El pasado miércoles 25 de octubre, desde Prensa Obrera informaron: «el juez Feliciano Ríos ratificó los términos y los tiempos de las condenas para César ‘Chino’ Arakaki y Daniel Ruiz. El dictamen de la Cámara había sido claro en el planteo de que el juez debía revisar las condenas por no haber tenido en cuenta los atenuantes, lo que podía derivar en una reducción de los tiempos de condena. El juez efectivamente tomó la indicación del tribunal, pero ratificó los tiempos de las condenas». Asimismo, señalaron que, si bien apelaron la condena por supuestas «lesiones» e «intimidación pública», ante «la rapidez en que se tomó, en una determinación política del tribunal de imponer una derrota al movimiento popular antes del desenlace electoral», la misma fue rechazada. «Esta causa tiene un carácter estratégico para la burguesía, pues sería la primera condena a luchadores populares antes de llevar adelante la agudización del ajuste que se promete al FMI y las campañas de persecución, hostigamiento y persecución al movimiento piquetero y todos los movimientos de lucha en el último período en nuestro país», remarcaron.
La jueza Figueroa, que votó en disidencia el fallo del tribunal, señalando “la peligrosidad de tomar en cuenta esta acusación, ya que se plantea como un antecedente en la criminalización de la protesta, sentando jurisprudencia».
Ante esta situación, desde el Partido Obrero consideraron que «se hace indispensable retomar todas las acciones para exponer esta situación a la población y desarrollar una gran campaña. Más allá de que quedan instancias judiciales tenemos, por delante, acciones de lucha y organización para evitar que nuestros compañeros vayan a la cárcel. En primer lugar, la solidaridad del activismo y todos los luchadores juntando firmas para mandar al tribunal nuevamente, haciendo una campaña internacional pidiendo pronunciamientos de organizaciones hermanas».
En el marco de dicha campaña también comentaron: «el último Plenario antirrepresivo nacional votó una movilización para la primera quincena de noviembre, que se le puso fecha para el 9 y que tendrá que tener como eje fundamental el pedido de absolución de los compañeros, así como la denuncia del tribunal que quiere imponer una derrota al movimiento popular».
Compartimos la declaración en reclamo de la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, a la cual se puede adherir firmando aquí:
Absolución de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz
Los abajo firmantes nos pronunciamos por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, acusados por su participación en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la pérfida reforma previsional votada ese día en el Congreso. Denunciamos que el juez Feliciano Ríos confirmó la sentencia de tres años y cuatro meses de prisión para César Arakaki, que implica una pena de prisión efectiva, a pesar del planteo de la Cámara de Casación de revisar la condena.
Esta ratificación apunta a hacer efectiva una condena sin pruebas, arbitraria y que representa un enorme retroceso para las libertades democráticas en el país. Se los condena por intimidación pública, un cargo que tiene hasta seis años de prisión y que, de quedar firme, resultaría un gravísimo precedente para el movimiento popular. La condena por lesiones se confirma incluso cuando el policía herido que presentó la querella retiró la acusación al probar que César no lo agredió. Hemos presentado nuevos recursos de apelación contra esta sentencia arbitraria y antidemocrática.
Las movilizaciones masivas de diciembre de 2017 fueron una reacción masiva frente a una ley confiscatoria contra las jubilaciones. Con esta sentencia, se pretende golpear la capacidad del pueblo argentino de luchar contra este tipo de reformas.
Llamamos a apoyar la causa por la absolución, en una instancia decisiva cuando se pretende hacer efectiva la condena y acompañamos las movilizaciones que se realizarán por este reclamo.
Trabajadores del neumático denuncian que Pirelli paga salarios más bajos que el resto de las empresas y reclaman la diferencia
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) comenzó un plan de lucha en las instalaciones de Pirelli, la multinacional que compone uno de los 3 grandes empleadores de la actividad con FATE y con Bridgestone.
El gremio que lidera Alejandro Crespo, con asambleas, reclama la equiparación salarial estrés las gigantes del sector y denuncian que Pirelli paga salarios por debajo de sus competidoras a pesar de tener la misma magnitud y estructuras de costos similares.
“Lo que es justo es justo” advierten, e izan la bandera constitucional de igual remuneración por igual trabajo.
La diferencia ronda los 40 puntos porcentuales, dependiendo de la categoría. “Nada de justo hay en un salario significativamente menor de una empresa que produce los mismos productos que las otras empresas del rubro”, señalaron.
El gremio atribuye la diferencia existente en los haberes un proceso de flexibilización laboral que se dio en la firma desde los años 90 hasta el 2015 y que no fue revertido posteriormente.
Además de las asambleas, el 6 de noviembre el sindicato tendrá un nuevo cara a cara con Pirelli en la sede Morón del ministerio de Trabajo bonaerense. Será el primero tras el fracaso del encuentro del pasado 26 de octubre dónde la empresa se negó a brindar alguna propuesta para solucionar el asunto.
Vale remarcar que la dotación de operarios de Pirelli es de 1.390 personas y que la diferencia con el resto de las plantas también se plasma en los adicionales.
Falleció un trabajador por una explosión en una fábrica de fulminantes en Córdoba
Un hombre de 42 años murió el 2 de noviembre como consecuencia de las heridas sufridas al explotar un sector externo de una fábrica de fulminantes en la localidad cordobesa de Miramar de Ansenuza, informaron fuentes policiales.
El suceso se registró a las 6:30 en la empresa Imaz que se dedica a la fabricación de fulminantes, ubicada en General Paz 200, y las causas por las que se dio la explosión están siendo investigadas.
Un servicio de emergencias confirmó el fallecimiento de la víctima, mientras que la Fiscalía de instrucción interviniente ordenó que se hiciera presente la Policía Judicial para realizar las pericias correspondientes.
De acuerdo a los datos que se conocen, la deflagración se produjo en uno de los secaderos de pólvora, ubicado en la parte externa del edificio.
La OIT estima que se producen más de un millón de muertos en el trabajo al año y cientos de millones de trabajadores son víctimas de accidentes en el lugar de trabajo y de exposición profesional a substancias peligrosas a través del mundo.
Además, las estimaciones más moderadas muestran que los trabajadores sufren aproximadamente 250 millones de accidentes del trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada año.
Informe 2021-2022 de Basta de Asesinatos Laborales
Se presentó el cuarto informe sobre las muertes producidas por razones laborales. Desde el observatorio “Basta de Asesinatos Laborales” (BAL) se contabilizaron 5.041 muertes en cinco años.
Aparte de las cifras presentados en el informe 2021-2022 se visibiliza los casos de los/as compañeros/as que murieron en su trabajo.
