“Vamos a elegir diputados para ayudar a nuestro presidente a ratificar un contrato que firmamos en 2019 con la ciudadanía, pero que la pandemia puso en pausa” (negritas mías). Así lo aseguró Sergio Massa en la presentación de los candidatos del Frente de Todos.
El año pasado concluyó con 4.548.000 personas activas con problemas de empleo ya sea porque estaban desocupadas, buscando trabajo sin conseguirlo (1.900.000) o eran subocupados (2.648.000) en trabajos de pocas horas, changas, la mayoría en la informalidad. Son 1.453.000 personas más que tres años atrás, según datos oficiales a partir de la actualización de las proyecciones de población de todo el país urbano.
Además,se estima que casi un millón de trabajadores dependientes o independientes perdieron el trabajo y jóvenes que debieron incorporarse al mercado laboral no lo hicieron y no buscaron empleo por el llamado “factor desaliento”, esto es por falta de demanda laboral a causa de la recesión y el cierre de negocios y empresas, agravado desde marzo de 2020 por la pandemia y restricciones de circulación, elevando el “desempleo real” al 20%. Así, en apenas tres años, la cantidad de gente con problemas de empleo aumentó casi un 50%.
Los números son del ministerio de Economía que calculó para toda la población urbana del país (40.679.000 habitantes, sin las regiones rurales) las cifras de empleo y desempleo de los 31 Aglomerados que releva trimestralmente el INDEC.
De esos datos surge que entre 2018 y 2020 ocurrieron estos fenómenos:
+ A pesar del aumento de la población urbana (897.000), el número de ocupados se redujo en 587.000 personas. Y si se excluye el incremento de los subocupados (812.000), los ocupados formales e informales, en relación de dependencia o por “cuenta propia” que trabajan más de 35 horas semanales, disminuyeron en 1.399.000.
+ Por cesantías, “retiros voluntarios” y jubilaciones, entre los ocupados disminuyó en 1.250.000 trabajadores el número de asalariados, lo que explica, en buena parte, el incremento del desempleo y la subocupación.
+ En esos 3 años, el número de desocupados aumentó en 641.000 personas. En 2018 y 2019 creció en 356.000 y en 2020 en otros 285.000. En tanto, la suba de subocupados fue de 628.000 en los dos últimos dos años del gobierno de Macri y de 184.000 en el primer año del gobierno de Fernández.
+ El total de asalariados formales con aportes a la Seguridad Social del sector privado se redujo de 6.296.864 en diciembre de 2017 a 6.020.703 en igual mes de 2019 para volver a caer en 5.822.914 en diciembre 2020. En total 473.950 asalariados formales privados menos.
¿Qué pasó con los sueldos?
+ La pérdida salarial de los últimos tres años fue del 21,3%. Una quinta parte del poder de compra del salario.
+ En 2018, el índice salarial del INDEC registró un alza del 29,7% y la inflación interanual fue del 47,6%. Una pérdida del 12,1%.
+ En 2019, la suba salarial fue del 40,9% y la inflación del 53,8%. Una pérdida del 8,3%.
+ En 2020, los salarios subieron 33% y los precios 36,1%. Un retroceso del 2,3%.
Esta caída del salario real lleva que 3 de cada 10 trabajadores sea pobre, y que este aumento de la pobreza fue mayor entre los trabajadores formales.
Empleo público
Pese a que el gasto cae por efecto de la inflación, cada vez se suma más personal a la nómina. En el gasto a nivel nacional, los gastos del Estado bajaron 30,6% entre 2015 y 2020. Y 16,7% para las provincias entre 2017 y 2020.
Desde que empezó la crisis financiera en marzo de 2018, hasta la actualidad, existen 103.063 empleados públicos más en todo el país. Y 420.872 trabajadores privados menos. Cerraron unas 50.000 empresas desde entonces.
Empleo en la industria manufacturera
Un trabajo del Centro de Estudios de la Producción (CEP) muestra que entre febrero del año pasado y el mismo mes de este año, en la industria manufacturera el trabajo formalizado creció 1,7%.
Esto implica que se crearon casi 20.000 puestos de trabajo. Así, el empleo registrado en el sector incluye a 1.155.261 personas.
De los 24 rubros que se incluyen en el relevamiento, 17 tuvieron resultados positivos y 2 neutro. Donde más creció el empleo fue en el rubro caucho y plástico que generó 4.170 nuevos puestos. Solo hay cinco sectores en rojo: elaborados de metal, reparación de maquinaria y equipo, imprentas, calzado e indumentaria.
En este último caso, la baja del empleo formal golpeó a 4.048 personas, lo que implicó una caída del 9,9%.
Así este año el personal registrado en el sector indumentaria suma 36.825 trabajadores. En calzado y cuero la destrucción es de 1.393 puestos, una baja del 5,1%.
Además de ser el sector que más mano de obra expulsó, el textil es el que más subió los precios en el último año. Según el relevamiento del INDEC, a abril pasado el alza de precios del sector fue de 79,1 contra un alza del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del 46,3% en el mismo período.
En toda la cadena textil hay 15.000 empresas formales. En el rubro textil, el sector informal explica el 80% del mercado, detalla Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria.
«Te sumo»
El último miércoles, ministros del gobierno de Alberto Fernández anunciaron con bombos y platillos un incentivo a las empresas para sumar a jóvenes de entre 18 y 24 años. Este plan está destinado a pymes y aporta un proporcional del salario de los trabajadores según el tamaño de la empresa. 18.000$ mensuales a empresas micro, 14.000$ a empresas pequeñas y de 11.000$ en empresas medianas. De esta forma, gobierno subsidia entre el 70 o 90 % del salario.
El pago de la deuda ordena la gestión del gobierno
En medio de una fuerte crisis social y económica, pagó U$S 345 millones al FMI en concepto de intereses por el acuerdo Stand By que firmó Macri. La semana pasada se pagaron U$S 226 millones al Club de París.
