Las declaraciones de 450 testigos sobre el plan común represivo de las dictaduras del Cono Sur se alargará dos años
Este martes comenzó en Buenos Aires el juicio oral por los delitos cometidos durante la década del 70 por la coordinación de las dictaduras militares del Cono Sur en el conocido como Plan Cóndor, descubierto en 1992 por el abogado y periodista paraguayo Martín Almada.
El proceso investiga los delitos cometidos contra 106 víctimas de este operativo y tiene a 25 represores acusados. Los militares están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad. No hay acusaciones por torturas o asesinatos, aunque existen casos donde se puede demostrar el asesinato de las víctimas.
Según detalla el diario argentino Página 12, este proceso abierto en Argentina retoma casos en los que actuaron las fuerzas de ese país. En ese sentido, los fiscales del caso no pueden investigar la represión en cada uno de los países pero sí deben seguir el camino recorrido por las víctimas reconocidas.
Cada país del Cono Sur ha tomado distintos caminos para investigar los crímenes cometidos por las dictaduras de la década del 70. En Brasil la Comisión Nacional de la Verdad investiga los delitos pero una ley de amnistía impide juzgar a militares.
Por otra parte, en Uruguay las investigaciones por los crímenes de la dictadura están virtualmente paralizadas luego de la última sentencia de la Suprema Corte. Allí declaró inconstitucional 2 artículos de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad.
En Argentina los últimos 5 años mostraron juicios iniciados y sentencias firmes contra represores de distintas jurisdicciones por sus crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, entre 1976 y 1983.
Se espera que el proceso se extienda por aproximadamente 2 años con el paso de alrededor de 450 testigos. El fiscal a cargo de instrucción, Miguel Angel Osorio, señaló que en el Plan Cóndor «la relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal».