El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está acorralado por un nuevo escándalo. Otra denuncia lo acusa de ser responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores privados (UPSRA), que se encuentra intervenido por la dependencia a su cargo.
Cuando todavía no se apaga el escándalo de nombramientos y desvío de fondos por parte de Jorge Triaca en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), sale a la luz una nueva denuncia que replica el modus operandi del ahora Secretario de Trabajo en otra organización bajo una intervención político judicial.
Se trata del gremio de vigiladores privados (UPSRA), que luego de varias gestiones está en proceso de volver a manos de sus afiliados el próximo 14 de enero. Un grupo de afiliados denunció el desvío millonario de fondos del sindicato, virtualmente en manos de Triaca, a empresas de la familia del Ministro devenido en Secretario.
A pesar de que el ex Ministro había negado todo, apareció en las últimas horas una cámara oculta en la que dos personas de su entorno se reparten dinero proveniente de las arcas de la organización sindical de los vigiladores.
Se ve frente a la cámara a Adrián Corti, chofer y hombre de confianza de Triaca apilar fajos de billetes y ordenarlos en una bolsa que guarda en una caja fuerte. Más tarde aparece Patricio «Pato» Castro, un amigo de la infancia de los Triaca, que fuera nombrado en la cartera con la llegada de Cambiemos y que era el elegido por el oficialismo desde que se intervino la organización como próximo secretario General de UPSRA. Castro retira la bolsa con los fajos de dinero.
Los hechos ocurren en la oficina privada del denunciante de la maniobra de sobrefacturación en servicios de Limpieza y Vigilancia que se contrataban para las distintas sedes de la entidad, desde el desembarco de Triaca en el gremio.
Según se detalla en la presentación judicial, las empresas fueron creadas a tal fin por Sergio Ernesto Borsalino (cuñado de Triaca), Patricio Castro, Adrián Corti y Armentano, quienes presuntamente se juntaron en asociación ilícita para sobrefacturar y nunca prestar los servicios correspondientes.
La ganancia que se repartían los 5 miembros del entorno del Secretario de Trabajo, sumaba cifras cercanas al $ 1.500.000 mensuales, que eran repartidos en la oficina de uno de ellos.
Una vez conocida la existencia de las imágenes Castro declinó su candidatura a secretario General del gremio, que promovió cuidadosamente a través de los dos años de intervención con recorridas por todas las seccionales, a pesar de nunca haber sido un empleado encuadrado en el sindicato ni haber sido afiliado. Los comicios en los que UPSRA volverá a manos de sus afiliados están programados para el 14 de enero del año próximo.
Además, se realizó otra denuncia por cohecho, extorsión y enriquecimiento ilícito contra Jorge Alberto Triaca, Sergio Ernesto Borsalino, Patricio Castro y Adrián Corti, que se radicó en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, del juez Claudio Bonadío, bajo el expediente 18.024/18.
La Banda de los cuatro
Los nombres de «La Banda de Triaca» que se encargan de las intervenciones a los gremios y los negocios se repiten: Silvio Torres, un contador muy cercano a la familia Triaca; Alfredo Enrique Bertonasco, un funcionario de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, designado ahora Coordinador de la Coordinación de Fiscalización Portuaria, Marítima, Fluvial y Lacustre, muy cercano al viceministro de Trabajo Horacio Pitrau; Roberto Porcel, un abogado cercano a Triaca que suele ser parte del engranaje de negocios y, Sergio Ernesto Borsalino, cuñado de Jorge Triaca, esposo de Silvia Verónica Triaca, hermana del Ministro de Trabajo.
Todos comparten la titularidad y participación en distintas empresa, entre ellas Gestión Plural S.R.L., Proficio Investment S.A. y Profuturo S.A., todas ellas dedicadas a actividades financieras. Los cuatro en paralelo tenían nombramientos tanto en el SOMU como en UPSRA.
