Se nota que la derecha política y mediática ha comenzado a calentar motores con vista a la marcha organizada por el empresario Juan Carlos Blumberg a Plaza de Mayo para el 31 de agosto. La movida es supuestamente para reclamar por la inseguridad pero en los hechos exigirá que el gobierno la termine con «eso» […]
Se nota que la derecha política y mediática ha comenzado a calentar motores con vista a la marcha organizada por el empresario Juan Carlos Blumberg a Plaza de Mayo para el 31 de agosto. La movida es supuestamente para reclamar por la inseguridad pero en los hechos exigirá que el gobierno la termine con «eso» de los derechos humanos. El ingeniero, tras el rictus de padre del dolor, se está probando las pilchas de candidato a gobernador bonaerense por el partido de Mauricio Macri o una convergencia de fuerzas derechistas de «gente como uno».
El vocero oficioso de esa campaña es el diario «La Nación», que quiere hacer pensar a los argentinos que los mayores desafíos a la libertad en este momento son el subsecretario de Tierras para el Hábitat, Luis D’Elía, y la miembro de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay.
El primero sería culpable de haber cortado unos alambrados en los campos correntinos del estadounidense Douglas Tompkins. Ese hecho quiere ser ubicado por ese medio y Ricardo López Murphy como el símbolo de la inexistencia de seguridad jurídica para los inversores nacionales y sobre todo extranjeros.
«Gaceta Ganadera» es consecuente en la defensa de los intereses de los ganaderos y terratenientes. Y Tompkins lo es pues atesora cerca de 300.000 hectáreas en diversas propiedades adquiridas en nuestro país al socaire de la extranjerización de la economía de las últimas décadas.
El problema de muchas familias humildes cercadas por alambradas y tranqueras instaladas por la empresa de Tompkins en el paraje correntino de Yahaveré, que cerraron los caminos comunales utilizadas por aquéllas, no importó un bledo a los voceros de la oligarquía.
Esos campesinos pobres habían pedido ayuda a D’Elía y la diputada nacional Araceli Méndez en una zona de importancia estratégica por su cercanía a los esteros del Iberá. En rigor era la libertad de esta gente la que estaba secuestrada por el latifundista extranjero pero al establisment no le importó ese sufrimiento. Ya lo dijo en su momento Carlos Menem: «pobres hubo siempre».
La gran preocupación de la Sociedad Rural es que, además de cortar un alambrado, los protagonistas del suceso han adelantado que presentarán un proyecto de ley para expropiar ese latifundio. ¿Qué horror, no?
El diario mencionado tiene al funcionario kirchnerista en la mira desde que era piquetero y tomó en junio de 2004 la comisaría de la Boca en rechazo al asesinato del militante de la FTV, Martín Cisneros. Esa ocupación pacífica fue presentada como el insurreccional asalto del Palacio de Invierno.
Tiren contra Argibay
Esa parece ser la orientación de los sectores más conservadores, que están de punta contra Carmen Argibay por haber opinado que la joven discapacitada bonaerense violada tenía derecho a interrumpir el embarazo, tal como marca la ley. La integrante del alto tribunal cuestionó también a la jueza de primera instancia, Inés Siro, que había denegado esa intervención en un hospital público de La Plata.
Las legisladoras Diana Conti y Graciela Rosso han iniciado los trámites del juicio político a Siro, cuyas trabas al derecho de la muchacha de edad mental de 8 años fueron parte del palo en la rueda hasta que finalmente, por transcurso del tiempo, el Comité Etico del hospital desaconsejó el aborto.
Un editorial de «La Nación» de ayer, titulado «Imprudentes declaraciones», atacó a Argibay diciendo que lo suyo fue «penoso» y prueba de supuesta «intemperancia ideológica y desborde institucional». Tampoco se salvaron las dos diputadas, acusadas de «no respetar los derechos humanos del ser más indefenso».