Eva Puente, madre de David Ramallo mecánico de la línea 60 de colectivos fallecido tras la falla de un elevador de la empresa DOTA, al tomar la palabra resaltó la existencia de “muertes invisibles”. En su testimonio, Eva subrayó que estas tragedias pasan desapercibidas para la sociedad en general, siendo solo los familiares quienes realmente comprenden la magnitud de las mismas.
“Las muertes laborales son invisibles y solo los familiares son conscientes de ellas. Nosotros no sabíamos de todas esas muertes y a partir de ahí se fundó Basta de Asesinatos Laborales”, relata la madre de David Ramallo.
Varios familiares se unieron en la presentación del informe 2021-2022 para compartir la difícil situación que enfrentan y denunciar la negligencia y persecución por parte de las patronales a los trabajadores, así como la tendencia de la justicia a culpar a las víctimas.
Yonatan Godoy trabajaba en DALAFER en el Parque Industrial de Quilmes y murió al trabajar sobre un caño de gas que según la empresa estaba en desuso. Su esposa Ayelén comparte su angustiante experiencia:
“La fiscalía que tomó la causa nos desestima, diciendo que el único culpable fue mi esposo por manipular mal una masa y un cortafierro. Siempre digo: me voy a quedar sin fuerzas, sin energías, sin recursos, pero yo voy a pelear hasta lo último. Hasta que la fábrica DALAFE, los directivos, los encargados de seguridad e higiene y todos los responsables por no inspeccionar las cosas, van a tener que pagar. Quince de los compañeros de Yonatan fueron despedidos a raíz de presentar carpeta psicológica al haber presenciado a su compañero partido al medio”.
El hecho de que se repitan historias similares compartidas por los familiares de las víctimas y vividas por los trabajadores es precisamente lo que este espacio “Basta de Asesinatos Laborales” busca destacar. Estos no son casos aislados, sino más bien un problema social que afecta a los trabajadores y que requiere una respuesta organizada por parte de ellos. Néstor Marcolín, integrante fundador de BAL (junto con familiares y otros trabajadores) reconoce el patrón de comportamiento por parte de las patronales, quienes optan por despedir a aquellos trabajadores que presenciaron las muertes y se manifiestan en busca de justicia. Además, se refiere al accionar del sistema judicial:
“El sistema judicial está preparado para que los patrones zafen. Nos va a ser muy difícil aplicar esa justicia que queremos. El sistema está creado para echarle la culpa al trabajador, para que el laburante sea el negligente”
En el caso de Brian “Mechi” Canteros, un joven trabajador muerto en la papelera SEIN, su madre Elvira, pidió que se evite la reducción de la pena de los asesinos de Mechi: “En el caso de Brian, se logró obtener una sentencia, pero hecha la ley hecha la trampa”. Los asesinos de Brian que fueron condenados por homicidio culposo recibieron una pena de 3 años y 9 meses, pero estos están apelando por una reducción de la pena en la sala de Casación N° 1 de Quilmes. Elvira hace un llamado a los funcionarios intervinientes para que se respete lo dictado por la jueza Carolina Mingrone.
También dio su testimonio, Lourdes Hidalgo, sobreviviente del trágico incendio en el taller textil ubicado en la calle Luis Viale, que lleva 17 años luchando incansablemente en busca de memoria y justicia para sus compañeras y los hijos de sus compañeras que perdieron la vida mientras cosían ropa. Estas víctimas laborales eran migrantes que encontraron la muerte mientras trabajaban en condiciones precarias.
“Estuvimos 65 personas migrantes trabajando de 16 a 18 horas diarias. Teníamos un solo baño, conectado con un cono de hilo improvisado para ducharnos. Al lugar, muchas veces, entró la policía y se llevaban las prendas que ellos cosían. También entraron funcionarios del gobierno a revisar el lugar, pero no hicieron nada. La patronal quebró mi salud, pero mi lucha no la podrán quebrar. A todos los que migramos, nos pusieron fronteras, pero para la explotación laboral no hay fronteras. La sociedad miró para otro lado.”
Lourdes, a través de su testimonio, evidencia la experiencia de vulnerabilidad social que enfrentan los trabajadores migrantes bolivianos y cómo esta condición influye de manera significativa en sus condiciones laborales. En su relato, se destaca la falta de atención y discriminación por parte de las autoridades estatales, el sistema judicial y la sociedad en general. La situación de los migrantes que no dominan el idioma español presenta una complejidad adicional a la hora de realizar denuncias y buscar apoyo.
Reconocer las dinámicas de poder y las estructuras sociales que perpetúan las condiciones laborales inseguras son fundamentales para los trabajadores y la acción colectiva. En este sentido, Ariel Godoy se refiere de esta manera:
“Tenemos la capacidad de, en nuestros propios lugares de trabajo, organizarnos y dar una pelea. Tenemos un planteo acerca de las responsabilidades de quienes son los responsables directos de estos asesinatos laborales. También tenemos un planteo sobre quiénes son los cómplices, y también tenemos una perspectiva de lucha y organización para enfrentar esto que padece la clase obrera”.
Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales y encargado de proporcionar los datos del observatorio de BAL, antes de dar los datos duros enfatizó en que se está realizando un genocidio por goteo. “El tema no es cómo contamos lo que contamos; nosotros logramos contar mucho más de lo que cuenta el Estado. Cada compañero, compañera que queda inválido, que queda marcado de por vida, es un compañero, es una familia, es un hijo, es un hermano… Para nosotros son vidas humanas y es la clase trabajadora; para ellos, somos números. No hay punto posible de encuentro, ni punto posible de negociación”
El observatorio de BAL recabó más datos sobre accidentes mortales y enfermedades laborales que los organismos oficiales encargados de estos. Para llevar a cabo su labor, el observatorio recopiló información pública de organismos como la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) como de registros internos de los lugares de trabajo, sindicatos, comisiones internas y fuentes periodísticas.
BAL consideró las muertes por COVID19 en su informe representando el 90% de la causal de muerte de trabajadores. Dentro de los porcentajes más altos de muertes son de trabajadores de transporte 22,9%, construcción 16,5%, agricultura, ganadería 14,8%, e industria 14%, otras ramas 11,8%, comercio 9,6%, administración pública, defensa y seguridad social 4,7%, electricidad, gas y agua 3,2%, información y comunicaciones 1,7% salud humana y servicios sociales 0,7%.
Según lo informado por el observatorio de “Basta de Asesinatos Laborales”:
La construcción y en especial el agro tienen los niveles más altos de trabajo no registrado, por lo que se puede asegurar que la proporción de muertes en esas ramas es mucho más elevada. Por otro lado, el informe denuncia que los decesos producidos por COVID entre las/os trabajadores de salud está totalmente subregistrado.
