la gente y se está construyendo el Estado de los grandes grupos empresarios. Ha llegado el momento de abrazar nuevas consignas, tal vez la de ‘Democratizar el Estado para construir la Nación’”.

Milei señaló hoy que desde que asumió en la Casa Rosada y para poder lograr el déficit cero que anunció en su campaña, eliminaron “las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, anunció que se realizará un paro nacional en el primer día hábil de abril, a la par que advirtió que la semana que viene podría haber «ocupaciones pacíficas» de ministerios y dependencias oficiales ante la posibilidad de despidos masivos que fueron anticipados por el propio presidente Javier Milei.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical explicó que «el 31 de marzo vencen más de 70.000 vínculos contractuales en la Administración Pública Nacional: 65 de los denominados planta transitoria-Artículo 9 y otros 6 mil de Asistencia Técnica y Profesional». Al respecto, se refirió a los dichos del mandatario, quien señaló que ese universo de empleados podría no ver renovados sus contratos.

En respuesta, Aguiar sentenció este miércoles: «El Presidente no conoce el Estado». «Sólo hace falta aplicar el sentido común para saber que no se podría reducir la planta funcional de la Administración Pública en esa cantidad», arremetió. Además, manifestó que Milei «miente y genera zozobra e incertidumbre», por lo que «hemos tenido que salir a responder con una medida de fuerza para el primer día hábil de abril, que será definida en las instancias orgánicas del sindicato».

De esa manera, anticipó que desde el sindicato están planteando «un horario para que todos los turnos el 3 de abril ingresen de manera masiva y simultánea frente a la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad esté bloqueando el ingreso a los ministerios y las dependencias».

En ese sentido, precisó que ATE se encuentra en «alerta máxima», ante lo que anticipó: «No descarto que eso que comience como ingresos masivos y simultáneos se convierta en ocupaciones pacíficas, si no hay respuestas del Gobierno«. «Es una medida que tenemos que resolver en los cuerpos orgánicos del sindicato, pero es lo que empieza a perfilarse que es lo que va a pasar», insistió Aguiar.

Además, advirtió que la mayoría de los trabajadores estatales son víctimas de «fraude laboral» por estar contratados en condiciones precarias y cumpliendo las mismas tareas y el mismo horario que los empleados de planta permanente. Sumado a esto, denunció que «se montó una campaña de desprestigio sobre el empleo público». «Desde ATE, si se encuentra un ñoqui, vamos a ser los primeros en denunciarlo porque es una estafa a todo el pueblo», concluyó.

Trabajadores de Télam juntan firmas

Con el lema “Defendemos Télam y el derecho a la información”, los trabajadores de la agencia pública, cuyo cierre fue anunciado por el presidente Javier Milei el pasado 1° de marzo, juntan firmas en los acampes  que mantienen en las dos sedes valladas, Bolívar 531 y Avenida Belgrano 347, en apoyo a un Proyecto de ley que asegure su continuidad.

“Las y los abajo firmantes defendemos el rol estratégico de la Agencia de Noticias y Publicidad Télam para el sistema de medios de nuestro país y la democracia. Por eso, apoyamos el Proyecto de ley que elaboraron los trabajadores de la agencia junto a personalidades académicas y diferentes sectores de la sociedad”, dice el texto.

El Proyecto de ley “Télam federal, información plural y transparencia para la publicidad oficial”, tiene como pilares: “otorgar un rol relevante al Congreso de la Nación, con la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Control sobre Télam y la participación de la elección de los miembros del directorio, junto con los nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Asimismo, propone “establecer la forma de financiamiento presupuestario, a través de la comercialización de contenidos, comisión de agencia de pauta publicitaria, donaciones y lo indicado por la Ley de presupuesto nacional; garantizar pluralismo informativo, federalismo y transparencia en la distribución de la pauta publicitaria pública; y proteger los bienes inmuebles, así como todo su archivo, de reconocido valor histórico y cultural para la Nación”.

“Sumá tu apoyo a la agencia Télam. En Bolívar 531 y avenida Belgrano 347 podés firmar en apoyo al proyecto de ley que elaboramos los trabajadores por una Télam federal que garantiza el pluralismo informativo y la transparencia en la publicidad oficial”, explicó la delegada gremial María Laura da Silva en un video difundido a través de las redes sociales de Somos Télam.

“Que la comunidad nos apoye. Queremos que haya una Télam federal y democrática. Estamos juntando las firmas todos los días a toda hora para recibir el apoyo de toda la comunidad. Télam es del pueblo y se defiende, y que se escuche también en el Parlamento que Télam no se cierra”, agregó otro delegado, Tomás Eliaschev.

Los trabajadores de Télam se encuentran dispensados desde el lunes 4 de marzo, y mantienen un acampe las 24 horas en las puertas de las dos sedes de la empresa, ubicadas en Bolívar 531 y avenida Belgrano 347.

En la noche del 1° de marzo, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa con el cual dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei ratificó –por cadena nacional- su intención de cerrar Télam y argumentó que fue utilizada “durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.

En la medianoche del domingo 3, las dos sedes de Télam en la ciudad de Buenos Aires fueron valladas y personal policial se apostó en los ingresos para impedir la entrada de los trabajadores.

Simultáneamente, la página web de la agencia https://www.telam.com.ar/ fue suspendida y su portada reemplazada por el mensaje: “Página en reconstrucción. La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción”, junto a una imagen del escudo nacional.

Desde ese mismo momento, los trabajadores no pueden acceder a la cablera donde se cargan las notas y fotos. Tampoco los más de 800 abonados: la plataforma de acceso a los cables y los distintos servicios que brinda la agencia –entre ellos, su valioso archivo- fue bloqueado.

El plan oficial no se conoce y no hay emitido ningún instrumento ni norma legal que oficialice el cierre de la agencia pública.

Un nuevo ataque a la libertad de prensa y el derecho a la información

La Comisión Interna del SiPreBA de la Televisión Pública denunció despidos efectuados en la tarde del viernes 22 de marzo de más de 10 trabajadores. Este ataque se da en el marco del recorte que lleva adelante la intervención del canal, que ya anunció el cierre de varios programas de noticias y de seis ciclos televisivos.

