«La semana pasada tuvimos una buena reunión con la CGT. Nos hicieron una cantidad de planteos y lo único que les dijimos fue que nos comprometíamos a dar una respuesta en diez días. Se generó una expectativa exagerada pero no corre por nuestra cuenta», afirmó Mario Quintana, Vicejefe de Gabinete. También Prat Gay sostuvo que […]
«La semana pasada tuvimos una buena reunión con la CGT. Nos hicieron una cantidad de planteos y lo único que les dijimos fue que nos comprometíamos a dar una respuesta en diez días. Se generó una expectativa exagerada pero no corre por nuestra cuenta», afirmó Mario Quintana, Vicejefe de Gabinete.
También Prat Gay sostuvo que «no se acordó absolutamente nada» en la reunión que el Gobierno mantuvo la semana pasada con la cúpula de la CGT, sino que «se tomó nota de los reclamos» y se abrió un período de 10 días para evaluar una propuesta y «ponerla a consideración de los empresarios».
«Lo de Prat-Gay fue una provocación, esto se tiene que terminar», retrucó Pablo Moyano. «El bono de 500 o 600 pesos es una vergüenza, no podemos seguir cruzados de brazos. Si no dan respuesta, tenemos que hacer una movilización o un paro general. Siguen dilatando la cosa para no darnos una respuesta definitiva», dijo.
Sin embargo, el Consejo Directivo de la CGT no avanzó con la pretensión de los sectores más confrontativos de la entidad de ponerle ya fecha al paro general contra la administración macrista. La decisión fue la de respetar el plazo de diez días acordado con un grupo de ministros, que se cumplirá el miércoles, y agotar todas las instancias de negociación posible. Incluso Pablo Moyano se allanó a este criterio. Si finalmente el planteo no prospera, entonces definiría la fecha de la medida de fuerza.
Pese a la apuesta en defensa de preservar el camino del diálogo y la negociación, puertas adentro de la central sindical es cada vez mayor el núcleo de dirigentes que observa con pesimismo el resultado de las gestiones ante el Gobierno. Dentro de esos grupos sospechan que el Ejecutivo solo avanzará con alguna medida para atender la situación de los jubilados que cobran el haber mínimo y los beneficiarios de planes sociales (se menciona un plus de fin de año de entre $ 500 y $ 700) y con la excepción del medio aguinaldo del cálculo de Ganancias, con un tope que se ubicaría entre los salarios brutos de $ 40.000 y $ 45.000.
Ese esquema, sin embargo, no atendería el principal pedido de la central: el pago de una compensación salarial universal con un piso de $ 2.000 para trabajadores estatales y del sector privado. El monto es el ofrecido al gremio de Comercio como reconocimiento de fin de año. La referencia, que admitieron funcionarios y sindicalistas, surge de la propuesta de un sector mercantil al gremio de Comercio de aumentar por el segundo semestre de la paritaria un 15% más un bono de 2.000 pesos. Para ser el faro del debate ese sindicato cumple dos requisitos: es el de más afiliados en la actividad privada (cerca de un millón) y sus sueldos son en general bajos en comparación con otros rubros.
Sin embargo, en declaraciones radiales el mismo Pablo Moyano días después levantó la apuesta: «La CGT no tuvo huevos para pararle al gobierno. Si no hay una definición concreta, no tendría sentido seguir en la CGT» y continuó: «El descontento es muy grande, hay gremios que están pidiendo la reapertura de las paritarias. El Gobierno ha sido muy vivo y enfocó el reclamo en un bono y tapó todos los reclamos que se vienen realizando como si la CGT quisiera hacer un paro por un bonito».
Las provincias y municipios del Conurbano bonaerense buscaron enfriar el tema y advirtieron sobre la falta de fondos. A modo de ejemplo la provincia de Santa Cruz que gobierna Alicia Kirchner advirtió que cualquier acuerdo que se pueda concretar respecto a un bono, pondría nuevamente en crisis la frágil paz social que vive la provincia. «La situación económica está extremadamente al límite, cualquier gasto extra complica fuertemente a la provincia. Ya es difícil sostener mejoras hechas en paritarias, mucho más lo será un premio o bono», indicó una fuente oficial del área de Trabajo.