El informe llama a la organización de las/os trabajadores y familiares ya que sólo éstos pueden garantizar justicia por los asesinatos laborales.
Justicia por todos los asesinados del entramado patronal, justicia, Estado y burocracia sindical. Justicia por David Ramallo mecánico de la línea 60 que murió al ser aplastado por un colectivo tras la falla de un elevador en una cabecera sin fosa; Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi que murieron producto de una explosión de gas en una escuela; Marcelo Ulariaga murió al ser atrapado por una máquina de la empresa de neumáticos Pirelli; Yonatan Godoy murió por una explosión al golpear un caño de gas ordenado por su capataz de la empresa DALAFER; Juana Villca (25 años), Wilfredo Quispe (15 años), Elías Carbajal (10 años), Harry Rodríguez (3 años), Luis Quispe (4 años), Rodrigo Carbajal (4 años) murieron en el incendio del taller textil clandestino Luis Viale; Diego Soraire trabajador del INTA que murió por la explosión de un biodigestor; José Homs, Silvano Coppola y Jorge Gaddi que murieron en el hundimiento del barco “El Repunte”; Fernando Jara, Gonzalo Molina Y Víctor Herrera murieron en el incendio de New American Oil; Mechi Cantero murió enganchado en una máquina de la papelera SEIN.
Accidentes laborales: otro récord silencioso de Vaca Muerta
Cada mes el gobierno anuncia récords de producción en Vaca Muerta. La última marca inédita fue registrada en marzo. 332.296 barriles de petróleo por día produjo la provincia de Neuquén, un aumento interanual del 29%. Con el gas ocurre algo similar, y cuando empiece a operar el gasoducto Néstor Kirchner podrá aumentar sustancialmente la producción de ese hidrocarburo. Un cálculo conservador (por estar basado en ingresos por regalías que pagan las empresas), indica que la facturación de las petroleras supera los $6.000 millones diarios.
Dentro de lo que llamamos “lado B” de Vaca Muerta, ese del que no habla ningún gobierno, aparece, entre otras desastrosas consecuencias ambientales y sociales, el incremento de la accidentabilidad laboral. Centenares de trabajadores resultan lesionados, con enfermedades profesionales, mutilados y hasta fallecidos.
El pasado 17 de mayo un operario de 29 años de la empresa San Antonio sufrió la amputación de su brazo mientras realizaba tareas de mantenimiento en un pozo de fracking en Aguada del Cajón, operado por la empresa Capex. El hecho desató la bronca entre los trabajadores y trabajadoras, obligando a la conducción del sindicato petrolero a convocar un paro.
El 27 de abril, Gustavo Riquelme, un mecánico de 48 años que trabajaba en la empresa Clear, falleció en un choque en la ruta 151. La circulación permanente de camiones con toneladas de carga acelera el deterioro de las rutas. Los compañeros de Gustavo resolvieron cortar las rutas: el sindicato se tuvo que plegar a la medida.
Todavía está fresca en la memoria la imagen de la brutal explosión de la refinería New American Oil (NAO) en Plaza Huincul, donde perdieron la vida Gonzalo Molina (30), Fernando Jara (34) y Víctor Herrera (58).
Sus familiares siguen exigiendo justicia y denunciando el entramado de impunidad que incluye a los empresarios, los distintos gobiernos (provincial y nacional), e incluso a los dirigentes del sindicato, que les dieron la espalda.
El incremento de la accidentabilidad laboral en el sector petrolero
Los accidentes se incrementan de la mano de los ritmos de producción. Según datos que informa la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en 2022 se registraron 1.033 accidentes de trabajo, accidentes in itinere (en camino hacia o desde el lugar de trabajo), enfermedades profesionales y reingresos (accidentes ya notificados una vez, pero con un cuadro reagravado) en el sector “minas y canteras” de la provincia de Neuquén. “Minas y canteras” comprende a la actividad de extracción de petróleo y gas (que en Neuquén representa la absoluta mayoría del sector). Aun así, hay trabajadores petroleros que quedan excluidos de esa categoría, como aquellos que trabajan en las refinerías. Esos 1033 casos notificados el año pasado representan un 29,3% más que los 799 registrados en 2021. Se trata de la marca más alta, en términos absolutos, de la última década.
Claro que, en el último año, aumentó la cantidad de trabajadores registrados en el sector petrolero. Para comparar la accidentabilidad laboral entre distintas poblaciones (distintos años, sectores económicos o jurisdicciones), se utilizan los índices de incidencia, que calculan la cantidad de casos denunciados por cada mil trabajadoras y trabajadores registrados con cobertura.
El índice de incidencia global se computa como los casos notificados (por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere y reingresos) con al menos un día de baja laboral o secuela incapacitante sin días de baja laboral, cada mil personas trabajadoras cubiertas.
Nuevamente, según datos de la SRT, el índice de incidencia global de accidentabilidad laboral para el sector minas y canteras de Neuquén, aumentó. Pasó de 50,7‰ en 2021 a 59,6‰ en 2022, es decir, un aumento de 9 puntos.
La accidentabilidad en el sector en la provincia de Neuquén muestra importantes oscilaciones. En 2013 el índice pega un salto, coincidente en el tiempo con la llegada del fracking a Vaca Muerta. En momentos en que la actividad se desacelera (como en la pandemia), la accidentabilidad baja. Y cuando los ritmos de producción se recuperan, nuevamente el índice de incidencia sube. En 2021 (último año en el que se puede realizar la comparación), el índice del sector minas y canteras de Neuquén volvió a superar el índice del total de las unidades productivas de los distintos sectores económicos a nivel país. En 2022, posiblemente la diferencia sea más amplia.
No extraña, entonces, que de 2019 a 2022 la variación de la accidentabilidad laboral en Neuquén (de todos los sectores) haya crecido un 5,7%, mientras que a nivel nacional ese incremento fue de 2,7%, menos de la mitad.
Flexibilización laboral y súper explotación
En 2017, aprovechando la crisis y los precios bajos de los hidrocarburos, el jefe del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, acordó con las Cámaras empresarias, el gobierno provincial del MPN y el nacional de Mauricio Macri, una adenda flexibilizadora del Convenio colectivo de trabajo petrolero para los no convencionales. La reforma incrementó los riesgos del trabajo al reducir dotaciones, aumentar la tolerancia para trabajar con vientos de hasta 60 km/h, implementar la polifuncionalidad y las “tareas simultáneas”, entre otras cosas.
