El 13 de octubre de 1992, el periódico de la Ciudad de México La Jornada publicó una foto de primera plana en la que se ve una estatua de bronce caer al piso. La efigie es la del virrey Antonio de Mendoza, fundador de la ciudad de Morelia en 1541, y responsable, según algunos anales […]
El 13 de octubre de 1992, el periódico de la Ciudad de México La Jornada publicó una foto de primera plana en la que se ve una estatua de bronce caer al piso. La efigie es la del virrey Antonio de Mendoza, fundador de la ciudad de Morelia en 1541, y responsable, según algunos anales indígenas, de solapar maltratos y castigos crueles contra los más viejos pobladores de la meseta Purhépecha. Por desventuras de la historia, un gobierno municipal proveniente de la izquierda partidista mexicana mandó a erigir la estatua de Mendoza, sin importarle la irritación que habría de causar entre la etnia michoacana. Pacientes como son, los indígenas guardaron su encono y, el 12 de octubre de 1992, salieron a la calle para cumplir una cita con la historia y hacer añicos el monumento del jerarca de sus antiguos verdugos.
Un día después, mientras en palacios y embajadas se superaba la resaca número quinientos por la celebración del descubrimiento de América, la opinión pública internacional supo que dos estatuas habían sido derribadas en territorio mexicano. Una de ellas era la del virrey Antonio de Mendoza en Michoacán y la otra la del encomendador Diego de Mazariegos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De esta última se habían encargado los indígenas del sureste mexicano, a quienes, el 1 de enero de 1994, el mundo conocería como bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
Sentados en la parte frontal de un restaurante en el centro de Morelia, Antonio Ahumada, un sindicalista independiente y pertinaz, me relata pasajes del derribamiento de la estela del Virrey de Mendoza, sucedido 20 años atrás en una ciudad emblemática por sus casas de estudiante, su febrilidad política y ahora por el dinero del narcos que corre por sus calles. Conversamos en las afueras de una fonda tipo español, en un andador de mesas con manteles blancos. Frente a nosotros se yergue la cantera del Conservatorio de Las Rosas, la más antigua institución de música de América Latina, cuya fachada destaca atrás de las copas frondosas de los arboles que hacen más oscura y húmeda la noche. En la plaza, entre el restaurante y el Conservatorio, hay por lo menos dos monumentos de personajes de la era pre virreinal cuyos pedestales han perdido sus lápidas de bronce a manos de ladrones furtivos de la ciudad. Acicateados por la crisis económica que se come al país, los ladrones se llevan ahora mendrugos de historia precolombina para hacerse de unos pesos y quizá para no olvidar el origen de su exclusión.
Esa noche, la plática sobre sobre la estatua nos lleva irremediablemente al tema de Cherán, un pueblo legendario por la defensa de sus principios comunales, del que hace apenas unas horas hemos regresado. Nacidos en el ombligo de la meseta Purhépecha, sus habitantes durante décadas han peleado al Estado el respeto a su cultura y su mayor aspiración ha sido siempre la autonomía. Aquel 12 de octubre de 1992, se recuerda a algunos de los comuneros de sus alrededores jalando con mayor ahínco el mecate puesto en el cuello del Virrey de Mendoza.
Los presagios de lluvia en Cherán son tan visibles al mediodía como la certeza entre algunos de sus moradores de que la guerra llegará aquí si el gobierno sigue protegiendo a los talamontes.
A pesar de que en la plaza central del pueblo se respira una atmósfera de tranquilidad, en la que hay imágenes de niños dando vueltas en bicicleta y ancianos apacibles sentados bajo el sol, los retenes de la policía comunitaria, instalados a las entradas y salidas del pueblo, el rastro reciente de barricadas y fogatas en sus calles y el dolor palpable entre los habitantes por sus últimos muertos, dicen otra cosa.
En un sitio donde la supervivencia ha estado vinculada durante siglos a la conservación de la naturaleza, las advertencias de confrontación son tan reales que para verificarlas únicamente es necesario asomarse al corazón de una comunidad que en los últimos años ha perdido más de 20 mil hectáreas de bosque. El asesinato de 13 comuneros y la desaparición de casi una veintena de personas en los últimos dieciséis meses, a manos de los mismos depredadores de los recursos naturales, son tambores que anuncian un conflicto mayor, dice un viejo cheranense con ojos de chaman, sentado a las afueras del edificio de Correos, convertido hoy en una de las principales sedes del Consejo Mayor del Gobierno Comunal.
