I
En Argentina el peronismo continúa siendo un actor político de principal importancia. Si bien las banderas de justicia social que levantara en la década del 40 del siglo pasado con la presencia activa de su líder, Juan Domingo Perón, están hoy sumamente desfallecidas, se podría decir que casi extinguidas, en el espectro político del país sigue representando un referente para la clase trabajadora, para el pobrerío todo -que en estos últimos años, producto de las políticas neoliberales, ha continuado empobreciéndose en forma exponencial-. Una gran masa vota en las elecciones a candidatos del Partido Justicialista porque “el peronismo es un sentimiento”, ya no por propuestas concretas. En ese marco sigue siempre presente la figura de quien fuera personaje central en los primeros años de ese proceso: Eva Perón. Idolatrada por buena parte de la población -la mayoría empobrecida-, abominada por otros -clase media antiperonista, pero fundamentalmente por la élite económica- su imagen representa un grito de justicia, un mensaje de reivindicación para los eternamente oprimidos, los “descamisados”.
No pretende el presente muy modesto opúsculo hacer una profunda exégesis de un fenómeno político-social y cultural tan complejo como el peronismo. En el mismo ha habido y hay de todo: desde un grito de rebeldía en sus albores -pensemos en la formidable movilización popular del 17 de octubre de 1945, una verdadera insurrección de las masas- hasta un escuadrón de la muerte como la Triple A -Alianza Anticomunista Argentina-, de extracción ultraderechista, autora de más de 1,000 asesinatos, bendecida por el propio Perón en el “Documento Reservado” de 1973, donde instaba a “eliminar por cualquier medio” cualquier atisbo de heterodoxia marxista; desde un grupo guerrillero con ideales socialistas como los “Montoneros” hasta un corrupto sindicalismo pro patronal, convertido en pequeños “nuevos ricos”; desde honestos y comprometidos luchadores sociales de base hasta un presidente como Menem, quien profundizó los planes neoliberales regalando el país a las multinacionales, jactándose -a través de su canciller Guido Di Tella- de tener “relaciones carnales” con el imperialismo estadounidense. En el medio de esa complicada dispersión, en los años de inicio del movimiento social, la figura de Eva Perón -popular y cariñosamente conocida como “Evita”- fue un personaje clave.
Sin ser una propuesta socialista, claramente de izquierda marxista, anticapitalista -salvo algunos grupos que terminaron siendo marginales en la dinámica partidaria- el peronismo está asociado a la clase trabajadora argentina, a los pobres, al barrio, a la cultura popular (Perón, Gardel, Boca Juniors, hoy se podría agregar Maradona). Su figura emblemática por excelencia: Evita, “abanderada de los humildes”, representa eso. Quizá con cierta confusión ideológica -“paternalismo”, o “clientelismo caritativo”, según una cierta lectura de izquierda- su obra era una afrenta para la derecha, para la aristocracia argentina, más identificada con el refinamiento francés que con los “cabecitas negras” (el pobrerío, la clase trabajadora), a quienes odiaba visceralmente (además de explotar).
Tan grande era -y sigue siendo- ese odio de clase (¿no es que los buenos católicos no deben odiar?) que en 1952, cuando se supo que Eva padecía de cáncer de cuello de útero, por lo que pronto fallecería, en algunas calles de Buenos Aires apareció la pintada “¡Viva el cáncer!”
II
Algo de eso se está repitiendo. Desde inicios del siglo XXI, cuando aparecen los llamados “progresismos” en Latinoamérica, las derechas -nacionales en cada país de la región, y en Washington, que sigue controlando la zona como su patio trasero (Doctrina Monroe)- cualquier presunción de algo con tufillo popular -ya no digamos de corte claramente socialista- es visto como peligroso y enciende las alarmas. De ahí que hace lo imposible para cortarles camino.
Hoy ya no basa su estrategia en la “Doctrina de Seguridad Nacional y combate al enemigo interno”, preparando militares genocidas en la Escuela de las Américas para salvaguardar “el modo de vida occidental y cristiano”. Eso tiene demasiado costo político, es muy desgastante. Terminadas que fueran las protestas populares, el sindicalismo molesto y los grupos guerrilleros en los 70 del pasado siglo -Plan Cóndor mediante- el imperio generó nuevos métodos de injerencia y control social. En ese contexto nacen las llamadas “revoluciones de colores”. De la mano de ellas, y en esa misma lógica -siempre como forma de manipulación/sujeción de las masas evitando desbordes- apareció la “lucha contra la corrupción”. Y articulándose con ella esto que ahora se dio en llamar “lawfare” (guerra jurídica).
