Inició junio de 2025 marcado por aumentos de precios y tarifas que deterioran la calidad de vida, especialmente para quienes viven con ingresos fijos. A la par, crece el conflicto social, ejemplificado por la situación en el Hospital Garrahan, con bajos ingresos para los residentes y el personal de salud, o las luchas de familias con personas con discapacidad y de investigadores del CONICET, en un contexto de ajuste y recortes similares a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. A esas luchas se suman las derivadas de la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo desde que Milei asumió el gobierno, y cómo la política pública afecta a pueblos originarios y migrantes. La realidad de la situación macroeconómica devuelve un endeudamiento creciente para mantener el tipo de cambio y una baja artificial de la inflación, principal activo político del gobierno por sostener consenso electoral al tiempo que crece la resistencia popular.
Aumentos y conflicto
Los aumentos afectan la condición de vida, sobre todo de aquellos que perciben ingresos fijos, porque no hay actualización de ingresos. Es más, hay deterioro de esos ingresos recurrentes por el “ajuste fiscal” de la política económica. Junto con los aumentos de precios y ese deterioro de la calidad de vida, crece la conflictividad social.
Es visible la lucha en el Hospital Garrahan, expresión representativa de lo que pasa en muchos otros hospitales, nacionales, provinciales o municipales, con deterioros de ingresos de sus trabajadores/as, donde lo más visible es el bajo ingreso de las/os médicas/os residentes, que en la práctica son jóvenes profesionales en formación, prácticamente a cargo de la atención sanitaria de la población hospitalaria. Pero no son solo los residentes, son bajos los ingresos del personal de salud en su conjunto, médicas/os, enfermeras/os, enfermeros, camilleras/os, en fin, todo aquel que trabaja en la salud pública argentina.
Hay conflicto y demandas sociales por las familias que tienen personas con discapacidad que ven restringidos los aportes para tratamientos imprescindibles, mostrando la crueldad de la política pública. Están en lucha los investigadores del CONICET, de diversos Institutos de investigación y la docencia universitaria. Es coherente con la gestión de Donald Trump en Estados Unidos. Se trata de un un ataque a la universidad, a los institutos de ciencia y tecnología. Es una política que expulsa fuerza de trabajo científico intelectual, tanto en EEUU como en Argentina. La Argentina es un aliado incondicional de la política de Estados Unidos y por lo tanto Milei y Trump llevan adelante programas similares en materia de ajuste, de “motosierra”, de recorte al gasto público social, y por eso el recorte a la investigación. La universidad lo sufre y por eso los paros docentes, de investigadores del CONICET, en donde los estudiantes universitarios van sumándose a esa conflictividad.
Crecen los despedidos y la precariedad a todo nivel en el sector público y en el privado. Ya se han perdido en la gestión Milei, más de 200.000 puestos de trabajo, más de 40.000 en el sector público y el resto en el sector privado. La política pública afecta, principalmente el empleo y el ingreso de los sectores populares. Esa creciente conflictividad se condensa en las movilizaciones semanales regulares del movimiento de jubiladas/os, expresión de una lucha emblemática que agrupa la diversidad de la protesta social.
Macroeconomía y deuda
Por eso interesa revalorizar la situación macroeconómica, que no termina de estabilizarse.
El gobierno está forzando una baja de la inflación sobre la base de contener el tipo de cambio, para lo que hace todas las maniobras que sean necesarias para que el dólar se arrime a la base inferior de la banda de flotación, entre 1.000 a 1.400 pesos por dólar. El costo es gigantesco, ya que se realiza a cuenta de un endeudamiento muy fuerte.
La semana pasada se tomó deuda por el equivalente a 1.000 millones de dólares, operación realizada con residentes externos que ingresaron dólares a la Argentina y tomaron bonos que se pagarán en pesos en el 2030. El año pasado, 2024, la deuda en pesos, en dólares, en equivalente a la divisa estadounidense se acrecentó en 100.000 millones de dólares. El gobierno está capitalizando intereses de la deuda que toma en pesos y por lo tanto “patea la pelota” para adelante.
El problema será para el/los próximo/s gobierno/s. Es una lógica que se reproduce desde la dictadura genocida. Se trata del “pecado original” en materia económica, con el que se condicionó la transformación estructural y regresiva del capitalismo local. Hemos insistido que, todos los turnos constitucionales, desde 1983 en adelante, renovaron ese endeudamiento, salvo el efímero presidente Rodríguez Saá, que fue a una cesación de pagos declarada por el Congreso de la Nación, producto de la movilización popular, de las condiciones políticas que imponía la lucha social.
Por eso señalamos que este mes de junio comienza con incrementos de precios y tarifas, junto a medidas que contrarrestan esos incrementos en el índice de precios vía “política cambiaria”, deteriorando las condiciones de vida de la población, por lo que crece la lucha social.
La política de ajuste y reestructuración afecta a millones de personas y sin perjuicio del consenso electoral que viene disputando con relativo éxito el gobierno, lo que crece es la resistencia popular. Lo destacable es la articulación de esas diversas conflictividades, al tiempo que se construye una estrategia y propuesta política alternativa que supere el carácter de opción por el gobierno del capitalismo local.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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