El dirigente de la UIA y de la industria alimenticia, Daniel Funes de Rioja, alertó en declaraciones radiales: «No vemos posible un escenario de un bono generalizado».
En este sentido, el titular de la Copal especificó que la entidad tiene catorce convenios vigentes y, de ellos, «el más vinculado a la alimentación propiamente dicha, cerró un acuerdo paritario del 36 % desde mayo», con lo cual una eventual «reapertura del convenio, cuando se está cobrando una de las etapas de ese incremento, no lo veo factible».
Varios gremios reclaman la reapertura de paritarias
Udocba resolvió otra medida de fuerza docente para el 17 de octubre. El gremio le reclama a María Eugenia Vidal la reapertura urgente de paritarias, blanqueo salarial y saneamiento del IOMA.
Paralelamente, la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) realizó una presentación para que se reabran las comisiones paritarias y le advierten a Vidal que el cierre de esa posibilidad sólo los conduce al conflicto.
Mientras tanto, Vidal nombró a un ex gerente de Techint durante la dictadura a controlar el «presentismo» docente.
Se llama Ernesto Rona, es contador y trabajó para el grupo de Paolo Rocca entre 1978 y mayo de este año. Trabaja desde hace algunos meses en el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Roberto Gigante. Por si esto fuera poco, la información difundida agrega que será el encargado de elevar a sus superiores una propuesta de modificación al Estatuto Docente.
El ex CEO trabajó durante la dictadura como «auditor operativo» y «Jefe de sistemas» en la planta siderúrgica Siderca, ubicada en la localidad bonaerense de Campana, en la misma época y en el mismo lugar en el que desaparecían unos 70 trabajadores. Vale recordar que Campana cuenta con 230 casos denunciados de desapariciones de persones y un total de diez centros clandestinos de detención registrados. Y un dato habla por sí solo de la complicidad entre Techint y los genocidas: los terrenos de Siderca fueron cedidos por Paolo Rocca al Ejército y pasaron a ser «jurisdicción» de esa fuerza armada.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) rechazó la tercera propuesta paritaria «del segundo semestre» del gobierno de María Eugenia Vidal realizada el pasado viernes 30 de septiembre y votó un nuevo paro de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud, para el miércoles 5 y jueves 6 de octubre «porque no fue una propuesta integral, solo abordó lo salarial», según expresó el presidente del gremio, Fernando Corsiglia.
El paro de 48 horas completó un total de 4 paros de 24 horas y 3 de 48, 10 jornadas de medidas de fuerza total de las cuales ya van 8 de cumplimiento efectivo, siempre con la modalidad de atención de casos graves por guardia y a pacientes internados.
El gremio de bancarios retomó miércoles y jueves las asambleas de protesta que afectaron las últimas tres horas de atención al público, como ya pasó la semana anterior. Reclaman la reapertura de paritarias y la eliminación del Impuesto a las Ganancias.
Al respecto, hace 16 años que no se tocan las escalas de ingresos sobre las cuales son aplicadas las alícuotas del Impuesto a las Ganancias. Durante ese período la inflación acumuló 1.500% y el precio del dólar se multiplicó por quince.
El miércoles 5 una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado realizaron una concentración en la capital de Santa Fe. Amsafe, Siprus y la Seccional Rosario de ATE se manifestaron frente a la Casa de Gobierno. El reclamo central fue la inmediata reapertura de la paritaria salarial.
Los docentes provinciales de Amsafe Rosario también participaron en el marco de un paro en toda la provincia. «En nuestro caso, el acuerdo firmado por la Comisión Directiva Provincial de Amsafe en la paritaria de marzo significó que ya perdimos más del 15% de nuestros salarios frente a la inflación y, por efecto de las sumas en negro, nuestros jubilados perdieron más del 25% de poder adquisitivo. Y los precios siguen subiendo. La mal llamada Ley nacional de «reparación histórica» para los jubilados es una gravísima amenaza contra nuestro régimen previsional ya que establece que las provincias deben «armonizar» sus condiciones jubilatorias con las de Nación».
También los trabajadores estatales de Córdoba, realizaron una jornada de protesta, con abandono de tareas y movilización, en el marco de la lucha por la reapertura de las negociaciones salariales y el cese de los despidos.