Este nuevo pago llegó el día en que el organismo debatió sobre un nuevo desembolso de U$S 4.350 millones para Argentina que llegarían a fines de agosto y que Cristina ya avisó que no irán para gasto social como tenían como objetivo esos giros, sino que se destinarán a seguir pagando deuda.
El 30 de septiembre se produce un vencimiento de intereses con el organismo por U$S 1.800 millones y el segundo por otros U$S 1.800 millones más. La cuenta no termina aquí porque en noviembre, el Gobierno tiene que pagar otra cuota de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 390 millones. En total restan entonces unos U$S 4.000 millones de vencimientos en lo que resta del año.
Ya suman U$S 3.791 millones los pagos totales sólo por intereses del préstamo stand by por U$S 44.000 millones contraído durante la administración macrista. De ese total, US$ 1.480 millones fueron desembolsados durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 2.311 millones por Alberto Fernández.
El plazo máximo que el gobierno fijó por decreto para sellar un acuerdo es el 31 de marzo de 2022. No obstante, ya en ese mismo mes hay otro vencimiento por unos u$s 4.030 millones, además de los pagos comprometidos con el Club de París por U$S 230 millones en febrero.
Por otra parte, al momento del último desembolso (julio 2019), la deuda con el FMI era de U$S 44.220 millones y este lunes ascendía a U$S 45.400 millones, según los registros del organismo financiero internacional porque el valor de los DEG (derechos especiales de giro) se revalorizó frente al dólar. Así la Argentina sigue debiendo la misma cantidad de DEG pero en dólares son unos U$S 1.200 millones más.
Jornada de lucha contra la estafa de la deuda externa y el FMI
El miércoles 28 de julio desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda -integrada por un amplio arco de organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y otras- realizaron una jornada de lucha contra las imposiciones y el sometimiento que impone “la estafa de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional”.
El acto central se realizó en la Plaza de Mayo, después de una multitudinaria marcha desde el Obelisco.
Compartimos a continuación el documento leído en el acto:
¡Fuera el FMI! La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza
Hoy nos convocamos para rechazar las imposiciones y el sometimiento que nos impone la estafa de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Decimos presente desde la Plaza de Mayo y otras ciudades de nuestro país, ya que esa pesada carga recae sobre las vidas del pueblo trabajador desde Ushuaia hasta La Quiaca.
Aún sin un nuevo acuerdo con el FMI firmado, los pagos continúan. Sin avances en ninguna de las causas judiciales que investigan el fraude, los pagos continúan. Los 345 millones de dólares que se van a pagar en pocos días son recursos que hacen falta para atender la miseria popular creciente, para salir de la crisis económica que nos atraviesa hace años, para enfrentar la pandemia y cuidar la salud, para vivienda, educación, infraestructura, políticas contra la violencia machista y mucho más. Sin embargo, ese es tan sólo un pago; este año van a pagar al FMI 1.350 millones de dólares solo en intereses, el equivalente a dos Ingresos Familiares de Emergencia o los recursos para subir las jubilaciones 6.000 pesos hasta fin de año.
Por si fuera poco, eso es apenas un tercio de los primeros pagos del capital tomado por Macri y avalado por Estados Unidos, para financiar la fuga de capitales en el 2018 y su campaña en el 2019. Sin cumplir ni siquiera con los mínimos procedimientos formales. En septiembre y diciembre sendas salidas por 1.880 millones de dólares cada una completarán las principales sangrías de la deuda, en momentos en que los recursos escasean. La agenda de la entrega de estos valiosos recursos, debe ser la agenda de las actividades y movilizaciones para que podamos expresar en la calle nuestro rechazo.
Es gravísimo… y es el año menos grave de los cuatro que vienen.
El anuncio de que un futuro acuerdo será votado en el Congreso nos llama a redoblar los esfuerzos políticos y sociales para que la movilización obrera y popular logre frenar en esa instancia la connivencia de las y los legisladores nacionales con una política de entrega, saqueo y miseria.
Los funcionarios hablan con palabras suaves, dicen como si fuera algo bueno que hay una “trayectoria de disminución del déficit primario”, muestran por todos lados que cada vez se gasta menos, que la ayuda social disminuye. Y para comparar usan los datos del peor momento del ajuste macrista. Sin embargo, la brutalidad de esa política sobrepasa las palabras de los tecnócratas de pasillo. Hoy la pobreza alcanza el 58% de las personas menores de 14 años.
Resistimos movilizando porque no es una cuestión de números. Estas negociaciones, estos acuerdos y la política de ceder más y más concesiones, condicionan la economía nacional. Condenan a nuestro pueblo a la continuidad del ajuste en curso, más pobreza y miseria, menos salud y educación, y a la profundización del modelo extractivista y depredador de la naturaleza.
Ahora mismo, vemos cómo la soberanía sobre nuestros ríos y puertos está supeditada a nuevos acuerdos de pago al FMI y al Club de París. El derecho al agua queda sacrificado en el altar de las divisas para el pago de la deuda, ofrendado a mineras contaminantes, petroleras y otros proyectos dañinos para la naturaleza y la salud humana. Las resistencias a esa depredación son también resistencia a las políticas del FMI.
Esas políticas no terminan sólo en el ajuste en el gasto. Además, es sabido que la negociación de los préstamos a 10 años (los llamados “Acuerdos de Facilidades Extendidas”) exigen compromisos de lo que se conoce como reformas estructurales, reformas antiobreras y antipopulares: reformas en los sistemas previsionales (para jubilaciones más tardías, más bajas, menos inclusivas), reformas flexibilizadoras y precarizadoras en la legislación laboral, reformas impositivas para beneficiar las ganancias empresarias, y otras barbaridades.
Comprometerán la vida y los derechos del pueblo durante muchos años más.
