El pasado jueves 20 de abril, un nuevo capítulo de impunidad se escribió en la causa judicial por la Masacre de Cromañón. La Sala V de la Cámara del Crimen porteña (la misma que hace casi un año había excarcelado a Omar Chabán) dictó el sobreseimiento de Juan Carlos López, quien fuera el Secretario de Justicia y Seguridad del destituido Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, durante la Masacre de Cromañón el 30 de diciembre del 2004. López (el mismo que se destacó durante el juicio político a Ibarra por quebrarse entre lágrimas durante su testimonio haciéndose cargo de su responsabilidad) estaba procesado como coautor del delito de homicidio culposo agravado desde el 31 de Octubre del año pasado.
El fallo de la Cámara además dictamina el sobreseimiento del ex Subsecretario de Seguridad Comunal, Enrique Carelli y del ex Director de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Rizzo quienes – a diferencia de Juan Carlos López- estaban procesados por el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público» mientras que a su vez confirmó el procesamiento para los integrantes de la banda Callejeros por el delito de «estrago culposo».
En este cuadro, ningún ex funcionario de Ibarra queda procesado, imputado ni acusado por homicidio; sobre los ex funcionarios restantes procesados (Fabiana Fiszbin, Gustavo Torres y Ana Fernández) pesa por el momento el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público».
Los fundamentos de los fallos de la Cámara abren el camino para dejar a Aníbal Ibarra (que ni siquiera ha sido llamado a declaración testimonial hasta hoy) impune de todo procesamiento y castigo. En una de sus partes, la resolución sostiene que «…con solo mirar la diversidad de funciones de la Secretaría a cargo de López, se puede advertir lo dificultoso que resulta para quien se encargue de ella, poseerun conocimiento profundo de todos los problemas que existen en la Ciudad de Buenos Aires vinculados a su competencia…» Además agrega que «estableciendo un paralelo, es prácticamente impensable que funcionarios tales como el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires o el Ministro de Seguridad de la Nación sepan qué ocurre con las condiciones de seguridad de las almacenes, los locales de baile, los geriátricos, los hoteles, etc«.
La «curiosidad» que surge de los fundamentos deja establecido un antecedente que no se reduce a la exculpación presente y futura de Aníbal Ibarra (si para Lopez era «dificultoso poseer un conocimiento profundo de todos los problemas vinculados a su competencia» más lo sería para el «inocente» Ibarra) sino también que abre el camino para futuras y eventuales exculpaciones (sobreseimientos y absoluciones) de causas impunes como, por ejemplo, la Masacre del Penal de Magdalena, con una causa judicial «en pañales» y con el gobernador Solá y el Ministro bonaerense León Arslanián totalmente desentendidos y/o la reciente Masacre en el taller textil de Caballito (el mismo fallo de la Cámara porteña transcripto líneas arriba hace alusión directamente al Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Nación).
La abogada querellante de un grupo de familiares de las víctimas, Claudia Ferrero de APEL ha sostenido que «este fallo es casi el tiro de gracia para toda posibilidad de procesar y enjuiciar a Aníbal Ibarra, el máximo responsable junto a Chabán de la Masacre. Se está montando un escenario en la causa y el correspondiente futuro juicio oral que se desarrolle donde los músicos de Callejeros quedan pegados a Chabán como los máximos responsables, mientras que Ibarra y sus funcionarios que gobernaban como una verdadera asociación ilícita a través de una caja negra de coimas y negociados con los empresarios del espectáculo, el juego y el negocio inmobiliario, poco a poco van quedando exentos del castigo penal que merecen».
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Claudia Ferrero pertenece a la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)
