El caso Assange por sus definidas características ligadas al imperialismo neo-colonial no es ajeno al Perú, desde que en 1992 el ex presidente Alberto Fujimori abriera el país al neoliberalismo para que éste se apodere de sus bienes y recursos. Por eso pronto comenzaron a fluir en el país denuncias periodísticas sobre atropellos del neocolonialismo, […]
El caso Assange por sus definidas características ligadas al imperialismo neo-colonial no es ajeno al Perú, desde que en 1992 el ex presidente Alberto Fujimori abriera el país al neoliberalismo para que éste se apodere de sus bienes y recursos.
Por eso pronto comenzaron a fluir en el país denuncias periodísticas sobre atropellos del neocolonialismo, y para contrarrestarlas, el «sistema» comenzó a operar como en el resto de países del mundo; es decir, criminalizando las denuncias y las protestas.
A la vez también apareció el «nuevo marco moral, político y judicial» que auspiciaba las maniobras coactivas contra la crítica al neoliberalismo y sus acciones.
En el 2007 el periodista peruano Herbert Mujica Rojas se constituyó en el típico «caso Assange» peruano, cuando publicó el libro de su autoría, «¡Estafa al Perú! ¡Cómo robarse aeropuertos y vivir sin problemas!».
En ese libro de investigación el periodista de la «Red Voltaire» denunció la corrupción que habría existido en el período 2000-2007 entre la empresa transnacional «Lima Airport Partners», LAP, y cuatro gobiernos neoliberales del país -Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García-.
En criterio del autor esa corrupción habría permitido viabilizar la privatización del Aeropuerto Internacional «Jorge Chávez», principal terminal aéreo del Perú y tránsito obligado del tráfico aéreo dentro de América del Sur.
Al libro de Mujica siguieron o se publicaron en paralelo, otras investigaciones de prensa escrita sobre el mismo caso, efectuadas por los destacados periodistas César Lévano y Raúl Wiener del diario peruano «La Primera«, quienes detectarían más presuntas irregularidades.
En el 2009 contra todo orden lógico todos ellos fueron demandados penalmente en la justicia peruana por parte de la citada empresa del neoliberalismo transnacional.
Absurdamente fueron acusados por ésta del inexistente delito de «difamación a una empresa»; por ley peruana la difamación sólo afecta a derechos de personas naturales.
Llegado el año 2012, Mujica, Lévano y Wiener, aún son cautivos del prolongado, intrincado y oneroso proceso legal que prosigue la justicia peruana «de tiempos neoliberales», soportando las arremetidas de la empresa acusadora.
«Lima Airport Partners», LAP, por todo argumento insiste en penar las libertades de expresión, de opinión y de prensa de que hicieron uso los periodistas en su función informativa.
Si bien es cierto no logrará se les condene a muerte -por no existir en la legislación peruana- ello no exime que en el «nuevo marco jurídico» los periodistas pudieran ser objeto de una sentencia inclinada a favorecer al neocolonialismo.
El silencio guardado en relación a esas extrañas causas judiciales por casi todos los organismos encargados de salvaguardar las libertades de prensa y opinión en el país, hace entrever que esos organismos serían parte del «nuevo marco institucional».
Y Assange, Mujica, Lévano y Wiener, sólo son víctimas de ese «nuevo derecho» que se aplica en sentido contrario a la legitimidad.
La imagen de Julián Assange, el periodista australiano director de la agencia de prensa «Wikileaks», es sumamente conocida por la opinión pública internacional y la del Perú.
El salto de Assange a la fama -y a su desgracia personal- lo estableció su entereza personal cuando denunció los genocidios, torturas y conspiraciones contra la paz mundial, llevadas a cabo por EE.UU., la OTAN y el neoliberalismo transnacional.
Para ello sólo hizo empleo de sus derechos a las libertades de expresión, de prensa y de información, como periodista y ciudadano del mundo. Pero sus denuncias contrastan con el silencio que guardó la gran prensa internacional cuando esos hechos se producían.
En versión de Assange él proponía que sus denuncias fueren recogidas por la justicia de EE.UU. -«el país paladín de los DDHH»- para que ella enjuicie a los responsables.
Hoy extraña e ilógicamente para el periodista esas denuncias fungen de patíbulo ante la posibilidad real que el gobierno de Barack Obama lo condene a pena de muerte, como se lo habría propuesto.
Washington ha acusado a Assange del «delito de espionaje» por «develar secretos de Estado de los EE.UU.» (todos hechos violatorios a la Carta de la ONU), que el australiano en la función periodística conoció de sus fuentes.
La persecución desarrollada por el gobierno estadounidense contra el director de «Wikileaks» ha propiciado que éste sea asilado diplomáticamente por Ecuador, en su embajada en Londres.
El imperio de Gran Bretaña cómplice de EE.UU. en el acoso contra el australiano ha amenazado a Ecuador con incluso violar el derecho internacional, asaltando la embajada de ese país para capturarlo y entregarlo a las autoridades de Suecia,
El gobierno sueco que también forma parte de la conjura, no encontró mejor forma de ayudar a EE.UU. y Gran Bretaña que acusar a Assange de «delito sexual» por «no usar condones en sus relaciones íntimas» -de Ripley-.
El gobierno de Australia, país origen del director de «Wikileaks», en contravención al derecho interno de ese país anómalamente le ha hecho conocer que no lo defenderá «ante otros gobiernos», dados «los terrible crímenes de que ha sido acusado».
La orquestación imperial colonialista de los EE.UU., Gran Bretaña, Australia y Suecia intenta crear un cerco político, diplomático, judicial, y mediático, que «aísle» a Julián Assange y «desaliente» a los países que pretendieran apoyarlo.
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