El exministro de Educación y actual candidato a senador bonaerense, Esteban Bullrich, aseguró que el crecimiento del registro de monotributistas se debe a que muchos ciudadanos comprenden el mensaje del Gobierno en pos de «emprender su propio proyecto». «La escuela debería prepararte para crear empleos, no para buscarlos. Hay que ayudar a los bonaerenses a […]
El exministro de Educación y actual candidato a senador bonaerense, Esteban Bullrich, aseguró que el crecimiento del registro de monotributistas se debe a que muchos ciudadanos comprenden el mensaje del Gobierno en pos de «emprender su propio proyecto». «La escuela debería prepararte para crear empleos, no para buscarlos. Hay que ayudar a los bonaerenses a crear proyectos propios», insistió Bullrich. Y acotó: «Te doy un caso que está surgiendo en lugares como Matanza: cervecerías artesanales. Te parece que es algo que no crece, pero es un mercado que está creciendo muchísimo».
Aníbal Loggia, titular de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal (Capca), calificó al ex ministro y precandidato a senador de «ignorante».
«El tipo que se queda sin trabajo necesita un ingreso ahora. Lo que dijo Bullrich fue de ignorante. Es una fuente laboral, pero si se quiere vivir de la cerveza se requiere tiempo, no es una salida inmediata», precisó Loggia.
Si bien es cierto que la industria de la cerveza artesanal está creciendo en forma sostenida en el país (se calcula que el último año, se incrementó en un 40 %), todavía representa una ínfima porción del mercado: apenas el 1,6 %.
Vía libre para que mineras y agroquímicas generen contenidos educativos
Esos son los proyectos laborales que promueve Cambiemos. Como señala Pablo Taranto en Tiempo Argentino el pasado domingo 2 de Julio: «El 15 de junio pasado, el ahora saliente ministro a raíz de su precandidatura a senador por la alianza Cambiemos, firmó con su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile, un convenio «para fortalecer la educación agraria», que incluyó un acta compromiso con más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que se constituyan en «fuente de capacitación» para escuelas rurales.
«Pensando en que debemos convertirnos en el supermercado del mundo, recorrimos todo un camino con el ministro Buryaile y hoy la agroindustria sabe que se puede apoyar en la educación», dijo Bullrich. Su colega, también próspero descendiente de una familia de productores agropecuarios, resaltó a su turno «la sinergia del sector público y el privado» que supone el convenio, apuntando a «la cantidad de empleo y oportunidades que generan estas empresas». El acuerdo descansa básicamente en otro convenio de cooperación, rubricado ese mismo día por ambos ministerios con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la UATRE y más de 45 organizaciones y empresas del agronegocio, con el objetivo de que aporten contenidos y generen acciones en pos de «una alta capacitación en docentes y directivos de las escuelas y una mejor inserción laboral de los alumnos».
Así, la educación agraria que postula Cambiemos no quedará en manos de académicos y universitarios, ni hablar de agricultores familiares o campesinos, sino de las grandes trasnacionales como Monsanto-Bayer, Syngenta o Dow-Dupont. Estas firmas -como bien explica el último informe de Greenpeace titulado «Ley de semillas: el lobby de las empresas químicas», que identifica los vínculos de éstas con 30 funcionarios del actual gobierno- «apadrinan», a través de membresías y convenios de financiamiento, a las organizaciones que se presentan ante la sociedad como entidades «sin fines de lucro» pero que ocupan un rol clave en el lobby agrario: Aapresid y Aacrea, pero también Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de las Malezas) o Argenbio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología).
El convenio firmado por Bullrich y Buryaile oficializa una práctica que en realidad ya existe. Por ejemplo, el proyecto bautizado Aula Aapresid lleva cinco años recorriendo escuelas para difundir los beneficios del modelo de siembra directa. Sus objetivos: corregir «la poca, y a veces errónea, información existente acerca de las consecuencias y efectos que genera la producción agropecuaria en nuestro país», y «concientizar sobre el rol central de la Argentina como productor mundial de alimentos y la necesidad de dar respuesta a una creciente demanda de los mismos».