La crisis desatada por la pandemia fue nuevamente aprovechada, esta vez bajo el gobierno del Frente de Todos, para continuar la política de flexibilización laboral. El “Acuerdo para la Sustentabilidad y el Empleo” de 2020 ratificó explícitamente la vigencia de la adenda de 2017 y extendió su alcance para la actividad hidrocarburífera convencional. Además, profundizó la reducción de dotaciones y flexibilizó el trabajo nocturno. Víctor Vázquez, “el liebre”, falleció con 32 años en junio del año pasado, realizando tareas nocturnas de las que habilitaron estas reformas.
Desde la flexibilización laboral de 2017, son 15 los petroleros que dejaron la vida trabajando, sin contar aquellos quienes, como Gustavo Riquelme, mueren en las rutas. Pero por cada trabajador fallecido, muchos otros sufren lesiones graves, mutilaciones, discapacidades.
En ese mismo período, el ritmo de los derrames de crudo, agua contaminada, fugas de gases y otros desastres, se duplicó. Durante el año 2021 ocurrieron al menos 2.049 incidentes ambientales, el doble de los ocurridos en 2017. Son 5,6 por día, pocos salen a la luz, y seguramente muchos impliquen afectaciones a los propios trabajadores.
Para las empresas, los trabajadores son un número, y las medidas para garantizar la seguridad en los lugares de trabajo, un gasto innecesario. De lo que se trata es de obtener los mayores beneficios en el menor tiempo posible. Por eso, como comentaron los propios trabajadores de NAO el día de la explosión de la refinería, la industria viene trabajando “al taco”, por encima de su capacidad.
La amputación del brazo del trabajador de San Antonio es parte de una sucesión de hechos que atentan contra la salud y la vida de los trabajadores petroleros, para garantizar la ganancia capitalista de empresas que los consideran material descartable. El Estado, lejos de velar por la integridad de los trabajadores, es cómplice de las empresas. Por eso hablamos de verdaderos crímenes sociales.
Las vidas obreras valen más que las ganancias de las petroleras
La conducción de Petroleros, hoy en manos de Marcelo Rucci, convoca paros para descomprimir cuando la bronca entre los trabajadores se torna inmanejable. Para terminar con esta situación es necesario un verdadero plan de lucha, con objetivos claros.
En primer lugar, anular la adenda flexibilizadora del Convenio Colectivo de Trabajo y poner en pie Comités de Seguridad e Higiene en cada lugar de trabajo. Estos comités deben estar compuestos por delegados y delegadas electos por los propios trabajadores, y no por la conducción del Sindicato. Así lo plantea un proyecto presentado por el diputado provincial del PTS – Frente de Izquierda, Andrés Blanco.
A su vez, es necesario reducir los diagramas laborales sin reducción salarial. Con diagramas que llegan a los 14 corridos de trabajo, muchos accidentes ocurren cuando los petroleros pasaron más de una semana en el campo. La reducción de los diagramas permitiría no sólo disminuir los riesgos para la salud, sino también crear nuevos puestos de trabajo. Son medidas urgentes si realmente se quiere cambiar algo. Porque las vidas obreras valen más que sus ganancias.
Carrefour despidió a una directiva y delegada de Comercio
La empresa de origen francés Carrefour despidió a la delegada e integrante del secretariado del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Paredes, a lo que desde el gremio apuntan como un despido “arbitrario, antisindical y violento”. Delegada desde hace 16 años en la sucursal que la empresa tenía en Elcano y Martínez (Belgrano, CABA), Paredes expresó que es “persecutorio” a partir de una serie de reivindicaciones gremiales que llevaba adelante.
En el mismo comunicado, desde el Sindicato de Empleados de Comercio de CABA agregaron que “muestra a las claras la violencia y discriminación a la que fue sometida sistemáticamente por defender los derechos de los y las trabajadoras, reclamar mejoras en su lugar de trabajo y denunciar situaciones de abuso y acoso a las que fueron y son sometidas las trabajadoras de dicha institución”.
Paredes detalló las razones del despido en donde la empresa aduce que existe una justa causa. “Es el fin de la persecución gremial que vengo sufriendo desde hace tiempo”, afirmó la directiva del gremio mercantil que también es congresal de la Federación a nivel nacional.
La sucursal en la cual era delegada cerró sus puertas el pasado 22 de marzo en forma intempestiva, “con los clientes adentro vinieron y nos dijeron que la cerraban”.
“Nosotros ya veníamos haciendo denuncias desde la Secretaría de Higiene y Seguridad por la desinversión de Carrefour en el local. Al tiempo la decisión de la empresa es cerrarlo. Allí comenzó un conflicto que duró tres meses para la correcta reubicación de los compañeros, como corresponde a la ley. Hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo y nos quedamos adentro de la sucursal todos los días”, comentó Paredes.
“En toda esa situación hubo una persecución directa, con un desgaste. Nos querían obligar a presentarnos en locales de provincia cuando nuestro convenio es en CABA”.
“Siempre acompañamos como delegados y sindicatos para la reubicación de los compañeros como corresponde a la ley. En algunos casos querían despedir a estos compañeros y que arreglen por menos de lo que corresponde en la indemnización”, completó.
La dirigente mercantil apuntó que también existen otras razones de su despido relacionadas con su rol de secretaria de Protección de la Mujer y Niñez del Sindicato de Empleados de Comercio de CABA. “Hace un año asumimos y empezamos a hacer cambios profundos en la Secretaría, sacamos un protocolo de actuación y un canal de escucha para las situaciones de abuso. Empezamos a pedirle a la empresa que haya protocolos de actuación porque hoy tiene un protocolo obsoleto, ahí habían empezado amenazas y persecuciones”.
“Creamos un canal al que llegan muchas denuncias. Las compañeras se animaron a denunciar situaciones de abuso, con delegados con condena firme que siguen estando en las sucursales de Carrefour. La empresa tapa estas situaciones, a las mujeres nos ofrecen los traslados y a los abusadores los dejan en los lugares de trabajo”, indicó.
Con esos antecedentes, el despido de Paredes la empresa lo hizo efectivo pese a contar con fueros gremiales: “Un juez es el que puede autorizar la quita de los fueron gremiales. Para despedirme Carrefour no realizó todos los pasos legales. Es una amenaza por no haber agarrado la plata que me ofrecieron, por no haber querido irme”.
“Lo que exijo es mi reincorporación”, cerró Paredes y adelantó que el miércoles 1° de noviembre estaba convocada una audiencia en el marco de la cartera laboral de la Ciudad de Buenos Aires.
La Justicia confirmó el rechazo a la inscripción del ‘Movimiento Empresarial Antibloqueos’
La Cámara Civil confirmó el rechazo a la inscripción de una asociación civil empresarial porque entre sus objetivos figuran medidas contra “bloqueos sindicales extorsivos” cuyas consecuencias sean “la paralización de la actividad”. Se trata del Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), referenciado en la abogada Florencia Arietto de Juntos por el Cambio.
