Centrales obreras, organizaciones sociales y de DD HH marcharán contra la Ley Bases

La reunión, desarrollada en la sede de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, estuvo encabezada por “Taty” Almeida; Ricardo Peidro, de la CTA Autónoma; Pablo Moyano, de la CGT; y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores.

“Necesitamos una movilización masiva. Hay que buscar compatibilizar entre todas las organizaciones para llegar de la manera más sólida posible al día de votación. Necesitamos ampliar la convocatoria para que nadie sea excluido”, afirmó Peidro durante su intervención en el encuentro.

Hasta el momento, se resolvió la realización de una conferencia de prensa el próximo viernes 7 de junio, desde las 11:00, en el auditorio Felipe Vallese de la CGT (Azopardo 802, CABA), donde se anunciarán las próximas acciones y se darán precisiones sobre la masiva movilización al Congreso de la Nación a realizarse cuando se disponga la votación de la Ley Bases en el Senado.

Plenario de la CGT

La CGT avanza en la preparación de la marcha contra la Ley Bases para el día que la Cámara de Senadores vote en el recinto el Proyecto de ley.

El lunes se realizó un plenario en la sede de la central sindical en la Ciudad de Buenos Aires que contó con la participación de gran parte de la conducción nacional y representantes de las regionales de todo el país.

El secretario general de la CGT, Pablo Moyano, aseguró que ese día marcharán con el fin de enviarle un mensaje a los y las legisladores para que no aprueben el paquete de medidas enviado por el gobierno de Javier Milei.

“Fundamentalmente a los que vienen del peronismo, que llegan haciendo campaña cantando la marcha peronista; que llegan a ser gobernadores o senadores haciendo campaña en los sindicatos en el interior del país y después cuando tienen que votar una ley en contra de los derechos de los trabajadores tenemos que ir golpeando puerta por puerta para verlos”, manifestó.

Ese día también se sumarán la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo y los movimientos sociales. “Seguramente también todos los sectores atravesados por esta ley, como los científicos, estudiantes, gente de la cultura”, agregó Moyano.

Jorge Taboada, de la CGT de Chubut, aseguró que la Ley Bases “termina dejando a nuestra Patagonia en total y absoluta indefensión. Seguramente el objetivo de la derecha argentina y estos vendepatrias es que el territorio sea entregado a alguna potencia”.

“No tenemos que tener ninguna duda. Estos tipos vienen a destruir la Argentina y a saquearla. El RIGI es el saqueo final. Si se aprueba esta ley en el Congreso de la Nación perdimos todos los recursos naturales, el litoral marítimo, Vaca Muerta. Perdemos absolutamente todo”, alertó.

ATE definió un paro de 24 horas y movilizar al Congreso

En un multitudinario Congreso Nacional con participación de dirigentes de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso de la Nación el día que se trate la Ley Bases en el Senado, y también una medida de fuerza con paros y movilizaciones para la última semana de junio ante la amenaza de despido de miles de trabajadores.

“Si la Ley Bases es aprobada, será una tragedia para los trabajadores. Esta iniciativa que va a ser llevada al recinto contiene una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos, y particularmente en el empleo público contempla un retroceso de manera directa y sin escalas a la última dictadura militar. Se trata de una norma que intenta habilitar el saqueo sin límites de todas las riquezas de nuestro país”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y agregó: “El día que se debata, nos vamos a movilizar de manera masiva al Congreso para exigirle a los senadores su completo rechazo”.

Cabe recordar que la Ley Bases incluye entre sus artículos una reforma del Estado que pone en disponibilidad incluso a los trabajadores de la planta permanente, incumpliendo con todas las normas de estabilidad laboral contempladas en la Constitución Nacional.

Asimismo, el sindicato definió nuevas medidas de fuerza ante la amenaza de nuevos despidos el 30 de junio anunciados por el Gobierno: “Tenemos que impedir que el Gobierno cumpla con su amenaza de una nueva ola de despidos a fin de junio. Por eso, vamos a realizar una medida de fuerza nacional en los días previos al vencimiento de todos los contratos. El Gobierno sigue empecinado en destruir el empleo público y nosotros lo tenemos que evitar”.

Se trata de más de 60.000 los trabajadores de la planta transitoria del Estado cuyos vínculos laborales fueron renovados tan sólo por 90 días y finalizan a fines de junio por decisión del Gobierno.

Entre otras resoluciones, el sindicato también decidió por unanimidad realizar una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización al ministerio de Defensa, a Agricultura Familiar y a Expoagro, con fechas a definir.

El jueves 30 de mayo ATE realizó su 67° Congreso Ordinario y, al finalizar, el 56° Congreso Extraordinario. El encuentro se celebró en el teatro Margarita Xirgu, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, lugar donde hace 40 años se comenzaba a consolidar la recuperación del sindicato de las manos de la dictadura.

El evento se realizó en nombre de la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, cuyo fallecimiento se conoció durante el desarrollo del mismo. ATE recordó su firme compromiso por la lucha de los trabajadores en general y de los estatales en particular, participando en más de una ocasión en las actividades realizadas por el sindicato.

Frente a presencia de congresales y dirigentes de todas las provincias y seccionales, también se realizó un sentido homenaje a los ex secretarios general que condujeron el sindicato desde su recuperación en los 80: Víctor De Gennaro (mandato entre 1984-1999), Juan González (1999-2003), Pablo Micheli (2003-2011), Julio Fuentes (2011-2015) -en cuya representación asistió Raúl Dobrusin- y Hugo Godoy (2015-2023).

Recortes de empleos en el Estado y las empresas públicas

En solo cuatro meses, el Gobierno eliminó mediante despidos y retiros voluntarios 11.534 empleos públicos, el 3,5% del total.

Entre enero y abril, se recortaron 4.181 en la administración centralizada, 4.612 en organismos descentralizados, mientras las empresas del Estado 3.430 y 220 otros entes, según el último informe del Indec.

El ministerio de Capital Humano fue el que más se achicó, con 2.057 empleados. Le siguió Economía con 694 bajas. En tercer lugar, Salud con 566.

A nivel de organismos descentralizados, la Anses fue la más afectada con 914 y cerró más de 20 delegaciones. El CONICET registró 583 cesantías y el ENACOM 368. Vialidad y AFIP que dependen de Economía, recortaron 324 y 304 puestos, respectivamente.

En las empresas públicas, Correo Argentino eliminó 888 empleos, Corredores viales 861, Aguas y Saneamiento (AYSA) 641, Aerolíneas Argentinas 316, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) 188 y Banco Nación 108.

