En diciembre del año pasado, la Legislatura de Jujuy aprobó sin previa consulta con organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, que tenían aportes y críticas para efectuar, el nuevo código contravencional. El Poder Ejecutivo provincial aún debe reglamentarlo y entraría en vigencia en marzo de 2016. Desde la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional jujeña denunciaron su tratamiento inconsulto y las posibles consecuencias de estas modificaciones.
El viejo código contravencional de Jujuy había quedado atrasado, las organizaciones sociales coincidían en que era prácticamente inaplicable y en que era necesario modificarlo, pero a diferencia de lo que finalmente ocurrió esperaban un debate participativo, donde se escucharan todas las voces de una problemática que se relaciona de manera directa con el accionar de la policía.
«Entendemos que los códigos contravencionales son habilitadores de ciertas prácticas de la policía, por lo tanto es una herramienta que hay que trabajar en conjunto, con cuidado y responsabilidad», afirmó Marcela Mon, integrante de la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional de Jujuy, en diálogo con Red Eco.
En cuanto al nuevo código ya aprobado, Mon advirtió que si bien – teniendo un código tan viejo como el anterior – hay modificaciones que parecen sustanciales, en realidad no lo son, manteniéndose inconstitucionalidades: «el nuevo código prevé un departamento contravencional que se conforma por abogados de las fuerzas policiales, que son los encargados de investigar, y un juez administrativo designado por el Poder Ejecutivo que es quien determina y sanciona esas faltas. Tampoco se habla de una defensa obligatoria, dice que se puede proporcionar un abogado particular o la defensoría oficial, sabiendo que en estos casos es muy difícil que los abogados que están abocados a otras causas asistan a las contravenciones, entonces creemos que se vulnera este derecho de defensa ante un departamento contravencional, con los mismos abogados de la policía que justamente son los que controlan las faltas a la policía, y un juez administrativo. Por otro lado siguen sosteniendo figuras contravencionales que responden más a lo que es el derecho penal de autor que al de acto, es inaceptable en un estado de derecho juzgar conductas y no actos que atenten contra derechos ajenos, porque sino realmente estamos juzgando condiciones de la persona, condiciones de vida, que claramente no responden a las garantías o a las rectores del derecho penal».
En el mismo sentido se habían expresado la Asociación de Pensamiento Penal (APP) y Andhes (Abogados y abogadas del NOA en derechos humanos y estudios sociales), quienes a través de un comunicado manifestaron: «(el Código) no se ajusta a los estándares mínimos regulados para la materia ya que entre sus principales artículos le brinda el impulso de la acción contravencional a la policía, quien además de ser el órgano encargado de presentar las pruebas correspondientes, será quien maneje el dinero recaudado por multas a través de un Fondo Especial de Seguridad (…). La propia policía, además de detener a presuntos contraventores, será la encargada de realizar la investigación, presentar pruebas al Juez Contravencional y recaudar dinero de multas a su favor».
También criticaron que entre las facultades discrecionales que el código le otorga a la policía se encuentra la facultad de detener a presuntos infractores por lapsos de 24 horas.
Debate inconsulto
El proyecto de reforma del código fue debatido en una comisión de trabajo formada por representantes de los diferentes bloques legislativos, del Poder Ejecutivo, del Colegio de Abogados, del de Magistrados, y algún representante del ámbito académico vinculado a la esfera judicial: «tengo entendido que se tomaron iniciativas de códigos de otras provincias, por ejemplo el de Córdoba, y así armaron el proyecto que surgió. Creo que el Poder Ejecutivo presentó a esta comisión un preproyecto en base al que se empezó a discutir. Nosotros como Mesa Coordinadora respondemos a un colectivo social de fuerzas políticas, de víctimas y familiares de violencia, organismos de derechos humanos. Aunque no estamos oficializados, sí se tiene conocimiento de nuestra existencia porque hacemos muchos reclamos con el tema de la violencia institucional, pero ni nosotros, ni los organismos hemos tenido participación en esta discusión», señaló Mon.
«Nosotros hicimos una presentación en la misma legislatura solicitando la realización de una audiencia pública porque entendíamos que el código contravencional es fundamental porque rige a todos los ciudadanos de una manera concreta y que por lo tanto se deberían poder escuchar todas las voces con respecto al funcionamiento de la policía y a cómo funcionan los códigos contravencionales, y a la vez acompañamos también con varias observaciones que teníamos respecto a ese proyecto de código», afirmó Mon.
