El fallo del juez Alejandro Maraniello, al prohibir la difusión de los audios vinculados a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, configura un acto de censura previa, prohibido explícitamente por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que se inscribe en la lógica más profunda de performatividad estatal. Se trata de silenciar la información incómoda y de escenificar desde el aparato judicial una forma de disciplinamiento que busca reinstalar los límites de lo decible en el espacio público.
La espuria denuncia presentada por la ministra de (in)Seguridad, Patricia Bullrich, que derivó en pedidos de allanamiento a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, desestimadas por el opaco fiscal Carlos Stornelli, opera como dispositivo ejemplarizante; se construye una narrativa de “inteligencia ilegal” para justificar la intervención estatal sobre el periodismo de investigación, desplazando el eje del debate desde el contenido de los audios hacia la legitimidad de quien los difunde.
En ese gesto, el Estado censura y performa su autoridad, intenta reconfigurar el campo de lo legítimo y lo ilegítimo (a su antojo) con la puesta en práctica habitual de la pedagogía del miedo, en un contexto donde el Estado parece más interesado en blindar los actos espurios de las figuras del poder que en proteger el derecho a la información.
Es necesario que recordemos que, además de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 establece taxativamente que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Cartografía de la resistencia parlamentaria
La Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocó a instancias de quién la presidió, su vicepresidente, el diputado Christian Castillo (PTS/FIT-U), ante la negativa de la presidenta María Emilia Orozco (La Libertad Avanza) a habilitar su funcionamiento y que tampoco estuvo presente.
Sin el oficialismo presente, salvo por el bloque disidente “Coherencia”, se configuró un espacio transversal contra el fallo “exprés” del juez Maraniello a la medida de la denuncia presentada por Patricia Bullrich.
En ese contexto, las intervenciones de los diputados presentes delinearon una cartografía política y ética de confrontación institucional frente al avance del disciplinamiento político/judicial, que intenta el gobierno a través de un juez con nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura que van desde el abuso laboral, la violencia de género, presunto desvío de fondos públicos y dictar sentencias contrarias al derecho, como es en este caso de la prohibición de la difusión de los audios de Karina Milei.
El diputado Castillo, como vicepresidente de la comisión, fue quien abrió el espacio para que los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico pudieran exponer públicamente. Su gesto político rompió el cerco impuesto por la presidenta oficialista de la comisión, María Emilia Orozco y reactivó el debate sobre las garantías constitucionales vulneradas.
En su intervención el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) advirtió sobre la crueldad estatal sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, porque son el 10% de la población “las personas con discapacidad (…) no es que la gente no hace los trámites es que no se los firman, les mandan médicos que no los atienden para hacer el certificado primero…”
Esteban Paulón (Socialismo) denunció la parálisis institucional de la comisión y recordó algunos de los delirios de la ministra Bullrich que habló de un plan de inteligencia paralela, y frente a esto Paulón se preguntaba: “a dónde fueron todas las ampliaciones presupuestarias de inteligencia en Argentina; a espiarse entre ellos, a tirarse carpetas entre distintos bandos de un mismo gobierno o nos están cuidando en un país que ya fue víctima del terrorismo internacional (…) o están tirándose carpetas y la plata es para adornar a algunos periodistas y para ver como juegan a la guerra de guerrillas adentro del gobierno…”; para cerrar enfatizando que el juez Maraniello va a sumar otra denuncia porque “hemos presentado un juri de enjuiciamiento por prevaricato porque decretar la censura previa en la Argentina es una acción inconstitucional, merece una sanción y ese juez no tiene que estar un segundo más en la judicatura, ni renunciado cobrando jubilación de privilegio, ni ejerciendo como juez…”
Carlos D’Alessandro (bloque Coherencia), ex integrante de La Libertad Avanza, se desmarcó con claridad: “Hostigar y callar al que piensa distinto no es libertad”. Criticó el vaciamiento del eslogan presidencial “Viva la libertad, carajo”. Fue contundente al afirmar: “… rechazamos y aborrecemos y denunciamos este atropello a la libertad de expresión porque cada vez que se persigue a un periodista, cada vez que se censura un medio, lo que en realidad se está atacando es el derecho del pueblo a estar informado…”. Su presencia marcó una fisura interna en el oficialismo y aportó legitimidad a la denuncia parlamentaria.