Mientras, el ministerio de Defensa incrementó su dotación entre enero y abril. El Estado Mayor Conjunto sumó 119 personas; la Fuerza Aérea, 341; el Ejército, 692. Se trataría de personal civil que presta servicios cuando hay actividad en la Escuela de Guerra, Colegio militar y liceos.

Los datos oficiales se conocieron cuando falta menos de un mes para la finalización de unos 50.000 contratos. En diciembre, despidió a 7.000 trabajadores y redujo el plazo de renovación de los contratos de 1 año a 3 meses. En marzo, recortó otros 7.000 y el resto de los contratos fueron renovados hasta el próximo 30 de junio. Las autoridades ya confirmaron que no indemnizarán a los despedidos.

“Los empleados del Estado están en revisión permanente”, señalaron desde Jefatura de Gabinete, donde analizan unos 90.000 contratos de planta permanente a partir del proyecto de Ley de Bases que busca reducir esa modalidad de empleo mediante un régimen de disponibilidad.

El Gobierno blindó el INTI con policías

Luego de los anuncios de más despidos y vaciamiento de oficinas del Estado, la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el partido bonaerense de San Martín, amaneció rodeada de policías. Pretenden evitar las posibles protestas y tomas del edificio ante el inminente cierre de las 25 sedes regionales de ese organismo, anticipados la semana pasada por el Gobierno nacional. Los gremios estatales anunciaron medidas de resistencia.

El INTI asiste a la industria argentina desde hace más de 65 años con aportes de innovación y desarrollo tecnológico, formando y certificando personas, procesos y productos. Es además el Instituto Nacional de Metrología, referente internacional en la materia y un actor clave en el ámbito científico, legal e industrial.

El Gobierno ya anunció que apunta a reducir la estructura y el personal en un 30% a través del cierre de las sedes regionales, la no renovación de los 278 contratos que vencen en junio, y la apertura generalizada de retiros voluntarios. «Estas medidas destruirán las capacidades generadas durante años, tanto en la formación y capacitación del personal, principal activo estratégico de la institución, como en vinculación y articulación en el territorio. Dejarán al INTI con sus posibilidades operativas muy limitadas y comprometerán la asistencia del entramado productivo que hoy cuenta con los servicios del instituto», denuncia el colectivo de trabajadores del INTI.

El pedido de la custodia de las fuerzas de seguridad que se vieron ayer fue hecho por la Secretaría de Producción, luego de que el viernes el presidente del INTI, Daniel Afione, anticipó el despido de decenas de empleados y la clausura de las unidades de extensión que hay en todo el interior del país.

La delegada de la CTA en INTI, Giselle Santana, confirmó que «muchos fueron informados de que tenían la opción de trasladarse cientos de kilómetros de donde viven, para ir a trabajar o pedir el retiro voluntario«, porque su lugar de trabajo dejaba de existir. «Es evidente que los trabajadores y las trabajadoras del INTI vamos a llevar adelante medidas de fuerza y no vamos a dejar pasar como si nada los despidos y el desmantelamiento federal tal como lo conocemos», aseveró.

Santana lamentó que probablemente la única respuesta que tenga el Gobierno ante el reclamo de los trabajadores «no va a ser otra más que la represión» y consideró que ese parece ser el objetivo del operativo que desplegaron las fuerzas de seguridad.

“Ingresamos al edificio porque hay prácticas para resolver. Incluso oficinas que se alquilan y otros sitios que están funcionando adentro del INTI, como organismos públicos o universidades. También hay que hacer inventarios, registros del patrimonio y todo aquello que se suele hacer cuando cierra una sede«, explicó la delegada.

Además de afectar a los empleados y empleadas de sedes ubicadas en distintas provincias, estas medidas corren para aquellos que son monotributistas y a quienes ya se les ratificó que no continuarán con sus tareas.

Para Santana, el cierre «seguramente sea el 30 de junio», que es cuando se vencen todos los contratos por monotributos, que son unos 300. Ese sería el plazo para los retiros voluntarios y la reubicación correspondiente.

«Te relocalizás o te atenés al retiro voluntario, ese es el planteo de las autoridades. Estamos en la incertidumbre absoluta y, además, atravesados por lo que ocurra o deje de ocurrir con la Ley de Bases. Los organismos de Ciencia y Tecnología podrían ser disueltos o intervenidos», concluyó.

Allanaron la casa del secretario general de ATE Córdoba

En un hecho de gravísimas consecuencias para la convivencia democrática en Córdoba, el fiscal provincial Emilio De Aragón prosiguió hoy con el acoso judicial contra el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y ordenó el allanamiento de su domicilio particular, así como de la sede gremial de ATE Río Cuarto.

Fuerzas policiales realizaron los allanamientos al mediodía y le retuvieron a Giuliani su teléfono particular, en base a una causa abierta por el fiscal, aparentemente fundamentada en la represión policial sucedida el pasado 25 de mayo en la esquina de avenida Vélez Sarsfield y 27 de abril, cuando efectivos que custodiaban el acto partidario del presidente Javier Milei, la emprendieron con gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra la multitud que se encontraba en el lugar.

Giuliani junto a 14 compañeras y compañeros resultaron heridos de diversa magnitud, sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo.

En un extremo propio de otros tiempos donde no se respetaba en Córdoba el derecho y la libertad de las personas, la policía le retuvo el teléfono celular a uno de sus hijos de 9 años. Al mismo tiempo, se allanó el auto particular de la esposa, junto a otra propiedad de ATE.

Se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra la organización sindical. Quinteros, un funcionario que ha sabido saltar de entre varios partidos políticos y está denunciado por varios casos de corrupción, sigue la línea de acción de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, con quien se ha referenciado en varias oportunidades.

Así, queda claro que el desprecio del Gobierno de Córdoba por el estado de derecho y de las garantías constitucionales, donde el derecho a la protesta forma parte fundamental de nuestro contrato social, de la propia Constitución, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales que nuestro país tiene suscriptos.

Cabe mencionar que el fiscal De Aragón ya imputó el año pasado a Giuliani y a otros dirigentes sociales por el corte de una calle durante la Marcha contra el Hambre. Dicha causa está elevada a juicio, dando cuenta que no es el único funcionario judicial disponible para aplicar las políticas represivas del Gobierno de Córdoba.

