Comenzamos con una buena noticia
El sábado 7 de marzo, luego de semanas de sostener su reclamo por congelamiento salarial desde hace 18 meses, derrotando la ofensiva patronal de un procedimiento preventivo de crisis (jamás demostrado) los trabajadores recuperaron parte importante de sus salarios atrasados con un incremento cercano al reclamo inicial. Obligaron a la empresa a invertir tras la denuncia de un horno que podía explotar.
El reclamo salarial y por condiciones laborales fue iniciado por los trabajadores de Ex Aceros Zapla el pasado 4 de febrero con un contundente paro de 8 horas y que tras cinco audiencias alcanzó una resolución el pasado sábado 7 de marzo.
Tras casi un mes de conciliación obligatoria dictada luego del paro del 4 de febrero, la patronal de InZa, que inicialmente adujo no poder otorgar ningún aumento y pretendió imponer a los trabajadores un aumento miserable con el chantaje de que acepten un PPC, el último día de la CO tuvo que retroceder reconociendo la relación de fuerzas realizando una oferta de 320.000 pesos de aumento, que implica un 40 % tomando un sueldo promedio de $ 800.000, el pago del día del paro y de los permisos gremiales a delegados. Este incremento es a cuenta de futuras paritarias y su pago será no remunerativo. La propuesta patronal incluyó también abonar los salarios de todos los trabajadores que estén a más de 10 años de jubilarse un 85 % en blanco y el 15 % restante sin pagar las cargas sociales correspondientes, y un bono por productividad ($ 60.000) que se paga sólo en caso de alcanzar la productividad exigida por la empresa mes a mes. También en esta última audiencia la patronal comunicó que desde el lunes 9 de marzo el sector de acería comienza a funcionar en tres turnos (sin especificar nunca bajo qué modalidad se aplicará el régimen de tres turnos).
Ante esta oferta, en la asamblea realizada el sábado 7, por ajustado margen, la mayoría votó aceptar la propuesta patronal. El sector de trabajadores que se opuso, sostuvo el reclamo de $ 400.000 de aumento salarial, sin condiciones, rechazando la implementación del tercer turno por considerarlo esclavista y que había fuerzas para ir al paro desde el lunes 9 para arrancar los postergados reclamos, pudiendo confluir con la docencia que está en lucha por paritarias. Plantearon además la necesidad de una asamblea general para poder definir en unidad entre todos los trabajadores de la planta, moción que fue denegada por la UOM con el argumento de que el plazo para responder al Ministerio de Trabajo y patronal vencía a las 17:00. Los trabajadores se anoticiaron de esto en la misma asamblea convocada en el cambio de turno de las 14 horas.
Aunque conquistaron un aumento salarial significativo en un contexto adverso, con paritarias del 1 % y patronales a la ofensiva, no pocos obreros se quedaron disconformes con el resultado y el rol de sus dirigentes. La UOM tiene un discurso contra la reforma laboral, no obstante, en momentos decisivos su abogado metió miedo a los trabajadores legitimando esta reforma. A la par que la CGT anunció la judicialización de la misma luego de traicionar al no proponer ningún plan de lucha.
En el caso de Zapla queda en evidencia que la clase trabajadora se juega una guerra de posiciones, o sea, una disputa en cada empresa por la aplicación efectiva de la ley, donde quedan en claro los actores y las tareas de organizar a la base para que sólo confíen en sus propias fuerzas.
Esta primera batalla de los trabajadores de la ex Zapla cierra con un resultado contradictorio donde la prepotencia patronal, que contó con el aval del gobierno provincial y ayuda de la dirigencia sindical, encontró un freno en la voluntad y organización de los obreros que no se comieron el verso de la crisis y fueron por más, porque ellos saben las ganancias que se lleva la patronal con su sudor hora tras hora, día tras día.