Hay contradicciones en la política del Gobierno nacional. Por un lado, denuncia por fraude a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos, y pide que se investiguen las responsabilidades legales por la deuda con el Fondo. Pero más allá de estos dichos, en la negociación con el FMI y el Club de París acuerda pagar sin analizar el origen y usos de esas supuestas deudas. Más allá de los dichos, los recursos que el Fondo Monetario distribuirá a nuestro país -como parte del plan global para enfrentar la pandemia- se irá… en pagos de deuda al propio FMI.
La práctica del Gobierno resuelve esta contradicción a favor de los reclamos de los usureros internacionales.
En medio de una grave crisis económica y social, agravada por la pandemia y la crisis sanitaria, es fundamental poner la prioridad en los intereses del pueblo trabajador, no del capital financiero. Es la lucha la que puede conseguirlo y por eso proponemos seguir en las próximas semanas con nuevas jornadas de difusión, de debate y de movilización
Por ello exigimos no solamente la sanción efectiva de los responsables políticos, sino la suspensión de los pagos y la investigación del origen y destino de esos fondos, pues se trata de una operación ilegítima y fraudulenta. Por ello estamos aquí y gritamos:
¡FUERA EL FMI!
La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI, el Club de París o los especuladores
-Argentina, 28 de julio de 2021
Ganadores de la pandemia
El banco HSBC ganó $ 32 millones por día en 2020. Esta entidad fue contratada por Guzmán para la reestructuración de deuda en moneda extranjera, también es conocida por organizar la evasión de impuestos y fuga de capitales de los más ricos del país a Suiza. Los bancos fueron uno de los sectores que ganaron a pesar de la crisis.
Los privados para el mes de abril ganaron $ 141.945 millones en los últimos doce meses, según el último informe del Banco Central. Solo en 2020 la banca privada ganó $ 203.180 millones en 2020. La mayor parte del margen bruto de los bancos privados provino de la especulación con títulos valores (principalmente Leliqs). Intereses que representan un jugoso negocio para los bancos y que no se dejaron de pagar como prometió Fernández.
HSBC Bank Argentina S.A. es uno de los principales bancos de Argentina, es el quinto banco privado en dicho rubro, según publica el Banco Central y como señala la entidad tiene 108 sucursales distribuidas a lo largo del país, en 20 provincias y hay 3.535 trabajadores. Tiene más de un millón de clientes.
En 2020 obtuvo ganancias netas por $ 11.796 millones, es decir un 6,4 % más que en 2019 (expresado en moneda constante, es decir, ajustado por inflación). Esto significa que el HSBC ganó por día $ 32 millones el año pasado. Mientras, el 60 % de los trabajadores ganaba menos de $ 36.000 en el último trimestre del 2020, según el Indec.
HSBC, a través de su ex CEO, Gabriel Martino, fue uno de los principales socios en los negociados de la deuda durante la era Macri. Fue el mismo que promovió el vínculo entre el fondo Templeton y el ex presidente cuando en septiembre de 2016 Michael Hasenstab, entonces administrador del fondo, fue a la quinta de Olivos.
Entre 2016 y 2018 el ranking de comisiones cobradas por bancos por la emisión y distribución de bonos la lideró el HSBC con U$S 11,8 millones, según respondió el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, en un informe escrito de una presentación en el Congreso.
Pero el negocio de la deuda para el HSBC no se terminó con Macri. Martín Guzmán, ministro de Economía, contrató al mismo banco para la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera. Negociación que reconoció el endeudamiento del gobierno anterior, sin realizar ninguna investigación, y en la cual los lobos de Wall Street lograron arrancarle al ministro U$S 17.000 adicionales entre la primera oferta que hizo en abril y la última de agosto, con la cual acordó la reestructuración de la deuda.
En los estados contables del HSBC se detalla qué segmento le dejó mayores ganancias. El 65 % de lo que ganó en 2020, es decir $ 7.714 millones, se debe al segmento Banca Global y Mercados, donde se incluye clientes tales como gobiernos y se ofrece, entre otros, el servicio de estructuración de deuda local e internacional.
La revelación de Herve Falciani, un ex empleado del banco que hizo público las miles de cuentas abiertas en Suiza, entre ellas había 4.040 cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza por un total de U$S 3.500 millones. Entre los millonarios estaba Amalia Lacroze de Fortabat, empresas del Grupo Clarín como Cablevisión, Multicanal, Central Puerto, Telecom Argentina, entre otras. Así, el banco organizó la evasión de impuestos y fuga de capitales de los más ricos.
Unos años antes, el Congreso realizó una investigación sobre la fuga de capitales de 2001 y concluyó que el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través de varios bancos, entre ellos el HSBC. Mientras los dólares se fugaban, los pequeños ahorristas quedaron atrapados en el “corralito”.
En el historial del HSBC también se puede mencionar otro hecho de fuga. Un informe del Banco Central reveló que durante el Gobierno de Macri la fuga de capitales alcanzó los U$S 86.000 millones. Gran parte del endeudamiento macrista financió la fuga. Toda la salida de capitales durante el gobierno anterior la hicieron 100 agentes sobre los cuales el BCRA no da detalles. El periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna difundió quiénes fugaron y entre ellos se encuentran varias empresas, como el HSBC Argentina Holdings SA, que fugó U$S 107 millones (se trata del grupo que controla el banco HSBC Bank Argentina S.A.).
Los precios de los alimentos
Por efecto de la suba de precios de las empresas alimenticias, en julio, más argentinos entraron a la pobreza. Así lo registró el INDEC, en su informe de la semana pasada donde constató que los precios de la canasta básica alimentaria subieron 3,1%.
Así, las alimenticias volvieron a verse en el ojo de la tormenta por aumentar precios y provocar el aumento de los índices de pobreza. Esto con la anuencia de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (COPAL) que busca, encima, que las gigantes del sector aumenten más.
El informe fue elaborado en base a una canasta básica que incluye 21 productos, todos ellos de impacto directo sobre la canasta básica de alimentos, y elaborados por las gigantes del sector de Alimentos y Bebidas.
