La Justicia inhibió y embargó a los exfuncionarios del macrismo a cargo del Banco Nación, acusados de realizar una “actuación coordinada” con los empresarios de la cerealera para “defraudar las arcas de la entidad pública” en más de US$ 304 millones.
En el marco de la causa que investiga a Vicentín por un presunto fraude millonario al Estado, la Justicia embargó a los exfuncionarios del macrismo Javier González Fraga y Lucas Llach.
Se trata del expresidente y vice del Banco Nación (BNA), respectivamente, sobre quienes el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, ordenó el embargo e inhibición de bienes junto con los de otros 18 exdirectivos de la entidad bancaria y empresarios del Grupo Vicentín.
La causa investiga un caso que, por su magnitud, funciona como testigo y ejemplo de una operatoria fraudulenta habitual en el empresariado argentino. En concreto, la imputación asegura que la connivencia entre los funcionarios del Nación —con González Fraga y Llach a la cabeza— y los directivos de la cerealera permitieron una defraudación millonaria al banco público.
“Los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”, detalla el fallo de Ercolini.
Según el texto judicial, los funcionarios del BNA “habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida (US$ 149.500.000) y era exigible desde el 8 de agosto de 2019”, y que provenía de préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones.
Tampoco se ejecutaron las garantías: Vicentín tenía dos cuentas en la misma entidad bancaria que funcionaban como respaldo de los préstamos por las que circularon, en el mismo período, “US$ 795.651.945 y $2.031.118.902 respectivamente”, asegura el fallo.
De acuerdo a lo que pudo determinar el tribunal, se trata de una “actuación coordinada” entre los funcionarios de la entidad bancaria y los empresarios de la agroexportadora que permitió “el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de US$ 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.
Por otro lado, también detalló que la deuda ya vencida de Vicentín con el BNA “superaba los límites normativos y que, además, carecía de calificación crediticia actualizada”.
Un poco de historia
El 5 de diciembre de 2019, pocos días antes de que Mauricio Macri terminase su mandato, Vicentín, una de las cerealeras más grandes del país en ese momento, se presentó a concurso de acreedores con una deuda de US$ 1.500 millones.
Poco tiempo después, y gracias a investigación impulsada por las nuevas autoridades del Banco Nación que asumieron con el gobierno de Alberto Fernández, se descubrió que bajo la gestión macrista a cargo de Javier González Fraga, la entidad bancaria le había otorgado a la agroexportadora un préstamo por US$ 350 millones, cifra que supera por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representaba más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.
El 8 de junio de 2020, el aún flamante presidente Alberto Fernández anunciaba que intervendría la empresa y que enviaría un proyecto al Congreso para su expropiación definitiva. Pero poco tiempo después dio marcha atrás.
La contra decisión tuvo como marco una serie de reveses políticos y judiciales en torno a la medida y un alto costo político para el gobierno del Frente de Todos. En el medio, la oposición supo sacar provecho al calor de una furibunda campaña mediática que atizó el fanta
El hecho, además de poner en peligro varios miles de puestos de trabajo, dejó un tendal de damnificados entre productores de granos, acopiadores, corredores, Bancos, organismos, empresas competidoras y de servicios.
El año pasado, cuatro ex directivos de Vicentin fueron imputados por la Justicia —Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti— por estafa y asociación ilícita. Luego se sumaron Herman Roberto Vicentín (Apoderado) y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentín y Máximo Javier Padoan.
Por parte del Banco Nación, también están imputados los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce; el gerente general Juan José Fragati y los subgerentes Martín Enrique González, Susana Graciela Ojeda y Maricel Leonor Moschini; los gerentes zonales José Luis Testa, Luis María Celestino Restelli, Darío Marcelo Giacossa, Néstor Ariel Bled, Alexis Diosnel Tortul y el síndico Alejandro Fabián Díaz.
Las indagatorias comenzaron en noviembre y González Fraga ya declaró. El proceso continuará en marzo, después de la feria judicial.
Vicentín fue traspasada a Grassi
El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, aseguró que el proceso de traspaso de la empresa agroexportadora Vicentín a manos de Grassi SA atraviesa su “recta final” y destacó que el principal objetivo del gobierno provincial es preservar la actividad productiva y las fuentes laborales en las plantas de la firma.
“Vicentín podríamos decir que ya está en la recta final, porque ya se hizo la transferencia de las acciones”, señaló Báscolo, al referirse a la homologación judicial del acuerdo concordatario en el marco del concurso preventivo. Si bien reconoció que aún resta una apelación presentada por una de las partes que compitió en la instancia de cram down, aclaró que ese escenario no modifica la prioridad del Ejecutivo provincial.
“Nosotros miramos la cuestión laboral. Las plantas están activas, están en marcha”, subrayó el ministro, quien remarcó que el riesgo mayor era que la empresa cayera en la quiebra o que las plantas quedaran paralizadas debido a la incertidumbre judicial. “Eso se pudo salvar”, afirmó.
En ese sentido, Báscolo destacó que el contexto productivo acompaña el proceso de transición, con buenas perspectivas vinculadas a la campaña agrícola. Mencionó especialmente la cosecha récord de girasol, las expectativas positivas para la soja y el funcionamiento de la planta de bioetanol ubicada en Avellaneda, que actualmente trabaja con la cuota asignada por el Gobierno nacional.
Las declaraciones del ministro se dan luego de que el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, homologara el acuerdo presentado por Grassi SA y dispusiera la transferencia total de las acciones de Vicentin SAIC a la firma rosarina. La sentencia rechazó once impugnaciones, entre ellas las del grupo MOA-LDC y otros acreedores relevantes, al considerarlas improcedentes e infundadas.
Fuentes: Canal Abierto, Clarín
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