Asimismo, José Pihen, titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) ratificó el «paro total de actividades» para el 20 de octubre, y anticipó la «profundización progresiva» de las medidas de fuerza.
El gobernador Juan Schiaretti manifestó en varias oportunidades que no está prevista la reapertura de paritarias, al sostener que el aumento salarial acordado a principios de año con los estatales, incluidos los docentes, fue superior a la inflación del primer trimestre.
Entre los puntos en conflicto, el gremio exige que se dejen sin efecto las bajas de contratos de empleados, que afecta particularmente al sector de la salud pública.
Piden el pase a planta permanente de los cargos concursados y la «derogación» de la Ley provincial previsional 10.333, promovida por el gobernador Juan Schiaretti.
La norma, vigente desde diciembre último, según los gremios estatales recorta el 82% móvil para dejarlo en un salario real del 73% de los jubilados y pensionados.
El 4 de octubre confluyeron los docentes universitarios nucleados en la CONADU Histórica y la CONADU en un paro de 24 horas. El 13 y 14 volverá a hacerlo la Conadu-H en reclamo de un inmediato incremento salarial.
Representantes de la empresa Aerolíneas Argentinas y los principales referentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderados por el titular del gremio, Pablo Biró, se reunieron la semana pasada en procura de una salida al conflicto salarial que, a mediados de septiembre último, paralizó los vuelos durante 16 horas.
Fuentes gremiales manifestaron que «si bien no se han registrado avances durante los cuatro encuentros celebrados en las dos últimas semanas, después del paro de 16 horas, hay una mesa de negociaciones que está trabajando».
El martes pasado trabajadores del Grupo Clarín, Interpack (Grupo Zupán), Morvillo & Quad Graphics, Amcor Tobacco, IPESA , Aluex, New Press y otros numerosos talleres y cooperativas gráficas realizaron una concentración en Av. Rivadavia y Donato Álvarez desde donde se movilizaron a la Cámara empresaria del sector, la FAIGA (Federación Argentina de la Industria Grafica y Afines), en Ramón Falcón 1657, para reclamar por la reapertura de las paritarias.
Los gráficos reclaman un 25% de aumento para la paritaria del segundo semestre, que venció en el mes de septiembre y fue del mismo porcentaje, de modo de obtener un aumento del 50% anual, ante una inflación que tomando los números oficiales del primer semestre proyecta una inflación anual del 47%.
Despidos y suspensiones en la industria
En declaraciones a El Norte de San Nicolás el sábado 1º de octubre, el flamante secretario general de la UOM Villa Constitución, Pablo González, reconoció que en Acindar se vienen cientos de despidos producto del recorte de canon que efectúa la empresa madre a sus empresas contratistas. Este plan incluye despidos, rebaja salarial, flexibilización y aumento en los ritmos de producción, conformando un combo que asegura mayores ganancias para la multinacional angloindia. Esto lo hace en un contexto donde la patronal aumentó su producción y donde ya hay firmados contratos millonarios de obras públicas. González, que acaba de ganar la conducción de la seccional con su Lista Blanca, dijo que «a pesar de vislumbrar una leve mejoría, Acindar estaría buscando una reducción del 30 % del canon que paga a las contratistas. Y eso, claro, está directamente alineado con la reducción de planteles de trabajadores». Esta amenaza profundiza la crisis de desempleo: en Villa Constitución y San Nicolás trepó hasta el 8,4 % según lo reconoció el propio INDEC en su última medición. Se trata de una de las diez regiones más afectadas en el país.
Tras una negociación incumplida por parte de la empresa, son quince los trabajadores que decidieron tomar la metalúrgica Franz y Cía en Quilmes.
«El problema que tenemos es que hace un año que nos vienen pagando como ellos querían, en dos, tres veces. Cobrábamos cuando ellos cobraban un cheque. Peleando los aumentos porque decían que no tenían plata».
