«En la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el «trabajo» fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento, siempre […]
«En la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el «trabajo» fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento, siempre a excepción, naturalmente, de «este año». En realidad, lo métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílico». Karl Marx, El capital, 1867.
… el actual patrón de acumulación del capital (neoliberalismo) y el ataque político e ideológico al mundo del trabajo generan la descomposición del tejido social que se ve reflejada en las distintas formas de violencia social que azotan a la sociedad mexicana: linchamientos, feminicidios, secuestros, corrupción, ahorcamientos, desapariciones forzadas, narcotráfico, asesinatos, robos, extorción, tráfico de armas, narcoviolencia, lavado de dinero, tráfico de personas, luchas entre los carteles de las drogas, extorción al migrante… CDAM-Che Guevara, 2011.
«Es que es su versión contra la nuestra, su visión contra la nuestra. Somos dos bandos. Lo que voy a decir tal vez haya quien lo considere como un discurso del pasado. Es la lucha de clases. No hay más. Para nosotros nuestra lucha es justa, para ellos es injusta.» Omar García, Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 2014.
«Un solo gramo de oro costea mover una tonelada de tierra». Marlen Castro, La Jornada, 2007.
Introducción
Para las organizaciones y fuerzas sociales, se ha convertido en una necesidad histórica entender el caso particular de los seis asesinatos y la desaparición forzada de los 43 estudiantes ocurrida en Ayotzinapa, puesto que ha puesto de manifiesto una vez más la barbarie que está ocurriendo en nuestro país y ha provocado una serie de movilizaciones sociales que han provocado una crisis política del Estado Mexicano.
Sin embargo, uno de los retos que enfrentamos las clases trabajadoras y las fuerzas sociales en lucha contra el capital es ubicar con precisión el origen de la barbarie que enfrentamos en nuestro país. En muchas ocasiones llenamos huecos con frases abstractas y generales: ¡el origen de la barbarie es culpa de las clases dominantes de México y su insaciable afán por la valorización de capital! El problema de esto es que, aun cuando estas frases son ciertas en última instancia, no terminan por articular claramente los procesos particulares en que se expresa la barbarie con el proceso general de la acumulación de capital en México.
El diagnóstico termina por ser poco claro, se ubica sin claridad el origen del problema, y los programas de lucha terminan dirigiendo sus fuerzas en el blanco equivocado. Asimismo, en el peor de los casos, asumimos el discurso dominante de que «no tiene nada que ver una cosa con la otra». Esto, por tanto, termina por beneficiar el orden de clase, pues las demandas sociales son utilizadas para reforzar el orden institucional. Por ejemplo, se culpa al Estado por no garantizar los Derechos Humanos o por adoptar políticas autoritarias y represivas a favor de las clases dominantes, como si el Estado fuera un órgano neutro y no un Estado de clase que corresponde con un proceso de trabajo concreto. Se impone así un programa de lucha en contra del Estado y no en contra del patrón de acumulación y de las fracciones de clase que lo dirigen.
Efectivamente, la cuestión de la Normal rural de Ayotzinapa no es un hecho aislado: se ubica en la ruta del brutal y mortífero huracán del patrón de acumulación de capital llevado a cabo en México. En este sentido, para argumentar esta tesis se requiere articular dialécticamente la unidad de la contradicción, es decir, vincular el caso particular con el proceso general, ello con el fin de desprender programas de lucha social y popular que frenen los ríos de sangre y el genocidio neoliberal que ocurren en México, comenzando con el desmontaje del Proyecto de nación encabezado por la actual administración.
Es por eso que en este trabajo intentamos contribuir con algunos elementos que permitan construir la relación dialéctica entre los hechos de Ayotzinapa, las movilizaciones sociales, el bloque en el poder, la crisis del Estado y los intereses de las clases trabajadoras y populares. Con estos elementos, se impone, pues, la pregunta ¿cómo entender la cuestión de Ayotzinapa dentro del proceso de acumulación neoliberal en México desde una perspectiva de la lucha de clases?
El marxismo puede ofrecer herramientas puntuales para dar respuesta a esta pregunta. Sin embargo, para rebasar la demagogia y el dogma, que suelen reducir los procesos históricos a meras formulas, debemos indicar los procesos concretos. Ya en trabajos anteriores hemos aportado elementos de análisis que permiten ubicar y articular los distintos problemas coyunturales que enfrentamos las clases trabajadoras en el marco general del patrón de acumulación neoliberal en México. [1] En este trabajo intentamos ahora profundizar un poco más en esta relación.
Así, abordamos el caso de Ayotzinapa desde la tendencia general planteada por Marx en el capítulo XXIV de El Capital, «La llamada acumulación originaria», donde el despojo y el robo, el terror y la violencia, el sometimiento y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, y la intervención del Estado son elementos necesarios para fundar el modo de producción capitalista. Con toda proporción guardada , estos mismos elementos están presentes como tendencias del capital en su reproducción actual en el país, si bien no para fundar el modo de producción capitalista, sí para profundizar el patrón actual de acumulación y preparar el terreno de su nuevo estadio para su reproducción ampliada.
Es por ello que se necesita reconstruir teóricamente los planos, las estructuras, las coordenadas y los ejes clave de este proceso de acumulación. Dentro de este proceso de reproducción integral del capital es posible entender el papel de la minería en México (a la que se aúna la privatización de los hidrocarburos) y en particular en Guerrero, lo que nos ayudaría a arrojar elementos para comprender la barbarie ocurrida en Ayotzinapa. A continuación planteamos algunos puntos en los que intentamos abordar el problema.
1. El despojo, el terror, el disciplinamiento y la intervención de la violencia organizada como necesidades para la acumulación de capital.
De acuerdo con Marx, la valorización del valor, la conversión del dinero en capital, la búsqueda de la ganancia capitalista exigen en un momento dado transformar o ampliar este mismo proceso de valorización. Así, en este momento de crisis del capitalismo mundial e intensificación de la competencia, los propietarios del capital tienden a buscar una mayor apropiación de más medios de producción y de fuerza de trabajo o, en otras palabras, buscan mercantilizar más medios objetivos de vida y de fuerza de trabajo. Las necesidades de la acumulación de capital exigen, entonces, la propagación de casos individuales a procesos amplios en los que sólo el capital avanza «chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies». [2] De este proceso, por tanto, se desprenden algunas tendencias:
1. El capital en diversos momentos requiere convertir al suelo en artículo puramente comercial, es decir, necesita incorporar la tierra al capital para ampliar la acumulación. Esto obliga a los capitalistas a romper el régimen de propiedad existente hasta ese momento (comunal o de pequeña propiedad) y así echan mano del fraude, el robo, la violencia, la creación e imposición de leyes al servicio del robo, la usurpación, las apariencias legales, el despojo sistemático y el asesinato; todo con el fin de expropiar tierras y convertirlas en capital.