El Tribunal de la Cámara Civil avaló una resolución de la Inspección General de Justicia que desestimó el pedido “para funcionar” de la entidad denominada Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB).
La pretendida organización había establecido como su “objeto social” constituir “una Red de Ayuda y Asistencia Integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo” para prestar servicios “para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ´accionar delictivo´ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada”.
La IGJ denegó la autorización porque “el objeto social de MEAB se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores a los que califica -cuando impliquen la paralización de la empresa- como ´bloqueos sindicales extorsivos´ y/o ´accionar delictivo´».
La organización modificó parcialmente su objeto de funcionamiento y quitó las alusiones a los bloqueos sindicales, pero la mantuvo en el nombre con el que pretendía identificarse.
“Aceptó y consintió las observaciones realizadas por la IGJ en cuanto al objeto al eliminar toda referencia a los bloqueos sindicales. Sin embargo, continúa manteniendo dicha referencia en el nombre propuesto”, explicaron los camaristas Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez.
“Tal discordancia no hace otra cosa que generar o inducir a error sobre el objeto –actividad– de la asociación a terceros, lo que resulta suficiente para denegar la autorización pretendida y confirmar la resolución apelada”, añadieron.
Para el tribunal, “resulta contradictoria la postura de la propia apelante, puesto que, por un lado, elimina toda referencia a los ´bloqueos sindicales´ y, al mismo tiempo, mantiene dicha referencia en el nombre”.
“El nombre de la persona jurídica debe evitar denominaciones que induzcan a error sobre la verdadera actividad –objeto– de la asociación”, resumieron los jueces.
Tener una pensión por discapacidad ya no es incompatible con el empleo formal
El anuncio salió publicado el 1° de noviembre en el Boletín Oficial por lo que quien reciba la pensión va a poder integrarla a su ingreso laboral. La medida responde a un reclamo del sector de larga data, que sostenía que lo que nació como una protección se había convertido en un límite.
Desde su publicación en el Boletín Oficial dejó de regir el impedimento formal para que las personas que tienen pensión por discapacidad puedan acceder al mercado de trabajo.
El anuncio que realizó el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, fue muy bien recibido entre la comunidad que recibe esta pensión.
“Es una decisión histórica que busca eliminar barreras y garantizar derechos. La compatibilidad entre la pensión y el trabajo es fundamental para las personas con discapacidad y es una demanda que data de largos años”, aseguró Jonatan Rondan, referente del Frente Patria Grande y persona con discapacidad motriz, conocido como “Jony de la silla”.
En efecto, desde el Ministerio consideraron el planteo central de este reclamo: que aquello que nació como un derecho protector del Estado había terminado funcionando como un límite para la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad.
“A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. Parte del desafío de inclusión en Argentina debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo”, sostuvo Massa.
Luego aseguró: “El objetivo es incluir, ampliar oportunidades. Es un primer paso en un proceso en que además debemos consolidar el proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas”.
Por su parte, Rondan planteó: “Hoy en Argentina discutimos dos modelos de país. De un lado quienes quieren eliminar las pensiones, como ya hizo (Mauricio) Macri, y que usan a las personas con discapacidad como insulto y, del otro lado, quienes proponen seguir eliminando las barreras que tenemos las personas con discapacidad y construir ciudades cada vez más inclusivas”.
El jueves 2 de noviembre hubo una jornada titulada “Discapacidad en agenda” que apuntó a promover los derechos de las personas con discapacidad y que también abordó la importancia de esta conquista. Fue en la sede de la CTA Autónoma (Bartolomé Mitre 744, Ciudad de Buenos Aires), con paneles y discusión en comisiones entre distintos referentes del sector.
Massa anuncia un seguro para repartidores
En otro acto de campaña, el candidato y ministro anunció que el Banco Nación dará un seguro de ART a las y los repartidores.
“Estamos poniendo en marcha una protección que garantiza el acceso a la ART, cobertura de obra social y derecho a la jubilación, a partir de un nuevo sistema que articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro y de protección social”, dijo el ministro candidato. Además, anunció la creación de sitios de descanso en estaciones de trenes del Área Metropolitana (AMBA).
Un par de aclaraciones. La primera, que Massa dijo “estamos poniendo en marcha” porque en realidad lo que hizo fue una promesa que está atada a si gana las elecciones: el beneficio comenzaría a regir recién el 15 de diciembre de 2023, o sea, con el próximo gobierno. Por ahora lo único seguro es, valga la redundancia, el seguro. Según el periodista especializado, Mariano Martin, el equipo de Massa le confirmó que “el anuncio tendrá como única aplicación en el corto plazo la puesta a disposición de un seguro a cargo del Banco Nación”. Será el mismo que usa cualquier motociclista, de Nación Seguros y subsidiado por el Estado.
La segunda, que será una “prueba piloto de 60 días”. Después nadie sabe.
Además, el anuncio de Massa implica que se congelan por ahora los proyectos que buscaban regular la actividad, declarando a los repartidores como trabajadores contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo y no «colaboradores» como dice Rappi. Según el gobierno, cualquier regulación se discutirá el año que viene “con los trabajadores y las empresas”.
Las aplicaciones de reparto son uno de los servicios que más ha crecido. Este año, según datos oficiales, más de 200.000 personas prestaron servicios en alguna de ellas. Es el 10% de las y los monotributistas. Según Sergio Massa, se trata de 600.000 personas.
También son conocidas las condiciones laborales de esos miles de repartidores. Muy precarias. Trabajan a destajo, se pagan sus herramientas de trabajo, seguro y prestaciones sociales, no les reconocen relación de dependencia y hay que pedalear (o manejar) mucho para hacer un sueldo.
Las principales aplicaciones (Rappi, Glovo, Uber, PedidosYa) presionan desde hace años para mantener esa precarización. Primero atacaron los intentos de organización independiente. Después lograron que ningún gobierno (ni progre ni de derecha) trate algunos de los proyectos que buscan reconocerlos como trabajadores con derechos. Además, buscaron instalar la idea de que “vos sos tu propio jefe”, “manejás tus tiempos”, “tu sueldo depende de tu esfuerzo”. Una idea que logró ganar terreno.
Pibes que venían de 10 trabajos “en negro” y no conocían un recibo de sueldo; pibas que hacen malabarismos para criar solas a sus hijos; inmigrantes condenados a los peores laburos; municipales o estatales que cobraban miserias como monotributistas. Así fue creciendo ese “ejército” que la mayoría de las veces tuvo que apretar los dientes y pedalear sin derechos.