Así las cosas, parecería que los defensores de la vida son los recalcitrantes que se oponen a la interrupción del embarazo fruto de una violación, pese a que tal instancia está prevista en el artículo 82, inciso 2 del Código Penal.
Los enemigos de la vida son los que se oponen a ese derecho y también rechazan la educación sexual, la ley de reproducción responsable, el uso del preservativo, la ligadura de trompas y vasectomía, el aborto como un recurso de última instancia según el derecho de la mujer, etc.
El promotor de la campaña para que la mencionada joven no pudiera interrumpir su embarazo fue el ingeniero Ricardo De la Torre, rector de la Universidad Católica de La Plata y ex subsecretario de Educación durante la última dictadura militar. ¿Y éstos son los próceres que nos van a impartir lecciones de vida? Si son los amigos del extinto arzobispo Domingo Plaza y Héctor Aguer, del fallecido general Ramón Camps y del enjuiciado comisario Miguel Etchecolatz, verdaderos neonazis.
Los verdaderos violadores
Los violadores en serio de los derechos más elementales están en parte identificados, al menos el sector que más tiene sus manos tintas en sangre y vísceras de los 30.000 desaparecidos.
El ex dictador Jorge R. Videla, por ejemplo, deberá pronto ir a juicio por la causa «plan Cóndor» que coordinó la represión ilegal de las dictaduras del Cono Sur con anuencia de la CIA norteamericana. Si el juez acepta el pedido del fiscal actuante, aquél genocida y otros trece procesados tendrán que responder por esos crímenes.
No son los únicos. Del informe entregado por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación a la ONU a principios de mes surge que hay 959 causas en curso y 211 represores detenidos. Hasta ahora la Cámara de Casación Penal demoró los trámites hacia las audiencias orales y públicas, acogiendo y haciendo tiempo con todas las chicanas presentadas por Florencio Varela y demás defensores de los genocidas.
Muchos organismos de derechos humanos se preguntan si no habrá llegado el momento que el gobierno nacional, con apoyo parlamentario y de la ciudadanía, deba forzar cambios en dicha Cámara. Ya lo hizo al comienzo de su gestión con varios integrantes de la Corte Suprema y ahora parece que el método de limpieza se hace necesario en Casación Penal.
De una forma u otra, con lentitud o no (hasta el presidente de la Nación pidió celeridad), es probable que varios represores tengan su juicio y condena, tras lo cual es de esperar que vayan a establecimientos penitenciarios comunes, como cualquier reo.
Claro que eso no termina con las violaciones a los derechos humanos. Es que además de los numerosos casos de «gatillo fácil» policial -la semana pasada la Correpi presentó en el Bauen Hotel su denuncia sobre el crecimiento particular de estos delitos- está el otro tipo de violación a esos mismos derechos, perpetrado por los círculos más poderosos de las clases dominantes.
Si Tompkins, Luciano Benneton, Eduardo Elztain y otros terratenientes acaparan centenares de miles de hectáreas de tierras, eso va en desmedro de los derechos elementales de los pobladores correntinos mencionados, los indígenas de Chaco en huelga de hambre hace semanas, los mapuches de Chubut, los wichís de Salta y tantos otros argentinos de a pie.
Que el 10 por ciento más rico de los argentinos gane 36 veces lo que percibe el 10 por ciento más pobre, es otra muestra patente de violación de los derechos humanos. Es que lo acumulado en una punta del espectro es lo que le falta al otro extremo y buena parte del resto de la sociedad.
Justamente ayer el Banco Central informó que los bancos ganaron en el primer semestre del año 1.800 millones de pesos, tanto como en todo el año pasado, con balances florecientes del Macro-Bansud, el Río, el Francés y otras entidades. La «Patria Financiera» fue y es la gran máquina de triturar los derechos de los argentinos, y no sólo de sus ahorristas. Pero, como era previsible, de estas violaciones no hablan los medios que patrocinan la marcha de Blumberg.