El dato de julio surge luego de que, en la jornada previa, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunciara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) subió 3,2% durante junio, en un proceso de desaceleración que se evidencia desde abril.
El aumento en el rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas», con el 3,2%, resultó la de mayor incidencia en todas las regiones, con aceleración general de todos los rubros de la división, parcialmente compensada por las caídas de Frutas y Verduras.
De esta manera, el primer semestre del año acumuló una inflación minorista del 25,3% y del 50,2% en los últimos 12 meses, informó el organismo. El sector que lidera las subas es el de las Alimenticias.
Son empresas como Arcor, Molinos, Mondelez y Mastellone, que a lo largo de los últimos años, y a pesar de la pandemia, no dejaron de cerrar balances con ganancias millonarias. Ello mientras el resto de la población y los trabajadores padecen sus aumentos.
El salario mínimo, vital y móvil no cubre la canasta básica de alimentos
El costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) para el hogar de referencia llegó a los $26.386,92 el mes pasado, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil determinado por el Consejo del Salario fue de $25.572, indicó el Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba (INEDEP).
Entonces, el costo de la Canasta Básica Alimentaria representó un 103.19% del SMVM, se necesitó más de un salario para cubrirla.
Comparativamente, en junio 2016 la CBA costaba el 69,37% del SMVM. En el mismo mes de 2020, ese valor porcentual ascendió al 98,83%. Así, la pérdida de poder adquisitivo va en aumento conforme pasan los años. Lo mismo sucede con la Canasta Básica Total (CBT), que comprende bienes y servicios no alimentarios esenciales. En junio de este año, costó el 242,49% del SMVM: más de dos salarios para cubrirla.
Siguiendo el informe mencionado, se puede afirmar que entre junio de 2016 y el mismo mes de 2021 tanto la CBA como la CBT aumentaron en mayor proporción que el SMVM. “La CBA varió positivamente un 458,57%; la CBT un 479,38%, y el SMVM tuvo una variación positiva menor de 275,51%”, explica el estudio. Esto quiere decir que con los ingresos disponibles no se puede equiparar el aumento proporcional de los alimentos y otros gastos familiares.
“En conclusión, en el mes de junio de 2021, con este nivel de ingreso ($25.572), un hogar conformado por cuatro integrantes está por debajo de la línea de indigencia ($26.386,92) y de pobreza ($62.009,27). Se precisan más de dos (2,42) SMVM para cubrir los costos totales del hogar tomado como referencia”. INEDEP-2021.
Una de cada cuatro personas que viven en CABA es pobre
Y 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes menores de 17 años viven en hogares pobres. Son datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de CABA del primer trimestre del año que arrojan que la Ciudad tiene 114.000 pobres más que un año atrás, sumando un total de 817.000 personas. Es el 26,5% de los 3.078.000 que viven en CABA que no logra cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios, versus un 22,9% de un año atrás, antes de la irrupción de la pandemia y las restricciones a la actividad.
De los 817.000 pobres, 290.000 son indigentes -el 9,4% de la población porteña- 50.000 más que un año atrás, que no cubren el costo de una canasta básica solo de alimentos.
Son los números más altos desde 2015 cuando la Dirección de Estadísticas y Censos porteña empezó a medir las condiciones de vida en CABA.
De estas cifras se desprende que en 4 años, en CABA se agregaron 361.000 pobres, de los cuales 167.000 son nuevos indigentes.
“El gobierno de la Ciudad incumplió los acuerdos y avanza en un censo de población en situación de calle sin las organizaciones e instituciones”, denunciaron en un documento conjunto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Proyecto 7, MTE y Nuestramérica MP, y expresaron su rechazo a la realización de un nuevo censo “que subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas, incumpliendo el acuerdo logrado en diciembre”.
Ante este panorama, las organizaciones ratificaron que volverán a realizar el censo popular por fuera del larretista, por tercera vez desde 2017. En el último, de 2019, el cálculo oficial fue de 1.147 personas, mientras que el censo popular relevó a 7.251, de las cuales 871 eran niñas y niños.
Si el Ejecutivo porteño contabiliza seis veces menos población a atender, luego presupuesta el área acorde a lo censado. Con la llegada del frío y la derogación del decreto que frena desalojos, la situación de desamparo se agudiza. A eso se suma la invisibilización de estas personas de riesgo en el plan de vacunación contra el Covid-19.
Claudia Enrich, de Ciudad Sin Techo, subraya que “se duplicó la población respecto a las más de 7.000 que eran en 2019, con los desalojos y las familias nuevas que hay en la calle”.
Larreta elimina el distanciamiento en las escuelas
Reproducimos el comunicado de Ademys
En el día de hoy los sindicatos docentes fuimos citados a una reunión en el Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en la que el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires anunció la implementación de
nuevas medidas: la vuelta escalonada de los niveles inicial, primario y
secundario a la presencialidad total. En momentos en que se encienden
las alarmas en todo el país por la circulación
comunitaria de la #varianteDelta,
el gobierno porteño define esta vuelta como si la pandemia hubiera
mágicamente desaparecido y el riesgo de contagios y muerte hubiera
terminado.
Sin presentar ninguna evidencia ni datos científicos que lo avalen, sin
ningún argumento médico o sanitario que lo fundamente y a contramano de
todas las políticas de cuidado que se desarrollan en el resto de las
jurisdicciones del país -excepto #Mendoza–
y los demás países del mundo, el gobierno de Horacio
Rodríguez Larreta, Soledad
Acuña y Fernán
Quirós han definido la vuelta a las aulas del total de
estudiantes. Esto significa romper totalmente con los protocolos y
pautas vigentes de cuidado a nivel mundial: significa juntar en un aula a
30 o 40 estudiantes durante al menos 4 horas diarias,
eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro
del aula.
