Capital Humano esconde alimentos, frazadas y medicamentos de alto costo

El referente de la organización Proyecto 7, Horacio Ávila, denunció que esas mantas podrían servir para cobijar a las personas en situación de calle, las que más están sufriendo la ola polar. Desde fines de mayo fallecieron por lo menos 15 personas sin techo en todo el país, en su mayoría por hipotermia. Ávila relató que elevó ese mismo planteo ante distintos funcionarios que responden a Sandra Pettovello, pero hasta ahora no obtuvo respuesta. “No encontramos ninguna explicación para que no las repartan. Es una perversión y una falta de empatía con el pueblo que no tiene precedentes”, sostuvo.

En total, el stock inicial era de 81.861 mantas listas para repartir en invierno. De ese total “habrán repartido, con toda la furia, unas 15.000. Del resto no tenemos ni noticias”, denunció Ávila.

Según figura en esos mismos registros de Capital Humano, al 10 de diciembre había unas 16.500 frazadas de una plaza y 5.998 de dos plazas guardadas en el depósito de Villa Martelli, más otro lote de 41.370 de una plaza en Tafí Viejo, en Tucumán, y otro de 18.000 en el galpón que el ministerio administra en el barrio de Palermo.

El stock de productos de Tafí Viejo a diciembre de 2023: 41.730 frazadas en stock.

“Da mucha vergüenza. Tienen toneladas de alimentos que no quieren entregar, a pesar de que la justicia se lo ordenó. Y ahora se le suma que tiene guardadas las frazadas, en medio de una ola polar y de decenas de muertes”, apuntó el dirigente fundador de la organización Proyecto 7, que se dedica a la problemática desde hace casi dos décadas.

Desde el entorno de la ministra aseguraron que “se están haciendo envíos al sur constantemente de frazadas y abrigos”, con énfasis en la Patagonia. A fines de junio, Pettovello coordinó junto al ministro de Defensa, Luis Petri, la entrega de frazadas y ropa para las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, azotadas por temperaturas extremas. “En los próximos días distribuiremos más”, agregan. 

El operativo conjunto fue realizado el 28 de junio, cinco días después de que se confirmara oficialmente la primera de las muertes en el sur por la ola polar. Fue en Caleta Olivia, Santa Cruz y se confirmó el domingo 23 del mes pasado. Se trataba de un varón de 59 años, Óscar Víctor Quinteros, cuyo cuerpo fue encontrado por sus vecinos en un descampado. La autopsia reveló que sufrió un paro cardiorespiratorio como consecuencia de las bajas temperaturas. 

Ávila desmiente que las mantas se estén entregando según las necesidades del invierno, y recuerda que, en años anteriores, el Estado no sólo repartía mantas –a través de las organizaciones como Proyecto 7 y otras asociaciones de asistencia– sino kits de frío, camperas y colchones, muchos de los cuáles provenían de incautaciones en la Aduana. Los envíos, desde la llegada del gobierno libertario, se cortaron. 

También recuerda que está vigente la Ley nacional 27664 que protege los derechos ese sector de la población, que está en el peor de los mundos. La ley fue sancionada en la pos-pandemia e implementada a medias por el gobierno anterior. El referente sostiene que Pettovello la está desfinanciando: en la última reunión que mantuvo con funcionarios del ministerio, le dijeron que el Gobierno no tiene pensado armar nuevos centros de integración, pero sí construir “más duchas” en los centros urbanos. “Es algo insólito. Por supuesto que cuando nos dijeron eso, nos levantamos y nos fuimos”. 

Por ese tipo de planteos, Ávila fue amenazado de muerte. “Hay una bala en tu nombre”, fue el mensaje que recibió, en su casa, hace apenas unos días.

Desde el comienzo del invierno ya murieron ocho personas en situación de calle sólo en la Ciudad de Buenos Aires. La última se confirmó este jueves a la mañana, sobre Av. San Juan 1619. Se trataba de un varón de entre 60 y 70 años, todavía sin identidad, que no presentaba signos de violencia o heridas en su cuerpo, según el parte policial. 

Pero las muertes por hipotermia en medio de la inasistencia no finalizan en General Paz. Sin frazadas que lleguen del Estado nacional, Salta fue el primero en registrar fallecidos por las bajas temperaturas en mayo. Se trató de dos personas en situación de calle, que murieron sin la posibilidad de hospedarse en refugios y sin el abrigo necesario para soportar heladas de menos de cero grados.

Los casos se repiten en todo el país en el último mes y medio:

·         El padre de Lucas Cárdenas entró en shock cuando encontró a su hijo de 26 años muerto en una casa en construcción, en el cruce de las calles 3 y 4 de Río Gallegos. Los primeros informes de la autopsia hablaron de hipotermia: por esos lares, a las heladas que llegan hasta los menos diez grados también hay que sumarle las ráfagas de viento. 

·         Fernando Guccini Sousa Vieira, camionero brasileño, se congeló en el pasaje Uspallata, cuando demoraba su paso a Chile. 

·         En Mar del Plata hallaron muerta a una mujer NN en situación de calle en plena Plaza Roche. 

·         El crudo invierno en Corrientes se llevó la vida de Ceferino Giménez, un hombre de apellido Coronel y de Eduardo Mario Gil, todos por hipotermia.

·         En la madrugada del sábado, en la Ciudad de Santa Fe, el frío provocó la muerte de una mujer de 59 años que esperaba el colectivo en el barrio Altos de Noriega. 

Ante ese panorama, el Gobierno nacional parece haber dejado en claro una clara directiva: “si tenés frío, jodete”, porque sino no se explica que en el segundo junio más frío de décadas haya más de 65.000 frazadas que juntan polvo en los depósitos de Capital.