Para los indígenas de Cherán no hay duda que el secuestro y asesinato de sus compañeros, en ese lapso, es parte del clima de violencia y zozobra que se vive en la zona, después de que los últimos dos gobiernos estatales y el actual gobierno Federal han sido incapaces de combatir la tala inmoderada de arboles, el transporte ilegal de madera y la instalación de aserraderos clandestinos, muchos de estos administrados hoy por agentes del narcotráfico.
A las páginas de medios locales y nacionales han saltado imágenes de habitantes armados patrullando su poblado en una clara demostración de que ya no están dispuestos a soportar que se siga destruyendo su entorno y se asesine a miembros de la comunidad que la protegen. El estado de emergencia en que vive ahora este pueblo no tiene que ver con el azar sino con un plan trazado desde el gobierno de abandonar a sus habitantes en un entorno de interés no sólo del narco sino de trasnacionales involucradas en el jugoso negocio de la madera, según dicen algunos comuneros.
«Nosotros sabemos que atrás de la violencia contra nuestro pueblo están los intereses de las trasnacionales de la madera y el papel. Son éstas las que se están comiendo nuestros bosques. A los narcos los dejan operar para que siembren miedo. Pero atrás está la voracidad de los grandes capitales protegidos por los gobiernos en turno», dice un indígena muy informado con el que hablo frente a la plaza del pueblo.
El relato de este hombre se traduce en una sucesión de imágenes atroces. Desde la plaza central se ve como los cerros que rodean al pueblo han perdido el mayor número de sus árboles viejos. Pese a que las montañas aún guardan verdor, en sus faldas hay brechas dibujadas por donde los talamontes meten sus camionetas para sacar la madera. En el tramo carretero entre Cherán y Pátzcuaro, circulan camiones de doble rodada cargados de cientos de metros cúbicos de pinos, encinos y oyameles, convertidos en astillas. Los talamontes trozan los árboles gigantescos en aserraderos clandestinos para luego trasportar la mercancía a lugares insospechados. Como en esta tarde, su premura los delata. Circulan a alta velocidad y las lonas, bajo las que esconden su pecado, son rasgadas por el viento pertinaz. Los pedazos de manera minúscula vuelan en el aire. Caen en el pavimento. Esta ruta despiadada ahora nos convierte en testigos del trasiego. Es extraño. He viajado más de mil kilómetros para ver lo que no pueden ver los ojos de una de las policías mejor pertrechadas del país.
En Cherán sus pobladores viven de la siembra de maíz, trigo, papa y de otros productos agrícolas. Pastorean sus vacas a los pies de las montañas y en sus días de fiesta matan chivo, gallina y guajolote. La madera la trabajan de manera moderada. Una de sus formas de sobrevivencia, para no diezmar los bosques, la han encontrado en la recolección de la resina, un producto natural de propiedades útiles en tares industriales.
La modificación del artículo 27 constitucional, decretada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a mediados de su administración, abrió a la venta y especulación las parcelas en ejidos y propiedades comunales. Dos años después, el gobierno mexicano firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estas iniciativas no mejoraron las condiciones en el campo. Las empeoraron, en muchos sentidos. Por ejemplo, permitieron que algunas trasnacionales, aliadas al capital nacional, se fueran apoderando de la riqueza natural de muchas comunidades indígenas, señala Salvador Campanur Sánchez, uno de los líderes comunales con quien conversé vía telefónica después de no poder hacerlo de manera directa en su comunidad.
Asediados por su reserva natural, una de las de mayor diversidad de la meseta Purhépecha, a los bosques de Cherán llegaron desde esos años los nuevos latifundistas a hincar el diente. Casi veinte años después, las tierras, húmedas y fértiles de este valle, las quieren los aguacateros para extender su cultivo. La siembra de aguate se comería la flora y la fauna y se tragaría el agua. Desde 2008 se acrecentó la presencia de narcotraficantes y talamontes, una rara simbiosis delictiva, a quienes se les señala como responsable de rapar cerros y sembrar miedo en la comunidad.
La colusión del crimen organizado y policías en Michoacán, sobre todo en sus partes serranas, es proporcional al grado de impunidad existente entre las cúpulas del gobierno. Esto se entiende si se observa como la inoperancia policiaca ha larvado un conflicto entre comuneros y delincuentes. El interés de proteger al narco en Cherán, o la incapacidad de combatirlo, demuestra, además, el fracaso de Calderón en su guerra contra el narcotráfico, que ha costado al país más de ochenta mil muertos.
La violencia criminal en contra de Cherán no es gratuita. Su irrupción se dio en tiempos en que los pobladores convirtieron a la comunidad en el primer municipio autónomo del Estado. El proceso no fue fácil. Significó años de lucha para que este pueblo finalmente seleccionara a sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. El 22 de enero de este año, el Instituto Electoral de Michoacán reconoció, a regañadientes, el nombramiento de un cabildo autónomo, después de que una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral reconocía ese derecho a los comuneros.