Hay que fortalecer la asamblea general como método soberano de decisión de las bases y que ningún dirigente decida a espaldas de los obreros. Mantener la exigencia de que la patronal muestre sus balances contra sus chantajes y extorsiones. Porque la vida de los trabajadores valen más que sus ganancias, la pretensión de mayor productividad por parte de la empresa con la aplicación del tercer turno y el bono no puede ser con la súper explotación de los trabajadores actuales sino ampliando el plantel. Contra las condiciones de precariedad e inseguridad, mantener el estado de alerta, denuncias y conformar una comisión de seguridad de los propios trabajadores para poner un freno a la avaricia patronal.
Estos puntos son claves frente a una patronal que mostró que quiere exprimir sin límites a sus trabajadores y que no le importa la producción nacional, como demostró con la amenaza de importar palanquillas.
Aunque por el rol de la UOM no logró todos sus objetivos, lo más importante es haber retomado una gimnasia de organización y unidad de todos los sectores. Esto es lo que hay que seguir desarrollando y profundizando, aprendiendo de esta experiencia para llegar mejor preparados a los próximos combates que no van a faltar. Confiando en que, como dijeron sus trabajadores: ¡ZAPLA UNIDO, JAMÁS SERÁ VENCIDO!.
Multas multimillonarias contra la UTA y La Fraternidad
El gobierno difundió que aplicará a La Fraternidad $ 21.000 millones y a la UTA $70.000 millones. Casi 100 mil millones de pesos. Dice que en el paro general violó la conciliación de sus conflictos sectoriales. Si no pagan, amenaza con sacarles la personería.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, es la que está instruyendo un sumario administrativo. Según dejó trascender a los medios, “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
O sea, los conductores de trenes y colectivos tienen los salarios congelados, con aumentos de 1% o paritarias trabadas hace meses, ¡y cuando toman una medida les sacan 20 salarios! Porque no es un robo a Roberto Fernández y Omar Maturano: le roban los aportes de cientos de miles de trabajadores.
En el caso de los trenes es más cínico, porque el Estado es juez y parte.
Pero hay algo más grave: el gobierno adelantó que de no cumplir con las sanciones, “prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos”.
Estamos ante un ataque deliberado al derecho de huelga y también a los sindicatos. Más allá de lo que opinemos de sus conducciones, son las organizaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras como primera barrera ante la prepotencia de las patronales y el Estado. Son las que negocian los salarios y condiciones de trabajo, con las garantías elementales de tutela sindical.
El ataque es el primer mensaje del gobierno tras la aprobación y reglamentación de la reforma laboral. Deja claro además que el ataque al derecho de huelga era una de las principales apuestas de Milei y las grandes patronales.
Si bien en los sumarios se hace mención a la Ley N° 25.212 (Pacto Federal del Trabajo, 1999) y en la “Ley de Modernización Laboral” se cita las leyes 23.551 (Asociaciones Sindicales) y 14.786 (Conciliación Obligatoria), se trata de un avance en la aplicación de lo peor de la reforma esclavista.
El ministro Cordero (LLA-Techint) toma las leyes que ya “estatizaban” las medidas gremiales y sumándole la vuelta de tuerca que implica la nueva ley. En su capítulo anti-huelgas, obliga a dar “servicios mínimos” del 75%, prevé sanciones a quienes no lo cumplan y refuerza el ataque a las asambleas, los piquetes y la tutela sindical de los delegados de base.
Elevan a juicio la causa armada contra Federico Giuliani
La Fiscalía a cargo de De Aragón presentó el requerimiento de elevación a juicio en la causa abierta por los hechos ocurridos el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, en lo que desde ATE Córdoba denunciaron como una grave maniobra de criminalización de la protesta social basada en una investigación plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones deliberadas.
Durante aquella jornada de reclamo social, dirigentes sindicales, militantes y trabajadores fueron detenidos y trasladados al penal de Bouwer, en un operativo policial desmedido que hoy intenta justificarse judicialmente a partir de testimonios que no resisten el menor análisis.
