El Gobierno argentino de Alberto Fernández y el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras año y medio de negociaciones, cerraron el acuerdo para refinanciar el préstamo que adeuda el país por 45.000 millones de dólares, tras ceder a un mayor aumento de tarifas de luz y gas que implicarán un golpe al bolsillo popular.
El acuerdo será sometido al análisis del Congreso y después debe ser ratificado por el directorio del organismo internacional, mientras movimientos sociales y de trabajadores realizan marchas y acampes contra el acuerdo con el FMI y a favor d una consulta popular sobre el mismo.
El mismo FMI monitoreará el ajuste en curso y condicionará al país para entregar los desembolsos trimestrales. De esta manera, el gobierno avaló la estafa de la deuda tomada durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri y el país quedó sometido al Fondo por -al menos – una década. Argentina sufre una inflación anual de más de 50 por ciento, una de las más altas del mundo.
El nuevo trato consiste en un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que incluye 10 revisiones por parte del FMI, que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. Elacuerdo e incluye más ajuste fiscal, e implicará un mayor deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Argentina se comprometió con su acreedor a reducir su déficit fiscal de 3 por ciento del PIB actual a 0.9 por ciento en 2024.
Este «Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el FMI», sustituye el programa Stand-By (de contingencia), suscrito por la entidad multilateral y el Ejecutivo precedente de Mauricio Macri (2015-2019) en 2018. Entonces, el FMI acordó desembolsar 56.300 millones de dólares, de los cuales al final se giraron 45.000 millones de dólares, ya que el actual presidente, Alberto Fernández, desistió de recibir el resto del crédito al asumir en diciembre de 2019.
Cuando se apruebe, permitirá reprogramar los abultados vencimientos que enfrenta Argentina: 19 mil millones de dólares previstos este año y otros 20 mil millones en 2023, un horizonte que el gobierno considera imposible de cumplir.
Con el nuevo acuerdo ya finalizado, el Poder Ejecutivo enviará al parlamento el proyecto que incluye como anexos todos los documentos que conforman el convenio: el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, que –según el ministerio de Economía- «permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”.
Este tipo de acuerdo es el más duro de las opciones del FMI en términos de condicionalidades. Por lo general, incluye contrarreformas laborales, previsionales y tributarias. El pacto incluye 10 revisiones que se realizarán trimestralmente durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará después de la aprobación del Congreso y del directorio del FMI. El resto de los pagos se realizarán después de que el organismo internacional audite al país. Se empezará a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
El gobierno cedió a la exigencia del FMI y el aumento de las tarifas de luz y gas será mayor al 20%, con la eliminación de subsidios y de la tarifa social para los sectores más pobres. Se estima que habrá un aumento del 20% para los que tengan tarifa social, otro sector pagará 42 % más y el 10 % de más ingresos triplicará su factura.
Como parte del sendero de reducción del déficit primario, el gobierno también se comprometió a frenar la emisión monetaria del Banco Central. El acuerdo con el FMI establece un freno la asistencia monetaria al Tesoro, que en 2021 implicó una emisión de pesos por el equivalente al 3,7% del PBI. El gobierno acordó que este año podrá recurrir a la asistencia
Es una de las pautas más exigentes, teniendo en cuenta que la asistencia monetaria del BCRA resultó en 2021 el principal mecanismo del Tesoro para cubrir sus necesidades de gasto. Con un tope al 1% del PBI, se obliga al gobierno a conseguir financiamiento en el mercado de deuda (con aumentos en la tasa de interés) o en organismos multilaterales.
El FMI insistió en la necesidad de que el país ofrezca tasas de interés reales positivas, es decir, que estos valores se ubiquen por encima de la inflación. De esta forma, buscan estimular el ahorro en pesos y desalentar la demanda de dólares. Hace algunas semanas, el BCRA ya comenzó a avanzar en esta dirección.
Las reservas del Banco Central esotra de las metas explícitas del acuerdo. La pauta para 2022 es que las reservas del BCRA crezcan en cinco mil millones de dólares, y para eso se contemplarán préstamos de organismos multilaterales y se utilizarán los fondos que el FMI desembolsará trimestralmente.
