El Gobierno argentino anunció que en febrero enviará al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, en un texto más moderado que el que proponía el ala más dura encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en […]
El Gobierno argentino anunció que en febrero enviará al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, en un texto más moderado que el que proponía el ala más dura encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que sostenía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 14 años de edad, en lugar de los 16 que rige en la legislación vigente.
No hay que olvidar que 2019 es, en Argentina, un año electoral, en el que el gobierno neoconservador de Mauricio Macri, en el tope de su impopularidad y carente de noticias positivas en materia económica y social y mientras ensaya fórmulas políticas con el calendario de los comicios para sacar el mejor provecho, insiste en difundir más medidas de «mano dura» y represión, en un discurso que espera réditos en parte del electorado.
El proyecto contempla que la pena de prisión máxima para adolescentes mayores a 15 y menores de 18 sea de 15 años. La decisión del Gobierno para reimpulsar un proyecto que se encuentra «dormido» -desde 2017, cuando lo propuso el ministro de Justicia Germán Garavano- se debió a la repercusión neutra que tuvo en la opinión pública la iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires de incorporar pistolas Taser en aeropuertos y trenes. Para Bullrich, se trata de «trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual».
En Argentina, la mayoría de los chicos que permanecen privados de la libertad es por delitos menores «contra la propiedad» y no por delitos graves. Según un relevamiento realizado con Unicef en 2015, había 82 menores de 16 años privados de su libertad (el 6,3%), otros 789 entre 16 y 17 años (60,5%), para un total de 871 sumando ambas edades.
El resto eran jóvenes que hoy tienen más de 18 años, pero que cometieron sus infracciones siendo menores. La suma total de jóvenes privados de libertad era de mil 305. Según Unicef, bajar la edad de imputabilidad «no suma» y sólo conduciría a «llenar con chicos» los institutos de menores.
La moderación del proyecto facilitaría los acuerdos con sectores moderados de la oposición, y permitiría reemplazar lo previsto por ley 22.278 sancionada en plena la dictadura militar. Dirigentes de la oposición manifestaron inmediatamente su repudio. El diputado Leonardo Grosso calificó a Bullrich como «bruta, fascista e ignorante». «No sorprende que pretenda construir un discurso y perfil similar al de Jair Bolsonaro. Las principales cualidades ya las posee».
Según los relevamiento de la Universidad Católica y UNICEF, el 51,7% de los menores de 17 años son pobres, el 40, 2% nunca leyeron un libro, el 22% comparte el colchón para dormir y el 17% nunca festejó su cumpleaños. ¿La única respuesta que propone Macri y Bullrich es mandarlos a la cárcel?», agregó el joven legislador.
Para el legislador izquierdista Gabriel Solano la iniciativa busca «reforzar la represión» como respuesta a la crisis» económica. «Después del nuevo protocolo para el uso de armas de fuego y la compra de pistolas Taser (dispara proyectiles que administran una descarga eléctrica a través de un cable, considerada como elemento de tortura por organismos humanitarios), ahora el gobierno vuelve con la baja de la edad de imputabilidad. Los gobiernos en crisis refuerzan la represión», aseguró.
El defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Fucks, sostuvo que la utilización de las 300 pistolas Taser por las fuerzas de seguridad «viene a sumarse al polémico reglamento del Ministerio de Seguridad, que busca convalidar prácticas policiales contrarias a los estándares y acuerdos internacionales, como lo es el disparo intimidatorio, o el uso de la fuerza letal contra una persona que huye».
El proyecto
La iniciativa macrista contemplaría un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.
Entre los 16 y los 18 años, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En el caso de los menores de 15 años (inimputables) que cometan delitos reprimidos con penas de hasta 10 por el Código Penal, el proyecto contempla un programa de asistencia a través de la intervención de equipos multidisciplinarios (integrados por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales) para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una «carrera delictiva».
El delito juvenil es insignificante en términos estadísticos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich dijo que es el 7%, lo que demuestra que no es el principal problema para pensar la inseguridad en el país
Para la abogada Karina Valobras, del servicio jurídico gratuito en la villa de emergencia del Bajo Flores, en Buenos Aires, señaló que el oficialismo insiste con bajar la edad de imputabilidad, cuando esa posibilidad ya lo permite la ley actual. «Hoy la ley dice que entre los 16 y los 18 años un adolescente es punible y se le puede imputar un delito. Por debajo de los 16, no son punibles, sin embargo la ley le permite al juez adoptar medidas.
Ese «sin embargo» es muy arbitrario, porque depende de un juez».
Valobras recordó a la Agencia Paco Urondo que la inmensa cantidad de los adultos privados de libertad pasaron por el sistema penal de menores, lo que demuestra que el sistema no funciona para resolver la inseguridad, sino todo lo contrario.
«Está estudiado: si se trata a una persona como delincuente desde muy chica lo que se produce es la reproducción de una lógica a través de la estigmatización, y finalmente esa persona va a ser un delincuente. Por eso, ese contacto temprano con el sistema penal no es recomendado por la criminología a nivel internacional, porque reproduce una conducta que uno pretende eliminar. Estos son algunos de los motivos para rechazar la iniciativa oficial», añadió.
Xenofobia
Bullrich anunció otro proyecto para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina y adelantó que, aún antes de esa norma, Migraciones ya «ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país» y eso es apenas «parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento».
Inflexible con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y con los extranjeros. Bullrich quiere capitalizar votos para el sector más duro del Gobierno en materia represiva quizá en su ilusión de llegar a ser candidata a la vicepresidencia o a alguna gobernación, mientras respalda y promueve el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad, y arremete contra los jueces «garantistas», no complacientes con los designios del gobierno.
Otro frente es la represión de la protesta social cuando no alcanza con la contención que dan los subsidios y los planes sociales, antes cuestionados y denostados y ahora utilizados por sus antiguos detractores como parapeto frente a las consecuencias de la debacle económica, señala el analista Washington Uranga.
Bullrich enarbola la consigna de que la seguridad se soluciona con más represión y medidas punitivas, a sabiendas de que ese discurso es placentero a los oídos de una parte de los votantes argentinos que incluso aplauden los avances en la misma materia que Bolsonaro viene haciendo en Brasil aún desde antes de asumir el gobierno, añade.
Sin dudas, el discurso sobre la seguridad -basado en el imaginario colectivo formado desde los medios hegemónicos y oficiales de comunicación- es parte de la estrategia electoral del macrismo, lo que significa descartar paralelamente cualquier discusión sobre la crisis económica, la inflación, la caída del empleo, el cierre de industrias y el aumento de la pobreza. También es la forma de aislar el debate de la seguridad como si se tratara de una cuestión en sí misma, sin ninguna vinculación con el contexto que la genera.
Sin nada positivo que publicitar, el oficialismo hace de la seguridad el eje central de la campaña electoral, con el discurso bélico punitivista en la materia anunciando «éxitos» en la «lucha contra el narcotráfico» que son desmentidos hasta por la legisladora oficialista Elisa Carrió.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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