«Hasta que dijeron que no había trabajo. Nos juntamos, nos dijeron que no tenían plata para la indemnización. Se juntó el abogado de ellos y el abogado de la UOM, nuestro. Y ahí acordamos que nos pagaban con las máquinas, que nos daban las máquinas para vender. Nos mandaron el telegrama y esperando firmar para vender las máquinas nos dijeron que no iban a firmar nada. Nos quedamos en la calle, sin trabajo, sin plata, con deudas», relató de uno de los delegados gremiales que quedó despedido y decidió tomar la planta.
Ante los retiros voluntarios que decidió la firma empujada por la apertura de importaciones, el tarifazo y la caída del mercado interno, los empleados de la fábrica de zapatos y zapatillas Wyler’s, radicada en Alcorta, localidad ubicada a unos cien kilómetros al sur de Rosario, decidieron movilizarse y hasta escribieron una carta a Macri.
La empresa, que tiene casi 150 trabajadores, acusó que en lo que va del año sus ventas cayeron un 40 %. Ante el agravamiento de la situación, la patronal abrió retiros voluntarios, por lo que los operarios realizaron el miércoles a la mañana una movilización en la plaza del pueblo para concientizar a la comunidad del complejo escenario laboral y productivo que les toca vivir.
En lo que va de 2016, la importación de calzados creció en un 36% si se la coteja con igual lapso de 2015. Según el Observatorio de Importaciones que depende del Ministerio de la Producción y de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), entraron en total 20.680.254 de pares.
«Sin ninguna bandera política más que la necesidad de que escuche a un pueblo que está padeciendo medidas económicas devastadoras, esta empresa está viendo caer su producción con las políticas de libre importación, variaciones en el tipo de cambio, sumado a los sucesivos aumentos de los servicios, aumentos que no se han visto reflejados de la misma manera en el salario de ningún trabajador».
«Como parte del proceso productivo de esta empresa nos preocupa la posible falta de trabajo que podemos llegar a padecer en algunos meses debido a la entrada de calzado del exterior a un precio donde sería imposible competir, donde el mercado local va decayendo en producción y más aún en ventas», advertían los empleados de Wyler’s en una carta al Presidente Mauricio Macri, donde resaltan que la empresa «se ve amenazada por el cambio de algunas leyes de importación, tarifazos e incertidumbre económica que atraviesa el país». El mandatario no respondió.
El Sindicato de Empleados del Tabaco culpó al gobierno por la crisis que atraviesa la actividad. «A nivel nacional se perdieron cientos de puestos de trabajo en cinco meses», señalaron desde el gremio.
El Sindicato Único de Empleados del Tabaco (Suetra), que conduce Raúl Quiñones, dispuso el estado de alerta mientras se profundiza la crisis del sector, al igual que lo hizo la Federación Gremial del Tabaco, que encabeza Juan Martini.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Suetra, «esta semana, y por primera vez en sus más de 110 años de producción en el país, la empresa Massalin Particulares se vio obligada a parar sus fábricas en Merlo (provincia de Buenos Aires) y Goya (Corrientes) para ajustar stocks tras la caída del 20 % de los volúmenes de venta desde el aumento del impuesto interno decretado por el Ministerio de Hacienda en mayo pasado».
El reclamo de Suetra se suma al de la Federación de Trabajadores del Tabaco, que el miércoles denunció el despido de más de 500 trabajadores en Salta y Merlo, en la provincia de Buenos Aires.
La curtiembre Espósito de Avellaneda cerró sorpresivamente sus puertas y envió telegramas a sus 110 trabajadores. Hay despidos y suspensiones sin goce de sueldo. Se teme por una maniobra de vaciamiento para reducir costos.
Los trabajadores se encuentran en alerta y han decidido bloquear el ingreso a la planta para impedir el traslado de la materia prima y detener la producción, a la espera de respuestas por parte de la empresa.
La fuente de trabajo de 850 trabajadores de CURTUME CBR S.A, la ex Curtiembre Yoma, peligra debido a las denuncias por contaminación contra la firma, a un frente sindical por descuentos a empleados por paros, pero esencialmente por la complicada situación económica de la empresa debido a la brusca caída de sus ventas.
Esta situación fue denunciada en un comunicado de prensa por la Cámara Comercial e Industrial de Chilecito (La Rioja), que expresa que «ante la grave y seria situación que atraviesa la industria del cuero en general y especialmente la radicada en nuestro departamento, CURTUME CBR S.A, pone en serio peligro la continuidad de su actividad».