2. Si, de una parte, los medios de producción se incorporan a la propiedad del capital, por la otra, existe un despojo y una ruptura de la propiedad que deja a los otrora productores directos o propietarios (entidades colectivas) en una completa desposesión de medios de producción: se trata de un proceso de proletarización. Sin embargo, esta incorporación violenta de individuos a las filas de la fuerza de trabajo -disponible para ser explotada por el capital- no es una incorporación directa o fácil, ya que se requiere de todo un proceso de subordinación para someterlos. El capital requiere, pues, quebrantar su resistencia e incorporarlos a la disciplina que requiere el sistema capitalista; requiere concretar una coerción sórdida de las relaciones económicas capitalistas para que la acumulación siga su curso usual. En pocas palabras, se requiere de un proceso de subordinación del trabajo al capital por medio de un disciplinamiento violento y sanguinario.
3. Otra tendencia es que, en este proceso de apropiación y despojo, las clases capitalistas requieren que el Estado tome una participación activa, que éste se convierta en una potencia económica, pues «se recurre a su poder, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación»; a través de él se imponen, pues, legislaciones, políticas y procesos represivos y policiacos (con el uso de mercenarios) para concretar el despojo, así como subordinar a los despojados y naturalizar los procesos de reproducción de capital en la vida social.
De este modo, es necesario comprender que los procesos en los que la acumulación de capital se transforma o expande, a través acontecimientos individuales o sistemáticos, son procesos en los que interviene la violencia, el terror, la sangre, el despojo y la violencia del Estado, pues la transformación o ampliación de la acumulación de capital provoca desfases en el desenvolvimiento de una formación social estructurada por el predominio de la propiedad privada capitalista. A su vez, esto exige que las clases capitalistas tiendan a subordinar por medio de estos métodos a otras clases -pequeños propietarios, propietarios comunitarios, campesinos y obreros mismos-, y con ello concretar la ruptura de relaciones de propiedad y el quebrantamiento de la resistencia. Estos procesos de ampliación o transformación de la acumulación de capital exigen, pues, una confrontación directa entre clases sociales y la clase dominante, que recurre a la violencia y al Estado para imponer sus intereses en el proceso estructural de trabajo y en las relaciones de propiedad de los medios de producción.
Es necesario entender, por tanto, que estos procesos de acumulación y despojo, que intentan apropiarse de la tierra para su incorporación al capital, son procesos que no guardan nada de idílicos, como remarca Marx, sino son procesos que fracturan los aparentes logros de la civilización burguesa. Son procesos en los que los capitalistas transitan del despotismo aislado de sus fábricas a un despotismo de clase, y así ejercen su poder de clase abiertamente. Por tal motivo, estos procesos de transformación o expansión de la acumulación de capital requieren del ejercicio de la violencia extraeconómica para subordinar a otras clases sociales, implican, pues, una violencia de clase.
Por todo lo anterior, es necesario ubicar la cuestión de los seis asesinatos despiadados y los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en un proceso de violencia de clase motivado por un proceso de profundización (hacia un nuevo estadio) del actual patrón de acumulación en México. Para las clases trabajadoras y organizaciones sociales en lucha es necesario confrontar el discurso del Mexican moment y las Reformas transformadoras como idilio ideológico del bloque en el poder, y entender que el «proyecto de nación» que encabeza el Ejecutivo, en voz de Enrique Peña Nieto, no es más que el proyecto de los grandes capitales trasnacionales y las fracciones de las clases dominantes, arropadas principalmente en el CCE y la COPARMEX.
Ahora bien, uno de los ejes que se están profundizando en el patrón de acumulación actual es la minería y, por tanto, es necesario vislumbrar que las grandes empresas mineras -nacionales y extranjeras- están emprendiendo un proceso de despojo, en el que planean incorporar grandes extensiones del territorio nacional como parte de su capital privado. ¿Cómo? Por medio de la violencia, el terror, el robo, el asesinato, las desapariciones, los secuestros, el terror, a los cuales siempre los acompaña la manipulación ideológica de los discursos oficiales.
Así, al igual que Marx en su tiempo, es menester descubrir los mecanismos de terror a que recurre el capital para apropiarse de los recursos naturales (agua, hidrocarburos, metales, minerales, gas) y de la biodiversidad (pues, por ejemplo, México detenta 12% de la biodiversidad del planeta), así como develar cómo el bloque en el poder impulsa y acelera el despojo. En este último caso, por cierto, se expropian medios de producción, tierras, y se expulsa a sus propietarios, pero en este caso ya no se les empuja a convertirse en fuerza de trabajo disponible al capital, sino ahora se les deja en el desamparo total del desempleo estructural, de la avalancha de la marginación, de la informalidad, de la migración y de la descomposición social.
En este sentido, es necesario decir que si bien no se trata de una acumulación «originaria», lo que ocurre en Guerrero es una clara tendencia de los grandes capitales nacionales y transnacionales por apropiarse de territorios para ser explotados e incorporados a su proceso de acumulación. Se trata de profundizar en los ejes de acumulación del patrón actual de reproducción del capital en México: una industria extractiva de hidrocarburos, gas («boom shale»), metales y minerales e, incluso, corredores de turismo. Ejemplo de esto son los «polos de desarrollo» y «zonas especiales» que promueve el Estado como aquél esplendor de los corredores turísticos de México, en zonas como Huatulco, la Riviera Maya y Nayarit, mismos que contrastan con la proletarización de sus pobladores, sus abismos de desigualdad y pobreza y, por consecuencia, con la precarización de sus condiciones de vida.