Desde ATE exigen que De Aragón deponga esta persecución de manera inmediata, devuelva los teléfonos a la familia Giuliani, junto al resto de sus pertenencias particulares, y respete la Constitución Nacional.

10.000 empleos menos en industria

La Unión Industrial informó una caída de producción del 53%, con caída de ventas en 6 de cada 10 empresas y caída en las exportaciones en casi 4 de cada 10 empresas (24%) y otro 30% de los encuestados manifestó estar pensando en achicar personal.

El desempleo PYME aumentó un 7,5% en la Ciudad de Buenos Aires

La crisis económica que afecta la economía cotidiana de millones de argentinos provoca una baja en el consumo lo que se traduce como menor flujo de dinero y por ende menor producción en las pequeñas y medianas empresas. Los coletazos de esta situación impactan negativamente en el sector y los empresarios comienzan a despedir a los trabajadores.

La pobreza trepó al 55% en el primer trimestre del Gobierno de Javier Milei

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), que viene midiendo indicadores socioeconómicos hace años, difundió el lunes un informe según el cual la pobreza trepó del 44,7% en el tercer trimestre del 2023 —en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández—, al 55,5% en el primer trimestre de este año, con Javier Milei, al tiempo que la indigencia pasó del 9,6% a 17,5% en el mismo período.

La pobreza, que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria, de acuerdo al mismo estudio, ya alcanza a 24.9 millones de residentes de áreas urbanas en el país, de los cuales unas 7.8 millones de personas están sumergidas en la pobreza extrema o indigencia. «La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes”, se detalla en el informe titulado «Deudas sociales estructurales en la sociedad argentina».

Por otra parte, “se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”, se destaca. «Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente», se agrega en el documento elaborado por el observatorio de la UCA.

Sobre la gestión gubernamental, se advierte que «los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado». «Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio», se especifica.

Controladores aéreos anunciaron 18 días de paro

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que representa a los controladores aéreos, anunció que llevará adelante paros intermitentes durante 18 días a lo largo de junio por reclamos salariales.

De acuerdo con lo informado por ATEPSA, la medida de fuerza se realizará con el personal en sus puestos de trabajo y afectará la operatoria de los vuelos nacionales e internacionales, lo que variará según el día. De esta manera se prevén demoras en las próximas semanas, que tendrán dos fines de semana largos.

En su página web, el gremio difundió el cronograma en el que estipulan las jornadas alcanzadas y especifican que la retención de tareas será de 3 a 6 horas por día.

La particularidad del fraccionamiento en la implementación de la medida de fuerza reside en que el trabajo de los controladores es una actividad declarada “servicio esencial”, por lo que deben garantizar un mínimo del 45% de su funcionamiento.

Desde el gremio aeronáutico precisaron que, “las medidas legítimas de acción sindical sólo afectarán autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra, impactando únicamente a los despegues de las aeronaves”.

Además, indicaron que “no se recibirán, ni transmitirán planes de vuelo en el horario de las medidas legítimas de acción sindical”, mientras que indicaron que “se considerará dentro de las medidas legítimas de acción sindical toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo”.

“Quedarán exceptuados de las medidas legítimas de acción sindical las aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como a aquellas que presten servicios sanitarios, humanitarios, de estado y/o de búsqueda y salvamento”, aclararon desde el gremio.

ATEPSA cuenta con cerca de 1.200 afiliados repartidos en los 54 aeropuertos en funcionamiento del país, incluyendo tanto a controladores de tránsito aéreo como a otros trabajadores del área técnica, que dependen de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), creada durante la administración de Mauricio Macri, actualmente dirigida por Agustín Rodríguez Grellet.

Hace dos semanas, el gremio se declaró en estado de “conflicto” a raíz del fracaso de la reunión paritaria convocada “a fin de lograr la justa recomposición salarial de la Paritaria 2023/24, como así también dar inicio real al periodo 2024/25″, en la cual la entidad sindical indicó que “EANA no realizó ninguna oferta formal”.

La paritaria siderúrgica lleva 6 meses sin acuerdo

La UOM y la Cámara Argentina del Acero suman una nueva audiencia paritaria sin acuerdo para la Rama 21 de siderúrgicos. El drama salarial del sector se arrastra desde noviembre de 2023 con ofertas de la parte empleadora que dejan los ingresos de los trabajadores muy retrasados y con una pérdida de poder adquisitivo en aumento.

La audiencia de este lunes 3 de junio cerró sin acuerdo y la secretaría de Trabajo que encabeza José Corderó, ex gerente de Techint, instó a las partes a que sigan negociando en forma particular. Mientras tanto, dictó cuarto intermedio hasta el próximo jueves 13.

Mientras tanto, Acindar confirmó la paralización de la planta de Villa Constitución con suspensiones. En respuesta a esto hará un nuevo paro por el ajuste general que está produciendo el gigante del acero.

La empresa se escuda en la fuerte caída de la demanda dada la retracción económica general que atraviesa el país por las políticas económicas del Gobierno. Por otra parte, a último momento decidió no paralizar la planta de San Nicolás, que iba por el mismo camino que su par de Santa Fe.

La UOM considera que hay una interrelación entre Paolo Rocca, Techint, el Gobierno y las paritarias retrasadas por lo que ya llevó varias movilizaciones a sus oficinas.

Tenaris Valentín Alsina: asambleas y paro contra los despidos

Bien temprano a las 6 am, fueron llegando las y los trabajadores de SIAT a la puerta de la fábrica, donde se definió en asamblea parar la planta. El conflicto comenzó el miércoles 29 de mayo, cuando 2 trabajadores se enteraron que estaban despedidos en la puerta de la fábrica cuando se presentaron a trabajar. Uno de ellos trabaja hace 26 años en la empresa.

Norberto Negrín, uno de los delegados de la Comisión Interna informó en algunos medios: “Los acusan de hacer tareas no contempladas en los procedimientos, pero son tareas que otros supervisores, jefes y gerente de la empresa obligaron al personal a realizar”.

Según comentaron a este medio varios trabajadores y delegados, los despidos se dan en el marco de una incertidumbre generalizada por el vencimiento de 400 contratos. Muchos de esos trabajadores están angustiados o con miedo a perder su fuente de ingreso, el sostén de su familia. Esta semana la empresa envió cientos de telegramas de preaviso de despido.

El viernes 31, el ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria, lo cual obliga a la patronal a reinstalar a los despedidos en su puesto de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores en asamblea decidieron levantar la medida de fuerza.