Frazadazo

Con una caminata desde el Obelisco a la Plaza de Mayo diversas organizaciones sociales, de Derechos Humanos, políticas, sindicatos y personas en situación de calle reclamaron la declaración de la emergencia para quienes se encuentran en esa situación. Fue después de la difusión de la noticia de que en las últimas dos semanas seis personas murieron a causa del frío en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

“Ayer cerca de las 6 de la mañana encontraron a un hombre muerto en la puerta de un Banco, al 200 de la avenida Callao”, precisó Horacio Ávila, de Proyecto 7 sobre la última víctima en sumarse a la nómina. El titular de la entidad que brinda asistencia a quienes viven en la calle encabezó la columna que transitó la Diagonal Roque Sáenz Peña en la que marcharon representantes de agrupaciones como Liberación Popular, Nuestra América, Barrios de Pie, La Cámpora, ATE y otras organizaciones. También estuvieron presentes el diputado nacional Eduardo Valdés y la legisladora porteña Victoria Montenegro, ambos de Unión por la Patria.

“Estamos pidiendo la declaración de emergencia para que se pueda destinar presupuesto a las personas en situación de calle. Para que los centros de inclusión porteños los reciban espontáneamente y no tengan que llamar a la Línea 108 para que venga un móvil de BAP y los traslade. Ese operativo puede llevar siete u ocho horas en las que una familia o una persona necesitada está a la intemperie”, argumentó Ávila, quien denunció que recibió una amenaza de muerte.

“También estamos pidiendo que el subsidio habitacional reglamentado por el Decreto 690 se convierta en ley. El objetivo es que no sea discrecional”, agregó Liliana, una de las personas que pasa la noche en el centro de integración que gestiona la ONG. “Hace tiempo que estoy en el centro de Proyecto 7. Tengo una cama caliente y dos comidas muy buenas al día. Pero me quiero ir y dejarle mi lugar a otro. Pero no hay trabajo y lo poco que hay no me alcanza para alquilar algo”, suma Francisco, quien se alarma: “Cada vez veo más gente en situación de calle. Y se nota que es gente que no estuvo nunca ahí. Que tiene miedo. Que no está acostumbrada. Incluso mujeres y niñas”.

“La calle no es un lugar para vivir. Y menos para morir”, “Cuántos muertos vamos a aguantar por el frío”, “Morir en la calle no es natural”, “El frío mata”, decían algunos de los carteles que portaban personas cubiertas por frazadas y edredones. En cambio, Rosita, una madre de dos hijos que vive en una casa de la Avenida Entre Ríos 2074, llevaba una cartulina con la leyenda “No a los desalojos”. “Somos 15 familias con chicos, algunos adolescentes discapacitados y personas mayores. El dueño que nos alquilaba se murió y los hijos quieren vender. En el gobierno porteño no nos reciben para plantear nuestra situación y en pocos días nos van a desalojar y vamos a quedarnos en la calle. Vamos a sumarnos a la gente que está allí”, demanda.

Ávila traslada la demanda a números concretos. “Los 44 Centros de Inclusión del Gobierno porteño tienen cupo para unas 4.500 personas, pero nuestra cifra supera las 11.000 personas en esa situación, así que no dan abasto”, apunta el líder de la ONG, quien resalta la necesidad de que en esos lugares se ofrezcan programas para consumos problemáticos de quienes llegan cada día.

“Estoy acá en nombre de un vecino porteño del barrio de Flores que se llama Jorge Bergoglio. Él nos pide que no naturalicemos que la gente viva en la calle”, justificó el diputado Eduardo Valdés, quien marchó codo a codo con los hombres y mujeres en situación de calle. “En estos días con tanto frío necesitamos una solución urgente para que no siga muriendo gente. Que venga del Gobierno porteño, del ministerio de Capital Humano de Nación. En este punto no importa las jurisdicciones. Las personas no son descartables”, enfatizó el legislador, quien comprometió todas las herramientas necesarias desde el Congreso y el tratamiento de los proyectos que busquen proteger a quienes viven en esta situación.

Al cierre del evento se repartieron frazadas, se soltaron globos negros y se repartieron porciones de alimento caliente entre quisieron quedarse a compartirlo.

Organizaciones sociales lanzan la campaña «La peor violencia es el hambre»

Las organizaciones sociales que integran el espacio «Territorios en Lucha» este viernes 19 lanzaron la campaña «La Peor Violencia es el Hambre», con más de 500 ollas populares en el país, cuya actividad central –que tuvo lugar en el Obelisco porteño desde las 15:00– contó con la presencia del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Las consignas de la campaña son #MileiEsHambre, #BastaDeAjuste y #PettovelloFantasma.

«Los datos publicados recientemente por el ODSA–UCA dan cuenta del acelerado deterioro de las condiciones de vida de nuestra población –denunciaron en un comunicado conjunto. El informe muestra que la inseguridad alimentaria en áreas urbanas alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. La imposibilidad de acceder a la comida necesaria, particularmente en los sectores más vulnerables, como las niñeces y los adultos mayores, es responsabilidad directa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En la misma línea, agregan: «es por eso que denunciamos que ‘La Peor Violencia es el Hambre’, y reivindicamos a cada una de las personas que a lo largo y ancho de nuestra querida Argentina continúan manteniendo en pie comedores, merenderos y ollas populares que brindan lo que el gobierno niega».