A su vez, en el borrador de protocolo que presentaron y que se firmará
mañana, se establece la apertura de los comedores escolares, donde sí se
mantendrá el distanciamiento, porque como es obvio, deben sacarse lxs
estudiantes el barbijo para comer. Paradójicamente,
en las clases de educación física sí se mantendrán los protocolos en
relación con el distanciamiento.
Si bien la casi totalidad de docentes tenemos una primera dosis de la
vacuna, -insuficiente para lograr la inmunización en general y ante las
nuevas variantes-; la realidad es que lxs estudiantes no están
vacunadxs, estando obviamente expuestos al contagio.
En este sentido, es gravísimo que el protocolo no sólo incluya la
eliminación de las dispensas para lxs trabajadorxs de riesgo con una
dosis de la vacuna, sino también para lxs estudiantes que convivan con
familiares de riesgo que hayan recibido también una
dosis.
Desde #Ademys expresamos una vez más nuestro total desacuerdo con estas
medidas, manifestando que no hay condiciones para la presencialidad.
Como hemos sostenido reiteradas veces, los protocolos han sido
inaplicables durante el primer cuatrimestre del año:
termómetros que no funcionan, problemas de infraestructura, falta de
agua, falta de insumos, falta de elementos y personal de limpieza. Es
completamente imposible cumplir con ese protocolo con el total de la
matrícula en la escuela. Además, en el escenario
de que en la burbuja -ahora el grado o curso completo- haya un caso
sospechoso o confirmado positivo, deberá aislarse a la totalidad de lxs
estudiantes.
¿Cuánto se tardará en que la mitad o más de las escuelas estén nuevamente vacías por estas situaciones?
Pero además, desde Ademys expresamos que el gobierno plantea un
escenario pre pandemia que es absolutamente irreal y no responde a
ninguna evidencia científica.
Con 700 casos diarios en la Ciudad, estamos muy por encima de los
niveles establecidos por las instituciones y organizaciones de salud
como aceptables para la reapertura de escuelas. En este sentido, la
propaganda oficial, que responde más a una propaganda
electoral que a una realidad, pone en riesgo real al conjunto de la
población y es completamente irresponsable.
¿En qué país del mundo se volvió a las escuelas levantando el distanciamiento y concentrando 40 estudiantes en un aula?
Si se observa lo que está ocurriendo en Inglaterra, donde a pesar de que
el 70% de la población tiene las dos dosis de la vacuna, la política de
apertura total del gobierno llevó a una situación de escalada de
contagios que generó supermercados semivacíos,
más de medio millón de trabajadores en aislamiento, la mitad de
estudiantes secundarios confinados en sus hogares, ese pretendido
retorno a la normalidad se mostró completamente impracticable y ha
generado graves consecuencias, que no se miden sólo en el número
de fallecimientos, lo que no tenemos que naturalizar.
En este marco, reiteramos nuestro total rechazo a estas medidas, nuestra convocatoria al paro del 2 de agosto y la asamblea abierta ese mismo día para definir las acciones a seguir.
Mendoza
Las trabajadoras de la salud de la provincia de Mendoza continúan las medidas de lucha en reclamo por aumento salarial al gobierno de Rodolfo Suárez. En los últimos días, se movilizaron masivamente el jueves 29, y desde el sector de residentes realizaron un paro por 48 horas a partir del viernes 30 que incluyó acampe y olla popular.
La propuesta del gobierno de llevar a un 29% el aumento del 20% decretado en diciembre pasado (junto con el pago de bonos no remunerativos) es rechazada ampliamente. La razón principal es que a lo largo del 2020 no hubo aumentos, el gobierno provincial dio de baja la cláusula gatillo que indexó salarios entre 2016 y 2019, y el atraso salarial ante la inflación es muy marcado.
El conflicto se encuentra en un momento clave. El Gobierno intentó dividir a les trabajadores firmando un acuerdo también con las direcciones provinciales de ATE y UPCN, y también amedrentar a les residentes con amenazas de sanciones disciplinarias y descuentos. Sin embargo, las movilizaciones y paros continúan, endureciéndose las actividades en pos de lograr los reclamos.
Les trabajadores estatales cuentan con un frente gremial que no fue desbaratado al firmar ATE la paupérrima paritaria. Las respuestas combativas se sostienen desde un conglomerado de gremios donde se cuentan el SUTE (docentes), Judiciales, APOC (organismos de control), SITEA (estatales autoconvocades), SIPES (salud-CTA-A), FADIUNC (docentes universitaries), APROCEM (profesionales de ciencia económica) y AMPROS (salud).
Rosario
El sábado 24 de julio la Multisectorial de Trabajadores del Arte y la Cultura, de la ciudad de Rosario, realizó una jornada cultural en las escalinatas del parque España, para reclamar por la emergencia cultural y reconocimientos de derechos como trabajadores. Denunciaron la falta de respuestas por parte del gobierno municipal de Pablo Javkin y el provincial de Omar Perotti frente a la crisis que está viviendo el sector, agudizada por la pandemia mundial de Covid-19 y la prohibición de uso de espacios públicos y privados con protocolo.
Desde los comienzos de la pandemia, vienen reclamando subsidio universal igual a la canasta básica, caja de alimentos a los más afectados, habilitación de espacios públicos y privados con protocolos y el cese de la precarización y la represión. Hasta el momento, las mesas de diálogo con el gobierno municipal y provincial no han concluido en compromisos concretos.
Neuquén
Miles de docentes se movilizaron el 29 de julio en la capital neuquina y realizaron una marcha y un posterior acto en las puertas de la Casa de Gobierno de la provincia, en el marco de un paro provincial al cumplirse un mes de la explosión en una escuela del paraje Aguada San Roque, a 60 kilómetros de la localidad de Añelo, que provocó la muerte de los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y de la maestra Mónica Jara.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, saludó «a los maestros de la Argentina que en esta jornada de lucha plantean justicia para Mónica, Mariano y Nicolás en cada rincón de nuestro país» y agradeció a los familiares de Jara, quienes estuvieron presente en la marcha, por «la lección que dan de dignidad, de fortaleza y de saber que la búsqueda de Justicia es una búsqueda colectiva».