Por otra parte, según trascendió el director de la TV Pública, Juan Parodi, renunció el mismo viernes horas antes de que se conocieran los despidos, luego de anunciar recortes en la programación del canal, que incluyó, por ejemplo, la negativa a realizar la cobertura en vivo de la marcha del 24 de Marzo por el Día de la Memoria y la salida del aire de ciclos históricos de la señal, como Cocineros Argentinos, emitido desde 2009.

El productor se había reunido previamente con el secretario de Prensa y Comunicación del gobierno nacional, y el director de Radio Nacional. Esta reunión se dio luego de que Parodi realizara una auditoría interna del canal y diagramara la nueva programación con salida del aire de ciclos, noticieros y coproducciones.

«Despiden periodistas para consolidar una televisión de propaganda. Expresamos nuestro repudio y total rechazo a la finalización de contratos a más de diez periodistas que realizaban tareas de convenio en el noticiero de la TV Pública, como columnistas y/o conductores», dice el comunicado, y aclara que en la nómina de trabajadores despedidos del canal, ubicado en Figueroa Alcorta 2977, «hay periodistas que ingresaron en distintos períodos, por ejemplo, durante la gestión de Hernán Lombardi y de Rosario Lufrano, que cuentan con una gran trayectoria y profesionalismo».

«Esta decisión por parte de la intervención de los medios públicos que encabeza Diego Chaher, tiene el agravante de que ni Juan Parodi, director de la TV Pública, ni Fabián Gijón, gerente de noticias, tuvieron la delicadeza de hablar con cada uno de esos compañeros y compañeras ni dieron respuesta a su representación gremial cuando se solicitó que den previsibilidad a los trabajadores», continúa el comunicado.

Por otra parte, la Comisión Interna desmiente que los despidos y el recorte a la programación se deba a un problema de financiamiento del canal público: «Al mismo tiempo, en la última semana ingresaron nuevos trabajadores para algunos de esos puestos, sin concurso y de manera irregular, lo que indica que no es un problema presupuestario».

«Milei busca convertir la Televisión Pública en un aparato de propaganda, tal como lo comprueba la detallada denuncia que realizamos. La censura tiene un objetivo: que los medios públicos no informen sobre el brutal ajuste que sufre nuestra sociedad», finaliza el comunicado.

Frente a la negativa del canal de realizar la cobertura de la marcha por el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, las y los trabajadores de la TV Pública realizaron un programa especial junto a los trabajadores de Télam que se encuentran llevando adelante un plan de lucha contra el plan de retiros voluntarios anunciado por el gobierno.

Cabe señalar que los trabajadores de la agencia estatal de noticias vienen enfrentando los intentos de vaciamiento de Télam, anunciados el 1° de marzo en la apertura de sesiones legislativas por el mismo presidente Javier Milei. Se encuentran llevando adelante un acampe en la sede de Bolívar 531, en estado de asamblea permanente, y en coordinación con distintos sectores en lucha que están enfrentando el ajuste del gobierno.

Cerraron las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse

Desde el 4 de marzo, quedan cerradas al público la Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, algo que no había ocurrido nunca desde su fundación.
En 1950, fueron construidos, ambos complejos, para impulsar y garantizar el turismo de los sectores populares, objetivo que fue cumplido a lo largo de los años.
En 2023, se hospedaron, de enero a diciembre, 118.000 personas que pagaron su estadía y transporte, algunos en contingentes de diversas instituciones del país y otros, inscriptos particularmente.
El cierre pone en riesgo serio a más de 500 trabajadores directos (empleados del ministerio o de las concesionarias de servicios), más miles de empleos indirectos de las comunidades de Chapadmalal y Embalse y del transporte.
En ese momento, el secretario Daniel Scioli y la subsecretaria Yanina Martínez, se encontraban de paseo por Berlín y a los trabajadores les sacaban la posibilidad de vacaciones.
La Ley Ómnibus, disfrazada de Plan de Mayo pretende borrar uno de los principios rectores de la Ley Nº 25.997 suprimiendo tanto la caracterización del turismo como “un derecho social y económico” de las personas como también la obligación del Estado Nacional de «elaborar obras públicas turísticas».

Miércoles 6 /03 a las 11:30 en la Subsecretaría de Turismo de la Nación (Suipacha 1111) reclamaban por el derecho social al turismo.

Anuncian despidos en el Cenard

El lunes 27 de marzo en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) se hizo presente la Policía Federal que acompañó al Director del organismo, Daniel Ridao, donde se desempeñan más de 400 trabajadores para anunciar despidos en el predio. En esta institución entrenan en alto rendimiento deportistas de primer nivel del país, y que actualmente lo están haciendo para los Juegos Olímpicos, que se realizan en unos meses, y para los Juegos Paralímpicos.

El director del Enard, del que depende el Cenard, Diógenes de Urquiza, ya había anunciado en una entrevista de La Nación que se iban a revisar las partidas presupuestarias y las becas a los deportistas. Ahora directamente avanza contra los trabajadores del sector, entre los que se encuentran preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, guardavidas y encargados del control antidoping,

Este centro depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte que se encuentra a cargo de Daniel Scioli. Hace unos días asumió la subsecretaría de Deporte el ex intendente macrista de La Plata, Julio Garro.

Trabajadores de YCRT desmienten a Adorni: «estamos sacando más de 30.000 toneladas de carbón por mes»

En una de sus habituales ruedas de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni cargó ayer contra diferentes sectores del mundo del trabajo. Uno de los principales apuntados fue la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio, propiedad del Estado nacional ubicada en Santa Cruz.

Haciendo gala de una formidable desinformación, el portavoz de Casa Rosada dijo que YCRT se usó “sistemáticamente para dar empleo de acuerdo a los vientos políticos” y que “hace 20 años que no produce nada”.

“34.000 millones de pesos por año venía gastando. Hace que 47 millones de argentinos tengan que afrontar el sueldo de un montón de empleados de una empresa que no produce”, agregó.

La firma está dentro de la lista de 41 compañías que el gobierno de Milei pretende privatizar.

Sin embargo, la mina no solo produce, sino que es prácticamente autosustentable e inclusive genera ganancias, además de que es el corazón vital de la cuenca carbonífera santacruceña comprendida por las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.

El secretario General de ATE Río Turbio, Matías Delgado, trabajador del yacimiento, respondió a las acusaciones del gobierno: “Repudiamos totalmente lo que dijo Adorni con respecto a la empresa, los trabajadores son laburantes, la casta son los políticos y hoy la empresa del yacimiento minero está trabajando de forma normal, está sacando más de 30.000 toneladas de carbón por mes, tenemos más de 100.000 toneladas acopiadas listas para ser inyectadas en la usina 240 para generar energía, pero a nivel nacional no tienen muy buena información de la empresa”.