El lavado de cara educativo será más arduo en la otra gran actividad extractiva que impulsa el gobierno macrista: la minería. Pero ya se puso en marcha. El mismo día 13, Mauricio Macri firmó con 14 gobernadores el nuevo Acuerdo Federal Minero. «Esto no significa sacrificar el medio ambiente, sino abrirle puertas al desarrollo», observó el presidente. El sistema educativo tendrá la dura misión de convertir esa máxima en una verdad pedagógica. El punto 3 del acuerdo, titulado «Aspectos educativos y formativos», fue prolijamente elaborado entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y los ministerios que conducen Esteban Bullrich y Juan José Aranguren. Explica que «con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y éstos tengan fundamento científico -lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad-, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera.»
Varias provincias desistieron de firmar el acuerdo, sobre todo aquéllas, como Chubut y La Rioja, donde la megaminería trasnacional generó importantes luchas sociales y fue prohibida por ley. Sería escandaloso que los alumnos de localidades como Famatina o Esquel -donde en 2002, el 82% de la población votó un concluyente «No a la mina»- recibieran manuales escolares laudatorios de la actividad minera.
Soslayando los pasivos ambientales que deja la actividad o repetidos incidentes como los de Veladero, Marcelo Álvarez, director de Asuntos Corporativos de la minera canadiense Goldcorp y titular de la Cámara, sintetizó las aspiraciones del sector: «Los manuales de educación de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante, cuando el país promueve su desarrollo. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería. Se podría cambiar parte de la currícula de Ciencias Naturales. Si tenemos un desarrollo minero como lo tuvo Chile, no solo se cambiará la currícula, también buscaremos generar más espacios de estudio en las universidades. No tenemos la cantidad de recursos humanos capacitados para el desarrollo minero que esperamos».
Otra vez, el Acuerdo Minero generalizaría en la educación pública una estrategia que las empresas ya practican. Desde 2013, el proyecto educativo «Un mundo de minerales», que motoriza CAEM, ya visitó 180 escuelas de todo el país, alcanzando a más de 13.000 chicos de tercero a sexto grado. Entre sus objetivos manifiestos, cita el de «transmitir con claridad la noción de que todo lo que hacemos o necesitamos está vinculado a la minería». Entre los materiales que reparte a los alumnos, está la simpática colección titulada «¡Pucha, qué tesoro!», que cuenta, por ejemplo, la historia de dos novios que se regalan anillos de compromiso, para luego explicar qué es el oro y cómo se extrae. Omite mencionar el cianuro que se utiliza para separarlo de la roca.
En 2011, un manual de Educación Ambiental publicado por el Ministerio de Educación que conducía Alberto Sileoni, con fuertes críticas a los procedimientos contaminantes de la minería a cielo abierto, jamás llegó a repartirse en las escuelas de San Juan. El año pasado, el Ministerio de Minería provincial puso las cosas en su lugar, y editó tres libros infantiles que destacan los beneficios de la actividad. Entre ellos, Piedra y Montaña cuenta la historia de una piedra (que evidentemente contiene oro) que tiene miedo de ser extraída. «Solo así podrás transformar al mundo y beneficiar a mucha gente, convirtiéndote en autos, casas, juguetes, medicamentos, aviones, celulares. Todo lo que rodea al hombre es minería, piedra amiga», dice Montaña.
La Ley General del Ambiente Nº 25.675 prevé en su artículo 14º la implementación de la «educación ambiental» como «el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible».
Bancos y pasantías
El sector bancario tiene un viejo proyecto en carpeta: el de incorporar a las finanzas dentro de los planes de estudio de las escuelas primarias y secundarias. En el último tiempo hubo algunas reuniones entre representantes de las cámaras que reúnen a los bancos con funcionarios para tratar el tema. Un ejemplo que se usó en esos encuentros es el caso español, en donde la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España trabajan con los ministerios de Economía y Hacienda en acciones conjuntas para difundir la educación financiera en todos los ámbitos. En la educación formal esto se ve en el programa de la materia Economía de cuarto año de la secundaria. Los estudiantes de 15 años aprenden a «saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo y si vamos a necesitar un plan de pensiones privado».
Recapitulando: cerveza artesanal, agronegocios, megaminería y bancos serán las actividades recomendadas a nuestros jóvenes como futuros empleos o pasantías por $ 4.000 como ofreció la administración de Horacio Rodríguez Larreta que realizó una convocatoria destinada a alumnos secundarios con vocación docente, a quienes les ofrece pasantías en «espacios educativos no tradicionales» de dos meses y medio, a contra turno, y un único pago de 4.000 pesos.