Sin precedentes en la historia reciente, la conversión de la autoridad, dispuesta ya no desde el gobierno ni los partidos políticos, sino desde los habitantes de una pequeña demarcación, representa para Cherán y otros pueblos el inicio de la ruptura del viejo pacto impuesto desde hace varias décadas entre las comunidades indígenas de la región y un Estado asolado por el narcotráfico, la corrupción y la impunidad.
El flagelo de descomposición moral de las instituciones mestizas alcanzó la médula de los partidos políticos, cuyos dirigentes nunca estuvieron aquí a la altura de las demandas de sus antiguos electores. Esta debacle institucional amenaza ahora con romper el orden de los poderes fácticos de la zona, conformado principalmente por talamontes, narcotraficantes, políticos del anterior y actual régimen y empresas trasnacionales, beneficiarias de la extracción ilegal de la madera.
El reconocimiento del derecho de elegir sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres, no fue una concesión gratuita por parte del Tribunal Federal Electoral, en todo caso la clave constitucional de esta decisión hay que buscarla en la presión y a la luz de los distintos tratados internacionales, firmados y ratificados por el gobierno mexicano, señala Campanur Sánchez, cuya voz se escucha sosegada atrás de la bocina del teléfono. La serenidad con que reflexiona y responde a las preguntas es la misma captada por algunos medios que lo han entrevistado en los momentos más álgidos del conflicto.
Cuando Campanur Sánchez habla de los tratados internacionales que avalan la autonomía de su pueblo, se refiere concretamente al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Carta Internacional de los Derechos Humanos, suscrita por todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas.
Lo vital para Campanur es el modo autonómico en que se decidió la última elección en su municipio y su correlato hay que buscarlo, dice, en el espíritu de los acuerdos de San Andrés Sacamachen de los Pobres, firmados entre el EZLN y una representación del gobierno Federal, el 16 de febrero de 1996.
La esencia de estos acuerdos no fue respetada por el gobierno. Los partidos políticos representados en las dos Cámaras del país hicieron lo mismo. Por eso las comunidades indígenas, particularmente las zapatistas en Chiapas, han asumido de facto su autonomía.
«El racismo y el desprecio con el que el mal gobierno nos ve y nos trata es una de las razones por las que no se reconoce nuestros derechos indígenas. La otra es porque al no reconocer la autonomía de nuestros territorios se facilita al capital extranjero la depredación de nuestros recursos naturales», señala Campanur.
El acuerdo del pueblo de rechazar la instalación de casillas para las elecciones oficiales del mes de noviembre de 2011, en las que se votaría para gobernador, diputados locales y presidente municipal, se da en el marco de la mayor crisis política y de seguridad que haya vivido ese pueblo en los últimos tiempos. Los cheranenses entendieron, lo que siempre el Estado había pasado por alto: en un clima de ingobernabilidad y vacío de poder, era demasiado riesgoso la celebración de un proceso comicial, organizado con las reglas de siempre, porque existía la posibilidad de que su control quedara en manos de los segmentos más corruptos de la clase política y sus aliados, entre éstos, el narcotráfico. En ese sentido, los líderes naturales del pueblo apretaron para que la elección de sus autoridades de diciembre del 2011 se diera de acuerdo a sus tradiciones y «ganamos la primera batalla», reflexiona Campanur.
Atrás de la historia de este triunfo, yace la tradición rebelde de los cheranenses y el fuerte apego a su cultura. La decisión de gobernarse así mismos les viene de siglos y la concreción de un gobierno autónomo, regido por sus usos y costumbres, representa una vieja aspiración de la nación Purhépecha. Para los habitantes de Cherán, un municipio que no rebasa los 20 mil habitantes, ubicado a 123 kilómetros al noroeste de Morelia, en la recién adquirida independencia de sus autoridades reside la posibilidad de restablecer el equilibrio de un gobierno comunal que vele de manera genuina por los intereses de la gente, pero sobre todo, que detenga la grave deforestación de sus bosques.
La lucha de los pobladores por ejercer el derecho a la elección de sus autoridades de acuerdo a su visión ancestral, deshecha vicios políticos arraigados entre quienes habían ejercido aquí el mando e incorpora la tesis del ambientalista mexicano Víctor M. Toledo en el sentido de que un modelo de desarrollo comunitario sustentable es posible cuando una comunidad toma o recupera el control de los procesos que la determinan o la afectan.