“Los trabajadores de ATE –continuó el minero-, más allá de que nos manifestamos, marchamos y movilizamos también presentamos una propuesta de trabajo, somos 2.180 que dependemos del yacimiento, la cuenca carbonífera entera depende del yacimiento al que, si hoy le pasa algo, sería una catástrofe social en los dos pueblos”

Se llevó adelante una movilización por las calles céntricas de la localidad rioturbiense, en defensa de la empresa estatal y en repudio a las declaraciones de Adorni.

La marcha fue acompañada por parte del arco político de la cuenca, gremios, jubilados y vecinos de las dos ciudades.

Sobre las posibilidades que la empresa tiene para valerse por sus propios medios, el dirigente describió la propuesta que los cuatro sindicatos existentes en YCRT le elevaron al gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal.

“Estamos sacando 35.000 toneladas mensuales, eso nos llevaría a que se traslade el carbón a la súper usina y generemos energía en el interconectado nacional, eso posibilitaría tener ingresos propios en la empresa que podrían cubrir los salarios de los empleados, esa es la propuesta, pero de todas formas estamos trabajando normalmente”, detalló.  

Además de la Asociación Trabajadores del Estado, en YCRT conviven trabajadores agrupados en APS, La Fraternidad y Luz y Fuerza.

“Ahora queda en la voluntad política y la dirección de la empresa terminar el contrato con CAMESA para que nos insertemos en el interconectado nacional y le demos energía, este gobierno dice todo el tiempo que hay una emergencia energética y el yacimiento puede ser la solución”, completó Delgado.

Finalmente, habló del desánimo que tiñe a la región y recordó las luchas contra los despidos y el vaciamiento en años del gobierno de Cambiemos: “Hay mucha incertidumbre, mucha desconfianza, vemos lo que pasa a nivel nacional, no van solamente en contra del yacimiento sino que son más de 40 empresas del Estado”

“Con el macrismo lo único que llegó a la cuenca fueron despidos, retiros voluntarios congelamiento de sueldos y hoy la gente entiende que se avecina algo peor, porque esta gente habla de cierre, de privatización, entonces más que nunca tenemos que estar unidos”, sintetizó.

Por su parte, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, también cruzó al gobierno.

“Es una empresa clave para el desarrollo económico y productivo de la cuenca carbonífera como así también de toda la provincia de Santa Cruz. También es un punto geopolítico estratégico en la frontera con Chile que debemos defender a toda costa”, dijo.

“No sólo es autosuficiente, sino que además genera ganancias. Lo que ocurre es que quieren regalársela a algunos de sus empresarios amigos. Tienen un problema: enfrentar la historia. No seremos sólo el sindicato y los trabajadores. La lucha del propio pueblo lo impedirá”, concluyó el titular de ATE Argentina.

El nuevo interventor de YCRT llega coartando las medidas de fuerza y con la posible privatización

Thierry Decoud fue designado como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola de Río Gallegos, el 26 de diciembre pasado mediante un boletín oficial.

Decoud tiene 42 años, es ingeniero y pertenece al PRO. Reemplazó al anterior interventor Daniel Peralta, a través del decreto 81/2023. Fue secretario de Control y Monitoreo Ambiental durante la gestión del ministro de Ambiente Sergio Bergman. Anteriormente fue presidente de la empresa bonaerense encargada de generar energía Centrales de la Costa Atlántica S.A y fue investigado por irregularidades en la contratación de 100 millones de dólares con la empresa Proenergy Service de Argentina S.R.L en el año 2016.

En su primer comunicado fechado el 26 de diciembre pasado, a pocas horas de haber asumido anunció: “Se informa a los trabajadores y a las Asociaciones Sindicales con ámbito de representación en YCRT, que la nueva gestión de la empresa, sin perjuicio del respeto irrestricto del derecho a huelga, establecido en la Constitución Nacional, ha resuelto que no se abonará la remuneración a aquellos trabajadores que no presten servicios por medidas de acción directa”. Dicho comunicado generó repudio y rechazo en gran parte de quienes trabajan en la empresa que ven peligrar algo más 2.200 fuentes laborales y el futuro de la comunidad de la cuenca carbonífera de Río Turbio.

La última noticia que llegó el 27 de diciembre pasado a las y los trabajadores, es la intención de privatizar la empresa minera, junto a otras cuarenta empresas estatales del país. Es mediante el paquete de leyes que se discutirá en las sesiones extraordinarias convocadas en el Parlamento. La incertidumbre crece. Todavía están latentes los centenares de despidos y retiros voluntarios que hubo en el año 2018 y 2020. Las gestiones del macrista Omar Zeidan y de los peronistas Aníbal Fernández, Eduardo Vílchez y Daniel Peralta fueron intrascendentes.

Luis Caputo dijo que van a terminar con la estabilidad laboral en el sector público

En medio de miles de despidos en el sector público que todavía no se sabe sobre qué universo recaerán, el ministro de Economía salió a generar incertidumbre respecto de la situación laboral. Pidió achique, privatizaciones y cortar la estabilidad laboral.

“Al sector público hay que achicarlo”, abrió Caputo en una entrevista con el canal La Nación+.

“Está lleno de negocios por todos lados. Todo es negocio”, añadió el funcionario que se convirtió una de las principales espadas de Javier Milei en los medios.

Y agregó: “Las empresas públicas hay que privatizarlas a todas”, disparó.

Después se quejó de las dificultades que le genera la estabilidad laboral de los empleados públicos en su plan de achique y puso el caso de la Agencia de Noticias Télam: “La planta permanente está y es muy costoso echarlos. Es un tema”, remarcó.

Y dejó lo que parece es el plan de la gestión de Milei: “Yo no tengo claro cuándo surgió lo de la estabilidad laboral en el sector público, pero no tiene ninguna lógica. Está hecho así y hay que corregirlo”, concluyó.

Vale recordar que la eliminación de la estabilidad laboral en el sector público es uno de los tantos puntos incluidos en la Ley Ómnibus que volvió a girar entre los legisladores en las últimas semanas.