Entre las personas detenidas se encontraba Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Córdoba, quien permaneció 24 horas esposado a la cama de un hospital, en un hecho de extrema gravedad institucional. También fue detenida Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Córdoba, junto a otros militantes y trabajadores que participaron de la jornada de protesta.
Asimismo, César Theaux, secretario de Derechos Humanos, se encontraba en el lugar cumpliendo funciones de asistencia legal y se identificó como abogado, mientras que Fermín Denipoti, trabajador de prensa del sindicato, se identificó como periodista durante la cobertura de los hechos. Sin embargo, todos terminaron detenidos y trasladados al penal de Bouwer, evidenciando el carácter indiscriminado y arbitrario del operativo policial.
El requerimiento de elevación a juicio intenta sostener una acusación basada en testimonios contradictorios y hechos que nunca fueron debidamente verificados por la fiscalía.
Entre las irregularidades más graves aparece el hecho de que empleados municipales declaran haber visto desde el interior del edificio supuestas acciones realizadas por manifestantes en el exterior, algo que resulta materialmente imposible, ya que los vidrios del edificio de la Secretaría se encuentran ploteados, lo que impide ver hacia afuera.
Incluso los propios testigos incorporados por la fiscalía afirman que fueron efectivos policiales quienes colocaron los escritorios y elementos dentro del lugar, lo que contradice el relato que intenta instalar la acusación.
A esto se suma que ninguno de los hechos denunciados está debidamente individualizado, es decir, no se identifica concretamente quién habría realizado cada acción, lo que deja al descubierto la fragilidad de una causa que intenta responsabilizar de manera general a manifestantes y organizaciones.
La fragilidad de la investigación se vuelve aún más evidente con otra irregularidad grave: la inexplicable ausencia en el expediente de un subdirector de la Policía que estuvo presente en el operativo.
Este funcionario policial apareció en la escena durante la jornada del 28 de agosto, sin embargo no fue nombrado por ningún efectivo policial de menor rango en sus declaraciones y tampoco figura en ningún tramo de la causa, pese a que su presencia fue incorporada en la denuncia presentada por la organización sindical.
La negativa de la fiscalía a incorporar este elemento clave profundiza las sospechas sobre el direccionamiento de la investigación.
Para ATE Córdoba, el avance de esta causa judicial no puede entenderse de manera aislada. Se trata de un intento de disciplinar a las organizaciones sociales, sindicales y populares que se movilizan frente al ajuste y el deterioro de las condiciones de vida.
La secuencia de represión, detenciones arbitrarias, dirigentes esposados, traslado al penal de Bouwer y una causa judicial plagada de irregularidades evidencia una estrategia que busca criminalizar la protesta social.
Desde nuestra organización advertimos que lo que se está ensayando en Córdoba es un verdadero experimento político y judicial: un caso testigo para instalar las condiciones que permitan avanzar con la aplicación del protocolo antipiquetes y restringir el derecho constitucional a la protesta.
Frente a este escenario, desde ATE Córdoba reafirmamos que no vamos a aceptar la persecución judicial contra quienes luchan por los derechos del pueblo.
Defender el derecho a protestar es defender la democracia.
ChangoMás despidió a más de 300 trabajadores en todo el país
Mientras ChangoMás avanza con una nueva tanda de despidos que, según trascendió, se extendería a todo el país, con estimaciones que hablan de alrededor de 200 bajas, aunque otras versiones elevan la cifra de al menos 300, también surgen advertencias sobre posibles cesantías en La Anónima, en un contexto marcado por la caída del consumo.
La cadena perteneciente al empresario Francisco de Narváez, que opera a través de la empresa Dorinka, estaría evaluando, según estimaciones de fuentes del sector mercantil, un plan de ajuste más profundo que el que comenzó a aplicarse en mayo de 2024.
11 empleados de la sucursal de ChangoMás en la capital de San Juan recibieron la notificación de sus despidos. A su vez, también se registraron cesantías en La Pampa donde, además de trabajadores de la sucursal local, fueron alcanzados algunos puestos jerárquicos.