Las organizaciones que integran el espacio «Territorios en Lucha» son:  FeNaT-CTAA-Libres del Sur-Movimiento Argentina Rebelde MAR-Frente Popular Darío Santillán-Coordinadora Por El Cambio Social: FOL (Frente De Organizaciones En Lucha) – Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional – MULCS (Movimiento Por La Unidad Latinoamericana y el Cambio Social) – Movimiento 8 de Abril – FAR y COPA en Marabunta – FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base, Autónoma) – OLP Resistir y Luchar – Movimiento Juana Azurduy – Arriba Lxs Que Luchan-MST Teresa Vive-FOL – MTD Aníbal Verón – MRP – FOB – MTR Por la Democracia Directa.

En este marco, tras el escándalo por la retención por parte del ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de al menos 5 millones de kilos de alimentos en dos galpones de Villa Martelli y la provincia de Tucumán que eran para 40.000 comedores populares (hecho que incluyó diferentes variantes de corrupción, como sobresueldos y amigos rugbiers ñoquis cobrando salarios del Estado), ahora trascendió que Pettovello se quedó con un lote de mantas y frazadas que heredó de la gestión anterior. Todo esto en un contexto de una fuerte ola polar que dejó, al menos, 15 personas en situación de calle fallecidas en todo el país.

Según una auditoría interna a diciembre del año pasado había 81.861 mantas listas para repartir en invierno. En diálogo con el medio, Horacio Ávila, el referente de la organización Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle, denunció que esas mantas podrían servir para cobijar a las personas en situación de calle, las que más están sufriendo la ola polar. «De ese total habrán repartido, con toda la furia, unas 15.000. Del resto no tenemos ni noticias. No encontramos ninguna explicación para que no las repartan. Es una perversión y una falta de empatía con el pueblo que no tiene precedentes», sostuvo.

Capital Humano esconde información sobre medicamentos de alto costo

El ministerio de Capital Humano negó información sobre el funcionamiento del organismo que debe proveer de medicamentos de alto costo a pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes y necesitan tratamientos especiales para esas patologías. Esos mismos pacientes denunciaron pública y judicialmente la interrupción de la provisión de los medicamentos, lo que incluso causó la muerte de algunos de ellos.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Marino presentó un pedido administrativo de acceso a la información pública (estipulado por ley y de cumplimiento obligatorio para cualquier gobierno) pero nunca obtuvo respuesta. Entonces inició una acción de amparo, pero el resultado fue el mismo: el silencio de la cartera de Sandra Pettovello.

Marino presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo federal una “acción de amparo por acceso a la información pública contra el ministerio de Capital Humano frente a la denegatoria de brindarle datos referidos al funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), siendo que tal dependencia tiene la obligación de asistir a personas que padecen enfermedades graves que no cuenten con los medios económicos para acceder a medicamentos de alto costo”.

El expediente recayó en el juzgado de Esteban Furnari. El diputado Marino explicó que el 16 de abril pasado formuló la solicitud de acceso a la información mediante la página web del organismo. Así, se generó el expediente EX-2024-38655169-APNDNPAIP#AAIP. Vencido el plazo inicial para responder, Capital Humano pidió una prórroga –contemplada en el procedimiento- de 15 días. Ese plazo está largamente superado (desde el 29 de mayo último) y las respuestas siguen sin aparecer.

Marino justificó que “la información solicitada es de suma importancia pública. Diversos medios de comunicación dan cuenta de fallecimientos de personas que no recibieron la asistencia de la DADSE durante el período en que estuvo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano (desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 19 de febrero de 2024)”.

En ese contexto, justificó que “la solicitud se realiza en el marco del derecho de acceso a la información pública y con el propósito de promover la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los servicios de asistencia médica especializada”. La “transparencia” es una de las supuestas virtudes sobre las que cacarea al gobierno de Javier Milei.

El pedido de información pública reclamaba, puntualmente, “detalles sobre el presupuesto asignado a la DADSE para el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y febrero de 2024, incluyendo desglose de gastos y asignaciones presupuestarias; detalle sobre su ejecución; información sobre el personal administrativo y técnico de la DADSE, especificando la estructura organizativa, cargos y responsabilidades; Descripción de los procedimientos y protocolos utilizados por la DADSE para evaluar y aprobar la entrega de medicamentos y asistencia médica especializada a los beneficiarios; estadísticas y datos cuantitativos sobre la cantidad de beneficiarios atendidos por la DADSE durante el período mencionado, discriminando por tipo de enfermedad y tratamiento otorgado; documentación relativa a las políticas internas de control y evaluación de la calidad de los servicios prestados por la DADSE; y cantidad de amparos presentados por personas que requieren asistencia de la DADSE y respuestas del ministerio de Capital Humano ante dichos amparos”.

Marino precisó en la acción de amparo que “la denegatoria injustificada a brindar información sobre el funcionamiento de la DADSE durante el tiempo que se encontró bajo la órbita del ministerio de Capital Humano reviste una gravedad mayor teniendo en cuenta que es de público conocimiento que la actual gestión de dicho Ministerio tomó resoluciones administrativas y promovió acciones judiciales referidas a dicho organismo, es decir que no puede alegar que ‘aún no se encuentra aprobada en su totalidad la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de los ministros que tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación; todo lo cual -con el cúmulo de tareas que deriva el traslado de nuevas áreas y competencias, dificulta la tarea de reunir la información solicitada’”.

Capital Humano –añade el escrito de inició del amparo- no garantizó la estructura de funcionamiento “para operativizar e informar públicamente sobre la asistencia a las personas con enfermedades graves, pero sí cuentan con la estructura operativa para tomar decisiones administrativas suspendiendo el funcionamiento de la DADSE y para elaborar denuncias carentes del sustento jurídico suficiente como para ser consideradas válidas por el Poder Judicial”.