«Los códigos tienen una línea muy discriminatoria -continuó-, por las características de las personas que son los sospechosos de siempre, por su color de piel, por su vestimenta, además incluyen tipos penales muy abiertos que afectaban las cuestiones del derecho de protesta, manifestaciones públicas, y eran muy amplios en su modo de abordar, con lo cual en el caso del derecho de reunión o un tumulto, no estaba bien determinado bien cuál era la figura que afectaba los derechos y de qué manera, entonces son tipos penales que se llaman ambiguos o abiertos, en los que pueden entrar cualquier tipo de conducta, entonces todos están sujetos a la sanción de una contravención. Estas inconstitucionalidades se repiten en la mayoría de los códigos. La cuestión, por ejemplo, de la ebriedad, que obviamente son conductas que no son aconsejables y que uno no piensa en fomentarlas, pero creemos que esto tiene que ser abordado por el sistema de salud de la provincia y no por un código de faltas como si fuera un delito o una contravención. Un tema como la toma de alcohol o la ebriedad que en la provincia es realmente un problema, me parece que abordarlo desde el código contravencional es la manera más fácil y menos efectiva. Uno piensa en una manera integral, desde la salud, la prevención, desde otros aspectos».
Sobre el pedido de audiencia nunca recibieron una respuesta e incluso se enteraron de la realización de la sesión extraordinaria para aprobar el código pocas horas antes. «Nosotros llegamos en momentos previos a que se haga la sesión e hicimos una presentación desde la Mesa con todas las denuncias que veníamos haciendo y ampliamos un poco cuestiones técnicas que tenían que ver con el código, con las inconstitucionalidades que marcábamos. Nos dijeron que era muy sobre la fecha, que habían hecho publicaciones por todos lados, no sé dónde lo habrán hecho pero claramente no tuvimos respuesta, ni siquiera se pensó en hacer una audiencia pública y el código se aprobó en general por unanimidad, tuvo algunas modificaciones en lo particular, pero como ya se había estado trabajado en esta comisión, que supuestamente representaba a todos, no hubo demasiadas discrepancias al momento de aprobarlo. En la comisión ni siquiera se dio participación a organismos de derechos humanos con larga trayectoria en la provincia, que por ahí se les podría haber dado intervención como para ampliar la óptica», explicó Mon.
El Poder Ejecutivo aún debe reglamentar el nuevo código que entraría en vigencia en 2016. «El Ejecutivo no trabaja abiertamente, o en comunicación de cuándo toma las decisiones, como la reglamentación, pero la cuestión es ver la oportunidad en que se puedan presentar algunas cosas en el mientras tanto; esto lo intentamos porque son líneas de laburo que tenemos dentro de la Mesa, poder intervenir en esto que afecta directamente el quehacer de la policía en su cotidiano, y que lo vemos reflejado en actos de violencia, los sujetos que son pasibles del comportamiento ilegal de la policía terminan siendo pibes jóvenes de barrios humildes, y esto no es algo que suceda solo acá, sino que se reproduce en la mayoría de las provincias de la Argentina», aseveró Mon a Red Eco.
Tal es el caso, por ejemplo, de Córdoba, donde hace pocos días su gobernador, José Manuel de la Sota, volvió a reclamar que se trate antes de fin de año las modificaciones presentadas al código de faltas, que según denunciaron organizaciones sociales de la provincia incorporan una serie de contravenciones, ambiguas, vagas de contenido y especificidad que conllevan a las mismas consecuencias para los mismos sectores de la población que planteaba Marcela Mon de la Mesa Coordinadora de Jujuy.
[N. de E.] Sobre la situación en la provincia de Córdoba puede leerse:
El estrepitoso fracaso del Estado policial cordobés, por Sergio Job y Estefanía Nahas. Rebelión. [Enlace].
Criminalización de las luchas sociales en Córdoba, por Sergio Job. Rebelión. [Enlace].
Justicia a «mano propia» y estado policial cordobés, por Hugo Germán Romero. Rebelión. [Enlace].
Criminalización indirecta de la protesta social, por Sergio Job. Rebelión. [Enlace].
¡Es un problema de identidad! (o El Código de Faltas y la Invisibilización de la Pobreza), por Santiago Truccone. Rebelión. [Enlace].