Terminó una semana donde los problemas estructurales de la economía argentina fueron noticia. Por un lado se iniciaron las negociaciones con el Club de París, con la visita del Ministro de Economía Amado Boudou a la capital francesa. El tema era discutir y acordar el monto de la deuda y el plazo de la cancelación, […]
Terminó una semana donde los problemas estructurales de la economía argentina fueron noticia. Por un lado se iniciaron las negociaciones con el Club de París, con la visita del Ministro de Economía Amado Boudou a la capital francesa.
El tema era discutir y acordar el monto de la deuda y el plazo de la cancelación, dos temas de difícil acuerdo, puesto que es conocida la necesidad de los países acreedores por hacerse de dinero ante una grave crisis fiscal y de endeudamiento, principalmente en el capitalismo desarrollado, principales integrantes de ese club de acreedores.
Todo indica que la presión acreedora apunta a cobrar unos 7.500 millones de dólares en menos de dos años. Una posibilidad será acudir a las reservas internacionales, poniendo en evidencia que las reservas están para gastarse y en todo caso lo discutible es el destino. Con recursos equivalentes podría resolverse el financiamiento de 208.333 viviendas populares de 60m2 (c/u a 600 dólares el m2 de construcción a precio de mercado), que no necesariamente debieran subsidiarse en su totalidad, generando un fondo crediticio inicial para abordar seriamente el déficit habitacional.
Debe adicionarse que el Ministro de Economía estrenó por esas horas la propuesta de precandidato a Jefe porteño, nada menos que avalado por la CGT, uno de los socios políticos sociales del modelo de disputa del consenso por parte del gobierno. Un tema que hace mucho ruido dentro del propio oficialismo y que expresa la disputa política al interior del gobierno, tal como se manifiesta también en los enroques derivados de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, el descabezamiento de la Policía Federal y la nueva designación en Defensa.
Son todas medidas que inciden en el plano económico, pues se asocian a nuevas discusiones sobre asignaciones presupuestarias, tanto para seguridad como para defensa, llamando la atención que ante la situación de la ocupación de terrenos no emergiera una política social acorde con la insuficiencia de vivienda y de presupuesto público con ese fin.
El problema es la pobreza y no la inseguridad, aunque así lo indiquen las encuestas de opinión.
Inflación y pobreza
No solo se trata de déficit de viviendas, sino de encarecimiento de la vivienda en general, tanto de aquella que remite a la vivienda popular, única de familia, como a la que constituye la base del negocio inmobiliario de los últimos años, que ante la crisis se constituyó en fuente de resguardo de valor.
Los precios de los alquileres aumentan y afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, aquellos que no tienen vivienda. Crece el precio del m2, especialmente en las principales ciudades del país, territorios del boom de la construcción. Los precios de la construcción crecen también por inducción especulativa, de reorientación de ahorros ante el temor de la desvalorización derivada del flagelo de la inflación.
Apuntamos seriamente al tema de la vivienda, puesto que más allá de medidas administrativas en el seno del gobierno y a políticas de «orden», lo que se requiere son medidas de emergencia, para el caso, habitacional, las que se asocian a otras muchas demandadas por la situación de indigencia y pobreza de una importante franja de la sociedad, más allá de lo señalado por el Indec.
Un Indec que acaba de anticipar los primeros datos censales, aunque aún falte una batería de indicadores que nos permita sacar conclusiones sobre cambios relativos al orden económico.
Por lo pronto sabemos que somos más de 40 millones, más mujeres que hombres salvo en tres provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y que la Ciudad de Buenos Aires, la de menor crecimiento poblacional, que pese a su escaso crecimiento, sigue siendo expulsora de población, por ser costosa la vida en la ciudad capital, y especialmente por ser un centro de concentración de inversión inmobiliaria, donde junto a la opulencia creció en su territorio la marginalidad de villas de emergencia, habitadas con población desplazada del resto del país.
Es que el crecimiento económico de los últimos años también atrae a los principales centros urbanos a la población empobrecida del conjunto del país.
El tema de la pobreza merece ser analizado a fondo, pues otro de los temas estructurales que reapareció en estos días es el de la inflación, con el aumento de los combustibles, pese a disposiciones en contrario de la secretaría de comercio, que restringe los incrementos desde mediados de año.
La inflación de precios es una realidad y ahora, a la suba de los alimentos deben adicionarse la de las naftas, que como sabemos se trasladan rápidamente, vía transporte y costos de producción a los precios del conjunto de la economía.
El incremento de los precios lo pagan los más pobres. Es un fenómeno económico de transferencia de recursos de aquellos que no tienen condiciones para imponer precios. Es al mismo tiempo una forma de resguardo de la apropiación de tasa de ganancia cuando esta se ve afectada por otras razones, la crisis por ejemplo.
Cambiar la política para enfrentar problemas estructurales
Digamos que entre las negociaciones con el Club de París, de una deuda que puede seguir declarándose odiosa, adicionado a lo cual debe consignarse el paso por Buenos Aires del FMI, nada menos que para asesorar en materia de indicadores de precios, nos habla de la asociación de ambos temas, el de la deuda que siempre está y el de la inflación que vuelve.
Ambos aspectos generan condiciones regresivas para el conjunto de la sociedad. La deuda siempre jugó un papel de redistribución regresiva. Insistamos en el tema de que el gasto en intereses de la deuda supera ampliamente el gasto en educación y salud, además de contemplarse cancelaciones de capital adeudado utilizando fondos de las reservas internacionales. El proyecto de Presupuesto 2011 establece compromisos de cancelación de los servicios de la Deuda Pública por más de 36.000 millones de pesos, contra unos 13.000 millones de pesos en salud, unos 30.000 millones de pesos en educación y cultura y unos 6.000 millones en Ciencia y técnica. Además autorizaba la utilización de 7.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelaciones de vencimiento de capital de la deuda (sitio en internet del Ministerio de Economía).
La deuda es una hipoteca que pesa sobre el conjunto de la sociedad. Su pago favorece el ingreso de los acreedores y posterga la demanda de los necesitados, por caso, de los empobrecidos que reclaman vivienda, salud, educación, empleo, entre otras cuestiones.
La inflación por su parte tiene historia en el país, tanto como las políticas antiinflacionarios, con efectos de ajuste para las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos.
Se viene el fin del año y es momento de augurios de felicidad, que para ser reales en materia de economía requieren de cambios profundos en la política económica para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados de la economía local, para reorientar el modelo productivo «extractivista», de agotamiento de la tierra, el agua, y los recursos naturales en general; para modificar el modelo de desarrollo.
Ese es mi deseo para el 2011, felices fiestas y buen año!
Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
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