En resumen, el caso de Ayotzinapa no es un caso aislado ni un simple acto de corrupción ni un caso en el que estén «fuera de control» los cuerpos policiacos y militares. Se trata de un proceso de acumulación y despojo en el que los grandes capitales nacionales y extranjeros disputan el control de zonas ricas en metales preciosos o hidrocarburos (que incluso son valorizables para la industria, la construcción, la agroindustria) con los propietarios y poseedores de las distintas regiones y comunidades. Procesos de despojo que tienen como envoltura la «delincuencia organizada». Por tanto, el caso de los seis asesinatos y el secuestro-desaparición de los 43 estudiantes se encuentra en la ruta de la barbarie del estadio actual del capitalismo mexicano: se trata de asesinatos y desaparición de compañeros pertenecientes a una fuerza social organizada de las clases campesinas y populares de la región, fuerza que resulta un obstáculo para la profundización del actual patrón de acumulación de capital llevado a cabo en México. El asesinato, la tortura y la desaparición de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa fue un ejercicio de terror, disciplinamiento y sometimiento del capital local-nacional-trasnacional con el fin de librarse de obstáculos que impidan el diseño de acumulación basado en el despojo de tierras; todo con el fin de incorporarlas a sus medios de producción.
2. Características básicas del actual patrón de acumulación de capital en México y sus ejes de acumulación
Grosso modo, la economía capitalista está dotada de formas determinadas por las cuales el capital se pone en movimiento en los ciclos de la producción y la circulación, los circuitos financieros y en el conjunto de este movimiento, en sus impactos en las relaciones de consumo. La dinámica continua que asumen estos ciclos del capital y sus estructuras que lo soportan, permiten captar sus relaciones, coordenadas y rutas comunes que inciden con mayor fuerza en un particular desenvolvimiento del capital que deviene en la configuración de una forma específica de reproducción del capital. El despliegue de este patrón de reproducción de capital involucra relaciones políticas, jurídicas, económicas y subjetivas de los agentes que lo conforman. De tal modo que no hay procesos de reproducción de capital sin reproducción de las condiciones políticas y subjetivas al interior de las clases sociales que los soportan. La lucha de clases se presenta así como una conjugación objetiva de estos procesos de reproducción del capital y sus formas concretas.
En México la implantación del patrón de acumulación de capital en el estadio global del neoliberalismo presenta rasgos específicos. Si bien en escritos anteriores ya hemos abordado la violenta estructuración del patrón de acumulación vigente en México, brevemente señalamos algunos de los ejes principales que lo definen.
A principios de los años ochenta, el Estado y las fracciones dominantes establecieron una nueva definición de la reproducción del capital en México: se establecieron las bases de una estructura exportadora de especialización productiva, fundamentalmente en la industria maquiladora de exportación (la manufactura automotriz, electrónica, maquinaria y equipo) [3] altamente concentrada por un puñado de empresas de propiedad extranjera (capital trasnacional) y de poderosos grupos económicos nacionales. El Estado y las fracciones dominantes llevaron a cabo la más grande desarticulación de la economía nacional sobre la base de islas productivas exportadoras desarticuladas de la economía nacional (procesos de desindustrialización), además de los bajos grados de calificación laboral que esta manufactura supone. En función de las condiciones estructurales de la superexplotación del trabajo como «condición» de la competencia internacional, las burguesías mexicanas (y extranjeras) re-definieron este sustento básico de la acumulación del capital hacia el mayor establecimiento de una explotación del trabajo sin medida y asegurada por el Estado.
Una de las más profundas consecuencias de esta nueva definición de un aparato productivo (extranjerizado), centrado en la exportación y contradictoriamente construido en la mayor explotación de los trabajadores locales, ha sido orientar la producción nacional a los consumidores de los mercados externos, con lo que se barre la industria local y se abandona el consumo nacional. Esto es lo que explica la violenta laceración de la economía nacional popular, sintetizada en la contradicción de un mercado interno polarizado entre pequeñas capas de alto consumo y gruesos contingentes de asalariados con remuneraciones por debajo de la media de países caracterizados por su despotismo salarial como China. [4]
Como puede observarse, se trata de la construcción de un tejido productivo impuesto por el bloque en el poder sin alguna correspondencia con las necesidades e intereses de las clases productoras. Ello en la medida en que la mayor parte de los bienes elaborados en las plantas productivas del país son enviados al exterior, y a la vez, lo hacen cercenando a la industria tradicional (pequeña y mediana) por medio del crecimiento indiscriminado de las importaciones que el TLCAN pronuncia y mediante los rasgos antiproductivos y anticompetitivos (la renta fácil) que entraña en la burguesía del país.
Ahora bien, el nuevo disciplinamiento del bloque en el poder llevó a cabo el desmantelamiento de la seguridad social -derechos ganados por las luchas de los trabajadores-, de los sindicatos, así como se llevó a cabo la mercantilización de los servicios y de los derechos sociales.
Ello obedeció, entre otros factores, a los intereses de la clase dominante en la recuperación de la tasa de ganancia mediante la mayor apropiación de la masa salarial y su transferencia hacia las bolsas de acumulación. Al mismo tiempo, la disciplina salarial y los procesos de «ajuste estructural» del Estado postrados al FMI llevaron a la imposición de los principales dogmas neoliberales de su política monetaria y fiscal: establecieron la mayor disciplina fiscal y monetaria con el objetivo de disminuir el gasto público, establecer el «mantra» de la austeridad, con la destrucción del aparato productivo nacional que esto supone (la expansión del desempleo), aumento de la competencia, extensión de la precarización laboral, y transferir las enormes cantidades de riqueza hacia el capital financiero y especulativo protegido con elevadas tasas de interés. [5]
Como parte de las nuevas estructuras de especialización productiva (maquiladoras, agroindustria, turismo, servicios comerciales) se establecieron los más violentos y profundos procesos de despojo y valorización de las condiciones objetivas de existencia de bastas poblaciones, comunidades, tierras y ejidos que conforman la riqueza de las sociedades en México. Se llevó a cabo, a través de todo el conjunto institucional del Estado federal, estatal y municipal distintos procesos de expropiación y acumulación de la riqueza que erosionan las formas de reproducción social de todas las entidades comunitarias y poblaciones marginadas y trabajadoras, dotadas de recursos tales como bosques, plantas, minerales, maderas, playas, hidrocarburos, agua y de toda la biodiversidad que alberga en dichas entidades. Veamos a fondo el papel de la minería en el país.
3. La minería como un eje de acumulación en México
El caso de la Gran Minería expandida en el país es un muy claro y contundente ejemplo de lo que se habla en este escrito. La especialización productiva basada en la gran minería extractiva rinde enormes tasas de acumulación en el país (por ejemplo, en 2006, el PIB de la minería no petrolera es de 64 mil millones de pesos y llega en 2012 a 95 mil millones de pesos, sus tasas de crecimiento van de 3.6% en 2006, 8.9% en 2007 a 9.4% en 2012; todo ello frente al PIB general de la minería que responde a más de 400 mil millones de pesos). En conjunto, la minería extractiva es parte nuclear del «proyecto de nación» del bloque en el poder e incide con fuertes impactos en la desarticulación del aparato productivo nacional, la concentración privada de la riqueza y la reproducción del capital volcada al exterior.