Como se comentó en la asamblea, muchas empresas están avanzando con despidos. En Lanús, la misma semana, Diarco despidió a más de 20 trabajadores. También hubo una movilización del Sindicato del Neumático frente a los más de 100 despidos en FATE. Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas vienen resistiendo los despidos y el vaciamiento, así como los trabajadores del Ferrocarril, del INCAA y Télam.

Luego de la asamblea, algunos de los delegados y trabajadores de Siat, comentaban que hay mucha preocupación en la fábrica por la sanción de la Ley Bases. Esperan que la UOM convoque a parar y movilizar el día que se trate la Ley, para expresar su rechazo.

570 empleados de la central nuclear Carem quedaron sin trabajo

El gobierno de Javier Milei asumió con un programa de fuerte ajuste presupuestario en todos los sectores del Estado, aunque sin discriminar algunas áreas de alta importancia estratégica como la nuclear, y eso es lo que se viene sintiendo en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que este 30 de abril confirmó la suspensión de la construcción de dos reactores nucleares que estaban muy avanzados y podrían generar no sólo el abastecimiento de energía a zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e industriales con alto consumo, sino que también la exportación de reactores que traerían millones de dólares al país.

En efecto, unos 570 trabajadores, entre obreros de la construcción, ingenieros y personal altamente calificado, quedaron sin trabajo en las obras de la que sería la primera central construida íntegramente en Argentina con tecnología de vanguardia.  Si bien los proyectos venían sufriendo desfinanciamiento y despidos desde gestiones anteriores a la de La Libertad Avanza, en este caso se tornó «totalmente inviable» porque con una inflación de 280% interanual, el gobierno sólo prorrogó el presupuesto de diciembre de 2022 y además congeló los fondos de un fideicomiso que sustenta la vida de estas obras. «Algo parecido a lo que pasó con universidades públicas y Conicet«, precisaron. 

«Llegó a pasar que no hubiera fondos ni siquiera para pagar los transportes y la asistencia médica de los trabajadores, teniendo en cuenta que se trata de un trabajo nuclear, algo peligroso e inadmisible», detallaron. Ahora el gobierno liberó un fondo que sólo alcanza para cubrir esas cuestiones, entre otras, pero que no cubre las deudas de los proyectos e imposibilita las tareas operativas. Con esos fondos, la CNEA estima que sólo podría llegar hasta el próximo mes de junio. 

Estas condiciones impactaron en los proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y el Reactor Argentino Multipropósito RA-10. Luego de conciliaciones obligatorias con la secretaría de Trabajo de mediadora y meses sin respuesta de algún funcionario del gobierno, se formalizó la desvinculación primero de 69 trabajadores, luego la crisis sumó unos 100 más y la reacción de la UOCRA y ATE, sindicatos que aglutinan a los trabajadores involucrados, fue exigir una respuesta concreta y evitar extender una voluntad que ya parecía tomada: suspender las obras. Al finalizar esa reunión, los 570 trabajadores de la obra del CAREM ubicada en Zárate quedaron sin trabajo.

Adriana Serquis, presidenta de la CNEA, vio venir que la crisis que ya venían sufriendo de las gestiones del macrismo y el albertismo empeoraría con la llegada de Milei y antes del cambio de gobierno presentó su renuncia, aunque no se la aceptaban porque no conseguían un reemplazo que quisiera tomar la tarea de, indirectamente, romper estos grandes proyectos y ganarse el desprestigio entre colegas del ámbito nuclear.

En un escrito dirigido al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, precisó las cifras alarmantes del organismo: «A comienzos de año, con el secretario de Energía habíamos quedado en que el crédito que se otorgara se iba a pagar. Eso no fue cierto. Hasta el viernes, no habían pagado absolutamente nada del presupuesto 2024, excepto salarios y becas. Veníamos sobreviviendo porque nos habían pagado una deuda de 2023 (…) Después de eso, nos pagaron 3.000 millones que representan el 11% nada más de todo lo que nos deben«.

Serquis agregó que «en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, se le había asignado a la CNEA una cuota total para devengar durante todo el primer trimestre de $26.337.326.448, sin considerar los sueldos. A la fecha, sorteando muchos obstáculos presupuestarios, se ha logrado devengar $10.435.166.814 y está devengando otros $8.343.614.745 que suman $18.778.781.559 y configurarán la deuda exigible al momento. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos institucionales por ejecutar toda la cuota de gasto durante todo este primer trimestre del año, no se hicieron las transferencias de fondos para poder realizar los pagos efectivos a los proveedores, con la única excepción de las transferencias correspondientes a salarios y becas».

Asimismo, la carta de Serquis coincide con la mirada de unos 13 gerentes que firmaron el comunicado advirtiendo la situación crítica y la necesidad de fondos inmediata. 

Se levantó el paro de trenes

El secretario general del sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y dispuso postergar el paro de trenes que había convocado para el martes, ya que fue citado a una audiencia en el Ministerio de Trabajo para el jueves.

“Fue una reunión cordial, yo no puedo tomar una decisión ahora tengo que dar un informe al secretariado nacional (del sindicato) y definir lo que vamos a hacer mañana”, dijo Maturano al salir de la sede gubernamental, pero luego precisó: “Vamos a hacer un impasse hasta el jueves próximo porque fuimos citados al ministerio de Trabajo” para discutir el reclamo salarial que estamos haciendo.

Misiones: los docentes extienden los cortes

Luego de múltiples maniobras por parte del gobierno de Passalacqua, se reunieron en Eldorado representantes del FETEL (Frente de Trabajadores en Lucha) que son quienes mantienen los acampes y cortes en Posadas y distintas localidades de la Provincia. Se encontraban presentes representantes de MPL, UTEM, UDNAM, ATE, y agrupaciones de autoconvocados y Miguel Pinto, vocal del Consejo General de Educación en representación del gobierno.

Al finalizar la reunión, Rubén Ortiz, Secretario General de MPL, junto a representantes del FETEL, anunciaron en conferencia de prensa que se considera insuficiente la propuesta presentada por el gobierno y responsabilizan a la patronal por falta de voluntad política. Asimismo, denuncian los descuentos y la criminalización de la protesta judicializando a decenas de activistas y referentes docentes.

Ratifican la continuidad de las medidas, sosteniendo los cortes de ruta y acampes. Un corte importante se mantiene en la Ruta 12 en ElDorado donde los docentes informan lo sucedido en la mesa y debaten en asamblea la continuidad del plan de lucha. La fuerza de la docencia, recogiendo el apoyo popular por parte de las familias de las escuelas, estudiantes y otros trabajadores, viene imponiendo al gobierno que retroceda, se siente a negociar y reconozca al FETEL como interlocutor.