Cuestionó que ya haya pasado un mes del hecho y que todavía «no hay ningún funcionario de los que estaban vinculados con esta obra removidos de su cargo» y, por ende, tampoco hubo «un solo gesto de reconocer que fue una negligencia».
«El primer responsable político es el subsecretario de Obras Públicas de la provincia (Ricardo Deza) y la otra responsable política es la ministra (de Educación Cristina) Storioni», denunció el secretario general.
Jujuy
Mientras crece la disputa entre el gobierno nacional y el provincial por las partidas destinadas al subsidio del transporte urbano, los colectiveros siguen sin cobrar sus sueldos de junio y julio, y el aguinaldo. Mientras tanto el ministerio de Trabajo prorrogó la conciliación obligatoria por cinco días más. La UTA Jujuy analiza tomar nuevas medidas de fuerza.
Serán $8.000 millones los subsidios anuales que la Nación desembolsará para los colectivos provinciales y municipales. La medida incrementaría en un 40% los subsidios para esas líneas urbanas. Con este dinero el gobierno nacional cerró un acuerdo paritario con Roberto Fernández de la UTA nacional y las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).
En ese sentido los choferes del interior deberían recibir un incremento salarial del 37,8% y una suma fija no remunerativa de $30.000 correspondiente al primer cuatrimestre del año.
Para este acuerdo el gobierno nacional pone como condición para las partidas de subsidios, que todas las provincias pongan la cifra equivalente a lo puesto por Nación. Este acuerdo lo habrían firmado quince provincias ya, pero en Jujuy está pendiente la firma del gobernador Gerardo Morales.
Sin embargo, la situación de los choferes que vienen de un paro de ocho días por sus salarios sigue siendo crítica.
Se les debe los salarios de junio, julio, el aguinaldo y deudas del 2020. Por su parte la UTA Jujuy convocó a los delegados de las empresas para determinar los pasos a seguir ante esta situación.
La conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la provincia, finalizaba el miércoles 28 de julio, pero a último momento la prorrogó por cinco días más. Una verdadera burla para los cientos de choferes que siguen sin cobrar sus haberes, trabajando de manera gratuita para los empresarios a los cuales no se les dictaminó ninguna acción por incumplir con sus trabajadores de manera sistemática, negándoles el derecho a manifestarse.
Trabajadores de la salud
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizó el miércoles 28 de julio un nuevo paro de 24 horas «por un salario que cubra la canasta familiar». La medida se repetió el sábado 31 de julio.
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comunicado:
«Desde APyT repudiamos la amenaza de descuentos de los días de paro y
sanciones del Consejo de Administración del hospital hacia las y los
trabajadores, y consideramos que esta actitud de parte de las
autoridades es un ataque al legítimo reclamo del equipo
de salud, que afrontó 500 días de pandemia con salarios depreciados y
muy afectadas sus condiciones de trabajo», expresó al respecto la
licenciada Norma Lezana, secretaria general del sindicato.
En esa línea, agregó que «un Consejo de Administración que goza de salarios de privilegio no puede cerrar sus puertas, debe atender a los legítimos reclamos y no efectuar descuentos a trabajadores y trabajadoras que no llegan con su sueldo a fin de mes, y por eso deben hacer 56 a 86 horas módulo en pandemia».
«Fueron dos años muy difíciles para todo el equipo de salud. El 50 % de aumento en una cuota es el reclamo generalizado de todo el equipo de salud. Un profesional de este hospital requiere 10 años para alcanzar su formación, es una decisión política importante retenerlo en el hospital para garantizar la calidad de atención de alta complejidad en pediatría en el sistema público», prosiguió Lezana, mediante un comunicado.
«Apelamos al apoyo de la comunidad como de los sindicatos de salud pública y privada, para luchar juntos por salario y condiciones de trabajo. El paro fue votado en asamblea por las y los trabajadores, y el plan de lucha incluye además otro paro próximo sábado 31 de julio de 7:00 a 14:00 horas», detalló Lezana. El actual reclamo sindical ya terminó en medidas de fuerza los días 1, 4, 6, 7, 15, 17 y 21 de julio pasados.
La secretaria general de la APyT también explicó que «lo único que anunció el Consejo de Administración del hospital es adelantar un 5 por ciento de aumento de la cuota de octubre, pero no hubo una instancia de diálogo, solo un anuncio, por lo cual exigimos ser recibidos y recibidas por las autoridades del Garrahan, y por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni».
«El salario inicial debe llegar a 103 mil pesos y debemos tener una recomposición salarial del 50 por ciento del acumulado durante el anterior gobierno y también en 2020, cuando empezamos a combatir la pandemia», finalizó Lezana.
(*Macri durante su presidencia pasó del 50 al 80% la responsabilidad de la Nación en el Garrahan y bajó los aportes de CABA del 50 al 20%).
Trabajadores de la salud de Córdoba siguen reclamando el aumento al básico de un 45% y quieren terminar con los pagos en negro que hacen los gobiernos nacional y provincial a través del pago con bonos. El de nación aún no fue depositado.
En la asamblea que se realizó en el hospital Tránsito Cáceres el martes 27 de julio, las y los trabajadores decidieron participar de la asamblea abierta que tuvo lugar el jueves 29 en la Maternidad Provincial. Quieren coordinar la lucha de todos los trabajadores de la salud para que el hartazgo y descontento que sienten los esenciales de la primera línea por las políticas de ajuste de Schairetti y del gobierno nacional se haga sentir con fuerza en un próximo paro.
Días atrás la asamblea de trabajadores del Tránsito Caceres invitó a los vecinos del barrio a que se hagan eco de esta lucha porque consideran que los usuarios son parte fundamental del sistema de salud.
