Un año atrás, Mauricio Macri asumió la Presidencia. En un país que había atravesado doce años y medio de reconstrucción del trabajo. Con un proyecto que lo había puesto en el centro de sus políticas públicas. Que abrió un sendero de desarrollo productivo y científico tecnológico. Naturalmente, todavía quedaba mucho camino por recorrer. Siempre lo […]
Un año atrás, Mauricio Macri asumió la Presidencia. En un país que había atravesado doce años y medio de reconstrucción del trabajo. Con un proyecto que lo había puesto en el centro de sus políticas públicas. Que abrió un sendero de desarrollo productivo y científico tecnológico. Naturalmente, todavía quedaba mucho camino por recorrer. Siempre lo hay. Pero se había alcanzado un piso de derechos difícilmente imaginable allá por 2003. Derechos que, a la luz de lo que está pasando, corren serios riesgos. Y que resulta imprescindible defender.
El triunfo de la Alianza Cambiemos abrió un interrogante: ¿Se pretendería reconfigurar las relaciones entre capital y trabajo? Después de un año podemos confirmar que, lamentablemente, los temores no eran infundados. Porque desde el 10 de diciembre de 2015, miles de trabajadores del sector público y privado perdieron sus empleos. Los salarios reales sufrieron una notable caída. La distribución del ingreso se ha vuelto más regresiva. En un contexto donde se ha instalado un discurso que responsabiliza a los propios trabajadores por esta preocupante situación. Y que, como recientemente expresó Macri, impugna conquistas sustanciales como son los convenios colectivos y los sindicatos.
Por eso hoy, más que nunca, debemos dar este debate. No podemos olvidar lo que esa ofensiva representa. Y tampoco que hace 21 años fue electo -por mayorías- un presidente responsable de políticas idénticas, que produjeron niveles de 16% de desocupación. Y que el poder económico, la especulación financiera y cierto blindaje mediático de aquel entonces, se ocupaban de disimular y hasta esconder. No puede ni debe volver a ocurrir.
Algunos podrán decir que ocurrió porque veníamos de una hiperinflación. Porque el movimiento obrero estaba debilitado o porque nunca se habían aplicado políticas tan extremas de desmantelamiento del Estado. Inclusive porque se había caído el Muro, con sus implicancias políticas, sociales y económicas globales. Todo podía ser entendible o explicado. Hoy no. Hoy no hay nada que justifique un comportamiento pasivo o neutro frente al renovado ataque a los derechos de los trabajadores para regresar al aumento de la desocupación, la precarización y la pobreza estructural.
Estamos frente a la implementación de un programa de «refundación antilaboral». Que, lejos de ser moderno, retrotrae la relación de fuerzas al Centenario. Es decir, nada de siglo XXI y mucho de fines del XIX. Así se explica todo este primer año. Para ser concretos: el principal objetivo de este gobierno es bajar salarios. Es mantener niveles de desocupación compatibles con el disciplinamiento social y fundamentalmente desarticular el modelo sindical argentino. Sus instituciones esenciales como la negociación colectiva por actividad. O sus Leyes de Asociaciones Sindicales, de Obras Sociales y de Contrato de Trabajo. Esto, como pasos imprescindibles para modificar la distribución del ingreso y las relaciones de fuerza en nuestro país.
¿Se tratará de desconocimiento del conflicto que esto acarrea? ¿O no les importa el daño social que va a producir? ¿O por pura y dura ideología? Por eso debemos enfrentar estas políticas reaccionarias, que no son solo neoliberales o conservadoras. Pretenden hacernos retroceder cien años.
Si nos preguntamos qué razón valedera hay hoy para pretender regresar a una flexibilización laboral a través del ataque a las convenciones colectivas no la vamos a encontrar fácilmente. Solo nos toparemos con la urgente necesidad que tiene este gobierno de exhibir ante propios y extraños que pone un límite. Un límite a doce años ininterrumpidos de funcionamiento de las instituciones del trabajo. Nos vamos a topar con la clara decisión de terminar con la concientización de los trabajadores y trabajadoras en defensa de su derecho al salario justo. En resguardo de trabajo digno y de una seguridad social amplia. Y quieren hacerlo ya.
Pareciera que necesitan demostrar que no hay vuelta atrás. Que el «ambiente amable para los mercados», la especulación y el endeudamiento está totalmente garantizado. Que en la Argentina las relaciones de equilibrio entre el capital y el trabajo han quedado definitivamente sepultadas. Que lo de este año fue solo un botón de muestra. Que las aspiraciones igualitarias no tienen lugar en este país conducidos por y para los ricos. Que es hora de pasar al archivo a los valores esenciales de nuestra cohesión social: la educación pública y el trabajo.
Por eso incumplen promesas electorales y descartan leyes a favor del empleo y del salario. La historia no deja espacio para las dudas. No hay lugar para la distracción o el autoengaño. Lo vivimos ya dos veces en la Argentina contemporánea (dictadura y 90) con consecuencias nefastas. Ahora sabemos que otra Argentina (2003-2015) es posible. No es cuestión de políticas partidarias. Son dos modelos en pugna. Y uno es en defensa propia.
Carlos Tomada. Director del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd). Ex ministro de Trabajo de la Nación.