Por medio de un audio, integrantes de las comunidades que se encontraban cortando la ruta 52 desde el martes 12 en reclamo contra la minería inconsulta en sus territorios anunciaron que levantan el corte tras la visita del presidente del JEMSE, Oheler, quien fue sin respuestas pero recibió el pedido de las comunidades que el […]
Por medio de un audio, integrantes de las comunidades que se encontraban cortando la ruta 52 desde el martes 12 en reclamo contra la minería inconsulta en sus territorios anunciaron que levantan el corte tras la visita del presidente del JEMSE, Oheler, quien fue sin respuestas pero recibió el pedido de las comunidades que el Gobernador se haga presente el miércoles 20 a las 11:00. De no mediar dicha reunión anunciaron que el corte continuará.
Integrantes de unas 20 comunidades indígenas de Jujuy cortaron el cruce de la ruta nacional 52 con la provincial 79, en plena Puna, en contra de las exploraciones de litio en las cuencas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
Unas 150 personas impedían el paso de los vehículos por el corredor vial como medida de fuerza hasta que el gobierno jujeño «anule» los permisos para dos empresas que iniciaron los trabajos de exploración para el desarrollo de emprendimientos mineros.
El reclamo «exige» la presencia en el lugar del gobernador Gerardo Morales, «para que dé respuestas» al reclamo que sumó en los últimos días adhesiones de instituciones académicas internacionales.
«Estamos realizando un corte de ruta definitivo y reclamamos la presencia del gobernador para solucionar el conflicto», dijo Verónica Chaves, de la comunidad aborigen de Tres Pozos.
La activista refirió que la protesta se debe a que «el gobierno jujeño autorizó el estudio de suelos para la futura explotación del litio en las cuencas de la región sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, como lo establece la OIT».
Detalló que los trabajos que habían iniciado las empresas Ekekos S.A. y Lossi S.A. en medio de la Laguna de Guyatayoc consistían en la excavación de un pozo de 394 metros de profundidad, «destruyendo el medio ambiente y poniendo en peligro los pocos sitios de agua que tenemos en esta zona». Y agregó que «lo pudimos frenar la semana pasada».
Phillip Thomas, CEO y presidente de AIS Resources Limited, con sedes en Vancouver, Canadá, y Nassau, Bahamas, confirmó que la compañía abandonó el proyecto minero en la zona, resolución que aún no se vio reflejada en su página web.
«La plataforma de perforación se ha ido y solo estamos haciendo un trabajo de reparación para limpiar el sitio», dijo Thomas. Al ser consultado sobre la decisión, señaló: «No tenemos comentarios al respecto«.
Por su parte, el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel Soler, emitió un comunicado oficial en referencia a los cuatro estudios de impacto ambiental para exploración aprobados durante 2018 para los Salares de Olaroz y Cauchari (dos por litio y uno por otros metales), y el restante para el Salar de Guayatayoc (litio).
Según Soler, todos los proyectos mineros a los que hace referencia en el texto «cumplen con las normas y procedimientos ambientales», y dice que las comunidades originarias involucrados en cada uno de ellos participaron de una «consulta previa, libre e informada».
Sobre este último punto, las comunidades kollas indicaron que no aceptarán más como argumento la supuesta aceptación de la consulta (exigencia constitucional para poder avanzar en proyectos de este tipo en sus territorios), ya que alegan que el gobierno utiliza este mecanismo de manera «aparente», llamando a «mesas chicas» y «reuniones para convencer a dirigentes». Finalmente, advirtieron: «Si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos».
Chaves recordó que «hace tres años que mantenemos nuestra posición en contra de todo tipo de emprendimientos mineros, porque entendemos que el gobierno no entiende la voluntad de las comunidades».
En el lugar se manifiestaron comunidades de San Miguel de los Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Tusaquillas, Sausalito, Casabindo, Queñoalito, Cochagaste, Tambillos, Quera, Agua Caliente, Ayllus Abralaite, Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Cianzo, Barrancas y Casa Colorada, entre otras.
