Contrastes

Se cuestiona la legalidad con la que acaban de remover al presidente del Banco Central, pero no la ilegalidad de la deuda que se pretende pagar con las reservas que custodia esa entidad. Se festeja que batimos record en exportación de carne, pero no se dice que millones no la pueden comer. Las grandes empresas ganan en la Bolsa mientras se pierden puestos de trabajo. La política y la economía son así miradas con un solo ojo.

La noticia que ocupa esta semana a los grandes medios es el enfrentamiento entre el Ejecutivo Nacional y el (ahora ex) presidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado, por negarse este último a transferir las reservas para que integren el Fondo Bicentenario para pagar la deuda.

Pedido de la presidenta Cristina Fernández a Redrado para que deje el cargo, negativa del economista a renunciar, posterior remoción a través de un decreto de necesidad y urgencia, amenazas de presentaciones en la Justicia; autoconvocatoria de sectores de la oposición para reunir al Parlamento que está en receso, una jueza que trabaría la posibilidad de girar fondos del BCRA para constituir el Fondo Bicentenario; todo esto ha ocurrido en las últimas horas.

Originalmente, la discusión se planteó desde la «autonomía» que la Carta Orgánica le otorga a la institución, su rol de custodia de las reservas para garantizar el valor de la moneda nacional y acerca de las razones y mecanismos por los cuales se pueden remover a los integrantes de su Directorio. (Según la Carta Orgánica, «la remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación».)

Sin embargo, mientras que en el neoliberalismo de los años 90 el poder económico (las empresas multinacionales y las entidades financieras mayoritariamente de capital extranjero) no cuestionó esa autonomía, hoy le exige que se subordine a las decisiones del Ejecutivo. Así, dos entidades que agrupan a los bancos (ADEBA y ABAPRA) salieron a cuestionar la posición de Redrado.

Será quizás porque varios de los bancos adheridos esperan ansiosamente las ganancias que les dejará el negocio del canje de deuda en default, por las comisiones que cobrarán a los tenedores de los títulos.

Los tres bancos que pilotearán la operación – que requiere el visto bueno de la Securities and Exchange Commission (SEC) como el órgano regulador del mercado bursátil estadounidense, legislación a la cual debemos someternos – serán el Citybank, el Deutsche y el Barclays.

Es bueno recordar que cuando en 1983 se realizó la investigación de la deuda contraída ilegalmente por la dictadura, el City de Estados Unidos le reclamó al gobierno argentino el pago de deudas de empresas públicas nacionales cuyos montos no coincidían con los registros de las mismas. Además muchos de los reclamos ya habían sido cancelados. Entre las deudas que se le pagaron al Citibank se incluía un millón de dólares por seis meses de intereses del Comando en Jefe del Ejército. Es ésta misma entidad quien ahora volverá a ganar en este nuevo negocio.

Ante el Decreto de Necesidad y Urgencia que creó el Fondo Bicentenario (DNU 2010) varios sectores accionaron judicialmente. Pero es necesario diferenciar los motivos que argumentan cada uno de ellos para aportar tranquilidad a quienes, viendo la política en blanco y negro, piensan que el llamado «progresismo de centroizquierda» se suma a la derecha política en este reclamo.

Por un lado, el gobierno de San Luis, el PRO, la Coalición Cívica-ARI, el radicalismo y el PJ disidente no cuestionan el pago de la deuda por ilegítima. Su enojo es tanto porque se usen fondos de la reserva que es de «todos los argentinos» como porque el DNU no haya sido ratificado por el Congreso. Pero esta misma reserva fue muchas veces diezmada y robada ante sus propias miradas e incluso con sus propios acuerdos y complicidades.

Por otro lado, existen diferentes organizaciones (Causa Olmos, Diálogo 2000, la Iglesia Luterana, ATTAC, el Foro Argentino de la Deuda, Proyecto Sur) y personalidades (Nora Cortiñas, Mario Cafiero, Luis Lafferier, entre otros) que accionan cuestionando el canje de deuda, el pago al Club de París y la creación de este Fondo pero desde lo que es la esencia del problema: la deuda es ilegitima y contraída en forma fraudulenta; por lo tanto no debe pagarse.

Estos contrastes llegan también al analizar los discursos del gobierno. Ante la «fatalidad» de que Argentina tendrá que importar carne -agitada durante varios días por los grandes medios reproduciendo las voces de la oposición – la presidenta anunció cerca de fin de año que durante 2009 logramos exportaciones records en ese sector. Sin embargo lo que no dice es que la carne en el mercado local está cada vez más cara y, lo que es peor aún, que varios millones de argentinos no pueden ni siquiera comerla, porque son pobres o indigentes. ¿Es un orgullo entonces que hayamos batido el record en exportación de carne cuando, como cantaba Don Atahualpa Yupanqui en El Arriero, «las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas»?

Otro contraste se da en dos informaciones que pudieron recogerse esta semana. Por un lado, nos anoticiamos que las 14 empresas líderes que cotizan en la Bolsa (Telecom, Siderar, Tenaris, Edenor, Grupo Galicia, Transener, Banco Hipotecario, Pampa Energía, entre otras) obtuvieron 115 por ciento de ganancias y que acumularon en la última década – la misma en que se vendió al país y sus recursos; en las que se llegó al pico de concentración de la riqueza con desocupación, pobreza e indigencia – rentabilidades por 322 por ciento.

También que durante nueve meses de 2009, las casas matrices de las filiales bancarias extranjeras giraron al exterior unos cinco mil millones de dólares en concepto de «utilidades y dividendos». Y que la fuga de capitales del sistema financiero acumuló hasta setiembre pasado unos 131.000 millones de dólares, cifra que se aproxima a la deuda externa privada y pública, calculada por el INDEC.

Por otro lado, supimos también que entre el tercer trimestre del año 2008 y 2009 se perdieron, según las últimas cifras oficiales dadas por el INDEC, 176.274 puestos de trabajo en el sector privado. Quizá muchos de estos trabajadores lo hacían en las mismas empresas cuyas acciones ganaron tanto en la Bolsa o que giraron los millones de dividendos al exterior.

Y para terminar, un último contraste. Antes de las fiestas, el Gobierno de Cristina Fernández tomó 700 millones de pesos del PAMI (la obra social de los jubilados) para financiar deuda. Esta cifra se agrega a otros tomados en setiembre y noviembre. Por otra parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) destinó 816 millones de pesos para financiar a las empresas del mercado automotor durante el 2009.

Estos fondos totalizan mucho más de lo que se destinó al pago extra en diciembre de 350 pesos a cada jubilado (menos de 12 pesos por día) para lo cual se destinaron 1.793 millones de pesos de fondos de la ANSeS. A principios de 1991, el 20 por ciento de los beneficiarios del sistema previsional cobraba el mínimo de $ 150. Hoy, el 80 por ciento cobra el mínimo de $ 827. Son apenas 26 pesos por día.

Comparto la opinión del Economista Julio Gambina que en su nota Conflicto de poderes y pago de la deuda» expresa: «La sociedad, especialmente el movimiento popular, debe manifestar su voluntad de modificar la agenda de prioridades e incidir en la crisis política para contribuir a satisfacer necesidades populares insatisfechas. La Argentina no necesita nuevo endeudamiento, sino reorientar su política económica en función de las necesidades de millones de personas con dificultades para acceder a sus derechos a la alimentación, la educación, la salud o la vivienda, el trabajo y una calidad de vida adecuada. Los recursos en la Argentina existen, el problema es su utilización».

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa de la autora, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.