Bignone exigió que se anule un procesamiento en su contra por crímenes de lesa humanidad

Asimismo, en el marco de la apelación que presentó contra su precesamiento por la causa abierta por los crímenes ocurridos en Campo de Mayo en el régimen de facto iniciado en 1976, el último presidente de la última dictadura en el país pidió que se disponga su inmediata libertad.

«Excelentísima Cámara de Casación: esta defensa aboga para que, sin que se produzcan nuevas muertes, que ya bastantes tuvimos, prime en V.E. la cordura, la lógica y la recta aplicación de la Constitución Nacional por sobre cualquier mezquino interés que pudiera existir, para poner así punto final al este verdadero ‘Nuremberg argentino’, y disponer la inmediata libertad de mi defendido, el Señor General de División (RE) don Reynaldo Antonio Bignone», dice la apelación a la que accedió la agencia DyN.

Así, el ex militar comparó los juicios a los jerarcas de la dictadura con el proceso contra los nazis, que hace 61 años culminó con 12 condenas a muerte y tres cadenas perpetuas por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Carta polémica. No es la primera vez que Bignone manifiesta declaraciones polémicas. En octubre de 2006 publicó una carta en el portal Argentinos por una Memoria Completa -por ese entonces presidido por Karina Mújica-, donde convocó a los jóvenes a «terminar lo que nosotros no supimos ni pudimos terminar».

En ese entonces, la difusión de la carta generó críticas tanto desde organismos de derechos humanos como de funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, quien en más de una oportunidad le exigió a la Cámara de Casación que acelere los juicios contra represores de la última dictadura militar.

Bignone, presidente de julio del 82 a diciembre del 83 (mes que asumió Raúl Alfonsín por vía democrática), está preso por el robo de bebés de desaparecidos y procesado en la causa Campo de Mayo por «privación ilegal de la libertad agravada por tormentos, violación de domicilio y reducción a la servidumbre».

La decisión del juez federal de San Martín, Alberto Suáres Araujo, en ese expediente fue ratificada el 21 de diciembre último por la Cámara Federal del distrito y por eso ahora su defensa recurrió a la Casación, máxima instancia penal, para exigir su «inmediato desprocesamiento y libertad».

A su vez, la apelación al procesamiento de Bignone sostiene que el dictador «combatió con la ley en la mano» a las «fuerzas terroristas que azotaban al país» y que no estuvo en el cargo que se le atribuyó al momento de los hechos, al tiempo que denunció que los jueces se basaron «en pruebas cuya falsedad hoy por su evidencia no puede negarse», lo que implica «una gravísima irregularidad que compromete la legalidad, seriedad y la imparcialidad» de la administración de justicia.

«Resulta altamente improbable que personas que dijeron haber sido privadas de su libertad, permaneciendo esposadas y encapuchadas durante las 24 horas del día, puedan con sus endebles testimonios crear un estado de convicción suficiente respecto a que mi pupilo pueda tener alguna responsabilidad en los hechos», señaló el abogado Aberg Cobo en el escrito, quien no dudó en comparar a Bignone con un jerarca nazi.