En ambos casos, los gremios provinciales comenzaron a intervenir para analizar en qué condiciones se realizaron las desvinculaciones, ya que no se informó oficialmente si se pagarán indemnizaciones ni de qué manera se hará. Por ese motivo, tomaron intervención las autoridades laborales.
Las desvinculaciones registradas en estas provincias podrían replicarse en otros puntos del país en los próximos días. De acuerdo con fuentes sindicales, la medida “llegará a todo el país”: algunas estimaciones hablan de cerca de 200 despidos, aunque otras versiones elevan la cifra a un mínimo de 300.
Este nuevo recorte de personal ocurre en medio de una nueva caída del consumo, una situación que impacta directamente en el sector supermercadista y que desde la empresa se utiliza como argumento para avanzar con las desvinculaciones.
Los antecedentes en ChangoMás se remontan a mayo de 2024, cuando la empresa desvinculó al menos 152 empleados de ocho sucursales en distintos puntos del país. En ese momento, la compañía justificó la decisión por la “situación económica general y la caída de las ventas”.
Aquella medida generó protestas de trabajadores en varios locales, un escenario que podría repetirse ahora ante la nueva ola de despidos.
Actualmente, la cadena cuenta en Argentina con 93 sucursales y cerca de 8.600 empleados.
En este nuevo proceso de ajuste, algunas sucursales afectadas incluso podrían cerrar, como consecuencia del recorte de personal que estaría evaluando la empresa.
Lista de cierre de empresas
La situación de las empresas no da respiro y escala el número de firmas que cierran o presentan distintos problemas laborales, luego del cierre dispuesto por la emblemática empresa de neumáticos Fate y la reciente quiebra de Garbarino. La lista.
Garbarino
El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa.
La Anónima
La cadena de supermercados La Anónima declaró que les está costando “ser rentables o tener buena relatividad”. Así lo expuso el gerente general, Nicolás Braun, quien sostuvo que debido a esos problemas, empresas como Walmart y Carrefour “se fueron o se están yendo”.
Cervecería Quilmes
Despidió parte de sus 260 empleados totales que poseía en la planta ubicada en Zárate. Ahora operarán con 80 trabajadores, un recorte del 43% del personal total. Había sido inaugurada hace seis años, en 2020, con una inversión por más de $5.000 millones.
Entre las principales causas, la firma sostiene que la caída en el consumo y la apertura de importaciones golpearon en su situación financiera, que venía siendo arrastrada desde el 2025.
Alimentos refrigerados
La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), compañía que producía yogures y postres de SanCor, y despidió alrededor de 400 trabajadores entre las dos plantas de Buenos Aires (Lincoln) y Córdoba (Monte Cristo), con 180 y 200 empleados respectivamente.
El cierre se dio luego del fallido concurso preventivo iniciado a principios del 2024. ARSA acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, sumado al atraso en el pago de salarios.
En la firma atribuyen la quiebra al contexto económico nacional, donde detallan las tasas de inflación, caída en el consumo y el encarecimiento de la leche cruda.
Granja Tres Arroyos
La empresa avícola atraviesa un conflicto laboral, dado que adeuda pago de salarios, aguinaldos, horas extras y vacaciones. Eso derivó en que los trabajadores accionen con medidas de fuerza y tensiones operativas significativas, según consignó el CEPA a través de un informe.
Grupo Dass
La empresa textil desvinculó, a principios del 2026, a más de 40 trabajadores. Con sede en la ciudad misionera de Eldorado, la firma se vio obligada a hacer un recorte en su plantilla dado un menor nivel de actividad productiva y caída de la demanda.
Actualmente, la planta tiene personal limitado y su producción solo estaría garantizada hasta junio del 2026.
Acindar
La productora de acero lleva registrados varios períodos de paradas temporales en su producción. En 2024, aplicaron 3 suspensiones: 1.700 en febrero, 3.000 en marzo y 460 en junio.