“Se trata de información que hace al derecho a la salud y a la vida de las personas, siendo la DADSE un organismo que asiste a personas con enfermedades graves que carecen de los medios económicos para sustentar medicamentos de alto precio, y que por lo tanto debería, dicha información, ser parte de la actividad cotidiana del sujeto requerido, en caso de que efectivamente esté cumpliendo con sus obligaciones legales”, subrayó.

Horas antes de la feria judicial, el fiscal Miguel Ángel Gilligan dictaminó que el juez Furnari es competente para entender en la acción judicial. El expediente volverá a quedar en tratamiento después del receso judicial invernal. Todo parece indicar que, hasta entonces, al menos, persistirá el silencio.

El Gobierno deberá continuar la entrega de alimentos

En el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Walter Lara Correa, del Contencioso Administrativo, hizo lugar a una solicitud contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la causa por alimentos, pero le pidió no discontinuar su metodología.

Estableciendo como “representante adecuado” de fiscalización al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el magistrado le ordenó garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los comederos y merenderos comunitarios. Asimismo, consideró que la cartera del Gobierno “no innove respecto de los planes y programas” referidos a la distribución de alimentos, que “deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.

A pesar de su fallo, la Justicia interpreta que no obstaculiza “las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho”.

Finalmente, el magistrado explicita que no imposibilitará ningún tipo de auditoría a “comedores y/o merenderos”, pero solicita al Ministerio de Capital Humano la presentación de “un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos, que tiene por finalidad la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada”.

En su cuenta de X, el dirigente Juan Grabois compartió la noticia sobre el fallo y sentenció: “Otro freno de la justicia al plan de miseria planificada”. Además, explicó que el fallo implica la “inmediata restitución de la provisión de alimentos a los comedores comunitarios a través de todas las asociaciones que venían realizándolo”.

El fallo se da tras la decisión de Casación de mantener la cautelar en la causa en la que se investiga a Sandra Pettovello.

Al mismo tiempo, el dirigente de Argentina Humana detalló que esto “no impide el correcto ejercicio de poder de auditoría a los comedores, pero es claro en cuanto no se puede generalizar y desabastecer al conjunto por las irregularidades que se detecten en unos pocos”. Y agregó: “Es una nueva victoria jurídica que esperamos que el gobierno acate. (…) sino incurrirían en un nuevo hecho de incumplimiento de deberes de funcionario y eventualmente desobediencia”.

A su vez, afirmó que “la medida cautelar es un paso importante para que se cumplan las partidas presupuestarias ya asignadas por los programas de alimentación a través de los comedores y se ejecuten los fondos entregados por el Programa de Naciones Unidas”.

“Esta decisión judicial llega en un contexto en el que, según los propios datos oficiales, la pobreza aumenta y el empleo cae y se vuelve más precario”, destacó Grabois.

El drama de los cartoneros por las agresiones de la Policía de la Ciudad

La escena se hizo rápidamente viral. En el centro, Marcelo Acosta a los gritos. Alrededor hay al menos diez policías que se quieren llevar su carro, la herramienta de trabajo que le permite juntar el cartón necesario para llegar al final del día con los 5.000 pesos que le permitan llenar la olla. Así lo relató el propio Acosta, quien además denunció que es cada vez más frecuente este hostigamiento por parte de la Policía de la Ciudad. 

Entrevistado por Diego Brancatelli, Acosta contó que recién una semana después del hostigamiento por parte de la policía porteña pudo volver a trabajar. Pero no del todo. “No puedo estar tranquilo. La situación es la misma. Salís a la calle y ellos hacen lo que quieren con los laburantes”, explicó y apuntó a la fuerza de seguridad porteña y las autoridades. 

“Yo me levanto a las 7 de la mañana. Llevo a mis hijas a la escuela. Salgo a trabajar. Estoy todo el día trabajando en la calle. Después voy a buscar a mis hijas a la escuela. Estoy con mi familia en la casa. No soy una persona solitaria como dicen ellos”, se defendió ante las insólitas declaraciones Acosta. Al tiempo que denunció que la actitud controversial es la de la propia policía: “El otro día quisieron venir a tratarnos como animales a nosotros cuando ellos vinieron como animales a atacarnos”.

Para Acosta, la agresión ocurre en un contexto de recurrentes ataques, que se repiten no sólo a quienes trabajan juntando cartón y plástico, sino también a quienes viven en la calle. “Hacen lo que quieren”, se indignó. 

El lunes, en una entrevista radial, el secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz, dijo que “la cabeza del cartonero ya de por sí es distinta al resto de los ciudadanos por su tipo de trabajo”, al tiempo que pidió a los vecinos porteños que no entreguen alimentos a quienes viven en la calle: “Si le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodás en la pobreza y es un circuito no virtuoso”, afirmó. 

Organizaciones sociales exigirán el cumplimiento de los convenios de obra pública

Las organizaciones sociales de Neuquén anunciaron, en conferencia de prensa, una jornada de lucha el jueves 11 y viernes 12 sobre los puentes que unen las ciudades de Neuquén y Cipolletti y diferentes puntos de la provincia. Reclaman al gobierno de Rolando Figueroa el cumplimiento del compromiso asumido de generar puestos de trabajo genuinos a través de convenios de obra pública.

“De unas 30 obras que se prometieron en abril pasamos a unas 7 primero y de esas, solo se firmaron 2. Hace 15 días nos reunimos con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y se comprometió a firmar las otras 5 obras. Al día de hoy no hubo ningún avance”, denunció Diego Mauro, dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha.