En México, la minería concentrada por el bloque en el poder se ha llevado a cabo bajo todo su entramado de destrucción y muerte. A tal grado que es posible pensar estos últimos años como los años de la minería en el país, ya que implica una gran condensación que involucra relaciones sociales contradictorias y conflictivas, mismas que definen buena parte de la anatomía político-económica de los problemas que habitan hoy en la superficie.
Veamos de modo somero la dimensión y el significado de la minería en el patrón de acumulación neoliberal y sus diseños de especialización productiva en los distintos y altamente concentrados sectores económicos.
1. En 2012, 21 mil 500 millones de dólares fueron invertidos en las actividades extractivas de la minería en todo el mundo. Una cuarta parte de ésta se dirigió a su explotación en América Latina, y dentro de la región, México es el primer receptor de Inversión Extranjera Directa (IED) para la exploración minera. Así, de acuerdo con la Secretaría de Economía, México ocupa el sexto lugar mundial en inversión minera y se encuentra entre los 10 principales productores de 16 minerales (es el primero en plata, el séptimo en oro y el décimo en cobre).
2. La inversión privada en la Minería crece de 380 millones de dólares en el año de 2001 a 5.612 millones de dólares en el año de 2011. La inversión extranjera ascendió de 15 a 559 millones de dólares en este mismo periodo, esto es, poco menos del 10% del total en 2011. Por lo que, por encima del crecimiento de inversión extranjera en el sector minero, es el capital privado nacional el que impera en esta actividad.
3. Una quinta parte del territorio nacional está concesionado a los grandes grupos mineros, esto es, alrededor de 36 millones de hectáreas equivalentes al 20% del territorio nacional.
4. Alrededor de un tercio del territorio de los estados de Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco y Baja California está concesionado a un grupo minero. Para estados como Coahuila y Nayarit una cuarta parte está concesionada. Los Estados de Guerrero y Michoacán tienen el 23% de su superficie concesionada a los grupos mineros. Casi la mitad del territorio de Colima (44%) con 255 mil hectáreas está en manos privadas.
5. Seis empresas mineras concentran una extensión de 8 millones y medio de hectáreas, (equivalente a los estados de Sonora y Jalisco juntos). Los grupos con mayor concentración de territorios concesionados son: Altos Hornos de México con 3.2 millones de hectáreas (su propietario es Alonso Ancira); Fresnillo Plc con 1.9 millones de hectáreas (a cargo de Octavio Alvídrez y parte de grupo Peñoles); Industrias Peñoles 953 mil hectáreas (propiedad de Alberto Bailleres); Minera Frisco 889 mil hectáreas (de Carlos Slim), Grupo Cascabel 749 mil hectáreas (subsidiaria de la canadiense MagSilver), y Grupo México 607 mil hectáreas (de Germán Larrea). La empresa Minerales Monclova, propiedad de Altos Hornos de México, concentra la mayor superficie concesionada con 2.4 millones de hectáreas (equivalente al estado de Tabasco). Cabe señalar que los grupos mineros nacionales fueron conformados «a la sombra del Estado» y de sus procesos de privatización. Existen múltiples casos como el de personas físicas como Jorge Jiménez Arana (prestanombres del grupo trasnacional canadiense Blackfire Exploration México, grupo que posee grandes concesiones en el estado de Chiapas) que cuentan con autorizaciones que le conceden una superficie de 580 mil hectáreas (equivalente al estado de Colima) en el estado de Chiapas y municipios como Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Tapachula. Otro caso es el de la persona física de Ivonne Alicia Boileve Romero, quien era propietaria de 18 títulos que concentraban un área de 463 mil hectáreas en el municipio de Ensenada, Baja California y que le fue reducido a 321 mil hectáreas por el Estado.
6. El 69% de las empresas extranjeras en la minería son canadienses (184 de un total de 268 en 2014); un 16% son estadounidenses (con 44 empresas); China con 4% (11 empresas) y el restante está dividido en empresas inglesas, australianas, japonesas, brasileñas y de otros países.
7. La actividad minera en los territorios concesionados se consolida (por la nueva ley de 2014) como la actividad «preferente» por encima del medio ambiente, los derechos de las poblaciones y comunidades, la fuerza de trabajo que participa en ella (régimen salarial y condiciones laborales de superexplotación) y el patrimonio cultural. [6] Sólo pagan al erario una cantidad irrisoria en parangón con sus ganancias, por ejemplo, en 2013, el más alto de este siglo en la contribución del pago de derechos fue del 2% de 200 mil 946 millones de pesos de su producción anual, o sea, un pago de 4 mil 17 millones de pesos. La nueva legislación plantea un pago especial de minería de 5% sobre utilidades netas en un mundo (menos México) en el que mantiene un pago de regalía entre el 3 y 10%.
8. El descomunal despojo llevado a cabo en los primeros 10 años del siglo XXI, un puñado de empresas mineras nacionales y extranjeras (fundamentalmente canadienses) extrajeron 380 toneladas de oro y 28 mil 270 toneladas de plata de las concesiones otorgadas, en comparación a las 182 toneladas de oro y 53 mil 500 toneladas en los 300 años de la colonia.
9. La empresa canadiense Goldcorp (cuyo propietario del 70% de las acciones es RobMcEwen) es la mayor productora de oro en el país con el 26% de la producción total en 2012. Otras canadienses le siguen: Agnico Eagle (con 15% de la producción), Alamos Gold (con 13%); New Gold (10%).
10. Para la producción minera-metalúrgica del país el oro y la plata aportan 53% de la minería no petrolera. La creciente producción minera equivale a un tercio del valor de la producción de gas y petróleo para el año 2012.
11. Según la propia Cámara Minera de México (Camimex) el crecimiento de la minería en los últimos años la sitúa en el tercer lugar entre los sectores que más divisas captan para el país (con 23 mil millones de dólares), pues sólo es superada por la especialización manufacturera y petrolera, y ha desplazado a las remesas y a las actividades turísticas.