Leandro Santoro (Unión por la Patria) fue categórico cuando describe el accionar del gobierno: “… desde el poder político se trata de instalar la idea de quienes denuncian a LLA no son periodistas, son espías y si hay algo que los a caracterizado a ustedes -refiriéndose a Rial y Federico- en toda su trayectoria y a la gente que está en el equipo periodístico de ustedes, es haber hecho del periodismo una bandera siempre. Son ellos los que se disfrazan de servidores públicos para robar y es esto lo que les ha molestado, por eso la violencia que va contra ustedes, porque lograron desenmascarar un sistema corrupto que mientras ajustaban a las personas con discapacidad, robaban a las prestaciones tanto de servicios como de medicamentos…”.
Vilma Ripoll (MST-FIT-U) fue otra de las voces más enfáticas. Denunció que “los audios estos no son ajenos a Milei (…) es el jefe de toda esa mafia”, y propuso avanzar con el juicio político al presidente. Además, llamó a conformar una comisión investigadora independiente, integrada por “personalidades que todavía quedan en el país, como Adolfo Pérez Esquivel, periodistas…”, desplazando el eje del debate desde el aparato judicial hacia la sociedad civil organizada.
Por su parte, Myriam Bregman dirigente del PTS/FIT-U, hablo por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y, como era de esperar, articuló la defensa de la libertad de expresión, “pero que no se cambie el eje central que es el recorte en el área de discapacidad (…) lo primero que hay que diferenciar es que se está violando un derecho que está protegido por la Constitución nacional, por los tratados internacionales (…) Patricia Bullrich para instalar la figura de terrorismo para que avale su accionar (…) Ahora están bebiendo de su propia medicina porque montaron aparatos de inteligencia paralelos, reforzaron la SIDE, Patricia Bullrich se dotó de toda una legislación y de presupuesto, para ir armando a la Policía Federal y las distintas agencia que ella tiene de seguridad como aparatos de inteligencia paralelos (…) es todo ilegal lo que están haciendo, violan la ley de inteligencia armando aparatos paralelos (…) todo con dinero del Estado, con dinero que recortan a áreas sociales para pasarlos ahí. Un primer llamado que quiero hacer es (…) el Congreso que se autoconvoque y derogue toda esa legislación represiva (…). No vamos a parar hasta que Patricia Bullrich y todos sus cómplices terminen en la cárcel y todos estos que jugaban a hacerse los vivos con el dinero de la discapacidad van a saber que no los vamos a olvidar que adonde vayan los iremos a buscar…”
Convocó a una movilización nacional para el miércoles 10 de septiembre: “Vamos con esta pelea hasta el final. Contra la censura, contra las persecuciones, en unidad con jubilados y personas con discapacidad”. Su intervención recuperó la calle como espacio de resistencia frente al blindaje institucional.
Esta cartografía no solo registra voces disidentes, sino que configura un mapa de reacciones éticas frente al intento de censura previa. En un escenario de judicialización del periodismo y blindaje institucional, la comisión autoconvocada se erige como contra-escena, como un espacio de defensa activa del derecho a la información, la libertad de expresión y la democracia como práctica crítica, contra la sistematización de la corrupción y en defensa de los derechos de los vulnerados.
Hace mucho tiempo que el poder judicial se convierte en brazo operativo del blindaje político, pero ahora con un ingrediente que reaparece: la censura se disfraza de legalidad.
Esta comisión autoconvocada recupera el sentido de lo público (aunque sea por un rato), toma su lugar en la representación (aunque sea por un rato), reabre la pregunta por el lugar de la verdad (aunque sea por un rato).
La resistencia parlamentaria, aún fragmentada, se vuelve archivo vivo de una disputa que excede lo coyuntural; es la defensa de lo decible frente a la maquinaria del miedo. Aunque, siempre conviene recordarles – con la convocatoria de Bregman mediante – a los representantes del pueblo, sobre todo a aquellos que no tienen el ejercicio y constituyen la mayoría, que la resistencia y la lucha están en las calles.
Video de la sesión completa de la Comisión de libertad de expresión.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/09/03/censura-y-performatividad-estatal/
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