La saga de una justicia corporativa, clasista y refractaria a democratizarse, así como a acoger los intereses de las grandes mayorías populares parece no terminar. Tristemente un nuevo capítulo se abre paso, en ese caso a través del respaldo a un macabro genocida de la última dictadura cívico militar. Como una herida que se reabre […]
La saga de una justicia corporativa, clasista y refractaria a democratizarse, así como a acoger los intereses de las grandes mayorías populares parece no terminar. Tristemente un nuevo capítulo se abre paso, en ese caso a través del respaldo a un macabro genocida de la última dictadura cívico militar.
Como una herida que se reabre Jorge Antonio Bergés, ex médico de la Policía Bonaerense y célebre represor quilmeño, condenado a prisión e inhabilitación absoluta por múltiples delitos de lesa humanidad, fue beneficiado con prisión domiciliaria por la Cámara Federal de Casación Penal, según informó en rueda de prensa la Secretaría de DDHH de Quilmes, Lila Mannuwal. Si bien el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata le había negado dicho beneficio, en una extraña maniobra durante la última feria judicial de verano, la Cámara otorgó la prisión domiciliaria a partir de enero de 2015, cuestión que recién toma estado público.
Esta práctica de otorgar el beneficio de purgar su condena en la comodidad de su hogar, sea por razones de salud o acogiéndose a la prerrogativa de exceder los 70 años, se ha tornado sistemático, burlando el sentido de la pena; los casos de los represores Fernando Morellato Donna, Roque Ítalo Pappalardo, Eduardo Lance y el coronel retirado Jorge Gerónimo Capitán, quien fue descubierto por Tiempo Argentino quebrando su arresto domiciliario, así lo demuestran. La exigencia democrática es clara, el cumplimiento efectivo de la condena en una cárcel común desalentando la laxitud con la cual la justicia federal a protegido a los represores.
Bergés, quien purgaba condena en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz desde 2014, por haber asistido los partos de mujeres secuestradas, cuyos hijos fueron posteriormente apropiados, así como por haber supervisado varias sesiones de tortura dando las indicaciones necesarias para que el detenido pueda continuar siendo torturado sin que se muera en la sesión, fue favorecido, bajo el argumento de motivos de salud, por un sector de la justicia que navegando a contramano de los significativos avances realizados por la sociedad, continúa propenso a proteger a los genocidas.
El prontuario del ex médico policial es frondoso. Había sido condenado por la Cámara Federal a seis años de prisión por ser autor de cuatro aplicaciones de tormentos, saliendo luego en libertad por la Ley de Obediencia Debida. Adriana Calvo reconoció a Bergés en 1984 como quien la maltrató en el Pozo de Banfield después de que Calvo pariera en el auto que la llevaba de la Comisaría Quinta de La Plata. En marzo de 2004, Bergés fue condenado junto al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz a siete años de prisión por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, una hija de desaparecidos que nació en el Pozo de Banfield. Con ese juicio se aplicó por primera vez sentencia contra los represores que no fueron los apropiadores directos de un menor secuestrado durante la última dictadura. Bergés había firmado el acta falsa de nacimiento de Carmen Gallo Sanz y personalmente entregó la beba a un matrimonio de civiles. Pero aquéllos no son los únicos casos de violaciones a los derechos humanos en los que está involucrado Bergés. El represor fue señalado por numerosos sobrevivientes, entre ellos Julio López, quien en 2006 lo identificó como torturador. Cabe destacar que Bergés aguarda un nuevo juicio en el contexto del tratamiento del Circuito Camps y la causa Pozo de Quilmes, donde pueden extenderse su condena.
En estos tiempos resulta inocultable la relación promiscua entre grandes sectores de la Justicia y la Dictadura, una relación que atraviesa múltiples andariveles: protección de los genocidas pero también de los jueces involucrados en delitos de lesa humanidad por acción u omisión. De una lista profusa, a modo introductorio podemos citar los casos de los Dres. Manlio, Martínez, el marplatense Pedro Hooft, Otilio Roque Romano, el fiscal general de Morón Nievas Woodgate. En esta línea de sentido el pueblo de Quilmes ha sido víctima reiterada de la cobertura por parte de estos sectores de la justicia en relación a genocidas y colaboradores civiles, contando a parte del mencionado caso Bergés, con el caso Casanello.
Julio Ernesto Casanello, actual camarista Civil del Quilmes, introduce una discusión aún más compleja, puesto que su persona encarna el concepto de responsable y colaboracionista civil por antonamasia. Casanello, homónimo del juez federal, fue designado como intendente de facto en Quilmes entre el ’79 y ’82 por el gobernador bonaerense de facto general Ibérico Saint-Jean. A lo largo de toda su carrera nunca rectificó su accionar, y continúa sosteniendo que desconocía la existencia de los centros clandestinos de detención Puesto Vasco y el Pozo de Quilmes. También existe una línea de vinculación con la fosa común que existió en el Cementerio de Ezpeleta, la cual fue revuelta con una topadora inmediatamente al retorno de la democracia.
Una justicia todo terreno
Los extensos sectores de la justicia reticentes a aceptar una impronta democrática, guarecidos en sus posiciones conservadoras han sido sistemáticamente pieza fundamental para asegurar la impunidad de ayer y de hoy. Estos núcleos duros con carácter corporativo en el sentido más filosófico de la expresión, son los mismos que han cimentado la irrupción pública del Partido Judicial con la marcha del 18F, con los Dres. Bonadio, Marijuan, Sáenz y Piumato a la cabeza. Un hilo conductor une todos sus resortes, los anticuerpos a los sectores populares y a las representaciones políticas que aseguran la concreción de sus derechos.
No solo despliegan una política antipopular, sino todo un entramado de protección y cobertura cuando alguno de los suyo está en apuros; respaldo indistinto, se trate de delitos de lesa o por hechos delictivo derivados de la corrupción, tal el caso del fiscal general de San Isidro, Dr. Julio Novo, quien luego de tres intentos, el jurado de enjuiciamiento provincial concretó el iniciar su juicio político. Novo enfrenta una investigación por entorpecimiento en la resolución de casos de narcotráfico, también se indaga sobre su relación con el poder político del territorio y las denuncias por maltrato laboral y acoso expuestas por la AJB de San Isidro con un destacado trabajo de Daniel Pérez Guillen, Secretario Adjunto de la CTA. Sobre el caso Novo resulta de lectura obligatoria la nota de Horacio Verbitsky «Nihil Novo Sub Sole» publicada en Página/12 el 4/10/15.
Por último, el proceso de consolidación de nuestra democracia, impone la necesidad de pasar el tamiz al interior del Poder Judicial, para así, consolidar una justicia integrada por jueces de la democracia, aspirando a magistrados exentos de todo reproche ético, moral y más aún, penal. Esta Argentina 2015, ya no tolera jueces colaboracionistas, muy por el contrario, avanza hacia un Poder Judicial democrático, en el cual hasta la designación de los propios magistrados sea democratizado
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