TN Platex, de capitales nacionales, decidió el cierre de su fábrica de hilados en Chaco y mantiene suspensiones del personal en otras seis plantas. La fábrica funcionaba desde hacía 20 años y empleaba a 170 personas.
El desplome de la demanda interna, el sobre stock y la competencia de productos importados pusieron en jaque a TN Platex, la mayor fábrica textil y de hilados del país. A fines de septiembre, la firma de la familia Karagozián tomó la decisión de discontinuar la producción en su planta del Chaco, y está trabajando a un 60% en otras siete fábricas en La Rioja, Tucumán y Corrientes.
En cuanto al destino de los más de 1.500 trabajadores empleados en las restantes fábricas del grupo, Karagozián aseguró que «el personal está cobrando el 70% del salario, y esperamos recomponer pronto la situación».
La cooperativa Fibranor se sumó este fin de semana a la lista de fábricas textiles y metalúrgicas que cerraron sus puertas en el Chaco en lo que va de 2016, en medio de la caída de la demanda por la recesión económica y la apertura de importaciones que golpea fuerte a la industria.
Si bien en este caso no se trata de un cierre definitivo, las autoridades de la cooperativa ubicada en la localidad de Fontana y que emplea a unas 70 personas anunciaron que bajaron las persianas por tiempo indeterminado, porque no existen previsiones de mejora para la actividad. Una crítica situación también atraviesa el Parque Industrial de Sáenz Peña, la segunda ciudad del Chaco, donde ya cerraron empresas como la metalúrgica Yarros y la fábrica de piscinas Igüi, lo cual generó la pérdida de decenas de empleos.
La firma internacional Igüi se había instalado en Sáenz Peña en enero de 2012 con una inversión de más de 18 millones de pesos y la contratación de 25 chaqueños, con un fuerte impacto en cuanto a empleos indirectos, principalmente, en el sector del transporte de cargas. La fábrica textil Top San Juan, que fabricaba dos modelos de jeans para la marca Levi’s, anunció que cierra sus puertas y, en el ámbito de una negociación que se desarrolló en la Subsecretaría de Trabajo provincial, les ofreció a los empleados -que suman 110- un plan de retiros voluntarios u optar por tomar vacaciones y cobrar el 50% de sus salarios hasta enero próximo.
El fin de semana se confirmó la noticia de que la empresa Pirelli (Merlo) había despedido a 80 trabajadores. Se trata de operarios contratados por agencia pero que en los hechos debieran ser pasados a planta ya que realizan las mismas tareas que el resto en los distintos sectores. Por este motivo, la nueva conducción de la seccional del SUTNA Merlo convocó a asamblea general de fábrica para este martes 11 a las 14:30. La idea allí es discutir y decidir las medidas a tomar para lograr la reincorporación de todos los compañeros.
Desde las primeras horas del lunes pasado, los trabajadores petroleros de las empresas SP y San Antonio se concentraron en la administración de la empresa YPF, y le reclamaron la baja de equipos en Chubut y Santa y Cruz; y falta de pago de salarios.
«Los equipos que tiene paralizados YPF» -explicó Daniel Ruiz, delegado de trabajadores de SP-, involucra a «unos 400 trabajadores que quedaron colgados y no se sabe qué pasará con sus salarios».
En sintonía con el cierre de locales que se observa a nivel provincial, el referente de SEOCA en La Matanza, Ernesto Ludueña, advirtió que «en lo que va del año, ya se perdieron más de mil puestos de trabajo mercantiles».
La asamblea de Radio América resolvió movilizarse el miércoles 5 de octubre hasta las oficinas del ente Nacional de Comunicaciones (EnaCom).
La actividad se hizo en defensa de todos los puestos de trabajo de la radio y por el cobro de subsidios y consistió en una Radio Abierta, por la que pasaron dirigentes y delegados gremiales, representantes de movimientos sociales y políticos, legisladores, entre otros.
En el medio de tantas malas noticias, 86 trabajadores de la tercerizada Chick vuelven a su lugar de trabajo tras un acuerdo conseguido en el marco de la conciliación obligatoria el jueves pasado en el Ministerio de Trabajo, que retracta la medida tomada por Telefónica.