12. El sector de la minería representa uno de los principales intereses del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). El presidente del organismo patronal empresarial, Claudio X González, ha llegado a anunciar que invertirán principalmente en este sector al tiempo que ha advertido que las empresas del consejo se oponen a cualquier incremento de impuestos en el sector minero como el pago de regalías (del cual el país es el único en el mundo junto con China que no cobran regalías). Grupo Carso (de Carlos Slim) ha anunciado para 2015 una suma considerable de inversión (54 mil millones de pesos) además de invertir en los sectores de telecomunicaciones, infraestructura, construcción, inmobiliario, entre otros, se expande en la energía y la minería.
Según un estudio del Consejo Económico y Social de la ONU (mayo 2013) sobre las industrias extractivas en el país, la propiedad social de la tierra en México, (esto es, aquella que corresponde a ejidos y comunidades con asiento territorial de poblaciones indígenas establecida de modo legal), representa el 51.6 % de la superficie continental; la pequeña propiedad (propiedad privada, no exenta de indígenas) representa el 37.1%; la propiedad pública (también con asentamientos indígenas) ocupa el 11.3%. En este sentido, si bien como señala la Secretaría de Economía sólo el 30% de la superficie del territorio nacional ha sido explorado, en un cuadro en el que el 70% de este territorio tiene potencial minero y la mitad de éste corresponde a la propiedad social, la clara tendencia se vislumbra en los crecientes disputas en las violentas relaciones de despojo y acumulación que suponen las relaciones de la gran minería y la propiedad social. [7]
Como se puede apreciar, el papel de la minería en el país es estratégico al bloque en el poder. En un marco en el que el Estado ofrece a los grandes capitales un sistema de «proyectos de explotación de oro, plata, cobre, molibdeno, plomo, zinc, hierro, titanio» y otros recursos naturales, es claro que el patrimonio territorial y la enorme biodiversidad del país, son una de las grandes disputas de nuestro siglo XXI, de modo paralelo a las relaciones de superexplotación del trabajo (en la industria manufacturera, en el sector agropecuario y en las crecientes actividades de servicios) como relación nuclear de la producción y reproducción del capital.
Como vemos, la violencia de la acumulación que opera en México se proyecta tanto a nivel nacional como a nivel local. Revisemos, por tanto, brevemente las relaciones de la acumulación con los procesos de despojo, quebrantamiento y disciplinamiento de la resistencia de las comunidades y trabajadores en general.
4. La minería como un eje de acumulación en Guerrero
Veamos ahora el caso de la empresa canadiense Goldcorp y su modo de operar en el país. El estudio Goldcorp y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala, Guerrero, nos muestra notablemente parte del entramado político y económico de la depredación ambiental y comunitaria de distintos municipios del estado de Guerrero. [8]
Goldcorp representa la tercera compañía a nivel mundial de extracción de oro, con un ingreso anual de 2 mil 206 millones de dólares. Su política de expansión de enclaves mineros la ha llevado a los mayores niveles de crecimiento: sus activos pasan de 701 millones de dólares (2004) a 4 mil 66 millones de dólares (2005) y a 18 mil 952 millones de dólares (2007). Su producción de oro asciende de 628 mil onzas en 2004 a 2 millones 292 mil onzas en 2007.
Agentes económicos como la financiera Fidelity Management Reserch y el Deutsch Bank concentran el 20% de sus acciones (frente al 75% concentradas por RobMacEwen). De las 43 millones de onzas probadas en las minas de esta gigante minera, al menos la mitad (equivalente a unos 22 mil millones de dólares) se encuentran en los enclaves mineros de México. Con la adquisición de Luismin S.A. de C.V., ahora filial de la empresa, le fueron otorgadas grandes concesiones, con todo y un equipo de ingenieros y abogados «que conocen su oficio y las prácticas formales e informales de las instituciones y círculos políticos mexicanos». Este equipo funge como el operador «de la intermediación política con los gobiernos estatales y locales, y la cara corporativa frente a la población.» (Garibay y Balzaretti, op. cit)
En Guerrero los enclaves de Goldcorp ocupan una superficie de más de 3 mil hectáreas en las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Xochipala del municipio de Eduardo Neri, no muy retirado de Cocula (que cuenta con el distrito minero El Limón y la minera Media Luna subsidiaria de Goldcorp), Teloloapan e Iguala. La mina Los Filos y Bermejal son explotados «a cielo abierto». Tras los descubrimientos del geólogo David Jones, en los últimos años se dio a conocer que Los Filos es uno de los yacimientos más ricos del mundo y cuenta con un potencial de 60 millones de toneladas de oro a extraer en 20 años. [9]
La gran minera canadiense ha declarado que sus costos de producción medios son de 163 dólares por onza de oro en 2007. Por lo que se ha estimado el costo de producción de Los Filos en 17% del valor del propio yacimiento lo que implica una ganancia de 83% por cada onza extraída. Como señalan Garibay y Balzaretti, Goldcorp renta a las comunidades la superficie territorial a «precios de saqueo». Por ejemplo, la distribución desmesurada de los beneficios en 2007 entre Goldcorp y las comunidades es la siguiente: «por cada mil dólares de oro extraído y vendido, la corporación toma 999.26 dólares y las comunidades toman sólo ¡74 centavos!» (op. cit).
No obstante, no sólo se trata de esta usurpación desmesurada de la riqueza, sino que a su vez es relevante contemplar la propia naturaleza de los contratos suscritos con las comunidades, en las que los «contratos de ocupación temporal de tierras comunales» transfieren todas las ventajas a la empresa y los enormes costos (y la humillación) a las comunidades.
En efecto, hay que subrayar que, dentro de esta tendencia actual de los contratos de ocupación temporal de tierras, un sinfín de categorías de funcionarios municipales, estatales y federales y el propio orden político institucional liberal (sufragio, representación pública, transparencia, partidos políticos, pluralismo) son parte de las relaciones de dominación que se corresponden con los intereses de las corporaciones mineras y del gran capital.
5. El escenario del despojo y la violencia
Como sabemos, los problemas y contradicciones sociales que emergen con la proyección y operación de la Megaminería en el territorio nacional no sólo están marcados por la mayor depredación y sustracción de la riqueza, sus impactos incuantificables en la ecología, los «derrames tóxicos» y «homicidios industriales». [10] La operación de la Megaminería impacta en la violenta degradación de las condiciones laborales (con el outsourcing legalizado) y el desempleo, el desabasto de agua, la salud pública (cáncer, enfermedades respiratorias), los problemas de vivienda, las poblaciones «flotantes», los daños a la agricultura, la invasión de predios y en la corrosión del tejido social de las comunidades.