El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras
El día que se instalaron emitieron este comunicado:
En el territorio de las Comunidades Indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a los 12 días del mes de febrero de 2019 reunidos en Asamblea General rechazamos y desmentimos el comunicado oficial difundido con fecha 11/02/19 por el Gobierno de la Provincia de Jujuy, referente a «proyectos mineros cumplen con normas y procedimientos ambientales». En el territorio de las Comunidades de San Miguel de Colorados y Rinconadillas no se cumplió ni se realizó el procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Por lo tanto, las comunidades: San Miguel de Colorados, Rinconadillas, Alfarcito, Sausalito, Queñoalito, Tusaquillas, Casabindo, Cochagaste, Tambillos, Quera y Agua Caliente, Ayllus Abralaite (Agua de Castilla, Río Grande y Santa Ana), Pozo Colorado, Saladillos, El Angosto, El Moreno, Lipán, Aguas Blancas, Santuario de Tres Pozos, Sianzo y Barrancas; Casa Colorada, Rangel y Cerro Negro (Salta) reafirmamos la autodeterminación y el rechazo total y definitivo a todo emprendimiento de megaminería, litio y otros minerales. También la nulidad de todo pedimento minero en toda la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, como así mismo en las Serranías de El Aguilar, el Chañi, Cobres e Incahuasi.
La Asamblea reunida declaramos el territorio Patrimonio Ancestral Cultural y Natural de los Pueblos Originarios Kolla y Atacama.
Las Comunidades Indígenas vienen manifestándose hace tiempo y remiten al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece que sobre pueblos indígenas «los gobiernos deben consultar a las comunidades cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a las comunidades directamente».
Argumentan que el Estado no cumplió con el procedimiento participativo de obligatoriedad expresados en el protocolo de consulta «Kachi Yupi», Huellas de Sal, un documento de público conocimiento elaborado por las comunidades. Este documento fue oportunamente elogiado por el propio gobernador Morales en la comunidad Alfarcito apenas asumió la gobernación y que no cumplió con su contenido.
En su oportunidad, han denunciado que el Estado autorizó la etapa de exploración de la Mina Guayatayoc, según expediente Nª 82-L-1998, efectuada por la empresa Luis Losi S.A. y Ekekos S.A., «quienes están trabajando calladamente en la Laguna de Guayatayoc».
«Estamos preocupados porque no se hace presente el señor Gobernador. Estamos reclamando nuestro derecho. El gobierno provincial hizo una licitación de JEMSE de la exploración y explotación de litio en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. El pedimento minero pedido para esa licitación es donde está el territorio de nuestras comunidades», expresó Verónica Chávez.
Además contó que han encontrado en medio de la Laguna de Guayatayoc a las empresas Losi S.A. y Ekekos S.A explorando los pozos. «Han perforado un pozo de 396 metros según lo que nos han informado, destruyendo la laguna de Guayatayoc con un terraplén, cavando y dejando agua sucia al frente, teniendo los flamencos en frente».
«En ese momento estaba el Director de Minería y le preguntamos por qué destruyen así la naturaleza estando los flamencos allí. Por qué dicen Jujuy Verde», se preguntó Chávez. «No queremos proyectos en ese territorio porque no hay buena voluntad de respetarnos».
Según la comunera, el 7 de febrero conversaron con el Director de Minería de la provincia y con integrantes de la Secretaria de Asuntos indígenas.
«Si la Secretaría de Asuntos Indígenas dice que nos representa, por qué no hace cumplir el Convenio 169, la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17. Es por esto que digo que no hay gente que tenga la capacidad para hacernos respetar», lanzó Chávez.
«Cuando le preguntamos al Director de Minería (Waldo Chayle) quién había autorizado el trabajo y el proyecto, dijo que habían sido ‘los más grandes’. Pero nosotros no somos tontos, él es el que autorizó porque es el Director», aseguró la comunera.