Además, debatieron acerca de la importancia de seguir organizados en asambleas democráticas donde los propios trabajadores decidan cómo seguir peleando. Contrario a lo que, según expresaron, viene haciendo la multisectorial que decide una acción de lucha sin consulta previa a las asambleas de trabajadores de los hospitales que ya existen hace tiempo.
Por su parte, trabajadores del hospital Misericordia siguen organizándose en asamblea y decidieron un corte el miércoles 28 en plaza Las Américas a las 10:30 por aumento salarial.
Personal de salud del sur mendocino se manifestó por las calles céntricas del departamento General Alvear, en el marco de la lucha que se desarrolla hace semanas en toda la provincia contra el ajuste salarial de Suárez que impone un aumento por decreto del 9%
Una vez más cientos de trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Enfermeros Argentinos, de OSEP y de los centros de salud privados salieron a las calles y cortaron todo el centro haciendo paradas en distintos puntos con un gran bocinazo que expresó la bronca y dijo ¡basta de ajuste por decreto, paritarias libres y aumento acorde a la inflación!
Al finalizar la acción, lxs trabajadores expresaron que continuarán teniendo asambleas e intercambios para definir las siguientes medidas de lucha, van a pelear hasta conseguir lo que exigen: un aumento del 45%.
Trabajadores y trabajadoras de salud de La Rioja, nucleados en APROSLAR FeSProSa, iniciaron el lunes 26 de julio un paro por tiempo indefinido con acciones de visibilización durante la semana en diferentes puntos de la provincia, en reclamo por aumentos salariales prometidos sin cumplir y por las repetidas reuniones canceladas con la gobernación a última hora.
En tanto, el miércoles 28, trabajadores y trabajadoras de Chaco, nucleados en APSTASCH-FeSProSa, encabezaron un paro de 48 horas, que comenzó con una asamblea en el Hospital Pediátrico para exigir el fin de la precarización laboral.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) decidió convocar a una jornada de lucha para el próximo 12 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país, para exigir una recomposición salarial para el sector, el fin del trabajo precario y la convocatoria a una paritaria nacional de salud.
La medida se acordó en el Encuentro Nacional de Salud que se realizó el pasado viernes y contó con la presencia de delegados de 19 provincias. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, manifestó su satisfacción por el resultado del encuentro y señaló que el llamado a converger en una jornada unitaria había encontrado eco en numerosas organizaciones. “Esto nos asegura que la Jornada del 12 será masiva y abarcará la mayor parte del territorio argentino”, planteó.
Luego agregó: “En un reciente informe, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero expuso que Salud es el sector con los salarios medios más bajos de la administración pública con $70.000 en bruto, unos$ 50.000 de bolsillo, muy por debajo de la línea de pobreza que marca el INDEC”. Y remarcó: “Estas cifras duras desmienten los aplausos y homenajes de manera contundente. Somos esenciales a la hora de trabajar y no a la hora de cobrar nuestros salarios”.
La dirigenta también señaló: “Con respecto a la precarización laboral, pretendemos que el Ministerio de Salud de la Nación y el COFESA se pongan al frente de un proceso de regularización del trabajo en negro. Más del 30% de los trabajadores tiene contratos precarios. El Ministerio de Salud de la Nación debería dar el ejemplo ya que de los 3.700 profesionales que revistan en sus establecimientos el 84% está precarizado y solo el 16% está en planta”.
Boriotti también reclamó por el cumplimiento de la Ley Silvio: “Hace tres meses que el COE no se reúne y cuatro que no se publican datos sobre el impacto del Covid-19 en los trabajadores de salud. Reclamamos la derogación de la Resolución 04/2021 de los ministerios de Salud y Trabajo que permite convocar a los trabajadores de salud con comorbilidades que están con licencias”.
Otros conflictos
En las puertas del edificio que comparten las empresas de call center Next y Acc Group, se manifestaron los trabajadores acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital.
Ambas firmas, que prestan tareas en forma tercerizada para las primarias Ecogas, Telecentro, Santander Río, Claro y La Caja, entre otras, fueron denunciadas por una serie de incumplimientos que incluyen el congelamiento salarial.
Delegados y trabajadores reclaman a las patronales que reconozcan y paguen la última paritaria que firmó Armando Cavalieri para los mercantiles y que es extensiva para la rama call center.
Denuncian que, además de tener los sueldos congelados, ambas empresas presididas por el empresario Rodolfo Fernández Floriani, se caracterizan por las prácticas antisindicales, ocultan casos de Covid positivo e incumplen la normativa para el otorgamiento de vacaciones y otras licencias.
La Agrupación Ricardo Ham anticipó que en caso de no obtener respuestas avanzará contra las responsables primarias, una acción que ya tomó anteriormente con exitosos resultados,
Las trabajadoras y trabajadores de prensa de Crónica TV, junto a su Comisión Interna y la UTPBA desarrollaron dos paros de 24 horas en una semana como respuesta a la insuficiente propuesta paritaria presentada por la empresa.
“Ambas medidas, la del 22 y 27 de julio, en defensa del poder adquisitivo de los salarios tuvieron alto acatamiento”, informa el comunicado de las y los trabajadores del canal. Tras las medidas, una próxima asamblea analizará los pasos a seguir.
Trabajadores metalúrgicos de Tenaris SIAT de Techint se movilizaron el jueves pasado a Plaza de Mayo luego que la empresa de Paolo Rocca decidiera eliminar el premio a la producción.
Entregaron una carta dirigida al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostrando la preocupación ante el avance de la empresa sobre sus derechos laborales.
La carta al presidente además de mostrar la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de Tenaris SIAT Techint, destaca que la empresa de Paolo Rocca busca la flexibilización y la sumisión de los trabajadores.
Desde la UOM denuncian además que quieren sacarle el transporte por Covid, a pesar que durante la pandemia tuvieron que sufrir la pérdida de dos trabajadores de la planta que fallecieron por Covid y con el peligro de una nueva ola a causa de la variante Delta.