En 2025, ese número tuvo mayor frecuencia: 980 suspensiones en febrero, 130 en junio, 600 en julio, 600 en septiembre, 200 en octubre y casi la totalidad de sus trabajadores en diciembre.
ADS
Aires del Sur (ADS), la fabricante de aires acondicionados de Tierra del Fuego para la marca Fedders, se declaró en quiebra y los trabajadores, que no cobran desde diciembre, tomaron la fábrica.
Los 140 operarios actúan amparados por la UOM. En tanto, los 16 supervisores -en idéntica situación salarial- desempeñan sus funciones desde la regional local de ASIMRA ante el silencio de la conducción nacional encabezada por Luis García Ortíz.
Beer Market
La distribuidora de bebidas y alimentos cerró definitivamente sus negocios y despidió a más de 90 empleados, a los que busca abonarles compensaciones en lugar de indemnizaciones.
La Justicia suspendió artículos clave y mantiene vigentes los Convenios colectivos
Un fallo del Juzgado Federal N° 2 de San Martín suspendió por seis meses dos artículos, tras un planteo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios logró un freno judicial clave a dos aspectos centrales de la reforma laboral, luego de que el Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictara una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral.
La resolución representa un alivio para el sector mercantil, ya que garantiza la continuidad de los Convenios colectivos vigentes y mantiene el esquema de financiamiento sindical, dos puntos que habían sido modificados por la normativa cuestionada. La medida regirá de manera provisoria mientras se analiza la constitucionalidad de los cambios introducidos por la ley.
En concreto, el fallo ordena suspender la aplicación de los artículos que alteraban la llamada “ultraactividad” de los Convenios colectivos. Este principio establece que, aun vencidos, los acuerdos laborales continúan vigentes hasta que se firme uno nuevo. La reforma pretendía limitar ese alcance, reduciendo la vigencia de ciertas cláusulas y condicionando la continuidad de otras a futuras negociaciones.
Además, la Justicia dejó sin efecto —de manera temporal— los límites impuestos a los aportes sindicales. El artículo 133 fijaba topes específicos tanto para contribuciones empresarias como para aportes de trabajadores, lo que, según el planteo gremial, podía comprometer seriamente el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
En su resolución, el tribunal consideró necesario preservar la “plena vigencia y exigibilidad” de todas las cláusulas convencionales, tanto normativas como obligacionales. De esta manera, no solo se sostienen las condiciones laborales actuales, sino también los compromisos entre las partes firmantes de los acuerdos colectivos.
El fallo también impone al Estado nacional la obligación de abstenerse de aplicar las modificaciones cuestionadas, al tiempo que establece que las empresas deberán continuar con la retención y el depósito de las contribuciones pactadas. Este punto resulta central para el sostenimiento de la estructura sindical y de los servicios que brindan a los trabajadores.
La postura de FAECYS
Desde FAECYS advirtieron que la aplicación de los artículos suspendidos podía derivar en un escenario de desfinanciamiento, con impacto directo en prestaciones clave como la cobertura de salud, los programas de capacitación y otros beneficios sociales. En particular, se vería afectada la operatoria de la obra social Osecac, que depende en gran medida de esos aportes.
El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, celebró la decisión judicial y la calificó como “un acto de justicia”. En esa línea, sostuvo que la medida protege la dignidad de los trabajadores mercantiles y la autonomía de las organizaciones para negociar sus condiciones laborales.
“El fallo confirma que no se puede avanzar sobre derechos históricos bajo el argumento de la modernización”, planteó el dirigente, quien también advirtió sobre los riesgos de debilitar el financiamiento sindical. Según señaló, sostener estos recursos es clave para garantizar tanto la atención de salud de los afiliados como la capacidad de negociación salarial en todo el país.
La decisión judicial se inscribe en una serie de pronunciamientos recientes que pusieron en cuestión distintos aspectos de la reforma laboral. En las últimas semanas, varios tribunales del país emitieron fallos que limitaron o suspendieron artículos de la normativa, abriendo un escenario de incertidumbre sobre su implementación.