Mientras el gobierno de Passalacqua difunde por sus redes el acuerdo salarial llegado con la burocracia sindical y sus acostumbrados trolls de las redes vitorean el “fin de los cortes”. El gobierno prepara una situación represiva para cerrar el conflicto. Se ubica como el que dialoga con las necesidades de los docentes cuando hace meses se sostiene este conflicto. Ni hablar de los años y años de deterioro a la educación pública en la provincia.

Por su parte los gremios burocráticos como UDPM-CTERA volvieron a firmar a espaldas de los docentes. Una más y van. Recordemos, que al comienzo del conflicto se sentaron a negociar y firmaron un acuerdo del 34 % a espaldas de los trabajadores que reclamaban 100 % de aumento. Por este motivo fueron pasados por arriba por la docencia que sostuvo las medidas y comenzó a decidir en asamblea cómo continuar la lucha. Este mismo gremio hoy vuelve a ratificar esta nueva oferta del gobierno sin consultar a nadie, sin hacer asambleas, sin pedir la devolución de los días descontados ni que cese la persecución a los que luchan. Son todos amigos del gobierno. Del mismo modo que lo hicieron los gremios que pertenecen a CGT: UDA, AMET y SADOP, que se reunieron más temprano con el gobierno en Posadas para firmar esta propuesta sin ninguna consulta a las bases.

Inician causas a docentes

Tras el levantamiento de la protesta por parte de los policías, los trabajadores y trabajadoras estatales, de la salud y la educación mantienen medidas de fuerzas simultáneas, tal como vienen realizando desde hace semanas, en reclamo por salarios dignos. En este marco, la policía les leyó el miércoles 29 de mayo a los manifestantes el contenido de las causas que se les abre simplemente por luchar y defender sus derechos.

Se les ha iniciado causas a Mónica Gurina, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM) y secretaria general de la CTA Autónoma local; a Carlos Lezcano, docente y dirigente del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL); a Estela Genesini, secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones; y a Leandro Sánchez, miembro también de UTEM; entre otros trabajadores y trabajadoras.

La causas se originan en una denuncia efectuada ante el Juzgado de Instrucción N° 6 Secretaría N° 1, que libró un oficio en el que se le pide al jefe de policía de la Unidad Regional 1 que concurra a los domicilios de los dirigentes docentes o procure su ubicación en el acampe docente, para notificarlos de la instrucción de causas por el delito de daños en el edificio de la legislatura, ocurridos supuestamente el jueves 23 de mayo. En este marco se les prohíbe acercarse a menos de 200 metros del Parlamento, bajo apercibimiento de ordenar su detención en caso de incumplimiento de la medida.

Cabe señalar que en las últimas horas el gobierno de Hugo Passalacqua anunció un aumento para los docentes del 34%. Algunos gremios como la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp) aceptaron; sin embargo, el resto de las agrupaciones resolvieron continuar el plan de lucha por salarios dignos y extendieron el paro a toda la semana.

La FOTIA y FEIA llaman al paro

Las negociaciones salariales en el azúcar se desarrollan en el marco de los debates previos al tratamiento de la Ley Bases en el Senado para el 12 de junio y que significará un gran retroceso en derechos laborales. A través de las paritarias para la zafra 2024 el gobierno tucumano de Jaldo (alineado con Milei), los empresarios y la conducción de la FOTIA buscan llegar a ese día sin conflictos salariales con la intención mostrar un apoyo unificado a dicha ley.

Para acelerar los acuerdos la conducción de la federación acordó con el ingenio La Trinidad de Concepción un aumento del 100% no remunerativo para mayo y un 165% en junio, una parte remunerativo y otra parte no, algo que el resto de los ingenios no estaría dispuesto a aceptar. Por ejemplo, el Ingenio Concepción de la familia Luque propuso un 90% en mayo y un 24% recién en septiembre. El acuerdo con La Trinidad dejaría un salario mínimo de 821.000, apenas el equivalente a la canasta básica de pobreza y muy lejos de los 1.100.000 pesos que marcan la Canasta familiar de Consumos Mínimos.

Mientras el Instituto Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT) anticipó que será una gran campaña, la caña ya tiene un alto rendimiento y tienen garantizado el mercado interno, bioetanol y la exportación de 440.000 toneladas.

Los empresarios esperan una cosecha récord, con un 20% más de producción de azúcar, al mismo tiempo intensifican los ritmos de trabajo poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores. Ponen en juego nuestra vida para llegar a octubre con la mayor producción posible pensando en la próxima cosecha, pero no están dispuestos a aumentar los salarios para que las familias del ingenio no sean pobres.

Por la bronca de los trabajadores que vienen aguantando salarios de hambre y accidentes laborales desde hace meses, la FOTIA se vio obligada a llamar a un paro de 24 horas. Debería ser el comienzo de un plan de lucha escalonado. La burocracia azucarera no paró en el último paro nacional convocado por la CGT a pedido de Jaldo y Milei.

Es necesario hacer asambleas en todos los ingenios para discutir los pasos a seguir ante la tremenda provocación de los empresarios y el gobierno. La organización desde abajo, el paro y un plan de lucha contundente son el camino para lograr nuestros reclamos. Que son por el aumento de salarios, pero también el pase a planta del personal de Lemase y condiciones de trabajo.

Trabajadores de Secco S.A bloquearon los portones del Ceamse en San Martin

Trabajadores de la empresa Industrias Secco S.A bloquearon el martes desde las 12:00 los portones de CEAMSE de San Martín. La medida se definió como parte del plan de lucha que vienen llevando adelante los trabajadores del sector de la energía por la reincorporación de 7 despedidos y la reapertura de la planta de la Central Térmica de Ensenada que convierte el gas metano que se produce de las montañas de basura acopiada en el predio del CEAMSE, en energía eléctrica para abastecer hogares.

Fueron acompañados por trabajadores del Astillero Río Santiago, del neumático, Madygraf, representantes de ATE San Martín, Luz y Fuerza Zárate, CTA Autónoma y Anabella Colli, concejala por el PTS-FIT en José C. Paz.

Este reclamo, denunciaron en un comunicado, se da en el marco de la crisis energética que atraviesa nuestro país y los aumentos de tarifas que golpean a las familias trabajadoras, por lo cual vemos necesario la reapertura de la central térmica para garantizar la energía a los hogares de la región de forma amigable con el ambiente o que nuestros compañeros sean reubicados en las otras centrales eléctricas donde los trabajadores denuncian que hay falta personal.

Al finalizar la acción, desde el ministerio de Trabajo llegó la convocatoria a audiencia y los trabajadores votaron en asamblea movilizarse e invitaron a los distintos sectores que los vienen acompañando.

Cabe señalar que el 22 de mayo los trabajadores tuvieron una primera audiencia en el Ministerio de Trabajo de provincia de Buenos Aires. Allí, la empresa se negó a reincorporar a los trabajadores, argumentando que los dejó sin la fuente laboral por “circunstancias productivas”. Cabe señalar que Secco Renovar forma parte del mismo grupo empresario que Secco S.A, que opera en diferentes ciudades del país, y mantiene negocios comerciales con grandes empresas nacionales e internacionales en relación a la generación de energía y a la compresión de gas.

En esa ocasión, denunciaron: «La empresa sigue con el mismo discurso, se contradicen. Nos echan por ser parte de Secco Renovar, dicen que no tienen recursos, pero son parte de Secco S.A, son el mismo grupo económico. Quieren lograr un desgaste nuestro y no lo van a lograr. Vamos a seguir luchando por la reincorporación de los 7». «Lo que pretende la empresa es claro, es flexibilizar, echarnos a nosotros y manejarse con un plantel reducido, obviando todos los derechos que son conquistados por la agrupación. Así que vamos a seguir organizados».

Su reclamo fue apoyado por la Cámara de Diputados de la PBA, donde se votó a favor una declaración de repudio presentada por la diputada del PTS/FIT Laura Cano a los despidos de los trabajadores de Secco de la planta de energías renovables del CEAMSE de Ensenada.

TextilCom-Catamarca: la toma de fábrica lleva dos semanas

Se cumplieron dos semanas desde que las trabajadoras y trabajadores de TextilCom decidieron tomar la plata en Catamarca para evitar su vaciamiento. Movimientos extraños en la planta alertaron del plan de Carlos Vilariño de cerrar la fábrica y llevarse la maquinaria y el stock, como ocurrió en La Rioja. Desde entonces, el reclamo por los 134 puestos de trabajo tuvo una importante difusión y generó solidaridad por ser una postal de cómo los empresarios descargan la crisis sobre los trabajadores.

La repercusión de la pelea de TextilCom también está ligada al método de la respuesta obrera: la ocupación de la fábrica. La acción de los trabajadores de la planta catamarqueña es novedosa ante la ola de despidos y suspensiones en la industria textil. Como mencionamos, TextilCom cerró su filial en La Rioja dejando en la calle a 143 operarios; en esa provincia también cerró AlpaCladd, dejando sin trabajo a 45 obreros. Mientras, en Corrientes, la Hilandería Emilio Alal, que emplea 200 operarios, anunció el cese de la producción por 60 días a partir del 1° de junio. Previamente en Tucumán hubo una ola de despidos en la Topper (ex Alpargatas), TN&Platex y Tecotex.

“Él por videollamada nos decía que nos pongamos la camiseta de la empresa”, cuenta una trabajadora sobre Vilariño. Menos tiempo para la familia, los amigos y el descanso; más tiempo sobre la línea, era la orden empresaria. Poco a poco se hizo una costumbre quedarse a hacer horas extras, trabajar los fines de semana, incluso los feriados. Otros ya habían conseguido un segundo trabajo porque las deudas no dejaron de acumularse. “Trabajo de lunes a lunes”, comenta una obrera que llega a la toma después de su segundo trabajo.

Por el cierre abrupto de la fábrica y la acción obrera para impedir el vaciamiento, quedó stock para seguir produciendo y también prendas confeccionadas. “Nosotros hacíamos camperas de niños para donar, hoy no las podemos entregar. Todos los meses nos decían que hagamos y después se las llevaban para donar. Hoy eso está parado, pero es parte de lo que podemos hacer”, comenta una operaria. Entre mate y mate, con el ejemplo de las camperas de niños en medio de semanas de bajas temperaturas, la toma de la fábrica también abre una discusión sobre su funcionalidad social. Además de estas prendas para donaciones, la textil puede ser un lugar para producir guardapolvos para las escuelas y ambos para los trabajadores de la salud.

Como sucede en tiempos de crisis, los ejemplos de la textil Traful Newen, la cerámica Zanón o de la gráfica Madygraf muestran el rol que puede jugar una fábrica para la comunidad, mientras levanta la perspectiva de la estatización de la fábrica y la puesta en funcionamiento bajo control obrero.

Hace unos días el gobernador, Raúl Jalil, estuvo a unas cinco cuadras de la fábrica ocupada. Para su rutina de actos no hay lugar para la emergencia de 134 familias que alteraron sus vidas.

“Él no dudó en traer a Vilariño, venir para sacarse la foto en la inauguración y ahora no da la cara”, resume una operaria sobre la actitud del gobernador. Vilariño desembarcó en la provincia por un régimen de promoción que le dio líneas de créditos, que según versiones periodísticas no pagó, y otras facilidades, entre ellas el predio cedido por la provincia.

Con la lucha de TextilCom en la agenda, Jalil afirmó que todo está próximo a solucionarse ya que “hay dos o tres inversores interesados de la fábrica”. Una nueva promesa del gobierno que viene intentando ganar tiempo para desgastar la lucha de los trabajadores, con funcionarios que intencionadamente lanzan versiones cruzadas. Para desbaratar las maniobras empresarias y del Gobierno, está planteado fortalecer la organización de la fábrica, con asambleas para discutir democráticamente los pasos a dar e impulsando un fondo de lucha para que la pelea no se quiebre por hambre.

Las movilizaciones de la semana pasada llevaron a que el viernes el Gobierno entregue cheques de 100.000, “ayuda” que muchos trabajadores no pudieron cobrar. A su vez, los funcionarios quieren presentar como una gran gestión los trámites del fondo de desempleo que, sin embargo, no pudieron avanzar porque Vilariño no venía realizando los aportes. El sindicato textil, el SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines), también muestra estas reuniones por las indemnizaciones como solución, sin plantear la pelea por sostener todos los puestos de trabajo.