Por eso en los últimos meses los candidatos del peronismo y la derecha fueron en busca de ese voto. Algunos lo llamaron el “voto Rappi”. Muchos insistieron que se identificaban con Milei. El liberfacho quiere utilizar esa bronca para terminar de imponer el modelo de precarización de las apps y replicarlo en otros sectores.
¿Cómo respondió el peronismo? En un primer momento parecía que impulsaría un Proyecto de ley redactado por el diputado Omar Plaini (Canillitas-CGT). Luego que presentaría otro dónde las empresas podían elegir si tener a sus trabajadores en relación de dependencia o como “trabajadores independientes” (monotributistas). Finalmente, la presión de las grandes empresas logró que Massa se limite a los anuncios del martes pasado.
Para las empresas el anuncio cayó bien. Mantiene el régimen de fraude laboral e incluso hace que el Estado pague seguros y prestaciones que deben pagar las empresas.
También lo tomó bien el principal sindicato del sector, ASIMM. Su principal dirigente, alineado con el “peronismo ortodoxo”, aprovechó a criticar a Milei por “anticristiano”. Recordemos que este sindicato agredió a los repartidores independientes cuando fueron a protestar contra un proyecto de Larreta a favor de las aplicaciones.
Criminalizan a dirigentes sindicales y sociales por marchar contra el hambre
El Fiscal de Instrucción Ernesto de Aragón pidió elevar a juicio la causa iniciada contra dirigentes de ATE-CTA, el PO, Libres del Sur, el Movimiento Teresa Vive y el MTR Votemos Luchar por haber participado en la Marcha contra el Hambre realizada en la capital provincial el pasado 5 de abril.
El hecho se inscribe en la escalada derechista y creciente persecución contra la protesta gremial y social, que tuvo su máxima expresión este año en la salvaje política represiva desatada por el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, pero que se replica en distintos puntos del país desde algunos estamentos institucionales. También está en sintonía con la agresividad de sectores ultraderechistas envalentonados por la posible victoria del candidato neofascista Javier Milei.
En este marco, el Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, pidió la elevación a juicio de una causa iniciada contra seis referentes y activistas sindicales y sociales: Federico Giuliani (Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Córdoba), Emanuel Berardo y Soledad Díaz García (PO), Marisa Cariddi (Libres del Sur) y Agustín Nazar (Movimiento Teresa Vive) y Roxana Carezano (MTR Votamos Luchar).
La Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, turno 1°, les atribuye los supuestos delitos de “desobediencia a la autoridad” e “impedimento u obstrucción de transporte” (arts. 45, 239, 194 y 55 del Código Penal).
A la hora de describir los hechos el Fiscal asegura que “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘Piquetazo Nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023, los imputados (con diferente grado de participación -Giuliani figura como adherente a la medida-) lideraron la protesta en la ciudad de Córdoba”.
Además. se informa que a instancias de la Fiscalía “se incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policia Judicial (DIO) analizando: Los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”.
El espionaje a las organizaciones populares para reprimir la movilización y el reclamo colectivo va de la mano con lo afirmado oportunamente por la Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisaria General Liliana Zárate, quien confirmó que la fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores “no es inconveniente” ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. “Un combo de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho”, señalaron desde ATE Córdoba.
Trabajadores de Parques Nacionales enfrentan escandaloso juicio antiobrero
En 2016, en el Parque Nacional Lanín, la caída de un árbol por fuertes ráfagas de viento sobre la playa del lago Lacar provocó víctimas fatales y cuatro trabajadores fueron procesados por homicidio culposo. El 2 de noviembre termina el juicio en Neuquén y el 12 se conocerá la sentencia de lo que puede ser un peligroso fallo antiobrero. Publicamos el comunicado de prensa de las y los trabajadores, donde explican a la sociedad el entorno en el que se produjo la tragedia, la gravedad de estas imputaciones e informan las medidas de fuerza a desarrollarse.
El 1° de enero de 2016, en la propiedad privada conocida como Lolén, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín, un árbol, de la especie endémica roble pellín, cayó hacia la playa del lago Lacar, provocando víctimas fatales. Este lamentable hecho, aún genera un profundo dolor y desconsuelo en toda la sociedad.
Como consecuencia de ello, actualmente cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de autor, violación de deberes de funcionario público y lesiones graves. También están imputados por homicidio culposo dos prestadores turísticos.
La causa llega a juicio oral, la cual se hará entre el 30 de octubre y 02 de noviembre de 2023 en el Tribunal Oral Federal de Neuquén.
La Fiscalía Federal asume que, es responsabilidad del personal de Parques Nacionales prever el momento exacto en el que se podrían caer cada uno de los millones de árboles que se encuentran en los Parques Nacionales del bosque Andino Patagónico, lo cual es ilógico.
La caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque, los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos.
En este contexto, manifestamos enérgicamente que:
#LOS
PARQUES NACIONALES SON ÁREAS AGRESTES; EXISTEN RIESGOS INHERENTES A
SU VISITA
#EL PERSONAL DE LA APN NO ES RESPONSABLE POR LOS
FENÓMENOS NATURALES
No es admisible, no es un hecho de justicia, responsabilizar al personal de la APN de las múltiples eventualidades que puedan ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como la mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán.
Nos preguntamos, en caso de un fallo desfavorable: ¿Quién se animará a mantener abiertas las áreas de uso público? ¿Quién estará dispuesto a organizar actividades turísticas y recreativas en las áreas protegidas? ¿Quién querrá conducir grupos de visitantes para que puedan conocer nuestros Parques Nacionales? En definitiva, ¿Quién estaría dispuesto a prestar servicios en estos espacios? Estas medidas no solo afectan a los agentes de la APN, también podrían ser afectados prestadores de servicios, guías y concesionarios, siendo imputados.
Ante esta situación, el personal de la Administración de Parques Nacionales se mantiene en estado de alerta y movilización. Se realizarán medidas de fuerza en todo el país para visibilizar este problema y explicar a la sociedad la gravedad de estas imputaciones, que generan inestabilidad laboral y jurídica a sus empleados y a todo el sector turístico, del cual dependen muchas economías regionales.
Aumentos de noviembre
Arrancó noviembre y llegan, como todos los meses, más aumentos. Entre ellos: telefonía, cable e internet; prepagas; alquileres; colegios privados; peajes; taxis.
– Telefonía, cable e internet: vienen aplicando aumentos mensuales, acordados con el Gobierno, que comenzaron en mayo y terminarán en diciembre. El incremento es de 4,5% para todos los servicios de comunicaciones.
– Prepagas: el incremento es de 10,98% y se aplica para todos los afiliados que no tienen su cuota congelada.