«Estamos molestos porque no hay consultas, sino actas y eso no es consulta porque no hay acuerdo».
«Si quieren hacer un proyecto puede hacerlo mientras que no dañe a los demás», dijo Chávez. Y continuó: «Sabemos que el litio deja todo destruido. El agua, la contaminación, el destrozo no tienen fronteras. Esto quiero que escuche el Gobernador, que entienda que el agua no tiene fronteras», argumentó.
«Nosotros vamos a seguir aquí. Queremos dialogar con el Gobernador. No hay vuelta atrás», aseguró.
Paralelamente, el 12 de febrero, Ariel Amaranto, empleado del terrateniente Enrique Daniel Verzini, corrió a tiros con arma larga a Néstor Jerez, Cacique del Pueblo Ocloya, gritándole «indio hijo de puta, te voy a cagar matando», «dejen de joder con la comunidad» y «por aquí no vas a pasar más». El hecho fue protagonizado a las 16:30 aproximadamente, al regresar en territorio por senda ancestral, en el lugar denominado «el tilo y la mecha», ubicado al lado de la Escuela primaria 329 de Tilquiza, a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Cabe destacar que Ariel Amaranto y Enrique Daniel Verzini, tienen innumerables denuncias desde el 2010, cuando amenazaron de muerte con arma de fuego a la abogada Marcela Arjona, hoy diputada provincial del oficialista Cambia Jujuy y presidenta de la Comisión de pueblos indígenas en la Legislatura jujeña.
El Pueblo Indígena Ocloya en alerta y asamblea realizó la denuncia correspondiente y se movilizó al Ministerio Publico de la Acusación, para solicitar una audiencia al Fiscal General Dr. Enrique Lello Sánchez.
En Jujuy no solo se persigue a las comunidades indígenas
El Comité por la Libertad de Milagro Sala denunció una grave situación de hostigamiento contra la dirigente social y presa política, Graciela López, que se encuentra detenida en el penal de Alto Comedero. En este marco, denunciaron que la referente social «continúa en situación de aislamiento», separada del resto de la población del penal. Además, detallaron: «La defensa de la dirigente social presentó un nuevo hábeas corpus que se suma al interpuesto el día martes de la semana pasada. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, realizó una nueva presentación al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura por estos hechos».
Asimismo, desde el Comité expresaron: «Una vez más el Gobierno de Jujuy muestra su insensibilidad. Han montado un sistema represivo para hostigar a las presas políticas, aplicando aislamientos y castigos que violan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Hacemos responsable al Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, por la vida y la salud psíquica y física de Graciela López y las presas políticas que comparten injusta detención en el Penal de Alto Comedero».
A través de un comunicado conjunto, organizaciones como Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales (ANDHES), Asociación Civil Cine Migrante, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), señalan que las provincias de Jujuy y Chubut adoptaron normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante.
Agregan que estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la Ley Nacional de Migraciones en 2017.
En este sentido, consideran que el Estado argentino debe derogar el DNU 70/2017. «Los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas», cierran el comunicado.
Mientras Morales y su ministro de Salud, Gustavo Bouhid, atacan los derechos de los inmigrantes para la atención gratuita en el sistema público de salud, el lunes 11 a la noche se volvió a inundar el hospital Dr. Guillermo Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy debido a filtraciones de agua por los techos en varios sectores del hospital como la sala de quirófano y terapia. Otra vez, los trabajadores y las trabajadoras del hospital se cargaron la situación al hombro y trabajaron incansablemente para sacar el agua de las instalaciones y proteger a los pacientes afectados.
Esta situación, recurrente en el hospital de San Pedro, se da en el marco de un ajuste del presupuesto de salud del 10%. Tanto Morales como Bouhid quieren hacer creer que los culpables de la situación crítica que vive el sistema de salud de la provincia se debe a la falta de cobro por la atención a los migrantes no residentes, cuando solo representan el 0,28% de los egresos del sistema de salud.
Mientras tanto, el bloque oficialista Cambia Jujuy junto con el peronismo, votó un recorte de $ 686,5 millones.
Código Contravencional jujeño para todos los gustos represivos
En su edición del 13/2, Red Eco Alternativo señalaba que «los excesos punitivos en Jujuy tienen ribetes grotescos, por citar las más relevantes se pueden mencionar el ingreso ilegal de la policía provincial a la Facultad de Agrarias, de la Universidad Nacional de Jujuy. O la detención inicial de Milagro Sala, rechazada hasta por sus principales opositores a sabiendas que se inauguraba allí un modus operandi que ya amenazaba ser el mascarón de proa de una avanzada represiva contra cualquier grupo que realizara una protesta. O los 11 pedidos de detención por «atentado contra la autoridad agravado por poner manos a la autoridad» -algunos ejecutados ingresando a punta de pistola a las viviendas- a algunos de quienes participaron de las protestas frente a la Legislatura en la sesión de apertura y del discurso de Morales el 4 de abril de 2018, cuando fueron ampliamente reprimidos con disparos y gases irritantes desde detrás de amplios vallados que impedían acercarse siquiera al edificio. O la detención, en medio de un desmedido operativo policial, de estudiantes y docentes de los CEIJA, al principio imputados de «turbación de la posesión», como si atarse a las rejas exteriores de la Casa de Gobierno fuera usurparla o impedir usar alguno de sus 3 ingresos, hecho que se sazonó con la detención de una Concejal en funciones y hasta la del abogado que cumplía funciones de asesoría al grupo».
Desestimado el caso por la Justicia, ahora están siendo juzgados por segunda vez por el mismo hecho por la justicia contravencional.
«La justicia contravencional jujeña parece haber asumido el rol persecutorio, punitivo y cuasi penal que otros códigos, más precisos, o al menos con menores espacios para laxitudes interpretativas, no parecían satisfacer», continúa la nota. Para lo cual se vale del artículo 113 que dice:
«Permanencia en espacios públicos y/u obstaculización de la circulación vehicular.
Art. 113. Serán sancionados con hasta nueve (9) días de trabajo comunitario, multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de hasta tres (3) días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.»
Este artículo permite abordar otras protestas mediante la amplitud punitiva del Código Contravencional. Un caso relevante, continúa la nota, «es la imputación en setiembre pasado de Carlos «el perro» Santillán, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) por los artículos 99 (Portación ilegal de armas), 100 (Uso indebido de armas y encendido de fuego en sitios públicos) y el ubicuo artículo 113 de este mismo Código durante las ya mencionadas protestas frente a la Legislatura».
No obstante, la inteligencia y los materiales fílmicos y fotográficos, drones incluidos, para perseguir a los manifestantes del 4 de abril no parecen haber sido suficientes para alertar a la justicia contravencional jujeña de un dato fundamental: ni Santillán ni el SEOM movilizaron ese día a la Legislatura».
También el Partido Obrero fue imputado en la misma causa, denunció Iñaki Aldasoro, Diputado Provincial por el PO-FIT, quien entiende que hay un salto cualitativo «porque es colectivo, a las organizaciones políticas, es una medida de evitar cualquier tipo de manifestación en contra».
Hace unos días, pasados diez meses, la denuncia recayó sobre el PTS. Según Alejandro Vilca, Diputado Provincial por el PTS-FIT, «se trata de una denuncia bochornosa porque el mismo Código Contravencional establece en su Art. 52 que la acción para perseguir faltas prescribirá a los seis meses».
Conflictos con trabajadores mineros
La actual explotación de Chinchillas, en manos de la SSR Mining, que buscaba darle continuidad a la explotación de distintos minerales, luego del cierre de Mina Pirquitas en el 2016, en la que distintas autoridades provinciales y de la empresa aseguraron que iban a generar cientos de puestos de trabajo, se ve atravesado por el reclamo de los trabajadores ante las condiciones laborales y de salud, donde se cuestiona el modo de la jornada laboral que impone la empresa, y que ya había generado medidas de fuerza por parte de los mineros que acabó con una conciliación obligatoria.
