Crece el rechazo de los movimientos sociales al acuerdo con el FMI

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, concentraron en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar hasta las oficinas del Banco Mundial, ubicadas en Bouchard 547, donde iniciaron un acampe. 

En un comunicado conjunto expresaron los motivos de la Jornada nacional de lucha: «los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales nos movilizamos en rechazo al acuerdo con el FMI, rechazando el ajuste, que por más que se nos diga que no habrá, sabemos que ya es un hecho. Por ejemplo, los jubilados y jubiladas ya fueron ajustados, producto de que desengancharon su fórmula de actualización del índice de inflación. Hoy cobran cerca de $30.000 cuando la canasta básica total para no ser pobres, ya se encuentra en los $78.600. El Salario Mínimo Vital y Móvil (hoy en $32.000) también ronda el 40% de la línea de pobreza. El SMVM determina el ingreso de millones de trabajadores y trabajadoras precarizadas no formalizadas. Los y las trabajadoras de la Economía popular tenemos un ingreso base que se fija en el 50% del SMVM, es decir apenas un 20% de la canasta básica total que define la línea de pobreza«, remarcan. 

En cuanto al contenido del acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI sostienen: «ahora al ajuste le llaman sendero, y nos hablan de todo tipo de senderos. Menos de uno que se refiera a larecuperación de los 25 puntos porcentuales reales perdidos por los salarios en los últimos años. Sumado a que se espera una seguidilla de aumentos en las de tarifas de luz, gas y transportes que trascenderá en mucho a los sectores pudientes, en tanto el recorte de subsidios que exige el FMI es gigantesco. Todo esto solo augura seguir castigando al pueblo empobrecido con más y más inflación, que en lugar de reducirla parecen estarla alimentando». 

Asimismo, agregan: «a su vez, cada tres meses el FMI nos mantendrá con la soga al cuello a su arbitrio, con lo cual los capítulos de ajuste que nos explican no están previstos, perfectamente nos los podrán imponer en lo sucesivo. El gobierno, de esta forma, está legitimando una estafa que empobrecerá a generaciones, y admite cogobernar de hecho con el FMI durante más de una década«. 

También apuntan contra el rol del Banco Mundial en el marco de este acuerdo: «esta pérdida de soberanía se completa con una concesión totalmente gratuita al Banco Mundial, en tanto le aceptan que nuevamente interfiera en las políticas sociales de nuestro país, cosa que no ocurría desde hace años. Las organizaciones sociales no estamos dispuestas a admitirlo«, remarcan, y agregan: «históricamente el BM se ha especializado en promover políticas sociales estrictamente focalizadas hacia los casos más agudos de necesidad y siempre ha sido contrario a las políticas universales. En el mundo entero se expulsan fuera del mercado formal de trabajo a contingentes enteros de la clase trabajadora, tendencia que solo se incrementa con el paso del tiempo, producto de la utilización pro lucro de la innovación tecnológica. Cuando en el mundo se discute la universalización de las respuestas a esta verdadera pandemia laboral que vino para quedarse, el BM atrasa décadas con sus políticas focalizadas, que son la contracara de las políticas neoliberales que tanto ellos como el FMI defienden y nos imponen«. 

En la misma línea, plantean: «mientras el 40% del país somos pobres, mientras la inflación supera el 50%, mientras la canasta básica total supera los $78.600, nosotros y nosotras decimos que no se debe pagar ni un solo peso a esta deuda fraudulenta, contraída por el gobierno de Mauricio Macri, y que solo sirvió para enriquecer a empresarios y bancos mediante el mecanismo de la fuga. ¡No se puede pagar una estafa a costa de millones de personas! ¡La deuda es con el pueblo y no con el FMI!». 

«Es responsabilidad del Estado y del Gobierno Nacional no patear para adelante el problema de esta deuda odiosa, que siempre va a ser impagable, y volcar decididamente esos cuantiosos recursos para el desarrollo real y en escala de la obra pública, y para instrumentar políticas serias de generación de empleo formal con todos los derechos (y no demagogia electoralera sin recursos, como la que vienen haciendo) – amplían – Deben invertir en garantizar derechos básicos como la salud, la educación, jubilaciones dignas, y el cuidado ambiental y de los recursos naturales, que también hacen a nuestra vida y supervivencia. Creemos que quienes debemos ser partícipes de la configuración de las políticas sociales somos las organizaciones sociales de este país, y no el BM ni el FMI«. 

Además, destacan: «llevamos décadas enfrentando las secuelas de la creciente pobreza allá donde nadie llega, en los barrios populares más postergados de todo el territorio nacional. Somos los y las que creamos y sostenemos espacios productivos y de servicios para millares de trabajadores y trabajadores que no se resignan a vivir de un plan social, quienes construimos viviendas populares y refaccionamos hogares humildes, quienes realizamos obras de infraestructura en los barrios más pobres, quienes garantizamos un plato de comida para miles de familias, quienes sostenemos espacios sociales, comunitarios, deportivos, de salud, de niñeces, y somos quienes acompañamos diariamente a miles de mujeres y disidencias en situaciones de violencia machista y patriarcal». 

Por todo lo señalado, y considerando que tienen «derecho a un trabajo digno, con salarios dignos y una vida digna», exigen «un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que recupere lo perdido frente a la inflación durante seis años» y el «aumento salarial para todos los trabajadores y trabajadoras cooperativistas» porque «con $16.000 nadie puede vivir«. También que «el plus socio-comunitario no quede desactualizado frente a la inflación«, por lo que reclaman «su movilidad al 50% del Potenciar Trabajo (PT)», y «un bono especial de $10.000 para hacer frente al costo de la canasta escolar«, que «el Estado promueva decididamente, y en escala, el compre social para las producciones de los movimientos sociales en todos los rubros» y, finalmente, «políticas públicas para el acceso a la tierra, para construir polos productivos, para trabajar la tierra, y para construir viviendas». 