A pesar del incumplimiento del gobierno de la provincia, las organizaciones sociales comenzaron a realizar los primeros trabajos a partir del 1° de julio.

También reclamarán sobre las rutas la asistencia para los comedores en el interior. Explicaron que se reunieron con funcionarios hace dos meses en Zapala y San Martín de los Andes y aún no hay ninguna respuesta. “El gobierno es rápido para anunciar las obras, para hacer el famoso RIGI neuquino, pero no puede solucionar la firma de cinco convenios de obras para dar trabajo a los compañeros y compañeras de las organizaciones”, denunció Mauro.

Las organizaciones, aseguraron que detrás del incumplimiento de los acuerdos de obras, hay un plan de ajuste. “El gobierno aumenta la recaudación en la provincia producto de los récords de producción de petróleo y gas, pero no se destina a la construcción de escuelas, hospitales y regularización de barrios populares”.

“Luchar no es delito”

Bajo esta consigna, distintas organizaciones sociales convocaron a una conferencia de prensa el martes 16 de julio, a las 9:00, frente a la Casa de Gobierno de Neuquén. Fue para manifestar su enérgico rechazo a los “allanamientos y detenciones de 10 compañeras, ejecutadas por la justicia provincial bajo las órdenes del gobierno de Rolando Figueroa, que se suma a la política de persecución y criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei – Patricia Bullrich”.

“Denunciamos las vejaciones y violencia de los allanamientos, ya que fueron realizados a espacios y comedores populares, dejando destrozos en domicilios particulares. Asimismo, denunciamos especialmente el carácter de las detenciones, las cuales fueron dirigidas a compañeras mujeres, cuando somos nosotras las que sostenemos los comedores populares y somos mayoría en las organizaciones sociales. Se trata, de una clara señal de violencia estatal. Rechazamos las acusaciones del gobierno y la justicia, las cuales buscan criminalizar las organizaciones populares con la pretensión de que las políticas de ajuste de Milei y Figueroa tengan curso. Llamamos a las todas las fuerzas y organizaciones de lucha y democráticas a sumarse a la conferencia de prensa para decir: luchar no es delito, libertad a los presos Políticos, basta de criminalizar la protesta social. Abajo las causas armadas y el ataque al derecho a luchar”, expresaron las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran: FOL- Polo Obrero – FOL Unidad. CTEP- FPDS UTEP – FPDS- MST Teresa Vive – MTE- FPDS Corriente Plurinacional, Aten capital, Aten Plottier, Sindicato Ceramista, Gremial Interna Banco Nación, Unter Cipolletti, APUNC, María Victoria Sachadwill, Sec. Gral. Asociación Personal UNMdP, CTA Autónoma seccional Cutral-Co – Plaza Huincul, Minoría Adunc Neuquén, CeProDH, FUC ( Federación Universitaria del Comahue), CETRASO, CEHUMA, Centro de estudiantes de Ingeniería, Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, Centro de estudiantes Ciencias de la Educación y Psicología, CEFEA, Centro de estudiantes del ISFD N°6, Marabunta- APCA, Partido Obrero, Gabriela Suppicich, Diputada Provincial FIT-U, PTS- Andrés Blanco, diputado provincial PTS FIT-U, Izquierda Socialista, MST, Concejal Priscila Otton, Descamisados, Nuevo MAS, Jubilados Insurgentes, POR, PSTU, Frente de Unidad Docente – Unco-Fadecs; Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social MULCS; ATE Río Negro; CTA Autónoma Río Negro.

¿Qué dijo el Ministerio Público Fiscal de Neuquén sobre los allanamientos?

Las detenidas pertenecen a Libres del Sur. al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la cooperativa Viento Sur.

También precisaron que buscan verificar si «la comida que el Estado asignó para su utilización en comedores a cargo de las organizaciones tuvo ese destino y si las organizaciones se quedaban con porcentajes de planes sociales asignados a sus beneficiarios».

A raíz de este operativo, a primera hora del viernes, dos integrantes del FOL fueron detenidas. «No sabemos nada. Lo único que tenemos claro es que la Justicia se llevó presos a compañeras, es todo lo que sabemos», dijo el referente del FOL, Diego Mauro, en RADIO RÍO NEGRO esta mañana.

Soledad Urrutia, integrante de CTEP, confirmó que se trata de dos mujeres y que las detuvieron durante operativos en sus casas particulares. Una de ellas es Gladys Aballay referente de Libres del Sur y estaría en la comisaría 1 de Neuquén.

A las 11. 20, el número de militantes detenidas escaló a 10 según manifestaron las organizaciones sociales. En ese momento los referentes de la CTEP, Polo Obrero, FPDS, Corriente Plurinacional, FOL, MTE, FOL Unidad, FPDS UTEP, MST Teresa Vive y FPDS, se dirigieron a la comisaría 1 para exigir la «liberación inmediata».

En dialogo con Diario RÍO NEGRO, Cesar Parra, explicó que pudieron hablar con los militantes detenidos y corroboraron «que se encuentran en buen estado de salud». Sobre las detenciones dijo «no nos sorprende, esto es algo nacional, la policía debería estar en los barrios combatiendo a los narcos».

Según trascendió, las detenidas estarían liberadas en los próximos minutos, «uno de los jefes del operativo va a ajustar los tiempos porque, así como fueron rápidos para allanar deberían ser rápidos para liberarlas», dijo Angelica Lagunas.

¿De qué se trata la causa?

En 2023, el gobierno de Neuquén acusó de haber malversado los fondos que se le habían otorgado por convenio a el Polo Obrero, FOL, FPDS UTEP, FOL Unidad, FPDS y Territorio Evita, organizaciones que están nucleadas a través de la cooperativa Viento Sur Ltda.