Esta previsión arroja luz para entender el escalamiento de la violencia en Cherán en los últimos tiempos. Obligado a reconocer la soberanía de las nuevas autoridades, la administración de Fausto Vallejo, arribado al poder estatal en febrero pasado, con las mismas tretas con que se ha valido su partido el PRI para ganar elecciones, en vez de atender la demanda de protección y seguridad de los habitantes de ese municipio, optó por el uso de un aparato difusor de mentiras oficiales, cuyo fin es atribuir a la crisis de Cherán tintes de una pugna intracomunitaria.
En todo caso, las diferencias entre los comuneros de Cherán, Casimiro Leco y Capácuaro se han escalado debido a que éstas dos últimos comunidades, así como otras, han convertido, tras la ineficacia policial, porciones importantes de sus territorios en refugio de «los malos», como llaman aquí a los narcotraficantes. Casimiro Leco y Capácuaro, pueblos aledaños a Cherán, han cobijado a «gentes llegadas de otras partes del país», a quienes se les señala como responsables de la tala clandestina de los bosques comunales, según explican gentes cercanas del Consejo Mayor.
Por eso no es raro que autoridades de Casimiro Leco, Capácuaro y otros poblados, exijan al gobierno de Vallejo suspenda la instalación de las Bases de Operaciones Mixtas y otro tipo de controles policiacos, que, si operan de acuerdo a la ley, permitiría la detención de los responsables de la tala y trasiego de madera. Atrás de estas solicitudes no es extraño que se halle la mano de crimen organizado, además de otras esferas opositoras a la autogestión y autonomía por la que han optado los cheranenses.
Para muchos comuneros es claro que el reagrupamiento de estos intereses
en lugares cercanos a la cabecera municipal y la aparición de su estela delictiva, es posible gracias a la permisividad de las unidades policiacas de Michoacán, el Ejército y la Policía Federal. Ante la ausencia de protección, los comuneros optaron por la creación de su propia policía comunitaria, en abril del año pasado, cuyas brigadas son las que ahora patrullan los cuatro barrios del pueblo
«Nosotros lo que pedimos al gobierno es que el Ejército y la policía patrulle a las afueras del pueblo y detenga a los que sacan de manera ilegal la madera de nuestra comunidad», enfatiza un comunero. Para él no hay duda que el clima explosivo que hoy viven se debe a la pasividad y oídos sordos de las autoridades.
La impunidad en este valle se ahonda en el tema de justicia y esclarecimiento de los asesinatos cometidos en los últimos meses. Hasta ahora la Procuraduría de Justicia del Estado no tiene noticias de los responsables del secuestro y asesinato de Guadalupe Gerónimo y Urbano Macías, dos comuneros cuyos cuerpos aparecieron torturados en los alrededores de la comunidad, en la segunda semana del mes de julio pasado. En Cherán existe la certeza que los homicidas de Gerónimo y Macías son talamontes del rancho El Cerecito, quienes se pasean a la luz del día sin que nadie los moleste. Frente a la presión de los comuneros y tras fatigosas mesas de negociaciones con autoridades estatales, a lo único se ha comprometido el gobierno de Fausto Vallejo es con pensiones para las viudas, la creación de becas de trabajo para pueblos donde se cobijan los talamontes y el establecimiento de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en los municipios de Tanaco, Paracho y en el mismo Cherán.
Las Bases de Operaciones Mixta es un agrupamiento policial de élite integrado por miembros del Ejército, policía del Estado y policía Federal, creado en el marco de la iniciativa Mérida y dentro de los planes de seguridad nacional, patrocinados por el gobierno norteamericano. La efectividad de las BOM ha fracasado en el destierro de los cárteles de la droga que mantienen a su merced importantes porciones del territorio michoacano.
Felipe Calderón dispuso en estas tierras, el 11 de diciembre de 2006, once días después de haber asumido la presidencia del país, el primer capítulo de su guerra contra el narcotráfico denominado Operativo Conjunto Michoacán. En el caso de este Estado, la iniciativa sólo ha logrado, más allá de magras victorias, acrecentar la virulencia del narco y expoliar al máximo sus pugnas internas por la conquista de mayores territorios. El saldo rojo y quizá más dramático de esta guerra ha sido el acoso del narcotráfico dirigido a sectores sociales que hasta antes de la refriega habían permanecido lejos de su mira.