La Corte Suprema ya había llamado la atención al entonces ministro de Trabajo, por extralimitarse en el manejo de la Unión Personal de Seguridad (Upsra).
«En función de la competencia material, resulta indudable que la materia implicada en el recurso directo deducido por el sindicato actor es exclusiva del fuero nacional del trabajo», indicó el fallo de la Corte Suprema.
La decisión la firmaron los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
El juez penal que intervino en el caso de la Upsra, Ariel Lijo, llamó a elecciones a partir de la solicitud del delegado normalizador, que fue ubicado en el cargo por Jorge Triaca.
Lo que la Corte advirtió es que esa definición debería haber sido tomada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Según Horacio Meguira, asesor legal de la CTA Autónoma, la Corte determinó con el fallo que «las cuestiones sindicales en las que el Ministerio de Trabajo interfiere en el ejercicio de la libertad sindical se deben dirimir en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo».
Desde que Jorge Triaca asumió en el Ministerio de Trabajo se registraron diez intervenciones gremiales.
Las más conocida fue la del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el bastión de Omar «Caballo» Suárez, que está preso en Marcos Paz y terminó con el escándalo de la empleada doméstica de su familia como interventora de una seccional.
En UPSRA, como sucedió en el SOMU, desde el desembarco de los interventores se colmó el gremio de familiares, militantes y amigos del ministro. El sindicato de Seguridad fue el segundo intervenido en orden cronológico por el ministro de empleo.
El gremio abarca un universo de unos 150.000 vigiladores privados en todo el país, con extensas jornadas de trabajo y con un salario medio de algo más de 20.000 pesos. Con los aportes de ese conjunto de trabajadores, Triaca otorgó decenas de contratos y distribuyó negocios.
Según se conoció, hubo tres hombres de confianza del ministro que fueron designados por la cartera de Trabajo con contratos de entre 83.000 y 55.000 pesos y que no podían estar allí por incompatibilidades constatadas. Se trata de los mencionados Silvio Torres, Alfredo Enrique Bertonasco y Roberto Porcel. Los tres en paralelo tenían otros nombramientos en el SOMU.
El desembarco de la guardia de Triaca llegó acompañado por una importante cantidad de nombramientos. No menos de 40 contratos se pagan de la caja del sindicato y a muchos de ellos nunca se los vio por las instalaciones.
Se trata de ex miembros de las fuerzas de seguridad federales y militantes de Cambiemos (como en el caso del SOMU). De hecho el actual interventor, Patricio Lombilla al que las versiones indican que el ministro lo habría conocido en un reconocido club de zona norte, todavía se pregunta quiénes son varios de los contratados por Porcel porque no los puede ubicar.
Entre ellos aparecen los hermanos Castro. Patricio y Mariano Castro mantienen una vieja historia con los Triaca, su padre era amigo del ex ministro y padre del actual titular de Trabajo, Jorge Alberto Triaca. Del gremio de vigiladores Mariano cobra $35.000. Patricio tenía un contrato similar que fue dado de baja.
Triaca escrachado
Otro video se hizo viral días atrás en el que se lo ve al actual Secretario de Trabajo, Jorge Triaca, siendo escrachado. Triaca, sentado en la primera fila de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, intentó responder a las agresiones, pero el pasajero fue categórico «se ve que limpiaron mal el avión, porque dejaron la basura y la mierda arriba del avión», dijo y agregó «qué mal servicio de Aerolíneas».
Pareciera que Triaca no puede escaparle a los escraches, ni tampoco a los escándalos. Es que tras la intervención del SOMU, y luego de ejecutar 172 contrataciones truchas en el sindicato, se hizo viral un audio enviado a su ex empleada doméstica, Sandra Heredia. Ahora, para quedarse con la caja del intervenido Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) designó como referente a un funcionario de Cambiemos: Horacio Mankowski.