Luis Tinte, Secretario General de AOMA-Jujuy (Asociación Obrera Minera Argentina), expresó los motivos de las medidas de fuerza: «Hoy junto a familias congregadas, con los compañeros nos encontramos en la obligación de tomar esta medida por la falta de respuestas al planteo que hicimos en su momento, es decir, el cambio de roster (ciclo laboral en la minería). Lamentablemente el roster que actualmente viene llevando adelante la empresa es altamente perjudicial en todos los aspectos para todos los trabajadores y sus familias, ya que los obreros desarrollan sus tareas en turnos de trabajo intercalados de siete días corridos de trabajo por dos de descanso, con jornada de ocho horas», expresó.
«Ya hemos tenido bastantes accidentes y ese es el principal factor por el cual la gente ya no puede aguantar más esta situación. Por más que nos hayamos predispuesto con muy buena voluntad a reuniones con la empresa, donde hubo una medida de fuerza que se levantó porque se dictó la conciliación obligatoria y pasado el período de la misma no tomamos ninguna medida y buscamos nuevamente la posibilidad de continuar negociando con la empresa, ésta hizo oídos sordos a todos nuestros pedidos. Y dio lugar a que los trabajadores en asamblea y por unanimidad decidieron llevar adelante este paro», agregó Tinte.
Al tiempo que denunció: «son numerosos los accidentes de tránsito que sufrieron los compañeros debido a la modalidad de trabajo implementada como así también es preocupante el grado de estrés que sufren los trabajadores dado que se ven imposibilitados de desarrollar una vida social y familiar plena como así también realizar trámites administrativos o médicos en la capital jujeña debido a la distancia que separa a Santo Domingo (localidad donde se encuentra Chinchillas) de la misma».
Finalmente, Tinte aseveró que «los obreros lo único que exigen es la implementación justa del roster de trabajo denominado uno por uno consistente en alternar ciclos de siete o diez días de trabajo por siete o diez días de descanso».
Estos reclamos ponen en evidencia que todo el plan del gobierno, de sustituir el trabajo que se hacía en la empresa Pirquitas, fue para salvar a la multinacional y ahora hacer este nuevo negocio, beneficiando a otra multinacional, que expolian los recursos regionales y donde los perdedores son los mismos, los trabajadores y las comunidades de los pueblos originarios del lugar.
Municipales de Purmamarca
Empleados de la Comisión Municipal de Purmamarca afiliados al gremio del Seom realizaron un paro por tiempo indeterminado, reclamando con la medida el pase a planta permanente de 18 trabajadores del municipio.
Al respecto Noelia Cruz, una de las trabajadoras, comentó que «solicitamos el pase a planta permanente a 16 empleados que somos del pueblo y 2 empleados que son de la localidad de El Moreno. Hace 10 días presentamos una nota al municipio para pedirles la recategorización y el pase a planta».
Por su parte, el comisionado municipal Oscar Tolaba manifestó que «como municipio siempre apoyamos el pedido de los trabajadores, el año pasado nos pidieron la muda de ropa y se les dio dos y este año ya se les dio una, guantes por mes, les mejoramos temas como la salubridad y la zona».
«En cuanto al pedido de pase a planta permanente le explicamos a los trabajadores que hay un decreto presidencial Nº 632/18 donde se congela el pase a planta permanente en todos los organismos del Estado». No obstante, sostuvo que «vamos a ir con el gremio a plantear al Gobierno, porque esta decisión no es del municipio sino del Gobierno porque somos un municipio chico, donde no se puede afrontar este gasto para endeudar la Comisión Municipal y además algunos meses recibimos menos plata de la coparticipación».
Fuentes: https://radioteca.net/audio/
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