El ministro de Trabajo, Lucas Castelli, afirmó en ese momento que, por dicho acuerdo hecho en la gestión anterior, recibieron “1.177 millones de pesos en concepto de aporte no reintegrable destinado a generar capacitaciones y, hasta la fecha, no se tiene un conocimiento certero de qué se realizó y hay inconsistencias con las rendiciones”. Llegó a decir que en los recibos figuraba la compra de una camioneta, chorizos e indumentaria.

Las organizaciones calificaron esas expresiones de “falsas” y le reclamaron al ministro, vía carta documento, que se rectifique o que presente pruebas de los dichos.

Allanan locales del MTR Histórico

Desde la organización relatan que el miércoles 10 de julio, desde las 8:30 y hasta las 18:00 fueron allanados dos de sus locales orden del juez federal Luis Armella de los Tribunales de Quilmes. Durante el operativo fue detenido Osvaldo Vázquez, integrante del MTR, acusado de tener un arma de uso civil sin registrar.

Desde la organización detallan que la acusación de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, es por presunto fraude al Estado Nacional y para que la Prefectura Nacional constate si los alimentos que reciben de Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Florencio Varela están en condiciones.

“Pettovello desde que asumió que no entrega un grano de arroz, pero sí tiene tiempo para ‘preocuparse’ del estado de los alimentos que nos llegan del ministerio de Desarrollo Social de Provincia como del Municipio de Florencio Varela. Eso sin contar con que hace 7 meses tiene guardados pudriéndose alimentos en los galpones que ella administra”, afirman desde el MTR Histórico, al tiempo que aseguran: “Por supuesto que lo de fondo es el ataque a las organizaciones del campo popular que enfrentan su política hambreadora. Con motivo de esos allanamientos fue detenido el compañero Osvaldo Vázquez, miembro de la Organización, acusado de tener un arma de uso civil sin registrar. Es por ello que exigimos su inmediata libertad como el fin de los allanamientos y persecución contra las organizaciones populares”.

“El Gobierno quiere aterrorizar a la gente que va a un comedor”

El dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, condenó los 24 allanamientos que hizo la Justicia en comedores populares de organizaciones sociales y aseguró que la intención del Gobierno de Javier Milei es “aterrorizar” a la gente para que no reclame ni se manifieste.

El miércoles 10, en la Zona sur del Conurbano bonaerense, los operativos fueron realizados por el ministerio de Seguridad mediante personal de Prefectura Naval.

Durante los operativos se secuestraron alimentos almacenados en los respectivos galpones de movimientos sociales, algunos de ellos vencidos, por lo que se notificó a Bromatología y se notificó al ministerio de Capital Humano. 

Belliboni señaló que “no hay acopio” tal como lo intenta instalar el Gobierno, ya que “casi no hay alimentos en los comedores populares, porque el Gobierno de Milei escondió los alimentos durante 7 meses”.

“Hay tres jueces federales actuando sobre organizaciones sociales que combaten el hambre, no desde ayer, no desde el Gobierno de Milei, desde hace años. Parece que fuéramos el crimen organizado. Debe haber habido ya 50 allanamientos”, lamentó.

“Hay una criminalización de las organizaciones sociales que hoy tiene a cuatro personas detenidas desde el 12 de junio”, enfatizó.

“Acá está clara la intención del Gobierno, que es aterrorizar a la gente que va a un comedor popular para que no reclame”, sentenció.

“Estamos con mucha bronca con lo que está sucediendo porque hay una política represiva, criminal, que pretende que el ajuste brutal que estamos sufriendo pase sin que nadie proteste”, cerró. 

Organizaciones ambientalistas rechazaron el discurso presidencial

Más de 50 organizaciones ambientalistas expresaron, en un documento distribuido el miércoles 10, el rechazo al discurso del presidente Javier Milei “a favor de la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental”.

Las organizaciones firmantes, entre ellas FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), Fundación Ambiente y Medio, Alianza x el Clima, CAUCE (Cultura Ambiental Causa Ecologista), Conciencia Solidaria, señalaron el “más profundo rechazo al discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en ocasión de la firma del denominado Pacto de Mayo, en el que instó a los gobiernos provinciales a avanzar en la explotación de los recursos naturales sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil”.

Javier Milei durante su discurso del martes con motivo del Día de la Independencia en Tucumán, llamó “minorías ruidosas” a las organizaciones ambientalistas, y aseguró que uno de los puntos del Pacto de Mayo será la explotación de los recursos naturales lo cual permitirá la generación de riqueza. Desde las organizaciones ambientalistas denunciaron que esta es una “premisa ya superada hace más de cincuenta años en todo el mundo debido a los impactos negativos que genera la destrucción de los ecosistemas en la calidad de vida de la población (y que) la explotación descontrolada de los recursos naturales genera más pobreza y demanda más recursos del Estado para paliar las crisis sociales y ambientales que ocasiona”.
Además, consideran, que tales afirmaciones presidenciales corresponden a un “un mundo que ya no existe”, ya que, en términos internacionales se apela a “una mayor responsabilidad en términos sociales y ambientales”, debido a las obligaciones que los gobiernos asumieron ante la firma de acuerdos bilaterales y tratados multilaterales. “No es posible pensar hoy el desarrollo de un país sin considerar la huella social y ambiental del aprovechamiento de los bienes que éste ofrece al mundo”, remarcan.