El orden institucional liberal en los diferentes niveles de poder (municipal, estatal y federal) es un campo de dominación en donde se expresan y sintetizan los distintos intereses (políticos, económicos, jurídicos e ideológicos) de los principales grupos dominantes, el bloque en el poder. Es ahí donde se materializan e institucionalizan.
Las estructuras verticales, de representación ciudadana que forman al Estado democrático mexicano no son vulnerables al crimen organizado porque sean «débiles». Al contrario, es todo el orden político estatal y la organización de su cuerpo institucional y aparatos de Estado el que corresponde al espacio político en el que se imponen los intereses de las fracciones y grupos predominantes.
Como lo señala el mismo Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, existe un «abuso en la compra de terrenos ejidales y comunales para el desarrollo de la minería, industria y vivienda sin beneficios para los ejidatarios» y son «los delegados agrarios -trabajadores de la Sedatu- los principales promotores de los compradores» y «quienes favorecen la venta de tierras». [11]
Es esta estructuración de la política institucional, fundamentada en un Estado capitalista de clase, el que corresponde de modo unívoco con el ejercicio y penetración de los intereses corporativos y de clase. Así también, cuando las luchas y las fuerzas sociales disputan intereses (principalmente económicos) a los grupos dominantes, es el propio Estado el que institucionaliza los intereses de éstos por distintas vías.
La desaparición forzada es práctica recurrente de los grupos corporativos asociados a mercenarios y organizaciones criminales, a tal grado que es el Estado y sus distintas instancias de gobierno el principal responsable.
Como vemos, es en la minería donde más puede apreciarse las furias entrecruzadas de estos intereses al interior de una estructuración política (municipal, estatal y federal) con el capital y el crimen organizado frente a las clases trabajadoras y las comunidades en cuestión.
Los circuitos del narcotráfico y el crimen organizado no pueden comprenderse de un modo aislado. Estas estructuras tienden a participar cada vez más en la reproducción del capital y no sólo como «lavado de dinero» en la financiarización, sino que la criminalidad participa cada vez más para eliminar los mayores obstáculos a los intereses corporativos.
La minería cada vez más se apoya en el llamado «sicariado»: procesos y grupos criminales respaldados en instancias políticas y judiciales en los que funcionarios y personal de Estado cada vez más se coluden con los intereses económicos. [12]
Así, el proceso de violencia social en México atribuida al narcotráfico, conforma un proceso social más profundo en el que se despliega un violento proceso de acumulación de capital.
Se trata de un proceso basado en el terror: [13] la tortura, los « linchamientos, feminicidios, secuestros, corrupción, ahorcamientos, desapariciones forzadas [14] , narcotráfico, asesinatos, robos, extorción, tráfico de armas, narcoviolencia, lavado de dinero, tráfico de personas, luchas entre los cárteles de las drogas, extorción al migrante», para despojar de la tierra a los campesinos e indígenas y disciplinar la fuerza de trabajo de toda la sociedad. Este gran proceso nos muestra los grados del poder despótico del capital .
Son múltiples los casos de las actividades criminales que las organizaciones sociales han denunciado como prácticas recurrentes de los grupos económicos extractivistas en las que existe el involucramiento directo de órganos y poderes del Estado, sea por acciones u omisiones.
Por ejemplo, todos los casos documentados y denunciados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) implican la «pasividad» o «complicidad» de los gobiernos municipales, estatales y federales. [15] Las empresas mineras canadienses (Fortuna Silver Mines, BlackfireExploration y Minefinder) contratan a sicarios para amenazar o asesinar activistas sociales. El caso más cercano para nosotros -por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas- llama la atención de Andrea Becerril: «En agosto de 2009 la Rema presentó una denuncia en la CNDH, ya que sicarios de TeckCominko dispararon con balas de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula Guerrero, sus hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas fueron secuestrados. Tres meses más tarde, denunciamos la detención arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de sicarios enviados por BlackfireExploration». Los casos se repiten en Jalisco, Chihuahua, Morelos y Michoacán, justamente este último Estado en el que el representante de la Rema ha señalado que mineras de Estados Unidos y China han continuado los asesinatos contra activistas sociales; y la organización criminal «La Familia» tiene relaciones con la empresa China para abastecerla de minerales obtenidos de modo ilegal.
Pero no se trata exclusivamente del capital extranjero. La empresa de Grupo México Buena Vista del Cobre (antes Mexicana de Cananea), ha llevado a cabo procesos de expansión que trastocan toda la vida de la comunidad (transferencias de riqueza, empobrecimiento de las comunidades, movimientos de inmigración) y produce problemas ambientales, sanitarios, laborales, y el cruzamiento de intereses entre los órganos municipales, estatales y federales, con los intereses corporativos y la propia criminalidad que no deja de estar presente dentro de esta expansión del capital.
Si esto es la mayor depredación y sustracción de riqueza en el país, ¿qué significado tiene la extranjerización de los hidrocarburos y su asociación con los grupos del bloque en el poder nacional organizados desde el Estado? El patrimonio territorial y la enorme biodiversidad del país es la gran disputa de nuestro siglo XXI. John Saxe lo plantea recientemente: «En vísperas de la Ronda Uno en 2015 de la contrarreforma energética, cuando los privados esperan acceder a yacimientos de gas y petróleo en aguas someras y profundas, en el territorio, en las cuencas de gas y petróleo de lutitas (shale) y arranca el gran despojo de hidrocarburos, bosques, tierras y agua, ya está en marcha dicha estrategia en que militares, policías y gendarmería se equipan, adiestran y actúan ante el pueblo como ejércitos de ocupación frente un enemigo interno.» [16]
Tal como lo ocurrido a finales de siglo XIX, la gran propiedad territorial, la expropiación de terrenos ejidales y comunales, la expansión del latifundio para la aceleración del capital en las ramas de la minería, industria y construcción, la explotación de hidrocarburos, representan las condiciones estructurales de una lucha de clases en el contexto de las condiciones históricas del siglo XXI, esto es, frente a la forma de Estado «Democrática», «Plural» y «Transparente» en los niveles federal, estatal y municipal y las violentas relaciones de intereses con los grandes capitales y organizaciones criminales cada vez más endógenas a la reproducción de la economía (comercial, industrial, de servicios y financiera), a la reproducción del poder político y de las relaciones de mando y sometimiento a las clases populares.