Mientras tanto, el apoyo continúa llegando de diferentes lugares. Alguien manda al grupo de WhatsApp que en la escuela de su hija una docente les dio para trabajar un texto sobre su reclamo. En otro momento, el Sindicato de Municipales les envía donaciones. Ellos también están en una pelea y este lunes comenzaron un campamento por sus salarios. Cada muestra de solidaridad es un aliento más para continuar con la pelea para que TextilCom vuelva a funcionar, con todos los puestos de trabajo para que ninguna familia quede en la calle.

Catamarca: trabajadores del SEOM iniciaron acampe

Continúa el reclamo por las paritarias de los trabajadores municipales. Frente al Palacio Municipal de la Capital se inició un acampe del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), en el marco del día 20 de su paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza se sostendrá hasta que el intendente Gustavo Saadi dé una respuesta satisfactoria por la recomposición del salario.

Los municipales rechazaron la propuesta de un aumento del 8,8% más un bono de 50.000 pesos por considerar que es insuficiente en comparación a los acuerdos que firmó la provincia. Un ejemplo de referencia es la paritaria docente firmada por un 15% de aumento para mayo y 10% para junio. La dirigencia del SEOM reclama la intervención del gobernador Raúl Jalil.

El gobierno de Saadi viene negándose a mejorar la oferta paritaria y anunció descuentos. El secretario de Gobierno municipal, Fernando Monguillot, indicó que se realizarán descuentos a quienes participen del paro, por considerar que se trata de una medida de fuerza “inconducente y extrema”.

El reclamo del SEOM viene aplicando diferentes modalidades, con marchas diarias y luego con concentraciones en diferentes puntos de la ciudad. La semana pasada la policía buscó aplicar el “protocolo antipiquetes” para impedir los cortes. Además de sostener el acampe, el SEOM podría movilizar este jueves al Concejo Deliberante.

Paran los trabajadores de prensa televisada

“Luego de tres audiencias y de intentos de negociaciones por parte de SIPreBA durante todo el mes de mayo, desde ATA, que nuclea a los representantes de los canales de televisión, vinieron con una propuesta de 0 % para el mes de mayo, lo cual es una barbaridad ya que perdimos mucho con la inflación, particularmente en los meses de noviembre, diciembre y enero, cuando las empresas aprovecharon para descargar esa crisis sobre los trabajadores”, explicó Agustín Lecchi, secretario general del gremio.

“No podemos aceptar seguir perdiendo salario por eso impulsamos rápidamente asambleas en todas las empresas y definimos iniciar medidas a partir del martes, que se van a extender también el miércoles y el jueves, ya que el jueves es la nueva audiencia con la Cámara empresarial y esperamos que recapaciten y que tengan una respuesta concreta”, agregó.

Pero la situación de la prensa televisada no es el único conflicto que atraviesa el gremio. “En paralelo, estamos también con un estado de alerta y movilización en las radios y en prensa escrita exigiendo una respuesta de las empresas a nuestro pedido de una recomposición salarial acorde a lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos para vivir”, completó Lecchi.

Cierran corresponsalías de Télam

En el ranking que mide la libertad de prensa en el mundo, Argentina cayó 26 puestos respecto de 2023. La ONG que realiza la medición consideró el cierre de la agencia ratificado hoy “un acto simbólico y preocupante”, y a Milei un “depredador” de la pluralidad.

Fiel a su oportuno estilo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa el Gobierno dispuso el cierre de trece corresponsalías de la Agencia Télam a lo largo del país.

Se trata de las que funcionaban en Resistencia (Chaco), Bahía Blanca, La Plata (Buenos Aires), Paraná (Entre Ríos), Santa Rosa (La Pampa), Posadas (Misiones), Viedma (Río Negro), Salta (Salta), Santa Fe, Rosario (Santa Fe), Córdoba (Córdoba), Corrientes (Corrientes) y Mendoza (Mendoza), y lo comunicó a través de un memorándum su interventor, Diego Martín Chaher.

Hasta hoy, la Web exhibe un cartel que reza “Página en reconstrucción” y sus trabajadores se encuentran en su mayoría “dispensados del débito laboral con goce de haberes”. Como respuesta, han abierto el portal Somos Télam donde a diario suben las noticias que publicarían en la agencia pública si continuase abierta.

En él han difundido la clasificación realizada por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), donde la Argentina —tras el cierre de Télam— cayó hasta el puesto 66 en su ranking de libertad de prensa, 26 puestos menos respecto del año anterior.

RSF, una organización no gubernamental internacional y sin fines de lucro de origen francés, cuestionó que “si bien 2024 es el mayor año electoral de la historia mundial, 2023 también fue el escenario de elecciones cruciales, especialmente en América Latina, donde accedieron al poder depredadores autoproclamados de la libertad de prensa y de la pluralidad de los medios, como Javier Milei en Argentina quien, en un acto simbólico y preocupante, cerró la mayor agencia de noticias del país”, en alusión a Télam.

La ONG realiza esta clasificación basándose en “un estudio cuantitativo de los abusos cometidos contra periodistas”, por un lado, y “un estudio cualitativo”, por el otro.

Según destacan en Somos Télam, “la brusca caída de Argentina en el artículo de RSF se equipara, por ejemplo, al Afganistán de los talibanes, que en 2024 también perdió 26 peldaños, hasta el puesto 178, antepenúltimo del ranking que cierran Siria (179) y Eritrea (180)”.

Cuestionado por el periodista de FM La Patriada, Fabián Waldman, sobre los cierres de las corresponsalías y las emisoras de Radio Nacional —donde ninguna de las 49 emisoras provinciales, de Ushuaia a La Quiaca, tiene director nombrado desde diciembre— el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó: “Si la agencia está cerrada porque los trabajadores están dispensados no tiene ningún sentido tener corresponsalías en el interior del país. Es una cuestión simplemente de sentido común”.

Luego sostuvo que desde que inauguró sus conferencias de prensa periódicas respetó “siempre la libertad de prensa”. Sin embargo, no explicó cómo iba el Gobierno a garantizar el derecho a la libertad de prensa, de expresión y de información que tiene la ciudadanía, sobre todo en aquellos lugares de la Argentina donde no existen más corresponsalías que la del sistema público.

Lejos de acordar con Adorni, en distintos medios internacionales se hicieron eco del informe de RSF: el diario francés Le Monde, la agencia de noticias francesa AFP y el sitio financiero de The Wall Street Journal (Barrons).

También lo hizo la agencia española EFE, que entrevistó a Elena García, portavoz de Reporteros sin Fronteras, quien destacó: “La manera agresiva con la que Milei se dirige a ciertos periodistas demuestra la hostilidad de este presidente hacia el gremio”.