ATE define su estrategia jurídica

Con la presencia de casi la totalidad de los asesores legales de los Consejos Directivo Provinciales, la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una reunión extraordinaria del colectivo de abogadas y abogados a fin de abordar la situación de los despidos en la Administración Pública Nacional, unificar criterios y resolver los pasos a seguir en ese ámbito. El encuentro se realizó de manera mixta, con participantes de modo presencial y remota.

“El nivel de ataque sobre los derechos de todas las y los trabajadores estatales es muy grave e inédito. El Gobierno ha decidido quebrantar en su parte medular el sistema jurídico vigente en nuestro país. La vulneración de garantías consagradas constitucionalmente demuestra que el accionar del Poder Ejecutivo en este momento no se corresponde con un período democrático”, puntualizó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y agregó: “Además de ratificar un plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país, también convocamos a una reunión extraordinaria de nuestros equipos jurídicos. Frente a la masividad de las cesantías y los oscuros y clandestinos mecanismos para instrumentarlas, necesitamos enfrentarlas de manera coordinada”.

“La conflictividad en el Estado se va a agudizar rápidamente y las presentaciones judiciales deberán acompañar el proceso de lucha no solo en la defensa de los trabajadores despedidos, sino también porque las y los delegados y dirigentes sindicales van a comenzar a ser criminalizados y perseguidos”, concluyó Aguiar.

Tras el encuentro Mariana Amartino, quien junto a Matías Cremonte y Alexis Barraza coordinan el Equipo Jurídico Nacional de ATE, señaló: “Realizamos una reunión federal con el objetivo de evaluar la inédita y compleja situación política que estamos atravesando en el país respecto del empleo público y hemos resuelto acciones para fortalecer la coordinación jurídica permanente, de manera de dar respuesta inmediata a las diversas situaciones que se vayan generando a partir de los despidos masivos en Estado”, manifestó la abogada.

Sobre la modalidad de notificación que se viene dando en todo el país, Amartino agregó: “Estamos presenciando que no solo despiden personas que trabajan, también desmantelan políticas públicas y además hay un goce en anunciarlo, la lógica de la crueldad a pleno”.

Además del abordaje individual de cada caso desde los Consejos Provinciales, entre otros puntos, en la reunión se resolvió que, ante el caso del cierre total de organismos, se realizarán presentaciones de manera institucional atento a la obligación del Estado de prestar determinados servicios, funciones esenciales vinculadas a derechos.

Asimismo, se avanzará en distintas presentaciones ante organismos internacionales de Derechos Humanos frente a los incumplimientos que se puedan dar por parte del Estado argentino o la violación de los tratados a los que está suscripto en tanto el trabajo es un derecho humano fundamental para la concreción de otros Derechos Humanos, tales como la Salud, la Educación, la alimentación y la vivienda digna.

El Gobierno cerró oficinas de Anses en distintos puntos del país

El Gobierno de Javier Milei volvió a encender la motosierra y comunicó despidos en varias Unidades De Atención Integral (UDAI), que son dependencias de la Anses para atención del público, algunas de las cuales debieron cerrar sus puertas. El martes también se le impidió el ingreso al ministerio de Economía a trabajadoras y trabajadores de la cartera. 

A los despidos en Anses ya notificados en el Gran Buenos Aires y en la ciudad balnearia de Mar del Plata, se sumaron los de las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fe y Jujuy.

En Chaco cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras, mientras que en Río Negro hubo 18 despidos y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán. 

En Santa Fe, en tanto, clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en Jujuy hubo 11 despidos.

El ex director de la Unidad de Gestión Local de Vicente López de PAMI, Lucas Boyanovsky, confirmó los despidos en el Gran Buenos Aires y aclaró que aumentaron las solicitudes de desempleo. 

«En Munro, echaron a cuatro personas, entre el viernes y ayer, y en Boulogne directamente cerraron la dependencia porque echaron a todos los empleados», afirmó.

Las sedes de Ezpeletta, Spegazini, Villa Fiorito, Williams Morris, Cuartel V, Libertador, San Vicente y Dock Sud también están siendo afectadas por esta situación y algunas no podrán abrir sus puertas por falta de personal.

El martes pasado también se impidió el ingreso a trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Economía, por lo que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital convocó a una movilización en la puerta de la cartera. 

«Hoy, después de 18 años de venir a trabajar 8 horas de lunes a viernes, por primera vez quiero poner mi huella y no puedo ingresar. Soy una trabajadora, no me mantiene nadie, mi única fuente de trabajo es este lugar y con el Gobierno de Milei quedé afuera, no entiendo por qué», dijo una trabajadora del área de Normalización Patrimonial.

Los rumores sobre la inminente segunda ola de despidos tomaron fuerza, cuando circuló por redes sociales un supuesto “instructivo” de despidos masivos: un manual de conducta que recomendaba a los responsables de las distintas áreas cómo ejecutar las cesantías. Por ejemplo, comunicarlas “verbalmente” y evitar discontinuar los contratos de embarazadas o dirigentes gremiales. 

Desde Casa Rosada intentaron despegarse del instructivo y señalaron que “no existen esos condicionamientos” y que cada dependencia está realizando una evaluación de «eficiencia» y que será el parámetro para decidir quiénes seguirán o no en sus funciones.

El martes, los trabajadores y trabajadoras de ATE realizarán ruidazos en ministerios y organismos públicos, como así también asambleas, radios abiertas y cortes de rutas en todas las provincias y principales ciudades del país. Además, llevarán adelante una movilización hacia el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Av. Paseo Colón 982, CABA), organismo que corre peligro de cierre tras el reciente anuncio del vocero Manuel Adorni.

“Los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas.El Gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir. No podemos permitir que se desestructure el Estado. Tenemos que defender la presencia del Estado en todo el territorio nacional”, manifestó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

«Hasta ahora, todas las medidas del Gobierno están orientadas a erradicar derechos, destruir puestos de empleo y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”, aseguró el referente. “Las centrales obreras deben acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. Debemos evitar que el 25 de mayo se firme el pacto de la entrega de nuestro país y eso sólo lo vamos a lograr estando en la calle”, agregó.

Respecto a las medidas de fuerza, Aguiar sentenció: “No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo políticas públicas». Y concluyó: «Queremos un Estado al servicio del pueblo y rechazamos cualquier posibilidad de que el Estado represente o sea garante de los intereses de las grandes corporaciones empresarias como pretende Milei”.