En la provincia de Córdoba, por ejemplo, el juez Ricardo Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55, al considerar que el nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales podía afectar derechos reconocidos por la Constitución. En la misma línea, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata adoptó una resolución similar en un caso de despido.
A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, el juzgado laboral a cargo de Herman Mendel suspendió el traspaso del fuero laboral a la órbita porteña, otro de los puntos estructurales incluidos en la reforma. Estas decisiones reflejan una creciente judicialización del proceso de cambios impulsado en materia laboral.
En este contexto, el fallo de San Martín adquiere especial relevancia, ya que impacta directamente en uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores registrados del país. La continuidad de los Convenios colectivos y del esquema de aportes aparece, así, como un elemento central para sostener las condiciones laborales en el comercio.
Prohíben que las empresas paguen indemnizaciones en cuotas
Una decisión judicial clave en la provincia de Córdoba encendió las alarmas en el sector empresario y trajo alivio a los trabajadores. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Modernización Laboral (parte de la Ley Bases) que permitía a las empresas pagar las indemnizaciones por despido en cuotas.
El fallo se dio en el marco de un juicio laboral y marca un precedente de gran peso en el país, ya que frena uno de los cambios más polémicos que introdujo el Gobierno nacional en materia de despidos.
Los jueces que dictaron la sentencia fundamentaron su decisión en principios constitucionales básicos. Según el fallo, el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (modificado por la Ley 27.742) viola los derechos de los trabajadores por varias razones:
Pérdida de valor por inflación: pagar una indemnización en cuotas en un contexto de alta inflación disuelve el poder de compra del dinero que el trabajador recibe para sostenerse tras perder su empleo.
Carácter «Alimentario»: la indemnización no es un cobro más; tiene como fin cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia mientras consigue un nuevo empleo. Diferir su cobro afecta directamente esta subsistencia.
Principio de Progresividad: la Constitución Nacional y los tratados internacionales prohíben que las leyes laborales retrocedan en derechos ya adquiridos por los trabajadores.
«La posibilidad de que el empleador ‘financie’ su deuda laboral a costa del trabajador despedido no resiste el análisis de constitucionalidad», explicaron fuentes judiciales consultadas sobre el espíritu del fallo cordobés.
Este fallo es de suma importancia no solo para el caso en cuestión, sino porque abre la puerta a que otros juzgados y Cámaras de todo el país sigan el mismo camino. De esta manera, aunque la ley nacional permite las cuotas, en la práctica, los jueces podrían seguir exigiendo el pago único y total. El fallo de la Justicia se encuentra en el siguiente link.
Para los trabajadores de Córdoba, esta noticia representa una garantía de cobro íntegro e inmediato ante un despido, protegiendo el valor de su indemnización en un momento de vulnerabilidad económica.
Estatales protestaron contra el cierre de las delegaciones del Ministerio de Trabajo en Córdoba
Trabajadores, gremios y centrales sindicales se concentraron frente a la sede de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, Córdoba, para frenar el desguace del Estado y defender los puestos de trabajo.
Marlene Berger, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado comentó el rol y la importancia de estas agencias territoriales que el Estado Nacional busca cerrar:”Estamos esperando que salga la nueva estructura que está a la firma de jefatura de gabinete. La estructura no contempla la territorialidad en cada provincia. Las políticas de trabajo que se implementan son todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que es velar por el trabajo no registrado, o sea, que no haya trabajo en negro. También trabajo infantil, trabajo adolescente y trabajo con fines de trata y explotación. Por otro lado, lo que es empleo son programas para la inserción laboral, programas de formación profesional que desde el inicio de esta gestión están completamente paralizados, los montos están congelados”.
Además, Berger agregó que “tampoco hay en este momento cursos de formación profesional presenciales. Después tenemos otros programas que son de inserción laboral que también están completamente desfinanciados porque los montos que se pagan son muy pocos. Realmente no hay una ayuda real, no hay una intención real de reactivar o de insertar a las personas en el mundo del trabajo”.