“La libertad de prensa no es una de sus prioridades, puesto que, pocos meses después de llegar al poder, cerró la agencia de prensa Télam, importante no solo en Argentina sino también en toda América Latina”, añadió.

En la misma línea, hace unos días el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas, instó a Milei a “abstenerse inmediatamente de atentar contra la libertad de prensa y de estigmatizar a periodistas”.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado el 3 de mayo de 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO.

La fecha es el aniversario de la Declaración de Windhoek, documento elaborado por periodistas africanos en 1991, sobre los principios de la libertad de prensa y la necesidad de una prensa libre para una sociedad democrática.

Ese día se realizan conmemoraciones para destacar su importancia, evaluar la libertad de prensa en el mundo, defender la independencia de los medios y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

También es la fecha en que se recuerda el respeto que deben tenerle los gobiernos para el funcionamiento de la democracia y se denuncian las restricciones que existen para la libertad de prensa en cada país.

Reprimieron a los obreros del neumático

Fue en la tarde del miércoles 29 de mayo durante una movilización convocada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) desde el Congreso hacia la Secretaría de Trabajo, para exigir la reincorporación de los 97 despedidos en Fate. La Policía Federal buscó impedir la marcha avanzando con camiones hidrantes, disparando postas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes, incluso contra quienes estaban sobre la vereda.

Los trabajadores del neumático denunciaron que además había organizaciones de jubilados que realizaban su habitual ronda de los miércoles, y que incluso cuando la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá se acercó a la protesta recibió dos impactos con balas de goma.

«Empezaron a provocar hasta cuando los manifestantes estaban en la vereda, con el hidrante, con gases, balas de goma. Yo que estaba unos metros atrás tengo marcas de balazos de goma», relató del Plá.

Tras la represión, se llevó adelante un acto en la Plaza Congreso, donde el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, expresó: “Este gobierno de ultraderecha ataca a todos los trabajadores. No querían que lleguemos a la Secretaría de Trabajo a expresar nuestro reclamo, cuando no podemos hacer paro en la planta porque estamos en conciliación obligatoria, ¡pero lo hicimos igual! Es una pelea por defender los puestos trabajo, las condiciones laborales y el salario no solo en el neumático sino de todo el pueblo trabajador, ¡y por eso la CGT tiene que llamar a un paro general cuando se trate la Ley Bases en el Senado!”.

Correo Argentino: a un mes de los despidos y cierre de sucursales

Se cumple un mes, desde que comenzaron los despidos, retiros voluntarios, cierres de sucursales en todo el país y el intento de privatización que se quiere aprobar en el Senado de la Nación. Hay decenas de comunidades que defienden a sus oficinas postales y la estabilidad laboral de sus empleados. Sin embargo, las federaciones gremiales no han presentado un plan de lucha serio y contundente ante el brutal ataque que soportan quienes trabajan en Correo Argentino.

Hasta antes de las cesantías y presiones que la empresa ejerció contra miles de trabajadores que se fueron con retiros voluntarios, eran más de 16.000 empleados en Correo Argentino. Actualmente se calcula que el plantel quedó reducido a 12.000 que aún resisten en sus puestos laborales. Ya se presentaron recursos de amparos en provincias como Córdoba y Río Negro, para impedir el cierre de sucursales en pequeñas localidades que quedarían sin los servicios esenciales que presta el Correo, como el pago de jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, ayudas sociales y otras prestaciones.

Sin embargo, ante la crítica situación, las cuatro federaciones sindicales AATRAC, FOECYT, FOECOP y FEJEPROC, no presentaron un plan de lucha que impida el escandaloso desguace que el gobierno nacional de Javier Milei aplica en el Correo Argentino. Salvo algunas pocas excepciones en algunas filiales regionales, miles de empleados los acusan de estar abandonados por la dirigencia gremial. Incluso existen sucursales que casi están al borde de quedarse sin empleados, pero tampoco intentan revertir la desesperante situación.

Hubo casos donde el secretario general de AJEPROC de Chubut, Alberto Porro, justificó que los despidos se debían a que había ingresado más de 6.000 trabajadores al Correo durante la pandemia de hace cuatro años atrás. Esos datos son erróneos aseguran varios trabajadores y, además, ningún empleado sobraba en la empresa. Lo que ocurre, es que están vaciando Correo Argentino, para entregarlo a algún empresario amigo del gobierno como Marcos Galperín de Mercado Libre o al dueño de la empresa logística Flechalog, Emiliano Gastón Graciani. Incluso pueden desmembrarla para que varias empresas privadas del mercado postal puedan beneficiarse con un jugoso y millonario negocio.

El actual presidente del Correo Argentino Camilo Baldini (ex dirigente de La Cámpora y ahora funcionario ejecutor del gobierno de Javier Milei), aseguró en un comunicado que su plan es una reorganización de la empresa para modernizarla y hacerla más redituable para el país. Es el mismo discurso que se dijo durante la privatización de ENCOTESA en 1997, para luego dejarla en manos del empresario Franco Macri. Por aquellos años también hubo despidos, retiros voluntarios y cierre de sucursales. Además, Macri se terminó yendo del Correo con una deuda de 900 millones de dólares que hasta hoy debe al Estado.

Durante las últimas semanas hubo más respaldo a los empleados del Correo, como lo fue el aliento de los trabajadores postales de Brasil y su sindicato FENTECT. También hubo solidaridad de los diputados del Frente de Izquierda Unidad y dirigentes del Partido de Trabajadores Socialistas Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman. Repudiaron lo que suceden en el parlamento. Incluso algunos senadores nacionales denuncian cierres de sucursales en Río Negro Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. También hacen lo mismo numerosos intendentes y concejales de decenas de ciudades del país. La indignación crece constantemente en la opinión pública.

Pero lo que falta es la presencia de la dirigencia gremial del Correo y la misma Confederación General del Trabajo llamando a derrotar el nefasto plan que no solamente sucede en Correo Argentino. También ocurre en Trenes Argentinos, Radio Nacional, ANSES, Vialidad Nacional y otras empresas estatales. 

Fuentes: Canal Abierto, Red Eco Alternativo, Indymedia Trabajadoras/es, Agencia FARCO, Perfil, InfoGremiales, La Izquierda Diario, Página/12, Clarín, www.somostelam.com.ar., Prensa Obrera, Tramas, Resumen Latinoamericano

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