Los cuatro sindicatos de trabajadores de la Anses anunciaron que las oficinas no atendieron el miércoles 27. El paro, que ya se hizo visible en la jornada del martes, fue en protesta por los despidos, pero también por la ridícula oferta salarial del Gobierno: 8 % de aumento. Junto a los miles de telegramas que están llegando -a la Anses, el Servicio Metereológico, Senasa, Conicet, Cenard-, en algunos casos se dispuso mandar también a la policía que, directamente, ocupa las instalaciones. 

Según los cálculos llegaron en total 900 telegramas de despido y se esperaban 400 más para la semana pasada. Hay oficinas que cierran porque se quedaron sin personal. En Chaco dejaron de funcionar las oficinas de Machagai, Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras. Los jubilados de Pinedo deberán ahora ir a Sáenz Peña, a 123 kilómetros. Los de Sauzalito a Castelli, 248 kilómetros, los de Tazo Pozo también a Castelli, 332 kilómetros.

Según fuentes gremiales, en Provincia de Buenos Aires se produjeron una enorme cantidad de despidos. Por ejemplo, en una UDAI fuera del centro de Mar del Plata, en la que hay 18 empleados, despidieron a 13. En Río Negro directamente cerraron tres oficinas y en Neuquén cerraron dos, despidiendo a todos los empleados. En Córdoba se cerró la UDAI de Brinckmann, en el noroeste de la provincia. Los jubilados, para hacer un trámite, deberán viajar a San Francisco. Son sólo 70 kilómetros, pero el colectivo cuesta hoy 6.907 pesos. En Santa Fe cerraron las UDAI de Vera y Villa Ocampo, hay que trasladarse a Reconquista: el pasaje, ida y vuelta, 11.600 pesos. Cifras imposibles para jubilados. 

Es evidente que sacarán de la manga la explicación de que buena parte de los trámites se pueden hacer online. Es falso. Iniciar la jubilación, pensión por fallecimiento, moratorias, retiro por invalidez, reclamos, reconocimiento de servicios, son todos trámites presenciales.

Durante toda la jornada del martes, hubo muchísimas UDAI que no funcionaron, en protesta por los despidos, por falta de personal, porque no hay servicio de limpieza y en rechazo al 8 % de aumento salarial que ofrece el Ejecutivo. Casi como una consecuencia natural, los cuatro sindicatos a los que están afiliados los trabajadores de Anses resolvieron que el miércoles 27 no se atendería al público. 

En el anárquico gobierno de Milei ni siquiera se aplicó algún criterio en los despidos: no hubo análisis previo, se prescindió tanto de contratados como de quienes ganaron concursos, los que entraron en 2023 igual que los que llevaban siete e incluso diez años de antigüedad; no se pensó en reorganizar o redistribuir. El único criterio fue despedir y, sobre todo, hacerles casi imposible cualquier trámite a los jubilados. 

“Creemos que esto es un plan de vaciamiento del organismo”

Gonzalo Juárez, trabajador de Anses en Ezpeleta y delegado del Sindicato de Trabajadores de Anses, lamentó que con el cierre de la oficina la sociedad pierde acceso a varios derechos conquistados.

El gobierno nacional avanza con los despidos en Anses y el cierre de delegaciones en el país, entre miles de despidos que suceden varias áreas del Estado, por lo que los trabajadores y trabajadoras se encuentran en estado de asamblea permanente.

Las Unidades de Atención Integral que comienzan a cerrarse cumplen una importante función para la atención de la población en trámites por jubilaciones, becas Progresar, prestaciones sociales, y otros derechos. En el barrio Ezpeleta, de la localidad bonaerense de Quilmes, la oficina se abrió hace poco más de un año por la demanda de los vecinos y también sufrió las bajas de sus trabajadores y el cierre de la oficina.

Gonzalo Juárez, trabajador de esa sede y delegado del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), lamentó que con el cierre de la oficina la sociedad pierde acceso a varios derechos conquistados.

“La verdad que es una pena porque no es lo que dejamos de hacer nosotros como trabajadores si nos llega el telegrama de despido es lo que deja de recibir la sociedad que va a tener que tomarse hasta dos colectivos para ir a averiguar por un trámite”, expresó.

“La mayoría de la gente del barrio son adultos mayores, que tienen que tomarse hasta dos colectivos para irse hasta el centro de Quilmes para hacer un trámite, esperar largas filas y demás”, agregó.

Juárez señaló que la oficina del barrio tenía el objetivo de “descomprimir ese estallido de gente en las oficinas” y aseguró que en la unidad barrial “teníamos niveles de productividad similares a oficinas como Bernal o Quilmes, que tienen más de 10 años habilitadas”.

“Veníamos funcionando bien, hacíamos entre 300 y 500 trámites por día”, destacó.

Por último, aseguró que el gobierno de Javier Milei no planificó un plan para mantener la atención de los miles de personas que se acercan cada día a las oficinas distribuidas en distintos puntos del país.

“Tampoco hay una reprogramación por parte de las autoridades. Ni siquiera hay planificación en lo que hicieron. Creemos que esto es un plan de vaciamiento del Anses. No solamente es en nuestra oficina sino también en la Dock Sud despidieron a todos los trabajadores. Esto no solamente pasó acá en el Conurbano sino en todo el país”.

Jornada de protesta y paro de los estatales

El Gobierno intentó frenar la jornada de protesta convocada para el martes 26 por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), así como el paro de 48 horas que afectó al Senasa, pero no lo logró. La secretaría de Trabajo llamó a los estatales a una reunión paritaria en la tarde del lunes y anunció un aumento salarial del 8 % en marzo para la Administración pública nacional. Si bien hubo acuerdo con UPCN, ATE rechazó el incremento y confirmó las medidas de fuerza.

“La propuesta del Gobierno es inaceptable. Se trata de una oferta que configura el ajuste más grande que en los últimos años han sufrido los ingresos del sector público. Con esta decisión, el Gobierno empuja a la pobreza a decenas de miles de estatales. Ratificamos todas las medidas de fuerza que están en curso, seguimos demandando la reincorporación de todas las trabajadoras y todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de marzo”, dijo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tras la reunión paritaria que tuvo lugar en la sede de Trabajo.

El martes, ATE realizó una Jornada Nacional de Protesta, que incluyó un acto frente a la Secretaría de Agricultura Familiar (Av. Paseo Colón al 900, CABA). «Vamos a construir trincheras en todo el país para que los trabajadores y las trabajadoras del Estado que sostienen políticas públicas destinadas a las mayorías populares y que reivindican el valor del Estado como nivelador de las desigualdades estructurales del sistema, puedan seguir sosteniendo esas políticas desde un Estado soberano y al servicio del pueblo”, detalló la secretaria adjunta del sindicato, Mercedes Cabezas.