A su vez, desde ATE convoca a toda la ciudadanía a acompañar el reclamo, entendiendo que la pérdida de las agencias territoriales afectará a los derechos y los servicios a toda la sociedad: “No es solo por los puestos de trabajo que es importante esta presencia territorial, es por la ciudadanía, por los cordobeses, por todos los ciudadanos del territorio nacional argentino. El Estado tiene que estar presente y además de que hay convenios internacionales que obligan a que el Estado nacional tenga presencia territorial”.
El salario real lleva cinco meses en baja y arrancó el año en negativo
Por Mariano Cuparo Ortiz
Los trabajadores registrados ya sufrieron una baja del 7,9% real desde la llegada del Gobierno y la última vez que anotaron un repunte fue en agosto del 2025. Desde entonces perdió un 3,3% real.
El salario real de los trabajadores registrados inició el año con una nueva caída, que en realidad fue una continuidad de una baja que ya lleva cinco meses: la última vez que el salario real anotó una recuperación fue en agosto del 2025.
Con la contracción del 0,9% real observada en enero, según el Índice de Salarios del Indec, se redondeó ya una contracción del 3,3% real en cinco meses. Desde que inició el Gobierno actual la baja ya llegó al 7,9% real. La actividad económica crece en sectores intensivos en capital, con relativamente poco empleo formal, lo que explica el fenómeno de un PBI al alza y salarios en baja.
Los datos del Indec mostraron una suba del 2% mensual nominal para los salarios registrados durante enero. Comparado con una inflación del 2,9%, la baja en términos reales fue del 0,88% durante el mes. Vale remarcar que el Indec publica también los números de la variación salarial del sector no registrado, aunque ese número se presenta con un rezago de cinco meses, por lo que no corresponde estimar su variación real tomando en cuenta la inflación de enero. Tampoco sería correcto estimar la variación real del Índice de Salario total, que contiene a ese número de cinco meses atrás.
La baja del 3,3% real que mostraron los salarios entre agosto y enero contrasta con una actividad económica que en ese período repuntó un 1,9%.
El PBI, al fin y al cabo, está conformado por los salarios y las ganancias empresarias. Lo cierto es que a lo largo del período del Gobierno actual el crecimiento del producto estuvo explicado principalmente por el agro, la minería, el petróleo y los bancos, todos sectores que tienen una participación relativamente menor en el empleo registrado.
De hecho, entre agro, minería (incluye al petróleo) y bancos se explican apenas 550.000 puestos, sobre un total de 6.200.000 puestos registrados, según datos de la Secretaría de Trabajo, a partir del SIPA. Es decir, menos del 10% de los asalariados registrados se autoidentifica cuando se menciona el buen desempeño de los sectores de la economía que vienen traccionando al total de la actividad económica en los últimos dos años.
El resto de los sectores, que permanecen en un escenario recesivo, tal la industria y el comercio, los dos principales generadores de empleos asalariados registrados (el 38% entre ambos), y que desde noviembre del 2023 hasta diciembre del 2025 cayeron un 5,2% y un 1,1% desestacionalizado, según la estimación de la consultora Vectorial en base a los datos oficiales del propio Indec, sufren en paralelo bajas del salario real y de la cantidad de puestos de trabajo.
El investigador de la CTA-Autónoma, Luis Campos, reseñó: “El salario real de los trabajadores registrados volvió a caer en enero. El sector privado subió un 2,1% y el público un 1,8%, en ambos casos lejos del 2,9% del IPC. La caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8% (2,4% el sector privado y 17,8% el público). En el mediano plazo la caída salarial es dramática. Estamos en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, sacando los primeros meses de 2024. Contra los picos de fines de 2017 el retroceso es de entre el 21% (sector privado) y el 35% (sector público)”.