La corrupción, conducta molesta, dañina, reprochable desde todo punto de vista -pero absolutamente humana: la transgresión no es un comportamiento animal, es algo humano, está entre todas y todos quienes leemos este texto (los funcionarios corruptos ¿no son gente como nosotras/os?)- es un elemento que, como “enemigo” a combatir, puede unir a todo el colectivo. ¿Quién en su sano juicio podría estar a favor de ella? Luchar contra ese presunto “flagelo” puede permitir mucho: por ejemplo, remover figuras políticas “molestas” para el poder.
Puede fijarse la fecha de inicio de esa nueva estrategia en el 2015, en Guatemala, empobrecido y olvidado país de Centroamérica, que solo es noticia ante alguna catástrofe natural. Pero en el 2015 esa mal llamada república bananera “sorprendió” al mundo, con su cruzada anticorrupción. En realidad se trató de un plan muy finamente calculado donde por medio de infinidad de perfiles falsos en las redes sociales, vehiculizados a través de innumerables net centers, se llamó a la población -urbana y clasemediera en lo fundamental- a manifestarse contra la corrupción atribuida al por ese entonces presidente, el general Otto Pérez Molina. Curiosa maniobra, pues el militar de marras, llegado al Poder Ejecutivo por voto popular, fue un cuadro de la CIA y de la sangrienta represión anticomunista de años atrás, cuando la terrible guerra civil que enlutó a toda la nación. Evidentemente la derecha dominante no tiene empacho en deshacerse de sus peones cuando lo necesita -recuérdese el icónico caso del general Manuel Antonio Noriega en Panamá-. Otro tanto se hizo con Pérez Molina en Guatemala, laboratorio social de ese tipo de emprendimiento que se llevaría más tarde a otros países. Reforzando esa lucha “a muerte” contra la corrupción, un año después, en 2016, aparecen los Papeles de Panamá –Panama Papers-, robusteciendo la idea en el imaginario colectivo de feroz combate contra el, supuestamente, nocivo cáncer que empobrece a las poblaciones: la corrupción.
La corrupción es solo efecto de un sistema basado en la propiedad privada, donde la transgresión puede jugar a sus anchas. Incluso en el socialismo hay corrupción. El mismo Fidel Castro lo reconoció. Pero allí no hay impunidad: la corrupción se castiga (recuérdese, por ejemplo, el caso del general narcotraficante Arnaldo Ochoa). En el modelo capitalista es parte normal de su funcionamiento.
Esa estrategia, ya debidamente aceitada con los casos de Guatemala y Panamá, fue implementada en algunos de esos países “díscolos” para la Casa Blanca. En esa lógica sirvió para neutralizar al Partido de los Trabajadores en Brasil, mandando a la cárcel por hechos corruptos (reales o inventados) a Lula y a Dilma Rousseff, obstaculizando a Rafael Correa en Ecuador, complicando la elección de Evo Morales en Bolivia, y terminar encarcelando a Cristina Fernández en Argentina, todos mandatarios con carácter progresista, pero a los que se le encontró elementos “corruptos” que sirvieron para deslegitimarlos y/o encarcelarlos.
III
En el país argentino recientemente fue condenada a prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos la ex mandataria, y figura clave dentro del actual peronismo, Cristina Fernández viuda de Kirchner. Estamos allí ante un caso de absoluta manipulación política de la justicia.
Los cargos por los que se le acusa a la ex mandataria nunca pudieron ser probados. Sin dudas, en la administración peronista -que, repitámoslo, no es de izquierda, buscando un “capitalismo serio”, según palabras de Cristina, lo que lleva a recordar expresiones de su extinto esposo ante empresarios españoles: “Vean lo que yo hago, no lo que yo digo”- presenta numerosos casos de corrupción debidamente documentados. Pero las causas alegadas por la actual justicia argentina -en nada neutra, totalmente volcada a la derecha, viciada de nulidad- no se pudieron probar en su caso concreto. Si ahora aparece una condena, es por un retorcido manejo espurio, adulterado, totalmente politizado. Curioso es que el Poder Judicial se expide finalmente en esa causa 11 años después de iniciada, justamente en el momento en que Cristina Fernández manifiesta su decisión de presentarse como candidata para ser legisladora. El temor a que nuevamente aparezca esta nueva “representante de los humildes” hace actuar de inmediato al sistema judicial. O, mejor dicho, al poder económico -¿quizá la Casa Blanca?- para quienes trabaja la mayoría de jueces (¡es una absoluta mentira que la justicia es ciega!).