Como parte de los reclamos, y ante la amenaza de despidos, el martes y miércoles pararon los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La medida afectó el funcionamiento de los puertos, aeropuertos y aduanas.

“Estamos viviendo en una Argentina en donde no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero sí hay plata para la represión -advirtió Aguiar-. Es inevitable que se multipliquen las protestas y que crezca la conflictividad en el Estado durante las próximas semanas.”

Crónicas de un Estado puesto en emergencia

Por Silvina Friera

Se desmantelaron áreas enteras y los telegramas llegaron a personas discapacitadas, con licencias médicas, del cupo travesti trans, mujeres embarazadas, delegados sindicales.

“Los trabajadores no somos casta”, afirman las víctimas de un ajuste sin precedentes de La Libertad Avanza (LLA). “No sobran trabajadores; faltan políticas públicas”, aclaran las empleadas y empleados despedidos. Se estima que hasta el momento no les renovaron el contrato a 15.000 trabajadores de ministerios, secretarías y distintas dependencias y áreas descentralizadas del Estado. Y que ese número provisorio aumentará más allá del fin de semana extralargo. Los trabajadores despedidos, la mayoría en situación de precariedad laboral desde el Estado, con contratos renovados año tras año, confirman que no hubo ninguna auditoría del gobierno y que se ha echado a personal con más de treinta años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegadas sindicales y empleados con licencia médica. 

Patricia Agüero no pudo entrar a trabajar como lo hacía hace 18 años en el ministerio de Economía. El acceso a través de su huella fue denegado y así se enteró de que su contrato finalizaba el 31 de marzo. En Vialidad Nacional se quedaron sin trabajo ingenieros, topógrafos y abogados. Virginia Gallardo, delegada de ATE de Parques Nacionales que vive en San Martín de los Andes, recibió su telegrama tras 20 años de trabajo. Lucas Berengua fue despedido “de una forma cruel” después de 21 años en el Servicio Meteorológico Nacional y cree que tuvo que ver con la licencia que se tomó en 2023 para poder hacer un tratamiento médico. En Pami y varias áreas del ex ministerio de Desarrollo Social, en Enacom, el Conicet, la Biblioteca Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, Acumar, la Administración de Bienes del Estado; en todas las dependencias y los ministerios y secretarías del Estado hubo despidos a mansalva.

Hay un vaciamiento de áreas enteras. En la Anses, de la primera tanda de 851 personas a las que le llegó el telegrama de despido, unas 60 eran del sistema de cargas a nivel central, encargadas de liquidar las jubilaciones; esa área quedó en dificultades concretas para seguir funcionando. Las delegaciones del Enacom, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los Centros de Referencia de Desarrollo Social (CDR) y los Espacios para la Primera Infancia del ex ministerio de Desarrollo Social, serán levantadas por completo en distintos puntos del país. En los CDR los trabajadores despedidos son 600. Allí la población más vulnerable podía acceder a gestiones como las pensiones no contributivas, asistencia por emergencias climáticas, programa alimentario, medicamentos y prótesis, asistencia directa y seguimiento de familias en situación de vulnerabilidad social o por violencia de género. 

En la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que depende de la Jefatura de Gabinete, suman 331 despidos. La consecuencia inmediata de estos despidos es el cierre de todos los centros de atención del país que impide que las personas con discapacidad puedan iniciar los trámites para acceder a las distintas prestaciones; la demora en la tramitación de las pensiones no contributivas, la afiliación al programa federal Incluir Salud, la tramitación de medicación oncológica, la entrega de prótesis, rehabilitación, educación especial y sillas de ruedas, entre otros. A eso se suma el despido de las intérpretes de lengua de seña, que se traduce en la reducción del derecho a la accesibilidad en la comunicación.

[…]

Cuando le consultaron a Sabrina Maino -que se presentó ante los trabajadores de la Senaf como la nueva directora a cargo del Plan Nacional de Primera Infancia- sobre las respuestas que deberían darles a las familias por las salas que se estaban cerrando, ella les dijo “que en su fundación Más Humanidad se trabaja con voluntarios; que se iban a tener que redistribuir las tareas y si era necesario van a tener que trabajar con más de 40 nenes y nenas dentro de la misma sala”, recuerda Verónica la desconcertante contestación de la funcionaria que todavía no ha sido designada en el Boletín Oficial, y menciona que también han ido a la Senaf las hermanas Bernardita y Cecilia Bordón, ambas exfuncionarias de la municipalidad de San Miguel, del equipo de Pablo de la Torre, el actual secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, reconocido antiderechos y defensor del inexistente “síndrome post aborto“.

“Esta gestión viene a profundizar la idea de meritocracia que comenzó a resonar en la época del macrismo; son momentos en que la individualidad está primando sobre lo colectivo y esto es un fenómeno que está dándose a nivel global -analiza Verónica-. Es importante y urgente una reflexión profunda: en qué colaboramos cada una de nosotras y nosotros para llegar a esta situación y cómo podemos cambiar para que esto no vuelva a repetirse”.

FUENTE: Pagina 12

Trabajadores de la Biblioteca Nacional fueron cesanteados por mail

La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BN) repudió el jueves 28 el despido de 120 trabajadores del organismo, quienes recibieron por la noche un mail informándoles sobre la discontinuidad de sus contratos, una decisión que enmarcan como parte de “una violenta estigmatización” del Gobierno hacia empleados de distintas áreas de la administración pública.

“Rechazamos los despidos y reclamamos la reincorporación de lxs trabajadorxs. Exigimos respeto por nuestra historia laboral y que nos dejen trabajar como lo hemos hecho desde los inicios de nuestra Patria. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno se respeta. Acá no sobran trabajadorxs”, indicó en un comunicado la Junta Interna de ATE de la BN.

Cerca de las 21:00 del miércoles, 120 trabajadores de la BN recibieron en su casilla de email institucional un correo titulado “Renovación de contrato” en el que se informaba la discontinuidad del mismo.