El conflicto se inició hace 10 días, cuando se conoció la noticia de que la empresa dejaría de funcionar, dejando a 86 telefónicos sin su fuente laboral. A partir de allí los trabajadores organizados en la Unión de Empleados y Trabajadores de la Telecomunicaciones (UETTel) de la CTA Autónoma, comenzaron un plan de lucha, con paros, movilizaciones y cortes de calle frente a las oficinas que la empresa Telefónica de Argentina tiene en el microcentro porteño.
La economía para atrás
El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, registró en setiembre una caída de 17,9 % respecto a igual mes del año anterior. Este dato está vinculado a la caída que registra la actividad de la construcción según la última medición: 23,1 % en julio.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que «las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 7,7 % en septiembre, frente al mismo mes del año pasado, afectadas por el menor poder adquisitivo de las familias.». A lo que agregó que «es el noveno mes consecutivo en que las ventas bajan agresivamente, en una tendencia que comenzó a principios de año y no muestra por ahora señales de cambio.»
«Las caídas anuales más pronunciadas en el mes ocurrieron en: ‘Electrodomésticos y artículos electrónicos’ (-16,8 %), ‘Neumáticos’ (-12,4 %), ‘Ferreterías’ (-10,9 %), ‘Textil e indumentaria’ (-9,6 %) y ‘Materiales para la construcción’ (-7,9 %). A diferencia de agosto no hubo ningún rubro en alza», resaltaron desde la Cámara empresarial.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó una encuesta entre empresarios de 49 PYMES de Capital y Gran Buenos Aires. «Es una muestra representativa de la realidad del sector», destacaron. Los resultados son preocupantes y dan cuenta de lo golpeadas que están las pequeñas y medianas empresas por la baja de la actividad económica y la pérdida de rentabilidad.
Los principales resultados del informe son los siguientes:
– El 84% sufrió caída de ventas. Esta caída fue del 34% en promedio;
– El 42% de las empresas redujo su personal y en promedio la reducción fue del 10%. La mayor tasa de despidos ocurrió en las pequeñas;
– Los salarios evolucionaron entre junio 2015 y junio 2016 en un 26%, y la pérdida de poder adquisitivo de aquellos trabajadores/as en MiPyMes es del 20%;
– El costo energético subió 237% en promedio y un 308% para las medianas;
– No hay expectativas positivas: las MiPyMes no esperan recuperación en el segundo semestre. El 74% cree que las ventas caerán en 2016, el 31% prevé una baja en ocupados y el 35% que caerán las exportaciones;
– El 69% realizó inversiones en 2015 y un importante porcentaje, 60%, no realizó ni piensa realizar inversiones en 2016 (por aumento de tasa de interés, caída de rentabilidad y caída de ventas en general).
La Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) publicó un informe sobre el desempeño del sector automotriz. Allí se pone de relieve que la producción de la industria local sigue sin repuntar. Las terminales locales fabricaron en setiembre un total de 42.599 unidades, un 19,6 % menos comparado con el mismo mes de 2015. Comparado con la producción de agosto la baja es del 2,2 %.
En su informe sobre «Perspectivas económicas globales», los expertos del FMI estimaron que nuestro país terminará el año con una caída del PBI de 1,8%, más profunda que la vaticinada en abril de 1%.
En la conferencia de prensa del anuncio del reporte, Oya Celasun, la jefa de la División de Estudios Económicos Mundiales, pronosticó una inflación cercana al 40% a fin de este año y que bajará hasta un 20% a fines del 2017. Ambas cifras por encima de los pronósticos gubernamentales.
«El salario real alcanzó su menor nivel desde 2010 y, en simultáneo, se produjo la mayor destrucción de empleo desde la crisis de 2009», señaló un estudio salarial y del escenario laboral del Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, que coordina Luis Campos.
El texto presentado por la CTA-A señala que la inflación del segundo trimestre alcanzó su punto máximo desde 2002, con el 46,9 % interanual en junio y, en simetría, el deterioro del salario llegó al 7,4 %, en comparación con 2015. También afirmó que la caída fue mayor si se estiman los últimos seis meses del año y consideró que las paritarias firmadas hasta junio «se licuaron en medio del aumento de precios» y que, los reclamos para reabrirlas, son «un termómetro del mundo laboral».