Pero más curioso -o repugnante- es que el actual presidente, Javier Milei, de ultra derecha y acérrimo enemigo del peronismo -y más aún, de la izquierda, pidiendo públicamente sin ningún empacho “muerte a los socialistas” (¿no constituye eso apología de la violencia e incitación al odio?) comete actos corruptos infinitamente más punibles que aquellos por los que se condena a Fernández -sin evidencias constatables-. En el trascurso del 2024, sin dar explicaciones públicas, retiró alrededor de 1,000 millones de dólares en lingotes de oro del Banco Central enviándoselos al exterior, con el peligro cierto de embargo por parte de los acreedores. Y mucho más corrupta resultó la estafa que promoviera a través de sus redes sociales recomendando la criptomoneda $Libra, con lo que modestos inversores argentinos perdieron millones de dólares -beneficiándose operadores de bolsa de Estados Unidos-, ilícito del que el presidente se desentendió. ¿Dónde está la justicia? No olvidar que Mauricio Macri llegó a la presidencia años atrás con 214 cargos en su contra, y esa misma justicia lo sobreseyó en todos.
Todo esto permite sacar algunas conclusiones:
- Así como ayer hubo un repulsivo ensañamiento con la figura de Eva Perón -cuyo cadáver fue desaparecido del país y oculto durante 17 años- hoy lo hay con Cristina Fernández. Ello deja ver el visceral y nada escondido odio de clase ante cualquier chispa de cosa popular. Y junto a ello -asunto para considerar muy seriamente- la profunda misoginia que allí se presentifica.
- La actual guerra jurídica (lawfare) es una artera maniobra bien planificada, donde alegando presuntas irregularidades -o magnificando y retorciendo muy arbitrariamente ilícitos reales- se desarrolla una estrategia de bloqueo político a propuestas populares, de contenido social. La represión no necesita ahora militares sanguinarios, centros de tortura y cementerios clandestinos; de ella se encargan “respetables” jueces. Esto es preocupante para el campo popular, pues si tan impunemente se puede ir contra una figura pública como Cristina Fernández, cualquier otra cosa -cualquier otro invento, manipulación, tergiversación- se puede hacer contra un militante de base, un activista social, alguien que denuncie o se oponga a injusticias. De hecho, algo así está pasando en Guatemala, donde un sistema de justicia totalmente parcializado y corrompido “argumenta” causas inexistentes contra luchadores/as diversos, criminalizando la protesta. El lawfare, claramente, está al servicio de mantener el sistema, igual que la desaparición forzada de personas.
- La corrupción de los funcionarios públicos fue elegida por los poderes dominantes como el gran problema a vencer, supuestamente causa de las enormes penurias que viven las mayorías populares, siempre excluidas y sometidas. Ello sirve para escamotear los auténticos motivos de la pobreza generalizada que se abate sobre la sociedad global: la explotación en que se basa el modo de producción capitalista. El ensalzamiento de políticos no corruptos, como el recientemente fallecido Pepe Mujica de Uruguay -guerrillero marxista en sus mocedades, 50 años atrás, hoy día “amaestrado”-, muestra que el sistema puede permitir barnices de corrección política, pero no más.
- Este juicio, totalmente viciado de nulidad, puede ser que una, al menos circunstancialmente, a los diversos sectores que dentro del peronismo se disputan los espacios de poder. La figura de Cristina une, aglutina. Es probable también que buena parte de la población -no olvidar que Milei ganó con la mitad del electorado, con una propuesta de motosierra “anti-casta” peronista- salga a protestar, a defender a su lideresa, a pedir que se revierta la medida. Pero, tal como están las cosas -desmovilización política mediante- es improbable que se repita otro 17 de octubre que rescató al entonces coronel J.D. Perón. Hoy no hay organización popular; las izquierdas -no solo las argentinas- no convocan, y no existe un claro proyecto anticapitalista sostenible. Denunciar y atacar una tropelía como la que se está consumando en este caso puntual en Argentina es un interesante ejercicio de movilización popular, pero nada indica que de eso pueda salir una insurrección popular que vaya más allá. El trabajo de vaciamiento político que hizo la derecha estos últimos años (en todo el mundo, por cierto) queda aquí evidenciado. Por eso gana Milei, y surgen propuestas neofascistas por doquier, venciendo en las urnas con voto popular. Protestar por un manejo ilegítimo de la justicia no lleva al cambio social. Habrá que ver, de todos modos, hasta dónde llega la movilización masiva que ahora se insinúa en el país.
- Todo lo anterior, de la mano de los progresismos que han surgido en Latinoamérica luego de las monstruosas guerras internas de décadas atrás que silenciaron muy buena parte de las propuestas revolucionarias en clave marxista que existían en ese entonces, evidencian sin miramientos los límites de estas democracias burguesas parlamentarias. Todo aquello que puede ser visto como “peligroso” para el sistema, es inmediatamente neutralizado: sin tanques de guerra, sino con jueces. La irrestricta defensa de la democracia -de estas amañadas democracias representativas donde la población votante no decide nada, solo el nombre del nuevo gerente de turno- no da posibilidad de cambios profundos del sistema. Por tanto, cambios sustanciales es evidente que no pueden pasar por las urnas. Solo la gente en la calle, organizada y con una dirigencia que levante un proyecto alternativo viable, puede cambiar el curso de las cosas.
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