“Me dirijo a Ud., a fin de informarle que a resultas del relevamiento ordenado por el artículo 4º del Decreto N°84/23, su contrato bajo el régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley N°25.164 y su respectiva reglamentación, no será renovado, a partir del 1º de abril de 2024”, se explicó en un email, un mensaje firmado por la Dirección de la BN, ente actualmente dirigido por Susana Soto Pérez.

La respuesta de ATE
Además de rechazar estos despidos y pedir la “reincorporación” de los trabajadores, la Junta Interna de esta institución –fundado en 1810 por Mariano Moreno– planteó que hay distintas áreas dependientes del ministerio de Capital Humano -como la propia BN- y de la secretaría de Cultura que son “objeto de una violenta estigmatización por parte de la gestión libertaria” que encabeza el presidente Javier Milei.

“El ajuste presupuestario, la licuación salarial, el recorte de suplementos, la paralización de las políticas públicas y los despidos como perversa práctica recurrente sólo pueden lograr el caos y la bronca organizada de los trabajadores y trabajadoras de esta casa (la BN), que tendrá su funcionamiento comprometido sin quienes la llevan adelante en el cotidiano”, resaltó la Junta Interna en el comunicado difundido en la mañana del jueves.

El trabajador de la BN y delegado de ATE Emiliano Ruiz Díaz detalló que el mail “fue igual” para todos los despedidos, quienes no cobrarán ningún tipo de indemnización.

“Fue heterogéneo. Aunque hubo una camada del período 2019-2023 visible, también algunos casos con antigüedad considerable”, remarcó Ruiz Díaz, quien detalló que los sectores del “Museo del Libro, de la Lengua y la producción audiovisual fueron muy afectados”.

Si bien calificó esta situación como una “tragedia” y deslizó que “podría venir una nueva tanda” de ceses laborales, el delegado aseguró que el gremio impulsará medidas ante la Justicia, y anticipó que formarán parte de la jornada de protesta del próximo miércoles 3 de abril, en la que los despedidos se presentarán como lo hacían habitualmente en sus puestos de trabajo.

“Vamos a dar la pelea. El miércoles nos estaremos constituyendo en la asamblea para ver los pasos a seguir. Trataremos de interpelar a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para ver si se pueden sumar”, apuntó.

“Flagrante injusticia”
Por su parte, una trabajadora de la BN contó que hay “varios casos de flagrante injusticia” en los que se argumentaron despidos por entregar “un certificado médico a destiempo” y que entre los ceses laborales había empleados con “mucho trabajo y responsabilidades”.

“Se sabía que había listas armadas desde la semana anterior. Estuvimos todo el miércoles en la agonía esperando y recién a las nueve de la noche se disparó el mail institucional y le llegó a cada compañero”, indicó la trabajadora, de la cual se resguardará su nombre ante posibles represalias.

Además, la empleada hizo hincapié en que el criterio utilizado para despedir fue “salpicado” en distintas áreas, lo cual consideró que “daña más la trama y el lazo social” y que tiene el objetivo de “generar la mayor fragmentación posible”.

“Fue en la previa de seis días de fin de semana largo, no nos dio la posibilidad ni de darnos un abrazo”, agregó.

Repudio de intelectuales
Ante la inminencia de estos despidos concretados el miércoles, 17.000 intelectuales argentinos firmaron una carta anticipando su repudio, una adhesión que reunió a personalidades como Beatriz Sarlo, Claudia Piñeiro, Horacio Altuna, Santiago Varela, Angela Pradelli, Rita Cortese, Rafael Spregelburd, Juan Dalfiume, Quique Alcatena, Cecilia Roth, y Felipe Pigna, entre muchos otros.

“En vista del congelamiento del presupuesto institucional y de los anunciados despidos de muchos de sus trabajadores -medidas que, de concretarse, ponen en riesgo el funcionamiento de la entidad y el mantenimiento de sus colecciones-, nos dirigimos a las autoridades pertinentes –al presidente de la República Argentina, Javier Milei; a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y a la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto Pérez– para solicitarles la urgente revisión de esta situación en favor de la identidad nacional y el bien social”, señalaba la carta publicada el pasado martes.

Compartimos además el comunicado difundido por ATE Biblioteca Nacional:

LA BIBLIOTECA NACIONAL SE RESPETA. ACÁ NO SOBRAN TRABAJADORXS

A poco más de cien días de iniciado el gobierno de Javier Milei el conjunto de la clase trabajadora está sufriendo un brutal ajuste que implica una abrumadora transferencia de ingresos en beneficio de las minorías empresarias. Esto ha redundado en un espiral inflacionaria con paritarias bajo amenaza, por debajo del índice de precios y con la reciente noticia de un techo fijado, donde la pregonada libertad desaparece.

Este combo sumado a la liberación de tarifas de servicios, la licuación de las jubilaciones, los aumentos de transporte, la suspensión de la obra pública, el reparto de alimentos y medicamentos a los sectores más necesitados y el retaceo de los fondos coparticipables a las universidades nacionales y el conjunto de las provincias configuran un cuadro de desastre social inocultable. Los decretazos inconstitucionales y las leyes anti-laborales son hasta ahora el fallido instrumento con el que un gobierno desquiciado y negacionista pretende legitimar su miseria planificada.

En la Administración Pública Nacional, el retiro del Estado y el desprecio por sus trabajadores y trabajadoras se ha hecho presente desde el primer día con cierres de organismos, desarme de políticas públicas y miles de despidos que crecen semana a semana. Para nosotrxs esta historia ya es conocida, cada vez que asume una administración neoliberal lo más fácil y cobarde es apuntar a nuestros puestos y tareas, sin importar nuestro esfuerzo cotidiano ni mucho menos el sustento diario de nuestras familias.

En particular los organismos de Cultura y Capital Humano hemos sido objeto de una violenta estigmatización por parte de la gestión libertaria. Expresión de la misma son los más de 100 despidos efectuados en la última semana de marzo, enviados en nuestra Biblioteca Nacional por Susana Soto Pérez, en entusiasta cumplimiento de las directivas enviadas por la ministra Sandra Petovello.

Lxs que trabajamos y vivimos de un salario no tenemos la culpa de la histórica incapacidad de funcionarios y gobiernos para planificar el Estado. Los problemas de las instituciones públicas no solo son atendidos día a día por sus trabajadores y trabajadoras desde hace décadas, -rara vez por las castas directivas- sino que además no pueden ser la excusa para jodernos la vida con demagógicos recortes y agresiones sistemáticas.

