A estas alturas, pasado un año de conflicto, las extorsiones institucionales parecen ya naturalizadas en la política argentina. Los mismos legisladores opositores que ayer se negaban a dar quórum para la sesión convocada por el oficialismo con motivo del proyecto de adelantamiento de las elecciones nacionales -y que bajaron sólo cuando dicho quórum fue obtenido-, […]
A estas alturas, pasado un año de conflicto, las extorsiones institucionales parecen ya naturalizadas en la política argentina. Los mismos legisladores opositores que ayer se negaban a dar quórum para la sesión convocada por el oficialismo con motivo del proyecto de adelantamiento de las elecciones nacionales -y que bajaron sólo cuando dicho quórum fue obtenido-, hoy claman por la ausencia del oficialismo en el debate de un proyecto trunco, sin despacho de comisión y a contramano de cualquier reglamento.
Con anterioridad al desplante, el ruralista Alfredo de Ángeli había advertido a los diputados oficialistas sobre las consecuencias de no bajar al recinto, al afirmar a Radio Mitre que habría «de todo» en las protestas en caso de no obtener sus demandas. Pocas horas más tarde, el eufemismo se despejó, cuando diversos cortes intermitentes comenzaron en las rutas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En este último distrito, el corte era calificado como «total e indefinido» por el referente local de la Sociedad Rural.
Este retorno a la modalidad de acción directa se produce pese a que, en el día de la fecha, la presidente Cristina Fernández anunció la firma del decreto que establece la coparticipación de los derechos de exportación -en rigor, el reclamo institucional más importante de los empresarios rurales-, por un monto que ronda los seis mil quinientos millones de pesos.
Cabe aclarar que, conforme al artículo cuarto de la Constitución Nacional, esos fondos constituyen un cimiento básico del Tesoro Nacional, por lo que su distribución requeriría la conformación de un fondo especial ad hoc. No es ocioso aclararlo, porque se ha cumplido un año ya de campaña mediática opositora, formulada sobre un falso concepto de «federalismo».
¿Qué concesión queda por hacer? A menos que se trate lisa y llanamente de abolir los derechos de exportación en general -y en ese caso sería deseable que los legisladores opositores le expliquen a la sociedad cuidadosamente de dónde van a salir los fondos para el gasto público, los servicios de la deuda externa, los salarios de los maestros y los jubilados, etc.-, el gobierno ha cumplido, en el día de la fecha, con el pliego de demandas de las corporaciones agropecuarias.
Por supuesto, ello no implica, ni remotamente, el final del conflicto. Ocurre aquí algo ya señalado en la historia contemporánea de la Argentina: las fuerzas de la oposición, incapaces de vencer al oficialismo en el juego político institucional, han llevado la disputa al seno de la sociedad civil, desde donde, apoyadas por las corporaciones y los multimedios, reiniciarán la campaña de desgaste a la que los argentinos nos vimos sometidos durante todo el año pasado. Con un agravante, a saber, que cualquier nueva concesión llevará de modo inexorable a la bancarrota fiscal y a la pérdida de control político de la economía. Desde el punto de vista opositor, que coincide tácticamente con el de los propietarios del suelo, el desastre económico es la única vía capaz de abrir la alternancia política. En estas condiciones, el margen de maniobra del gobierno se reduce considerablemente, y veo muy difícil que el resultado de las elecciones anticipadas, cualquiera sea éste, vaya a aliviar la tensión social y política.
http://ezequielmeler.wordpress.com/2009/03/19/previsible-fracaso-la-sesion-especial-de-la-oposicion-y-volvieron-los-cortes-de-ruta/