Se trata del programa «Elegí Enseñar», impulsado por la cartera conducida por María Soledad Acuña, que UTE-Ctera denunció como «promoción del trabajo infantil». Su objetivo declarado es «despertar la vocación docente en los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas medias y de tercer año de los Centros Educativos de Nivel Secundario de la Ciudad».
Para ello ofrece contenidos teóricos -a través de una plataforma virtual- y prácticos, con clases presenciales en espacios educativos no tradicionales. Culminado el curso, los alumnos reciben un certificado de Líder Educativo.
El pago de 4.000 pesos se acredita una vez que se cumpla con el 75 % de la cursada, tanto presencial como virtual. En total, el curso dura dos meses y medio y cada mes comienza uno nuevo, siempre dirigido a alumnos de entre 16 y 18 años de escuelas públicas de la Ciudad.
Para acceder hay que completar un formulario que, en forma optativa, incluye datos de las redes sociales de los postulantes. En forma obligatoria los candidatos deben responder por qué les interesa la docencia, cómo y cuánto se puede influir en los alumnos, y qué expectativas genera las prácticas ofrecidas. También se deben consignar los datos de la escuela donde estudian.
El secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación, Rubén Berguier, denunció que el programa encubre «una forma de promover trabajo infantil», y un «parche» a la falta de profesores en los colegios de la Ciudad. «Para nosotros hay un paro silencioso en las escuelas porteñas: la falta de personal y las horas que no se cubren configuran una huelga de hecho», advirtió Berguier, quien agregó que la falta de docentes en el nivel medio ha alcanzado niveles inéditos.
La implementación del programa no fue consultada con los gremios del sector. «No lo avalamos, ni siquiera es un sueldo, apenas pagan por una pasantía», subrayó Berguier, quien reclama que se declare la emergencia educativa y la Legislatura actúe de forma inmediata «para que haya políticas a largo plazo, en las que podamos participar. Hoy no tenemos estudiantes en los profesorados y necesitamos políticas de promoción de la docencia con salarios acordes».
El modelo Cresta Roja
Cresta Roja, de símbolo del cambio de modelo pasó a ser la «pesadilla» del macrismo. Hace un año el Gobierno presentaba a la segunda fabricante de pollos del país que reabrió el año pasado tras quebrar en 2015, como emblema de la transformación productiva tras el período kirchnerista. Hoy se enfrenta a 150 despidos a solo meses de su reapertura y en plena campaña electoral.
Las críticas de la oposición no tardaron en hacerse públicas. El titular de la CTA-T, Hugo Yasky, aprovechó para recordar en su cuenta de Twitter que «el presidente @mauriciomacri vetó la Ley Antidespidos desde Cresta Roja. Hoy Cresta Roja despide 150 trabajadores. #Cinismo». Cerca de 300 empleados realizaron cortes el jueves pasado sobre la autopista Ricchieri, a la altura del establecimiento, para reclamar indemnizaciones a la compañía, que enfrenta problemas financieros y denuncias por el presunto desvío de su producción.
El conflicto comenzó cuando los operarios intentaron ingresar por la mañana a la fábrica, y se vieron impedidos por personal de seguridad privada junto con efectivos policiales que ocuparon las instalaciones. «Veníamos trabajando normalmente, pero nos encontramos con la Infantería dentro de la fábrica y que no podíamos ingresar porque no funcionaba la tarjeta magnética y nos dieron copias del telegrama de despido», dijo Darío Sánchez, uno de los despedidos y delegado de base.
Las cesantías alcanzan a 51 operarios del turno mañana y 80 de la tarde del establecimiento de Esteban Echeverría, y al menos 20 de su otra planta, ubicada en La Unión, partido de Ezeiza. Pero además incluyen a delegados que habían sido elegidos recientemente por los trabajadores. En total, representa casi un 10% de los 1.800 empleados que hoy trabajan en Cresta Roja.
La firma arrastra deudas con su personal desde octubre de 2015, cuando en manos de Rasic Hermanos entró en crisis y dejó de pagar los sueldos. El Gobierno de Cristina Kirchner habilitó «repros» por $ 4.000, subsidio que fue aumentado a $ 6.000 tras la quiebra en diciembre de ese año.
Recién en abril del año pasado, retomó sus tareas, con un recorte del 30% en los salarios y un tercio de la antigua plantilla, que antes de la quiebra alcanzaba los 3.600 empleados. Ese fue el escenario que eligió Macri para mostrar los resultados de su gestión frente al «desmanejo» de la empresa durante el kirchnerismo.
«Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina», había dicho, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. «Hoy más de 1.000 personas han vuelto a trabajar en esta planta y van a ir multiplicándose de a cientos en los próximos meses», prometió.
Pero los hechos desmintieron ese pronóstico: ya en mayo, retornaron las protestas por el incumplimiento en el pago de indemnizaciones, y en junio, por los aguinaldos. Los despidos de la semana pasada volvieron a echar leña al fuego, y terminaron de congelar las reincorporaciones que venía haciendo a cuentagotas la empresa.
Finalmente, el lunes a la madrugada la planta de Cresta Roja ubicada en el partido de Esteban Echeverría amaneció cerrada. El Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación, por lo tanto los trabajadores deberían haber sido reincorporados. Inmediatamente los obreros cortaron parcialmente la Autopista Ricchieri, para exigir la reincorporación de los despedidos, frente a un importante despliegue de policías bonaerenses y gendarmería.
Los sin techo son como los perritos de la calle
En Mar del Plata el Secretario de Salud, Gustavo Blanco, en referencia a la muerte de una persona en situación de indigencia en dicha ciudad, comparó a los sin techo con «los perritos de la calle»
«Esa gente no se quiere ir a otro lugar, hemos ido diecisiete veces a buscarla. La dejamos en el hospital y vuelve. Como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda».
Estas fueron algunas de las frases dichas por Gustavo Blanco en el programa «Lo que el viento no se llevó», en Radio Residencias. Fue al intentar dar explicaciones por el caso de un hombre que fue hallado muerto de frío.
A nivel local, los funcionarios de Cambiemos no ocultan su desprecio por la clase trabajadora y la población que es condenada a vivir bajo la línea de pobreza, cuyo número viene aumentando progresivamente según los datos que viene relevando el mismo INDEC.
El funcionario también planteó su «alternativa» para el caso: «Habría que comprar una manta térmica». Una verdadera burla.
En las últimas horas, en diversos medios, Blanco salió a decir que «fue una frase desafortunada». La comparación no hace más que pintar de cuerpo entero a estos funcionarios.
CABA: un censo asegura que cerca de 6.000 personas viven en la calle
Según el relevamiento del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, al menos 4.394 mujeres, hombres, trans y niños viven a la intemperie en la Ciudad de Buenos Aires. Las más de 40 organizaciones participantes, contaron con el respaldo del Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General porteñas. La cifra que arroja, es casi seis veces más alta que la reconocida por el Gobierno porteño.
En 2016 se habían contado 866 casos de personas en situación de calle. El lunes 17 el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Corach, había admitido un incremento de un 20%: en estos días, con la llegada de la ola polar y el frío extremo, los casos que se contabilizaron ascendieron a 1.066 personas.
Sin embargo, el «sinceramiento» del Gobierno en esta dramática estadística, quedó muy lejos de lo denunciado por el «censo popular» impulsado por las organizaciones. El trabajo corrió por cuenta de 431 voluntarios durante mayo de 2017, que censaron la población en los 48 barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para los resultados, se contaron las personas que respondieron el cuestionario, tanto como los observados en situación de calle que se negaron a hablar.
Desde el 2010 el Estado está obligado por ley a hacer este relevamiento todos los años y a elaborar políticas ante la problemática. Según las organizaciones que elaboraron el censo, el Gobierno porteño nunca cumplió con esta normativa y este es el motivo por el que decidieron realizar su propio censo.
Según el conteo oficial, en 2016 había 1.066 casos, casi lo mismo que en el 2012 y 2014. El informe presentado por las organizaciones, asegura que el Estado no ignora la situación, si no que «la invisibiliza». La invariabilidad de los casos admitidos por el Gobierno de la Ciudad en los últimos años, no se condice con el deterioro de la calidad de vida y con los índices de pobreza indicados en el último período.
Las cifras
Según el censo popular, 3.800 adultos más 594 niños fueron encuestados u observados viviendo en la calle. También hay 1.478 personas que de noche duermen en los paradores públicos (355) o instituciones que brindan cobijo (1.123). Esto arroja un total de 5.872 personas sin techo. El censo extiende a 25.872 personas el número de ciudadanos que están «en riesgo a la situación de calle».
El 23% de los encuestados refiere que hasta hace un año tenía un techo. El 58% respondió que lleva más de tres años en esa situación.