Desde ATE Biblioteca Nacional venimos bregando desde hace mucho tiempo por una Biblioteca cada vez más activa y profesional, en la que tanto sus políticas bibliotecológicas como culturales y todo lo que hace al servicio al público, su administración y mantenimiento esté a la altura de su bicentenaria existencia. Para eso nos hemos trazado un camino de trabajo y responsabilidad, en el que nuestras obligaciones estén en consonancia con el cumplimiento de nuestros derechos. El ajuste presupuestario, la licuación salarial, el recorte de suplementos, la paralización de las políticas públicas y los despidos como perversa práctica recurrente solo pueden lograr el caos y la bronca organizada de los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que verá su funcionamiento comprometido sin quienes la llevan adelante en el cotidiano.

Rechazamos los despidos y reclamamos la reincorporación de lxs trabajadorxs. Exigimos respeto por nuestra historia laboral y que nos dejen trabajar como lo hemos hecho desde los inicios de nuestra Patria. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno se respeta. Acá no sobran trabajadorxs.

JUNTA INTERNA – ATE BIBLIOTECA NACIONAL

Vaciamiento y despidos en Primera Infancia

Trabajadoras y trabajadores advierten que la continuidad del Programa Nacional Primeros Años, que está vigente desde 2006 y promueve el acceso a los derechos de las infancias, hoy está en riesgo. A varios trabajadorxs no se les renovó el contrato. En algunos casos fueron notificados de esta decisión a través de un mail anónimo.

El Programa Nacional Primeros Años pertenece a la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) y se creó a partir de la ley 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes).

Actualmente se inscribe en el proyecto PNUD 21/005 a partir del cual se definen objetivos, metas, lineamientos de trabajo y aspectos presupuestarios. Su objetivo es acompañar a familias con bebés, niñas y niños de 0 a 4 años y personas gestantes en espacios comunitarios, para fortalecerlas en sus prácticas de crianza.

En el marco de este Programa se realizan encuentros con familias para compartir experiencias, enriquecer reflexiones y prácticas sobre el desarrollo infantil integral y la crianza, generando entornos protectores libres de violencias. Se capacita en acompañamiento perinatal, buenos tratos en la crianza, soberanía y seguridad alimentaria y desarrollo infantil integral. Actúa en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, en un total de 113 localidades. Realizan tareas 200 trabajadoras y trabajadores, que conforman equipos técnicos interdisciplinarios. 75.000 familias han sido acompañadas en sus prácticas de crianza, en el último año, lo que implica 113.000 niñas y niños de 0 a 4 años

Hasta el momento, al menos a 21 compañeras y compañeros NO les han renovado el contrato. Además, han recibido notificaciones de despido 51 trabajadores y 348 beneficiarios no han cobrado la Beca desde el mes de diciembre.

Advierten que detrás de estos despidos, se encuentra el vaciamiento de las políticas públicas de primera infancia. Así lo relató Verónica Muller, trabajadora de la Subsecretaría de Primera Infancia dependiente de la ex Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, notificada de la no renovación de su contrato por un mail anónimo.

Muller denuncia y desmiente al vocero presidencial, Mnauel Adorni, sobre sus dichos en una de sus conferencias de prensa en la que se refirió a un proceso «extremadamente quirúrgico» para evaluar la continuidad de ciertos contratos. La trabajadora señaló que nunca nadie fue evaluado ni entrevistado para tales fines. En este marco, existe gran angustia por la situación de los trabajadores y las trabajadoras y por cómo afecta este vaciamiento a cientos de miles de niños y niñas del país que eran beneficiarios de esas acciones gubernamentales.

Con un mensaje pascual, la Iglesia manifestó preocupación por los despidos

Por Washington Uranga

Con motivo de su saludo pascual, el obispo Oscar Ojea, presidente del episcopado católico y titular de la diócesis de San Isidro, hizo alusión a las personas que quedan sin trabajo y acuden a la Iglesia buscando acogida. “El día que nos gane la globalización de la indiferencia, el día que se nos endurezca tanto el corazón, que no tengamos sensibilidad para estos hermanos y hermanas que quedan sin trabajo, en ese día no nos podemos llamar cristianos”, afirmó el obispo. 

La preocupación de Ojea se suma a otra serie de manifestaciones en el mismo sentido provenientes de diversas autoridades de la Iglesia Católica, pero también de sus agentes pastorales (religiosos y laicos) que recogen en templos y capillas signos de intranquilidad por la realidad social y, en particular, por la pérdida de fuentes de trabajo. El obispo insistió en la necesidad de no desentenderse de la situación de quienes afrontan ese problema y pidió, con ocasión de la Pascua, “descubrir con una imaginación nueva la caridad cristiana” porque “siempre la Pascua nos da una nueva creatividad para poder crecer en el amor, para poder crecer en la caridad”. 

Al expresar su saludo pascual, el presidente del episcopado afirmó que “los frutos de la Pascua son la paz y la alegría que nos trae Jesús resucitado, pero la paz además de ser un don es una tarea; la paz se construye, no es un producto industrial, es artesanal”. Para Ojea la paz “se construye con el trabajo de cada día, con la vida de cada día, la cercanía, la entrega, y se construye con la solidaridad”. Y manifestó que precisamente en este tiempo, que calificó de “emergencia” y de “crisis” en “donde cuenta tanto la vida”, es cuando más hace falta la solidaridad. 

El obispo comenzó su mensaje reconociendo que en la Conferencia Episcopal se están recibiendo últimamente grupos de personas que se quedan sin trabajo, “gente que queda como al ‘costado del camino` y que esa herida “es tremenda”. Y recordando palabras del papa Benedicto XVI, el obispo de San Isidro afirmó que todo acto de fe es, en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos, y por ese mismo motivo “es un acto que me lleva a ser responsable de la vida de los demás”. 

Las palabras de Ojea en medio de una festividad central para los cristianos como lo es la Pascua, dan cuenta de la preocupación que existe en la Iglesia Católica, en su jerarquía, pero también en todos los estamentos de la institución, por las consecuencias de la situación social. En esa línea se han expresado diversos actores de la Iglesia y la inquietud quedó claramente expresada en el documento emitido semanas atrás por la Comisión Nacional de Justicia y Paz, en el que se denunció también «un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado”. 

Fuentes: Somos Télam, Perfil, Página 12, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Canal Abierto, InfoGremiales, Red Eco Alternativo, Indymedia Trabajadoras/es, Agencia FARCO

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