– Colegios privados: habrá un aumento de 11% en las cuotas de los colegios bonaerenses, autorizados por el Gobierno. Pero desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA) afirmaron que “Otra vez esta autorización para una mejora en los aranceles queda debajo del aumento de los costos de los servicios en general y los salariales en particular que deben afrontar las escuelas”.
– Taxis: el incremento será del 25 % y corresponde al segundo tramo del incremento que ya se habia hecho en octubre. El valor de la ficha en horario diurno se irá a $54,80 y el de la bajada de bandera a $548; en tanto que por las noches los costos serán de 65,80 y $658.
– Peajes: habrá aumentos del 50 % en las tarifas de los peajes en rutas nacionales y en algunos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
– Alquileres: Los inquilinos que deban renovar sus contratos a partir del 1° de noviembre sufrirán un aumento del 119,5% interanuales.
Pago récord de intereses al FMI
Habiendo pagado los vencimientos de capital por unos US$ 2.600 millones el martes pasado, el Estado pagó la suma récord de US$ 848 en concepto de intereses por el programa acordado con el FMI. Cada vez son mayores las sumas regaladas a los países imperialistas, por una deuda que fue utilizada para financiar la fuga de capitales durante la gestión de Mauricio Macri y que sigue vigente gracias a la decisión de Sergio Massa y el peronismo de convalidarla.
Hace dos años, antes de que Estados Unidos decidiera elevar la tasa de interés como método para baja la inflación, el pago trimestral fue de US$ 388 millones, menos de la mitad. En ese entonces la tasa que pagaba el país era de 4,25 %, en la actualidad alcanza el 8,2%. No es sólo el encarecimiento del crédito a nivel internacional la razón de una tasa tan elevada, el FMI impone sobrecargos a Argentina por haber excedido su cuota dentro del organismo internacional. Es una deuda impagable cuyo objetivo es mantener sometido al país y forzarlo a realizar reformas estructurales que perjudican a los trabajadores, los jubilados y sus familias.
Por la suba de la tasa de interés y los sobrecargos, los pagos de intereses son crecientes. Por ejemplo, en 2020 sumaron US$ 1.321 millones, en 2021 llegaron a un total de US$ 1.350 millones, en 2022 fueron de US$ 1.715 millones y este año son US$ 3.068 millones. Con el pago de esta semana, por el préstamo extraordinario de 2018/2019 y renovado por el actual Gobierno, la Argentina le habrá pagado al FMI intereses por un total de US$ 8.914 millones.
Las reservas del Banco Central para hacer frente a estos vencimientos se encuentran al límite, según los informes de la propia institución, las reservas brutas cayeron a US$ 21.800 millones, el nivel más bajo desde el 2006. De esta cifra hay que descontar los encajes bancarios de los depósitos en dólares (el dinero de los depositantes en los bancos) y otros componentes que no deberían usarse para el pago de deuda. Distintas consultoras estiman que las reservas netas son negativas entre los US$ 9.000 y los US$ 10.000 millones.
Massa llevó la deuda del Estado nacional a un nuevo récord, al superar los US$ 400.000 millones en septiembre. En el noveno mes del año, el incremento fue de US$11.226 millones, principalmente debido a las nuevas emisiones de bonos y la actualización por inflación de la deuda ya contraída. Del total, casi US$ 75.000 millones corresponden a los préstamos con el FMI, el Banco Mundial (BM) y otros organismos internacionales.
Al mismo tiempo que les otorga el beneficio de un dólar más alto a los exportadores, el ministro de Economía continúa aplicando un fuerte ajuste. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, para el mes de septiembre, incluso contabilizando el aumento del gasto para el período electoral, se verificó un recorte del gasto primario que fue del 5,5% en el acumulado anual, medido en términos reales (es decir, descontada la inflación). Es por esto que la situación social se torna cada día más crítica, la pobreza afecta a más del 56 % de los menores de 14 años y al 40 % de la población.
Se agrava el conflicto de SanCor
A más de una semana del inicio del plan de lucha, el gremio prosigue con las asambleas rotativas de 4 horas de duración, que interrumpe el funcionamiento normal de la industria, condicionando los productos que se pueden elaborar, además de los problemas que genera en la recolección de leche desde los tambos en la época de mayor producción, comentaron fuentes de la empresa.
SanCor procesa diariamente unos 700.000 litros por día y, por el conflicto, la leche que está llegando a la planta se destina principalmente a leche en polvo, ya que la producción de quesos (el producto más rentable) requiere un monitoreo personal que no puede hacerse durante las medidas de fuerza.
La empresa láctea tiró 100.000 litros de leche y en los próximos días podría aumentar esa cantidad si no se resuelve el conflicto. Se realizaron dos audiencias en el ministerio de Trabajo donde participaron representantes de los trabajadores y SanCor, pero no se llegó a ningún acuerdo.
En la actualidad, SanCor emplea a 1.580 trabajadores en sus seis plantas industriales.
Desde el sindicato reclaman que “los directivos de la cooperativa no cumplen desde hace años con las disposiciones legales y salariales”. También los acusan de ser “quienes han llevado a una situación de quebranto a la empresa” y que “empeoraron y obstaculizaron permanentemente la creación del fideicomiso, que era la única alternativa posible para empezar a salir adelante”.
El secretario general del gremio, Héctor Ponce, señaló que los trabajadores de SanCor “hace muchos años que no vienen cobrando sus salarios como corresponde, con quitas y reducciones”.
Ponce agregó los trabajadores han mostrado su “predisposición y buena voluntad” para tratar de ayudar a la cooperativa que afronta una deuda aproximada de 3 millones de pesos, el dirigente remarcó que la empresa no realiza los aportes a la obra social de Atilra ya que “los utilizan para otra cosa”.
Por su parte, el presidente de SanCor, Alberto Sánchez, comentó a que “venimos trabajando con un fideicomiso que arrancó hace un par de años, con el funcionario Mario Cafiero como presidente del INAES. Nosotros le propusimos ver la forma de invertir fondos dentro de la cooperativa para llevar adelante”.
Luego del fallecimiento de Cafiero, la situación quedó en manos del entonces ministro de Producción, Matías Kulfas. “Después de un período sin atender teléfono y sin actividad, se nos dijo en noviembre que había tres inversores: Urtubey, Marcelo Figueiras y Gustavo Scaglione, que iban a armar un fedeicomiso con SanCor y la promesa era que el Banco Nación realizaba un préstamo de $60 millones”, contó.