Tal como lo subrayamos en nuestro trabajo anterior, el bloque en el poder ha llevado a cabo la mayor ofensiva del Estado para realizar la centralidad estratégica del capital en nuestros tiempos: incidir en la construcción de un nuevo estadio del capitalismo mexicano a través de una directa intervención estatal en la elevación de la productividad del trabajo que el fardo de las «reformas estructurales» cimientan. En la «etapa» del mayor estancamiento de la economía nacional (menos de 2% del PIB promedio en tres décadas), el principal objetivo es elevar la tasa de ganancia y acelerar la acumulación de capital sobre la base de una mayor subordinación y asociación con el capital extranjero en la expoliación y exportación de hidrocarburos, minerales y materias primas industriales de modo paralelo a los procesos de superexplotación (y precarización) del trabajo en las ramas más productivas de la manufactura exportadora, los servicios y el agro, sin hablar de las abstractas esferas de la financiarización.
Actualmente, el motivo propulsor del bloque en el poder es impedir que las masivas manifestaciones y movilizaciones populares agraven la crisis política del Estado y acceder a la enorme riqueza siempre soñada que las reformas estructurales le han puesto frente a sí. [17]
La estrategia del Estado, insuflada por las fracciones de la burguesía imperantes, se despliega bajo el poder del ejercicio de hegemonía: la represión y los llamados a la unidad, el castigo y la propagación de la ley, el terror y la defensa de la gobernabilidad, la cárcel y la salvaguarda de la institucionalidad, en suma, la violencia del Estado de clase y los triunfos de la democracia. Estas dos dimensiones materiales del Estado suponen el ejercicio pleno de la ideología y de sus múltiples aparatos y agentes que las acreditan y lo reafirman en la sociedad.
Como las misma insurgencia popular lo ha expresado, la fuerza del Estado es para desarticular y apagar el estallido de los conflictos y la impugnación sistémica de las movilizaciones sociales frente al Estado.
El liberalismo político que ha conformado las instituciones del Estado está desbordado por las contradicciones que ha desencadenado la propia violencia organizada de clase que ha construido el diseño político, económico y social actual.
En nuestros días, este cuadro contradictorio ha impactado en el Estado y lo ha sometido a una crisis política sin precedentes. La crisis del Estado mexicano condensa las mayores fisuras en el consenso, en la legitimidad y la representatividad política a lo largo de todo su tejido institucional y sus columnas características, como son, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los partidos políticos, Democracia electoral (INE), Derechos Humanos y el Estado de Derecho (de las burguesías).
En este sentido, en estos tiempos de profunda inestabilidad política, las clases dominantes se sienten amenazadas: De ahí el fuerte discurso de uno delos principales organismos patronales del país que reza lo siguiente:
«El sector empresarial reafirma su compromiso y respaldo a las instituciones del Estado mexicano, con su Gobierno Constitucional y con nuestra democracia… […] Es preciso evitar la polarización […] La confianza y la cohesión social son determinantes… […] Es momento de hacer un compromiso firme, como nación, con el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, y que, no actuar con determinación y visión de Estado en este sentido, desde el gobierno y la sociedad, sólo abonará a un desgaste mayor de la confianza y la capacidad de las propias instituciones democráticas. […] La clase política, en específico, tiene que estar a la altura de este momento histórico». [18]
Como vemos, las alturas del bloque en el poder se tambalean. A unos pasos de su acceso a la abundante riqueza natural que las reformas despliegan orientadas hacia un nuevo estadio de acumulación, se yergue una profunda oposición antagonista, social, popular y de clase, que desafía los violentos fundamentos de un orden económico estructural articulado por la plena integralidad institucional del poder político concentrado, mediado y organizado por el bloque en el poder, y cuyo resultado social mayor salta a la vista con la radical fractura de las condiciones sociales de existencia que la sociedad mexicana tenga memoria.
Conclusiones
El caso de Ayotzinapa está inserto en la lucha de clases, propiamente en un nuevo estadio del capital que adquiere forma en los monumentales procesos de expoliación y despojo de la tierra y de los recursos naturales como procesos de subsunción a la valorización de capital.
Como vemos, la ilimitada persecución de estos objetivos correspondientes a las tendencias del proceso de acumulación capitalista ha llevado a cabo distintos y abominables métodos de terror, disciplinamiento y sojuzgamiento, de intervención de la violencia organizada -el Estado- con el fin de echar por tierra toda barrera a los intereses económicos y políticos personificados en el gran capital (nacional y extranjero).
Por ello, si bien el responsable del crimen «Fue el Estado», se trata de entenderlo dentro de las propias raíces que sellan el desenvolvimiento material de este pulpo maldito; es la violencia de la acumulación que se despliega por coordenadas precisas del mapa territorial, productivo, mercantil y financiero que el bloque en el poder, cual agresivo y obseso conquistador viene urdiendo y al mismo tiempo desarticulando y «cerrando el paso» a sus antagonistas, cada vez más «chorreando sangre y lodo».
A este poder en entredicho, le quedan las cartas del «Estado de Derecho» y el orden de una institucionalidad democrática «gobernable», justo lo que la insurgencia social le cuestiona de raíz. El poder del Estado busca, una vez más, imponer a base de la fuerza y la represión, de la cárcel y el castigo, las bases de una participación política subordinada y coludida a priori con los grupos dominantes y la corrupción. ¿Qué democracia es ésta? ¿Cuál es la sustancia de este Estado de Derecho? Es el «recurso a la fuerza» para imponer un Estado de ideología única subordinado de modo apriorístico al nuevo estadio de expansión del gran capital en México.
La renuncia de un solo personaje significa subestimar la monumental ofensiva que el gran capital le arroja a las clases populares en su conjunto. La emanación de un organismo de poder sobre la base de la creación y fortalecimiento de los poderes populares y de clase que frenen el genocidio neoliberal, las reformas estructurales y los nuevos procesos de despojo en todo el país es un enorme desafío para las clases explotadas y los pueblos del país. La Asamblea Nacional Popular tiene más futuro de lo que otros suponen o quieren suponer.
A dos meses de los trágicos acontecimientos en Ayotzinapa y a dos años del agresivo papel del Ejecutivo en turno:
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
México D.F., a 3 de diciembre de 2014.
Centro de Documentación y Análisis Materialista,
Ernesto Che Guevara. (CDAM-ECG)
[1] Véase nuestros trabajos en: https://cdamcheguevara.wordpress.com
[2] Marx, K., El Capital, siglo XXI, p. 950.