En la meseta Purhépecha existe la creencia de que la aventura del presidente contra el narcotráfico es una mala película, filmada en un clima donde la peor parte la han llevado los pobladores. Pero sí se analiza el guion de la cinta, se encontrará que su argumento no es tan estúpido si éste se planteó con claros tintes de control social. Inaugurado en un ambiente de ingobernabilidad y una ácida disputa palaciega entre Felipe Calderón y Leonel Godoy, en ese entonces gobernador del Estado, el Operativo Conjunto Michoacán permitió el incremento de policías y militares en ciudades y pueblos como una medida, ineficaz para derrotar al narcotráfico, pero suficiente para enviar señales ante indicios de convulsión social en el país. En ese contexto, se introdujo en la agenda ciudadana el tema de la narco violencia, bien aprovechada como cortina de humo frente a la crisis económica y la ilegitimidad con que llegó Calderón al poder el 1 de diciembre de 2006. El miedo a las matanzas del narcotráfico y su horrendo espectáculo de cuerpos desmembrados en las calles, no solo arrinconó a los ciudadanos tras las rejas de sus casas, sino permitió que una importante franja de éstos regresara a votar por el PRI en la última elección presidencial. La parte más amarga de la historia pudiera ser la irrupción de los carteles de la droga y la operación de su actividad criminal, como un nuevo factor de acomodo en la guerra sucia del gobierno contra segmentos independientes del movimiento social.
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En Cherán fueron las mujeres las primeras en levantar la voz. Fueron ellas las que decidieron enfrentar a los talamontes. Estaban cansadas de sus abusos. De sus burlas. De sus amenazas. La cuota impuesta a los comercios de la comunidad crecía día con día, así como aumentaba el volumen de la madera extraída ilegalmente de sus bosques.
El 15 de abril de 2011, se recuerda como el día en que decenas de ellas llamaron al pueblo a levantarse contra los narcos. El punto de reunión fue el calvario, una vieja iglesia, referente obligado en la tradición católica del pueblo. Tras el repique de las campanas de la iglesia, se juntaron los pobladores de los cuatro barrios. Cuentan algunos que el párroco local había llamado a la conciencia de los fieles en su última homilía. Ante el acoso de los talamontes, el prelado preguntaba si en Cherán no había hombres que defendieran a la comunidad. Fue entonces cuando todos se juntaron. Los más jóvenes quemaron cohetes. Llamaron la atención. Llevaban palos y machetes. Reunieron toda la herramienta necesaria que encontraron a su paso para blindar su autodefensa. Organizados, taparon las entradas del pueblo. Prendieron las primeras fogatas en puntos claves, ordenaron el establecimiento de rondines y construyeron, con todo el material a su alcance, retenes en las esquinas. Ese día, los cheranenses habían perdido el miedo.
Testigos de los hechos cuentan cómo fueron cercados los intrusos. Cayeron en la trampa uno a uno. Ese día, histórico para muchos, se quemaron varias camionetas cargadas de madera que subían y bajaban de los cerros. Se detuvo a cinco talamontes, quienes, por decisión del pueblo, serían entregados días después a las autoridades federales.
Después de estos enfrentamientos, los cheranenses daban una lección de valentía al país. El 15 de abril de 2011, Cherán se revelaba como una de las pocas comunidades de México, que decidía enfrentar con las uñas al monstruo del crimen organizado
Pero la batalla todavía no la gana este pueblo y su tranquilidad depende que las autoridades estatales y federales atiendan con prontitud la crisis si no quieren que la paz y orden que tanto glorifican les siga estallando en pedazos.
Por eso es creíble la advertencia de los cheranenses cuando afirman que en aquí «solo hace falta una chispa para que prenda todo» Están preparados para lo que venga, dicen. «Sí el gobierno no actúa, entonces nosotros vamos actuar», señalan.
En la tarde del domingo 28 de julio, regreso a Morelia. Algunos kilómetros después de cruzar la primera bifurcación que conduce a Pátzcuaro, veo, a la derecha, tras la ventanilla del auto, volcanes de astillas de madera colocados en unos patios inmensos. Son los exteriores de Cepamisa, la filial mexicana de la trasnacional Kimberly Clark, en su rama de papel, que a esa hora se ven poco alumbrados. No dejo de preguntarme de dónde habrán salido esos millones de metros cúbicos de madera descuartizada. Por momentos, la lluvia cae en torrenciales. Aún me acompañan los rostros y las voces tranquilas de los hombres con los que he hablado en Cherán. En el avión de la Ciudad de México al infierno de Ciudad Juárez reviso la declaratoria del Yo Soy 132 leída por sus voceros frente a las instalaciones de Televisa, el día que esa empresa trasmitía la inauguración de los juegos olímpicos. Sin aludirlos por su nombre, el planteamiento de los muchachos recoge como algo central la resistencia de los pueblos indígenas del país. Todo pareciera indicar que en México los contrapesos están por juntarse. ¿Cherán será uno éstos?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.