“Había presiones del gremio para que tomáramos decisiones rápidas, hubo asambleas y paros. Realizamos una asamblea en enero donde aprobamos la formación del fideicomiso. Ese fideicomiso que tenía que estar en marcha marzo, abril, no se pudo poner en marcha porque el Banco Nación nunca prestó el dinero. Quedó parado hasta que se fue Kulfas del Ministerio”, criticó Sánchez.
Según Sánchez, al asumir Sergio Massa en el ministerio de Economía, le encargó al secretario de Agricultura Juan José Bahillo, que se ocupara del tema “pero eso no ocurrió”.
“Este gobierno nos acompañó, muy mucho, más allá de la inacción de Kulfas en su momento, después el Ministerio de Massa nos acompañó, Afip nos está acompañando y nosotros no podemos hacer un vaciamiento de la empresa, por las dudas si después la CNV aprueba y se pone en marcha el fideicomiso”, agregó.
El ministerio de Trabajo aclaró sobre la paritaria de Empleados de comercio
Luego de que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acuerde un aumento trimestral de 47% en el marco de la paritaria, el ministerio de Trabajo difundió un comunicado que desmiente un detalle de la negociación que circuló en distintos medios.
La cartera encabezada por Raquel «Kelly» Olmos manifestó que la información de «una supuesta autorización general a empresas del sector comercial para suspender a su personal por falta o disminución de trabajo y pagar sumas no remunerativas es falsa«.
En tal sentido, el escrito explica que mediante la resolución 1873/2023 «se homologaron las adhesiones de diversas empresas al Acuerdo Marco de Actividad 765/20 el 05/05/2020». Esto se trata de una «normativa de excepción que se encuentra expresamente citada en la propia resolución y que fue dictada en el contexto de la pandemia COVID-19, con el objeto de sostener los puestos de trabajo y la actividad productiva».
«Huelga destacar que, los períodos susceptibles de ser alcanzados por aquellas medidas de excepción están expresamente determinados en la propia normativa y se circunscriben a la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, no teniendo ninguna vigencia para períodos actuales o futuros«, detalla el texto.
Y concluye: «No obstante, en la actualidad continúa la intervención administrativa de esta cartera laboral tramitando esos expedientes y, en función de ello, cumplidos los requisitos legales, dictando las normas homologatorias respectivas».
El sindicato de los Empleados de Comercio selló con las Cámaras empresarias un nuevo acuerdo salarial en el marco de la negociación paritaria para la actividad mercantil y el aumento para el último trimestre del año será del 47%.
Así surge de lo acordado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la FAECyS.
De esta manera, los trabajadores del rubro recibirán una actualización de 20% en octubre, 13,5% en noviembre y 13,5% en diciembre, por lo que el salario básico inicial alcanzará los $397.400. El ajuste de los sueldos del sector alcanzará el 130% en todo 2023.
Al mismo tiempo, las partes acordaron una revisión en enero de 2024 con el objetivo de analizar las variables y la coyuntura económica. Cabe destacar que los incrementos del pacto no son vinculantes para las negociaciones salariales que podrían llegar a tener lugar en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
Acuerdos paritarios en el gremio de la carne, UOCRA y UTA
La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, liderada por Alberto José Fantini y que cuenta con más de 50.000 afiliados, cerró una paritaria para Carnes Rojas del 70% para los próximos 4 meses.
Dicho aumento salarial se distribuirá de la siguiente manera: 20% de recomposición por inflación para octubre, un 20% para noviembre, un 15% en diciembre y un 15% en enero.
La Federación lleva acumulada hasta ahora una recomposición de un 130% entre abril 2023 y enero 2024.
Cabe destacar que el último acuerdo para esta rama se había dado en el mes de julio, cuando la Federación obtuvo un 60% de aumento para el tramo abril-septiembre.
En tanto, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), un incremento salarial del 38% para los últimos tres meses de 2023.
El aumento se pagará en tres cuotas acumulativas: 12% en octubre, 11% en noviembre y 11% en diciembre.
Desde la UOCRA afirmaron que “los valores establecidos en este acuerdo absorben y/o compensan, hasta su concurrencia, los incrementos en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente por los empleadores desde septiembre de 2023”.
Otro de los sindicatos que llegó a un acuerdo salarial fue la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que pactó incrementos con las Cámaras empresariales del Área Metropolitana de Buenos Aires para los sectores de corta y mediana distancia.
El gremio liderado por Roberto Fernández pactó un aumento para el último trimestre que llevará el salario básico hasta los $537.546 en diciembre, proporcional al tiempo trabajado.
No obstante, se acordó una cláusula de revisión para los primeros quince días de diciembre con el objetivo de evaluar las condiciones del poder adquisitivo de los trabajadores.
Bancarios
La Asociación Bancaria informó esta semana el salario mínimo que se aplica a partir de octubre para todos los trabajadores de bancos afiliados al gremio. La paritaria firmada se desprende de un aumento salarial y de un adelanto a raíz de la inflación anual.
El comunicado oficial indica que el sueldo básico a partir de octubre tendrá un incremento del 21,8%, correspondiente al adelanto que se suma a la suba del 6,2% acordada en la paritaria anterior. Así, el ajuste será del 28% en total este mes.
De esta forma, el salario mínimo quedó fijado en $ 539.826 para todos los trabajadores afiliados al sindicato de la Asociación Bancaria. «El aumento de octubre es en concepto de adelanto, ya que de superar la inflación del 125% se ajustará automáticamente, debiendo las entidades bancarias aplicar la diferencia salarial retroactiva que corresponda», señalaron desde el gremio.
Por otro lado, el sueldo se desglosa de la siguiente forma: un mínimo de $ 521.000 que se suma a la Participación de Ganancias (ROE) de $ 18.826 en total, según explica el gremio dirigido por Palazzo.
El texto oficial concluye que los aumentos se aplican «a todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales sobre la base de salarios a diciembre de 2022» y añade que se dio una actualización «125% desde enero hasta el presente mes».
Además del incremento de octubre, todos los trabajadores de bancos y entidades financiera acopladas al Convenio colectivo de la Asociación Bancaria cobran en noviembre el bono por el Día del bancario.
Con la nueva actualización salarial, el monto de este adicional también subió y el próximo mes, los trabajadores cobrarán un extra de $ 464.453 como mínimo.
Aceiteros
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina también realizó una revisión paritaria, llevando el aumento a 130% anual.
El acuerdo incluye aumentos en septiembre, octubre y noviembre. El salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -1ra o peón- entre salario básico y adicionales llegará a $ 367.000 a partir del 1° de noviembre de 2023, y en la categoría especializado a $424.052.
Fuentes: InfoGremiales, Anred, Radio Gráfica, Perfil, Canal Abierto, La Izquierda Diario, Indymedia Trabajadoras/es, Red Eco Alternativo
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