Trabajadores tercerizados de EMA Servicios, que presta tareas para Edesur, se organizaron para exigir mejoras laborales, el pase a planta permanente y denunciar los despidos que la empresa realizó en medio de la pandemia.
Mediante un comunicado explicaron «los trabajadores tercerizados despedidos de Edesur venimos denunciando que la empresa lleva años sin hacer inversiones en infraestructura, tercerizando a sus empleados que cobran un tercio de lo que cobra un empleado de planta. Dando un servicio eléctrico pésimo a los usuarios aun cuando recibe subsidios del Estado por más de la mitad de sus ingresos. Mientras Edesur y el gobierno nos siguen mintiendo, como en el caso del acuerdo firmado por Mayra Mendoza la semana pasada por supuestas obras, los usuarios y los trabajadores seguimos sufriendo por los cortes y los tarifazos que impulsa la empresa, que además despide a los empleados que deberían estar prestando el servicio de mantenimiento y reduce el personal».
Finalmente agregaron «le decimos a los vecinos que vamos a seguir llevando adelante esta lucha sin dar el brazo a torcer hasta que seamos reincorporados con el pase a planta permanente y que la empresa y el Estado asuman la responsabilidad de realizar la inversión necesaria en el servicio eléctrico».
Paritarias
El rubro de la construcción es uno de los sectores con mayor cantidad de puestos de trabajo no registrados, casi el 70% de sus trabajadores se encuentran en la informalidad laboral. Para el 30% restante, bajo el convenio colectivo de la UOCRA, este lunes se acordó un aumento del 12%, sobre el 35,8% pactado en abril.
Esta última actualización, se dará a los trabajadores en cuotas: un 5% en septiembre, otro 5% en enero del 2022 y 2% en marzo. La negociación, como es costumbre en el sector, se dio de manera directa entre las patronales y la dirección del gremio, sin participación del ministerio de Trabajo y, por supuesto, a espaldas de los trabajadores. El martes sería homologado.
Este lunes, representantes gremiales mercantiles y de las Cámaras empresarias se reunieron en la sede de Trabajo. Recordemos que hubo un fracaso en las negociaciones de la semana pasada. Tal como hicieron los empresarios de salud en las últimas semanas, dijeron que “no hay plata para aumentos”.
Se trata de la negociación colectiva más importante del país, ya que alcanza de forma directa a casi 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores registrados.
El sindicato encabezado por Armando Cavalieri buscará sumar un 10% remunerativo con una nueva cuota en lo que queda de 2021. Además, pidió que se mantenga la cláusula de revisión prevista para enero de 2022.
Según distintos medios, algunas de las Cámaras podrían acceder al pago de porcentajes no remunerativos, algo que el sindicato ya ha pactado en diversas oportunidades.
Desde enero del año pasado los docentes de Chubut no tienen paritarias. El paro de 48 horas anunciado por ATECH generó efectos en el gobierno de Mariano Arcioni quien convocó para el viernes 30 a una negociación en el ministerio de Educación.
Otra Vicentineada
“Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle que conforme a lo establecido por la Resolución N° 2125/2021- APN-MS, publicada en el Boletín Oficial el día 30 de julio de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso un aumento para todas las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) del 9% a partir de agosto 2021, 9% a partir de septiembre de 2021, 9% a partir de octubre 2021 y del 9% a partir de enero 2022. El importe retroactivo al mes de agosto 2021 será incluido junto con la cuota del mes de septiembre 2021.
Este incremento obedece a la necesidad de hacer frente a las variaciones en la estructura de costos prestacionales debido al impacto en la atención de la pandemia, los aumentos salariales, los precios de los medicamentos y prácticas médicas”, reza la comunicación a los afiliados a las empresas de medicina prepaga.
El Gobierno les regaló a Claudio Belocopitt y sus amigos la mejor paritaria del año. El chantaje del dueño de Swiss Medical y sus colegas logró que el ministerio de Salud de Carla Vizotti autorizara un aumento de 36 % que se suma al 14 % que ya habían conseguido en lo que va del año.
Durante algunas semanas el Gobierno intentó mostrarse “duro”. Llegó a hablar de «reforma de salud» y «centralización del sistema».
Pero el conflicto de Sanidad fue aprovechado para poner en marcha un chantaje: si no nos aumentan las cuotas y aranceles, no hay aumento. Fue la respuesta patronal.
Y lo lograron. A través de la Resolución 2125/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el ministerio de Salud dio el visto bueno a todas las empresas de salud privada inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) para que dispongan de “aumentos generales, complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de mayo de 2021″.
Como con Vicentín, donde la inminente expropiación y la soberanía alimentaria quedó en la nada, el gobierno criticó a los empresarios de la salud, habló de “centralizar el sistema”, pero terminó cediendo a la voracidad de un puñado de corporaciones. Hoy el 90% del negocio está en manos de 10 empresas. La facturación del sistema es de 800.000 millones de pesos.
Daer levantó el paro del 4 de agosto y firmó un acuerdo con las clínicas privadas y el ministerio de Trabajo.
Antes de haber arribado al acuerdo Héctor Daer y West Ocampo ya habían confirmado que quedaba levantada la medida de fuerza que habían llamado para el jueves 29 de julio. El paro nacional de 24 horas con movilización, no se realizó por acatar la conciliación obligatoria.
Sanidad era uno de los pocos sindicatos que todavía no había podido cerrar la discusión paritaria por la intransigencia de las Cámaras empresarias de la salud con Belocopitt a la cabeza, quienes reclamaban poder aumentar los aranceles de las prepagas para trasladar el costo a los usuarios. La FAPS presentó una manifestación empresaria en la que se dejó por escrito que “… los incrementos de los aranceles a favor del sector prestador por parte de los financiadores, constituye una condición necesaria y excluyente para la aplicación de los acuerdos paritarios alcanzados”. Finalmente, los empresarios de la salud lograron su cometido.
Fuentes: Clarín, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, APU, La Izquierda Diario, argentina.indymedia