El acuerdo establece que continuará el ritmo de devaluaciones diarias, sin salto devaluatorio. El comunicado emitido por el FMI se refiere a “políticas para mantener un tipo de cambio efectivo real competitivo en el contexto del régimen de paridad móvil’ (‘crawling peg’). El fortalecimiento de las reservas busca propiciar la estabilidad cambiaria y de allí la intención de ampliar el swap con China por tres mil millones de dólares que anunció Alberto Fernández.
El documento señala que el contexto internacional –considerando la guerra en Ucrania- es adverso e impactará en la Argentina entre otras cosas por el aumento de la energía y es posible que presione al aumento de tarifas o de mayores subsidios.
Asimismo, reconoce que la inflación es un fenómeno y que «la condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgue al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas. El Fondo exigió disminuir la emisión monetaria como si se tratase de la única causa que genera inflación.
La evidente contradicción es que las propias exigencias del Fondo como las de aumentar las tarifas y subir el dólar oficial acelerarán la suba de precios. La inflación provoca un deterioro del poder de compra del salario, ya castigado en los últimos años, y licúa las partidas presupuestarias como jubilaciones, salarios públicos, salud.
Según el comunicado oficial «el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas». Es decir, que no habrá una devaluación fuerte, pero sí subirán el dólar a un ritmo mayor que el año pasado. Obviamente, ésto impactará en los precios.
En relación a las jubilaciones, “el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional. Por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la ley 27.609”, sostiene el comunicado.
Pero, el Gobierno ya ajustó la fórmula previsional que redujo los aumentos jubilatorios y los jubilados y jubiladas perdieron un 6 % promedio en sus ingresos, medido en términos reales. Desde 2015 a esta parte, las jubilaciones perdieron, en promedio, un 23 %, también medido en términos reales.
El documento señala que se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal” y los objetivos son “lograr un déficit primario del 2,5 % del PIB en 2022, cayendo al 1,9 % del PIB en 2023 y al 0,9 % del PIB para el 2024, reducción que será posible por el aumento de los ingresos públicos y no por el ajuste de partidas, pero las proyecciones de crecimiento de Argentina son descendentes.
La pregunta obvia es cómo aumentaría la recaudación. En 2021 el gobierno ya hizo un ajuste, recortando jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales, para acordar con el Fondo, y seguramente se profundizará el ajuste este año.
Ilan Goldfajn, director para las Américas del FMI, declaró en Washington que está confiado en el éxito del acuerdo porque se basa en metas realistas. Tiene un enfoque pragmático y se trata de un programa que le pertenece a las autoridades. Es una propuesta que puede cumplirse, es realista, y producto del aprendizaje de experiencias anteriores, indicó .
Desde el Grupo Callao, el núcleo duro del albertismo, aclararon que «no fuimos a buscar ese préstamo, es algo que nos tocó arreglar y que lo hicimos con una actitud de negociación férrea, que nos permitió llegar a un acuerdo que tiene tres elementos clave».
Esos elementos son: que el acuerdo generará un alivio financiero que permitirá continuar con la reactivación iniciada en 2021; que no contendrá ninguna de las clásicas reformas neoliberales que implican reducir los derechos de los trabajadores o jubilados y, por último, que «hay un planteo de sendero fiscal que, tal como ha sido negociado, nos permitirá reducir el déficit fiscal sin necesidad de recurrir a ningún tipo de ajuste», explicaron.
Aunque el gobierno ha insistido en que el programa con el Fondo Monetario no afectará la obra pública ni implicará una reforma laboral o de las pensiones y jubilaciones, los argentinos desconfían de las recetas del FMI, organismo con el cual este país ha suscrito unos 20 planes desde el regreso de la democracia en 1983.
El mismo Fernández había sido muy crítico de esa entidad crediticia y esta semana recordó ante el Congreso que se mantiene una investigación judicial sobre el acuerdo de 2018, que apunta al exmandatario neoliberal Mauricio Macri, todo ello dentro del juego político interno. El Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, comenzará a debatir el nuevo entendimiento a partir del lunes.
Claudio della Croce. Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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