Asimismo, subrayaron que colocar a las organizaciones ambientales como adversarias al progreso “marca un rumbo equivocado”, porque “los defensores del ambiente en los territorios juegan un papel clave en la protección del suelo, el agua, la biodiversidad, los bosques nativos, los glaciares, los humedales, los ríos, el mar, las turberas, los acuíferos, las montañas, los paisajes, los valores culturales y la naturaleza. Sin estos ecosistemas, sin ambiente, no hay progreso posible”.

Finalmente, señalan que “a 40 años de la recuperación democrática y a 30 años de la última Reforma constitucional, Argentina necesita un pacto social y ambiental. Pero no cualquier pacto, sino uno que proponga vivir en armonía con la naturaleza y que nos lleve a un verdadero desarrollo, que contemple a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras que heredarán nuestro país y nuestro planeta”.

“No hay ninguna perspectiva de generar empleo ni registrar al trabajo de la economía informal”

Por Laura Vales

Este miércoles, los movimientos sociales realizaron un nuevo Feriazo frente al Congreso en reclamo de políticas de fortalecimiento para los trabajadores de la economía popular. La UTEP volverá a planteará allí su rechazo a la Ley Bases y el Pacto de Mayo. 

La UTEP salió a cruzar al Gobierno, luego de que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el vocero presidencial Manuel Adorni aseguraran que con el Plan Volver al Trabajo, que reemplazó al Potenciar, “hubo un cambio cultural en la búsqueda de capacitación y oportunidades laborales”. Es que el argumento oficial es que están haciendo las cosas tan bien que ya se re empadronaron “voluntariamente” 600.000 beneficiarios. Sin embargo, la UTEP aclaró que las personas se anotan para seguir cobrando, como lo hicieron en todos los reempadronamientos, y planteó que hasta ahora lo único que hizo el Gobierno fue abrir una página en internet. “Lo que está ocurriendo es totalmente al revés de lo que dicen, los trabajadores cada día están peor y no vemos ninguna intención ni ninguna perspectiva de generar empleo registrado y mucho menos de registrar el trabajo que se desarrolla en el marco de la informalidad”, señaló Johanna Duarte desde la organización.

Este miércoles, la Utep realizó un Feriazo frente al Congreso, a partir de las 9 de la mañana, para mostrar los trabajos de la Economía Popular y reclamar políticas para su fortalecimiento. Allí comercializarán verduras, panificados y confecciones de sus polos textiles, entre otros productos. En el Feriazo pasado, que se realizó antes de la sanción de la Ley Bases, participaron también bloqueras, cooperativas que trabajan en la urbanización de barrios populares, cuidadoras de jardines comunitarios e integrantes de comedores y merenderos. Estos emprendimientos y espacios de cuidado han sido desfinanciados en la gestión de Milei, que con Sandra Pettovello como ministra de Capital Humano redujo a su expresión mínima las obras de urbanización, le quitó fondos a los Espacios de Primera Infancia -incluso a los que contaban con financiamiento de organismos internacionales-, suspendió la compra de guardapolvos a los polos textiles y sigue sin enviar alimentos a los comedores.

El lunes 8, el secretario de Trabajo Cordero anunció que 600.000 titulares del ex Potenciar se re empadronaron en el nuevo programa, y lo consideró una muestra de “un cambio cultural” en el que ya no habrá “intermediarios” -el modo en el que el libertarismo considera a las organizaciones barriales. Cordero añadió que “los beneficiarios de programas sociales están activamente buscando mejorar sus competencias laborales para ingresar al mercado formal”.

A su vez, el vocero Manuel Adorni dijo que el programa “representa una oportunidad de empleo” y que las inscripciones “demuestran que el aumento de los planes no ha sido culpa de la gente sino de los políticos que han querido siempre vivir de ellos”.

Los medios afines al mileísmo apuntaron incluso que el gobierno está “sorprendido” con la buena respuesta y que “crece el interés de las empresas” en dar empleo a quienes se capaciten.

Pero la registración en el programa Volver al Trabajo es obligatoria para poder seguir cobrando el antiguo Potenciar y no tiene nada que ver con que haya un shock de confianza sobre que por fin el gobierno ha creado un camino desde los planes sociales al empleo formal, cuya falta, lamentablemente, responde a cuestiones estructurales y que no dependen del deseo o las ganas que le ponga quien cobra un plan social.

“El gobierno intenta instalar que hoy ‘gracias a que ha terminado con los intermediarios’, los trabajadores tienen mayor libertad y que a partir de eso se avanzará en la línea de generar empleo. La realidad es que no hicieron nada más que una plataforma donde los compañeros tienen que cargar sus datos. Mientras tanto, hay una situación de mucha complejidad entre los trabajadores de la Economía Popular, porque obviamente al estar congelado su salario en 78.000 pesos es muy difícil vivir. Los polos textiles están muy perjudicados por la apertura de las importaciones, y también los cartoneros con la cuestión del precio del cartón, que cayó y encima se empezó a importar. Obviamente que hay un enorme retroceso”, sostuvo Duarte.

“La actividad no solamente va a tener el perfil de un Alimentazo, sino que la idea es poder plantear también las consecuencias de la Ley Bases y el Pacto de Mayo, con la entrega de los recursos naturales y la pérdida de la soberanía”, agregó.

Las trabajadoras de comedores y merenderos van a servir en el Feriazo una chocolatada. Las cocineras, que durante la pandemia demostraron lo esencial del trabajo socio-comunitario, hoy tratan de dar respuesta al aumento de la indigencia y vienen pasándola mal. El gobierno no sólo dejó de enviarles alimentos a las organizaciones sociales, sino que inició además una campaña judicial y mediática contra los comedores. “Allanaron a compañeras que, en medio de esta gravísima crisis, abren las puertas de su casa para dar de comer en un barrio popular”, señaló Andrea Flores, de Somos Barrios de Pie.