[3] En la última década estos tres rubros concentran más del 50% del valor de las exportaciones. Actualmente la industria automotriz es la rama que más divisas capta de los sectores de la economía. Capta dos veces lo que percibe de la exportación de petróleo crudo, capta cinco veces lo que entra por concepto de turismo, tres veces y media lo que se capta por remesas. En estos ochos primeros meses del año ha captado alrededor de 60 mil millones de dólares. Tan sólo en 2013 alrededor de 30 mil millones de dólares salieron del país por concepto de repatriación de ganancias.
[4] De acuerdo a Marco González Hagalsieb y Luis Aguirre Lang presidente de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index occidente) la proporción entre la mano de obra más barata en México en parangón con la de China es de 19.6% desde el año de 2013. Un estudio entre Meriill Lynch y datos de Banxico e Inegi muestran que en México se paga a un trabajador 4.7 dólares por día y en China se paga 6.93 dólares. Llama la atención que para el punto de vista de estos funcionarios no sólo ello sea una «ventaja para el país» sino también el hecho de que «los trabajadores puedan ir a casa diariamente» (después de su jornada laboral). El Universal, 24/11/2014.
[5] Por ejemplo, en los últimos años México destina el 7.5% de su PIB al gasto público social, lo que lo coloca en el último lugar de los países de la OCDE, cuyo promedio del gasto es de 23% del PIB. Países como Francia invierte la mayor parte de su PIB en gastos sociales, con el 31% del PIB aproximadamente. Brasil (que no es parte de la OCDE) invierte alrededor de 16% de su PIB en gasto social respectivamente. No obstante semejante ofensiva a la clases trabajadoras y a la población mexicana en general, en medio de las grandes manifestaciones populares tanto a nivel nacional como internacional, el FMI sigue lanzando golpes a las masas populares del país al señalar al Estado mexicano «apego estricto» a la disciplina fiscal (La jornada,13/11/2014) sin importar sus consecuencias en la caída de la inversión en el aparato productivo. Ello con la finalidad de asegurar las transferencias de excedentes (tan sólo en 2012 y 2013 salen de México 70 mil millones de dólares por concepto de la deuda externa) y al progresivo endeudamiento de la deuda pública y el rentismo financiero (actualmente equivalente al 40% del PIB).
[6] Véase por ejemplo, la actual huelga del Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico, Siderúrgico y Similares de la República Mexicana en sus secciones de Sombrerete, Zacatecas, y de Taxco, Guerrero, cuya lucha y resistencia en la defensa del Contrato Colectivo de Trabajo y de sus condiciones de seguridad, de salud y de la fuente de trabajo de los propios trabajadores. La ejemplar resistencia de los trabajadores mineros contra mineras de Grupo México propiedad de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco lleva hasta el día de hoy más de siete años! No obstante -dicen los mineros en lucha- «la empresa nunca ha mostrado disposición para entablar un diálogo». Véase: Sur Periódico de Guerrero: http://suracapulco.mx/archivos/189985
[7] Cfr. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2013/E_C19_2013_11s.pdf
[8] Claudio Garibay Orozco y Alejandra Balzaretti Camacho, Revista Desacatos, Num. 30, 2009. Puede consultarse en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13911560007
[9] La Jornada, Guerrero, 22/04/2013.
[10] Véase el caso del mayor derrame tóxico de la historia ocasionado por la unidad Buenavista del Cobre (primer lugar en la producción de cobre en el país) propiedad de Grupo México en el estado de Sonora y sus incuantificables daños a 60 kilometros de las aguas del río Bacanuchi y del río Sonora por derramar «40 millones de litros tóxicos» el 6 de agosto de 2014 impactando a seis municipios y miles de afectados. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMYSRM), responsabilizó a Grupo México «por su afán desmedido de ganancias». La Jornada, 15/08/2014.
[11] La jornada , 6/08/2013.
[12] «No es el Estado que no tiene la capacidad de combatir al crimen organizado, sino que es parte y protagonista de este sistema mafioso, donde la droga es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo que, como ya dijimos, son los recursos naturales», Mastrogiovanni, F., «La desaparición forzada en México es política de Estado», rebelión.org, obtenido de: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192427
[13] «La aberración y la crueldad del régimen nazi preveía una serie de reglas, una formalización de ciertas prácticas, a través de un decreto que implicaba consecuentemente la aceptación de responsabilidad por parte de los agentes del Estado alemán… Hoy en México ni siquiera pasa esto. No hay una autoridad que reconozca la paternidad de un plan Nauchtund Nebel[Noche y Niebla, cdam] mexicano, aunque en los hechos se esté llevando a cabo a nivel masivo y en todo el país, generando en la población los mismos efectos que imaginó Hitler para sus enemigos: diseminar el terror entre los mexicanos, para que ciertos grupos e instituciones los aprovechen en su beneficio y obtengan ventajas económicas y políticas.» Cfr. Mastrogiovanni, F. Ni vivos ni muertos, Grijalbo, 2014, pp. 197,198.
[14] «en 2013 se denunciaron 1,695 «secuestros» en México. Esto habla de un promedio de 4.6 desaparecidos por día… las desapariciones son muchas más, confirmando cálculos que desde hace años hacen organizaciones de la sociedad civil y grupos de familiares de victimas. Según este cálculo, aceptado por Sales Heredia a principios de febrero de 2014, por cada caso de secuestro o desaparición que se denunció en 2013, hubo 11 más por día que no fueron denunciados… en realidad las personas desaparecidas habrían sido 18,645″ Cfr. Mastrogiovanni, F. Ni vivos ni muertos, Grijalbo, 2014, p.39
[15] Andrea Becerril: «Denuncian en el Senado ´conducta criminal´ de mineras canadienses». La Jornada, 17/07/2013, p. 36.
[16] Jhon Saxe-Fernández, «¿Cúal es el móvil?», La Jornada, 13/11/2014.
[17] La burguesía del país, en voz de uno de sus más agresivos representantes, Gerardo Gutiérrez Candiani, exclama: «En México se han realizado reformas de carácter económico que hasta hace poco tenían remotas posibilidades de prosperar […] No lo pongamos en riesgo». CCE, Mensaje 134, Renovación sin violencia. 24 de noviembre de 2014.
[18] Consejo Coordinador Empresarial, Mensaje 134, Renovación sin violencia. 24 de noviembre de 2014.
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