Al momento de señalar las razones de la situación que los expulsó a la calle, los encuestados indicaron que se debió a problemas intrafamiliares (43 %), que fueron empujados por la situación económica (39 %) y por la falta de contención ante la problemáticas del consumo drogas (10 %).
El relevamiento -que ordena la Ley de Protección de personas en riesgos y en situación de calle votada en 2010- considera en «situación de riesgo» a las mujeres, hombres, niñas y niños que duermen en paradores, en casas recuperadas con sentencia de desalojo o con amparos judiciales, personas institucionalizadas o aquéllas que están en hoteles, al que acceden por el decreto 690. El decreto, sancionado en 2006, estuvo sin actualizarse desde 2013, con un monto de 1.800 pesos. Recién en diciembre del año pasado, por intervención de la Defensoría del Pueblo, se ajustó a 4.000 pesos.
El censo agrega otro dato alarmante respecto del rol del Estado: «El 70 % de las personas entrevistadas relató haber sido víctimas de una o varias formas de violencia institucional o social. La principal fuente de violencia fue institucional, ejercida primero por las fuerzas de seguridad y luego por funcionarios públicos de instituciones y programas estatales de gobierno».
Voluntarios de todas las organizaciones participantes hicieron un barrido territorial durante tres meses que permitió realizar un muestreo completo de los barrios porteños. Cada zona fue recorrida dos veces, una por la mañana y otra por la noche, un día laboral y otro del fin de semana. La metodología del primer censo popular dista mucho del relevamiento realizado en 2016 por la subsecretaría encabezada por Corach, que duró tres horas, en un día con lluvia.
En el informe publicado, los organismos denuncian otras irregularidades que incumple el Gobierno porteño al realizar el relevamiento anual de personas en situación de calle, en falta con la ley sancionada en 2010: no incluye conteo de personas quienes se alojan en forma transitoria en la red de alojamiento nocturno; no releva la totalidad de los barrios de la Ciudad; no incluye a personas en riesgo de calle; no publica los datos en las páginas web a pesar de la «pretendida ‘iniciativa de Datos Públicos y Transparencia'».
¿Por qué no quieren ir a los paradores?
Una de las históricas excusas -utilizadas por funcionarios porteños desde el 2007- es que muchas de las personas en situación de calle no quieren ir a los paradores. Lo que no explican es el por qué, más allá del régimen cuasi carcelario y de no contemplar, en su mayoría, el alojamiento de grupos familiares. «Es la lógica: piensan que a la gente le gusta estar en la calle. Si tenés una ranchada, mínimamente armada, no lo vas a desarmar para ir a un parador en el que al día siguiente no sabés si vas a tener lugar», dice Horacio Ávila, referente de la ONG Proyecto 7. «El Gobierno, en vez de dar esa excusa, tiene que preguntarse por qué no quiere ir la gente, así se construyen las políticas», amplía.
En los paradores, hay plazas fijas limitadas. Algunos son sólo para hombres mayores de 18 años, otros para mujeres con chicos y uno solo (Costanera Sur) recibe a familias enteras. El gobierno porteño tiene 17 paradores y dos hogares propios. Si se suma la red de ONG, en total son 39, y en invierno se agregan cuatro clubes de barrio.
«Hay que romper con los estigmas de la gente que está en la calle sólo porque tiene problemas con las drogas o porque son vagos. Hay que romper con la lógica de que la gente no va a los paradores porque no quiere. Y la gente que quiere ayudarlos nos llama a nosotros, a las organizaciones, porque ya no confía en el Gobierno: saben que los maltratan», dice Ávila.
El maltrato se extiende hacia la otra -ineficiente- política gubernamental para las familias que están a punto de quedar en la calle: los subsidios habitacionales, actualmente de 4.000 pesos mensuales y de un año de duración.
Como bien lo indica la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), desde el 2007 este programa se constituyó en la «única respuesta frente a la problemática habitacional». Uno de esos informes señala que el 33 % de los beneficiarios -se calcula que son cerca de 10.000- logró mantener el beneficio a través de un amparo judicial, el 50 % de ellos con más de cinco años de antigüedad.
Para la Auditoría, «no se cuentan con recursos humanos suficientes para realizar una atención integral a los destinatarios. La población se encuentra cronificada, cuando se les termina el plazo máximo establecido de alojamiento en el Hogar pasan a un parador, del parador a la calle, y así sucesivamente».
Fuentes: Página 12, La Izquierda Diario, Anred, APU, Tiempo Argentino.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.