Una ayudita para mis amigos
Ante la justicia penal ordinaria, German Torre, un empelado mercantil, acusó a Karina Palacios, directora Nacional de Asociaciones Sindicales y Lucio Rafael Cruz inspector de esa dependencia, de haber accionado para que Armando Cavalieri pueda desarrollar unas elecciones que estaban suspendidas por una sentencia firme.
Sucede que se votó a pesar de que se le comunicó «en forma fehaciente» a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales el fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo «a fin de que se arbitren las medidas» necesarias para que «se impida la realización del acto electoral ilegalmente convocado para el día de la fecha».
El denunciante sostiene que además de permitir el incumplimiento del fallo, en el desarrollo de los comicios se hicieron presentes veedores ministeriales, por lo que sostienen que Palacios contribuyó activamente a la comisión del delito. Palacios es una persona de confianza de Jorge Triaca, quien mantiene una relación casi fraternal con Cavalieri.
En base a esto, el denunciante pide que tanto a Palacios como a Cruz se los investigue por desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además se amplió la denuncia a los miembros de la Junta Electoral sobre los cuales pesa un pedido de investigación para fijar responsabilidades en la «desobediencia judicial» que se llevó a cabo el pasado 28 de septiembre.
La votación se realizó a pesar del fallo por unanimidad de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por la suspensión de las elecciones de autoridades del SEC.
Los camaristas habían confirmado la aceptación del planteo de Muerza, actual secretario de Organización del sindicato y candidato a secretario general, respecto de irregularidades en el llamado a asamblea de delegados que eligió la junta electoral.
Sin embargo, el martes 16, la misma Sala VIII dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado la propia justicia laboral ante un reclamo impulsado por la lista Granate de Ramón Muerza. Como aclara el fallo «el objeto principal de este juicio es la declaración de nulidad de la Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Afiliados».
En un fallo del Juzgado 76 luego confirmado por la Cámara, se había dado lugar a una cautelar que, como aclara el fallo «era provisional». Pero los jueces ahora plantean que: «El señor Ramón Muerza obtuvo una medida cautelar y no obstante ello, aceptó ser parte del proceso electoral, oficializó su lista (por ello, es intrascendente lo manifestado en una de sus presentaciones, acerca de que su accionar es diferente a la de los apoderados de la misma) y participó del acto comicial donde obtuvo, se reitera, un gran caudal de votos. En consecuencia, no se alcanza a comprender cuál sería el sentido de mantener una medida cautelar».
Así, tomando como principal argumento que la oposición con su participación en la elección «convalidó» las mismas, decidió dejar sin efecto la medida cautelar y devolver las actuaciones al juzgado de origen, para que resuelva lo que corresponda.
Triaca apretador
Sucedió el pasado 6 de agosto, luego de que vencieran los plazos legales de conciliación obligatoria, que por entonces el gremio SOMU había acatado, en un conflicto salarial con la rama de la pesca de la actividad privada.
Una vez que la conciliación había finalizado el SOMU anunció que retomaba las medidas de fuerza. En ese contexto Jorge Triaca convocó a las partes a una reunión en la cartera laboral y resolvió disponer una nueva conciliación obligatoria. Hecho que estaba por fuera de lo que marca la ley.
Cuando Raúl Durdos, secretario General del gremio, le comunicó que no la iban a acatar, los funcionarios de Trabajo lo amenazaron con imponer una multa millonaria, quitarle la personería gremial y hasta con volver a intervenir la organización, que sufrió por dos años la intromisión del ministro, con consecuencias devastadoras.
El hecho no quedó intramuros. De hecho tomó relevancia internacional. Cuando se conoció el accionar arbitrario del ministerio, la Federación Internacional de Transporte emitió una comunicación a la OIT pidiendo intervención.
Allí, la Federación calificó lo sucedido de «mecanismo para restringir e incluso eliminar, por medio de amenazas y sanciones legales y económicas, el derecho de huelga, así como la libertad sindical y el derecho a la libre negociación colectiva».
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