El empleo industrial cayó 1,7 % en el segundo trimestre frente al mismo período del año pasado, de modo que profundizó la baja que se verificó durante los primeros tres meses del año, informó el Indec a fines de setiembre. En el acumulado del año, la plantilla de obreros del sector manufacturero registra una merma del 1,4 %. El peor resultado fue para el sector de maquinaria y equipo, con una merma de personal del 7,1 %, seguido por producción de madera (-5,4), fabricación de autos, remolques y semirremolques (-4,9), equipos, aparatos de radio y televisión y comunicaciones (-4,6), edición e impresión (-3,8), metales comunes (-3,3) e insumos de la construcción (-3,0). También cayó el nivel de empleo en el sector de fabricación de papel, prendas de vestir y otros textiles, cuero y marroquinería, metalmecánica y maquinaria y equipo, muebles y colchones y alimentos y bebidas. De los 22 sectores de la manufactura sólo sustancias químicas y caucho y plástico registraron mejoras de empleo, del 2,2 y 1,6, respectivamente.
El deterioro de las condiciones laborales se completa con la caída del salario real. Según el organismo oficial, el aumento salarial de los trabajadores registrados fue del 30,9 % en junio en la comparación anual. Para el mismo período, el «IPC-Congreso» acumula un alza del 45,3 %. La diferencia equivale al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.
La frutilla del postre: Una empresa de la localidad santafesina de Gálvez, Czerweny, ubicada a 90 kilómetros de la capital provincial, pasó de fabricar en el 2014 y 2015 entre 10.000 y 12.000 motores para aire acondicionado a no fabricar ninguno.
Ofensiva sobre el derecho laboral
La ex gobernadora Fabiana Ríos y la actual Roxana Bertone pretenden exonerar (despedir como docente) a la dirigente del Sindicato Docente de Tierra del Fuego Verónica Alfonso y 16 trabajadores más por participar de un reclamo salarial.
Una delegación del SUTEF y la CTA-A Fueguina se encuentran en Rosario para participar del Encuentro de Mujeres y expandir la Campaña nacional e internacional que desarrollan para impedir las exoneraciones y los desafueros de los dirigentes sindicales.
«Esto nunca ocurrió en los 33 años de democracia. En el caso de Verónica, entendemos que es víctima de la violencia institucional más cruenta, atentando su condición de trabajadora, su condición de clase y por supuesto por su condición de mujer», afirmó en Rosario la Secretaria de Prensa del SUTEF, Florencia Villarreal.
Junto con el apoyo de varios miembros de distintos sindicatos, los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) realizó el martes una protesta en la puerta de Canal 26 debido al despido de Alejandro Posadas.
Posadas es un activo militante del sindicato, e iba a formar parte de una comisión gremial, por lo que desde SATSAID califican al hecho enmarcado dentro de persecución sindical.
Desde el sindicato señalan que el Canal ya destruyó 40 empleos en el año, en lo que entienden es un feroz plan de ajuste.
Además un comunicado gremial firmado por el secretario de Prensa del SATSAID, Alejandro Ruiz, explicó que en los últimos días surgieron versiones respecto de la venta del canal a otro grupo empresario.
«Ese supuesto fue acompañado ahora por la decisión patronal de despedir a trabajadores de prensa y locutores, y a personal de televisión nucleado en el Satsaid», puntualizó el dirigente.
El sindicato ratificó por ello el estado de «alerta» y señaló que adoptará todas «las medidas gremiales necesarias para garantizar la fuente laboral de los trabajadores del canal 26, más allá de cualquier cambio de dueños del paquete accionario de la empresa».
También la multinacional automotriz General Motors lanzó una nueva ofensiva contra Germán Tonero, delgado sindical de oposición en el SMATA, intentando su desafuero gremial.
Este ataque es parte de la persecución que viene dando un salto contra los trabajadores desde la asunción del gobierno de Macri, con el cual los empresarios parecen sentirse envalentonadas para avanzar en complicidad con la Justicia y ante el silencio y pasividad de las conducciones sindicales.