6 de cada 10 trabajadores se saltea una comida por falta de ingresos
Por Julio Pérez
Un informe de la UCA revela además que el 84% de los asalariados tienen inseguridad alimentaria. Los bajos salarios y la inflación persistente afectan la alimentación de los trabajadores y sus familias, empeorando la calidad de los alimentos o reduciendolos. La situación se agrava en los jóvenes. En febrero en CABA, las canastas de pobreza e indigencia subieron más que la inflación general, la suba de alimentos golpea a los más vulnerables.
Con salarios planchados, los ingresos alcanzan cada vez menos con una inflación persistente que ya acumula 9 meses consecutivos al alza. La pérdida de poder adquisitivo impacta en el desplome del consumo, pero peor aún, en la comida de los trabajadores.
Así lo refleja un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) donde revela que la gran mayoría de los trabajadores asalariados, 8 de cada 10 (83,5%), enfrenta dificultades para comer adecuadamente. Los más afectados son trabajadores de menores ingresos, no calificados y de empresas pequeñas, donde la vulnerabilidad alimentaria se intensifica.
La UCA señala que el 61,1% de los asalariados se dejó de alimentar durante su horario de trabajo por motivos económicos. El 46,7% de forma ocasional y otro 14,4% regularmente.”Los ingresos no logran cubrir los costos de alimentación durante la jornada, obligándolos a sacrificar su bienestar nutricional como mecanismo de ajuste frente al costo de vida actual”, subraya el informe. La situación se agrava entre los jóvenes entre 18 y 29 años llegando al 70%.
Agrega además, que el 26% de los asalariados tiene dificultad para obtener una pausa en su trabajo para poder comer.
Otro de los fenómenos de auto ajuste por ingresos es el cambio a alimentos menos nutritivos. La encuesta elaborada en todo el país, detecta que el 78,5% de los trabajadores ha tenido que optar por alimentos menos saludables debido a restricciones presupuestarias. Esta diferencia de casi 20 puntos porcentuales respecto al salteo de comidas (61,1%) “sugiere que, ante la presión económica, la mayoría de los trabajadores no renuncia
inicialmente a la ingesta, sino a su valor nutricional”.
De esta forma 8 de cada 10 trabajadores se ven obligados a completar su jornada con opciones más baratas y menos nutritivas, “transformando la alimentación laboral en un factor de riesgo para la salud a largo plazo”, concluye la UCA.
Canasta alimentaria por encima de la inflación
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) publicó los datos de Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad. En febrero, las canastas que se utilizan para medir pobreza e indigencia aumentaron alrededor del 3%, por encima de la inflación general del mes (2,6%).
Así, las familias (de 2 adultos mayores y 2 hijos) que viven en la Ciudad de Buenos Aires necesitaron en febrero ingresos de al menos 1.440.146 pesos para no ser pobres sin contar el alquiler.
Los datos reflejan el fuerte aumento del costo de vida, siendo los bienes y servicios esenciales para la subsistencia más caros que el nivel general, golpeando a los más vulnerables.
Para no ser considerado indigente se necesitaron al menos 791.579 pesos, un aumento del 3,14%. En tanto, la Canasta Básica Total, que establece el umbral de pobreza al incorporar otros gastos indispensables como transporte, educación o vestimenta, también avanzó 3,11% en el segundo mes del año.
En relación al año pasado, el incremento es notable. En febrero de 2025 la línea de pobreza para una familia tipo se ubicaba en 1.089.146 pesos, mientras que en 2026 ascendió a 1.440.147 pesos (+32,2%). En tanto la indigencia, el ingreso mínimo necesario pasó de 581.583 a 791.579 pesos (36,1%).
La canasta básica alimentaria y total sube más que la inflación, pero el Gobierno responde con ajuste, reformas regresivas y salarios de miseria. Sólo la movilización y la unidad desde abajo pueden frenar este saqueo y abrir un camino para que la crisis no la sigamos pagando las y los de siempre.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Perfil, ATE Córdoba, Tiempo Argentino, www.baenegocios.com , Radio Pueblo / Agencia Farco
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