Este movimiento lanzó la semana pasada una Escuela de Cuidados Comunitarios, para dar respaldo a las trabajadoras del sector y sostener la discusión pública sobre el tema. “Las trabajadoras socio-comunitarias, si bien han logrado hacer visible que existen y la importancia de lo que hacen, no tienen reconocimiento económico. Durante la pandemia consiguieron un bono de 5.000 pesos, que luego no fue actualizado. Desde diciembre todas las políticas de cuidado pasaron a ser desmanteladas, los comedores y merenderos son más necesarios que nunca: hemos hecho relevamientos que nos muestran que en los barrios populares 6 de cada diez personas sufren de inseguridad alimentaria severa, como también lo vienen planteando el Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, y Unicef”. 

FUENTE: Página 12

Repudio de Libres del Sur al pacto firmado con Milei en Tucumán

En primer lugar, porque los diez puntos constitutivos del mismo, más allá que sus definiciones sean genéricas, representan sin lugar a dudas el ideario de la derecha liberal y antipatria de nuestro país. La misma que ya los llevó a la práctica en los gobiernos de la Dictadura, Menem y Macri; principales responsables, por lejos, de nuestra decadencia nacional desde 1976 a la fecha.

En segundo término, porque se firma un acuerdo con un gobierno como el actual, responsable de profundizar a niveles inéditos la pobreza de la mayoría de nuestros y nuestras compatriotas; por la vía de un enorme traslado de ingresos a los más ricos, a los Bancos y grandes empresas. Conculcando para ello todo tipo de derechos y conquistas y argumentando que la justicia social es una “aberración”.
De una administración que se dispone, una vez más, a la entrega de nuestros recursos naturales a la voracidad de las multinacionales. Que busca desindustrializar el país, destruyendo producción y empleo nacional al abrir la economía como hizo Cavallo. Y que esgrime las armas represivas del Estado contra todo el que proteste por las políticas y medidas antipopulares que se despliegan.
De un gobierno que en nombre de la “libertad” ataca la educación, la salud y la ciencia públicas. Que se dedica a insultar y amenazar a los artistas, profesionales, intelectuales y periodistas, que lo contradicen o desenmascaran. Que muestra abiertamente su reivindicación de la Dictadura militar, negando sus crímenes e intentando frenar la búsqueda de los bebés y niños/as apropiados por los bárbaros.
Finalmente, es un Pacto para lavarle la cara a un infame presidente que si pudiera regalaría Las Malvinas a los ingleses. Que establece “relaciones carnales” y de subordinación a los EE UU. Que se precia de ser amigo y aliado de la más despreciable y retrógrada derecha mundial y, al mismo tiempo, insulta y desprecia a gobiernos progresistas de la región y del mundo.
Por todo ello nuestro repudio y rechazo a lo que se acaba de firmar en Tucumán.

La Argentina necesita, efectivamente, de hace tiempo ya, un pacto de unidad nacional; que siente las bases para la recuperación del país. Pero que esté en las antípodas de este que se acaba de rubricar.
Debe ser un acuerdo para el desarrollo productivo sustentable de nuestra nación. Que conlleve además igualdad, justicia y movilidad social ascendente. Con un Estado fuerte y eficiente que intervenga en la economía para controlar a las dañinas fuerzas del “mercado”; defendiendo e impulsando la producción nacional, cuidando y generando empleo, evitando el saqueo de nuestras riquezas para que puedan ser usadas en beneficio de los argentinos/as.
Un pacto que desconozca por fraudulento el actual acuerdo con el FMI, que drena y drena renta nacional hacia los usureros del mundo; los que, encima, nos imponen lo que debemos hacer en función de sus intereses y no de los nuestros. Como así también para llevar adelante una reforma impositiva progresista, donde paguen más aquellos que más tienen; de manera que las cuentas públicas cierren sobre sus espaldas y no sobre las del pueblo.
Que garantice federalismo en serio, no para la galería mientras se les recorta recursos a las provincias. Donde se industrialicen en origen nuestros recursos naturales y se apoye a las economías regionales, para lograr un crecimiento armónico de la nación toda. Contemplando el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con presupuesto adecuando y vigoroso apoyo estatal, si queremos acercarnos realmente a los niveles mundiales y no atrasarnos y subordinarnos en ese terreno cada vez como pretende Milei.
Un acuerdo entre todas las fuerzas nacionales, populares y progresistas para que la sociedad participe de la solución a los problemas nacionales; y no sea convidada de piedra en acuerdos espurios como el de Tucumán, que va manifiestamente en contra del país y la mayoría de su gente.
Donde el compromiso de los firmantes sea que se mantenga profundo el repudio a los crímenes de la Dictadura y flamee bien alto la bandera del Nunca Mas, con Memoria, Verdad y Justicia. Desterrando la política de represión a la protesta social de una vez por todas.
Como así también de tener una sociedad en el que cuidar el ambiente sea una verdadera prioridad. País en el que, además, sean inalienables y ampliados cada día los derechos de las mujeres y a la diversidad sexual.
Un acuerdo que respete a raja tabla el acta de nuestra Independencia: “Ser libres de toda dominación extranjera”. Que significa, en definitiva, ser una nación soberana en serio y no de palabra. Para defender y promover la unidad latinoamericana, para hacer acuerdos con las naciones que nos convenga sin aceptar las presiones de las poderosas, para defender las causas justas en este mundo tan injusto. Para decir bien fuerte que Las Malvinas son argentinas y que la Patria no se vende.

FUENTES: Página 12, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, ANRed, Red Eco Alternativo,Somos Télam

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