Mientras la OIT denuncia que muere un trabajador cada 15 segundos víctima de un accidente en el trabajo, en Argentina se intenta instalar que el problema está en lo que llaman industria del juicio.
Aunque la prevención reviste suma importancia y el Estado debe velar por ella, en el caso argentino delegó ese deber en las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), cuya finalidad es su rentabilidad: el zorro cuidando el gallinero.
Como si fueran pocos los privilegios de las empresas en este tema, hacen escuchar sus quejas, muchas veces repetidas por políticos de distinto signo pero que en esto coinciden, incluyendo al actual Presidente de la Nación, su predecesora, y a Sergio Massa.
El ataque consiste en estigmatizar a los abogados laboralistas comprometidos con los trabajadores y con los derechos constitucionales que los protegen, llamándolos caranchos, o directamente a la Justicia Laboral, acusándola de favorecer siempre a una parte. Se cierra así el círculo del desprecio por la vida del trabajador y de la maximización ilimitada de la rentabilidad.
En el mundo, las muertes causadas por el trabajo dependiente superan las originadas en accidentes de tránsito, guerras, hechos de violencia o Sida: lo que llaman industria del juicio es en verdad la industria de la muerte.
A lo largo del año, tanto Mauricio Macri como sus ministros han asegurado que el ausentismo en el trabajo es un problema serio, pero según un reciente estudio del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma en base a datos oficiales, «la mayoría de las ausencias se origina en enfermedades y accidentes en muchos casos ligados a condiciones de trabajo, cuya modificación depende de los empleadores, o en el ejercicio de derechos legales o convencionales como la licencia por maternidad o por estudios». En sentido contrario, «las ausencias imputables a los trabajadores se encuentran en niveles muy marginales».
El informe elaborado por Silvina Benevento, Julia Campos, Luis Campos, Mariana Campos y Jimena Frenkel, consigna que el renovado debate sobre el ausentismo laboral «no es más que un intento discursivo para legitimar el avance sobre los derechos de los trabajadores a partir de la promoción de una mayor flexibilización laboral, tanto en el plano legislativo como en la negociación de los convenios colectivos de trabajo».
Las ausencias laborales por razones imputables a los trabajadores afectaron diariamente, entre los años 2013 y 2015, al 0,66% del total de los empleados. Ello implica que se ausentó diariamente, sin una causa que lo justifique, uno de cada 151 trabajadores.
Según el trabajo del Observatorio, en base a la Encuesta de Indicadores Laborales que produce el Ministerio de Trabajo, los principales motivos de las ausencias laborales son las enfermedades y los accidentes laborales, «muchos de ellos originados o agravados por las condiciones en las que se realizan las tareas». De esta forma se explica el 68% de las inasistencias totales.
«Otra proporción de las ausencias laborales se explica por la utilización de licencias reconocidas en la legislación laboral o en los convenios colectivos de trabajo. Entre ellas se encuentran la licencia por maternidad, por estudios, por motivos gremiales o por otras cuestiones, tales como nacimiento, matrimonio o fallecimiento», indicó el trabajo.
Además, en los últimos años se ha agregado un nuevo motivo de licencia: la extensión de la licencia parental.
Por otro lado, las ausencias laborales impactan de manera diferente entre varones y mujeres. De acuerdo a la información oficial disponible, casi el 24% de las ausencias de mujeres se explica por razones de maternidad.
Para el abogado León Piasik, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas, «desde el gobierno nacional se habla de un incremento o abuso en el ausentismo laboral sin que se muestren estadísticas ni datos de ningún tipo, con el agravante que se dice que los trabajadores falsean o fuerzan el ausentismo». El abogado observó que en estos años, en los que ha asesorado a sindicatos en sus negociaciones paritarias, las cámaras empresarias no han planteado el tema. «No han manifestado preocupación por el ausentismo», aclaró.
Fuentes: www.laizquierdadiario.com, www.cronista.com, www.infogremiales.com.ar, Resumen Latinoamericano, Clarín, Argentina Indymedia, tiempoar.com.ar, www.ambito.com, El Roble, Prensa CTA Santa Fe, www.pagina12.com.ar, APU, Red Eco Alternativo, Anred
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