Tres organizaciones sociales ligadas a la UTEP y al Frente Patria Grande protestaron por el acuerdo con el FMI 

El jueves 3 se instalaron en el Obelisco varias ollas populares para exigir que “se priorice el acuerdo con los y las de abajo. Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo”. 

Convocaron la actividad el Frente Popular Darío Santillán, la organización Nuestramérica y Movimiento de Trabajadores y Excluidos (todos referenciados en el Frente Patria Grande, de Juan Grabois) con la consigna “Acuerden con el Pueblo”. “Creemos indispensable que antes de un acuerdo con el Fondo se ponga en agenda un acuerdo con el pueblo”, señalaron. 

Mientras que un sector de las organizaciones sociales se plegó a la movilización en apoyo al Gobierno en oportunidad de la inauguración de las sesiones legislativas el 1° de marzo, varias de ellas rechazaron el convite y convocaron esta iniciativa para manifestar su descontento con el acuerdo con el FMI. Se trata de agrupaciones que además forman parte del armado del oficialismo, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois y otros como el MP Nuestramérica o el Frente Popular Darío Santillán, que aportaron algunos funcionarios de segundas líneas a distintos ministerios.  

El principal motivo del descontento es el acuerdo al que llegó el Gobierno con el FMI. “Nosotros ya habíamos salido a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se venía incluso antes que el gobierno de Mauricio Macri nos volviera a atar al Fondo Monetario Internacional y condicionara la vida de toda la población, sobre todo la de los y las que menos tenemos, con movilizaciones en todo el país. Hoy ya no podemos cambiar el pasado, pero sí marcar la cancha en el presente para lo que viene”, dijo Dina Sánchez, referenta del Santillán.  

Comunicado de las organizaciones convocantes: 

Acuerden con el Pueblo
¡Es hora de priorizar la deuda interna! 

Este jueves 3 de marzo a las 10:00 llevaremos adelante ollas populares en el Obelisco para exigir que se priorice el acuerdo con los y las de abajo. Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo. 

Antes que el gobierno de Mauricio Macri nos vuelva a atar al Fondo Monetario Internacional y condicione la vida de toda la población, sobre todo la de los y las que menos tenemos, salimos a denunciar a las calles incansablemente la deuda y la crisis que se venía, con movilizaciones en todo el país. 

Hoy ya no podemos cambiar el pasado pero sí marcar la cancha en el presente para lo que viene. Por un lado es fundamental que se investigue a dónde fue a parar esa millonada de la que los sectores populares no vimos ni una moneda puesta en hospitales, escuelas, ni viviendas. Que se castigue a los vivos de siempre, que paguen ellos la deuda, y sentar precedente de una vez para que no nos vuelvan a arrastrar a otra crisis. 

Por otro lado, creemos indispensable que para hablar de un “acuerdo con el Fondo”, antes se ponga en agenda un Acuerdo con el Pueblo. Que se acuerde el pago de la deuda interna que hay con los y las de abajo, y para eso venimos proponiendo el Salario Básico Universal que genere un piso para que nadie esté por debajo de la indigencia y que a la vez, se fomenten políticas para la economía popular. 

¡Hay que pagar la deuda interna! Acuerden con el pueblo. 

Convocan a un Plenario Piquetero Nacional el 11 y 12 de marzo  

Las organizaciones piqueteras nucleadas en la Unidad Piquetera convocaron a una conferencia de prensa en el Obelisco porteño el 23 de febrero, para anunciar el reforzamiento del plan de lucha y la convocatoria a un Plenario Nacional Piquetero, el 11 y 12 de marzo, para enfrentar el ajuste del gobierno nacional y el FMI. 

Se trata del movimiento piquetero combativo que se manifestó masivamente, en todo el país, con el reclamo de trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos para los comedores populares y libertad de organización, encontrándose con la negativa cerrada del gobierno nacional a dar respuesta a la desocupación y pobreza generadas con la implementación de las políticas digitadas por el FMI. 

Más de 30 organizaciones de este espacio vienen impulsando un Plenario Nacional Piquetero, para deliberar y resolver un plan de acción que derrote la pretensión oficial de avanzar en un drástico recorte de las partidas destinadas al gasto social, puntualmente con la licuación de los magros ingresos de los beneficiarios de los programas sociales y con el rechazo del ministro Juan Zabaleta a integrar a los programas a los y las desocupados que carecen de cualquier tipo de sustento económico. 

“El objetivo principal de este plenario es construir un plan de lucha para enfrentar de conjunto el ajuste, sosteniendo la pelea por trabajo genuino y con todos los derechos, en un contexto en el que más del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, algo que amenaza con profundizarse tras el acuerdo que el gobierno de Fernández firmó con les saqueadores seriales del FMI”, señalaron en un comunicado que difundieron. 

Para concluir, convocan al conjunto de las organizaciones piqueteras a sumarse al plenario de los próximos 11 y 12 de marzo para darle fuerza al movimiento de lucha independiente, de los trabajadores desocupados y precarizados, para enfrentar la ofensiva oficial y fondomonetarista. 

La Unidad Piquetera está integrada por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupación Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organización 17 de Noviembre (M.D.L. Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T., el Frente de la Resistencia, La William Cooke, R.U.P ., Barrios de Pie-Libres del Sur, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma, y la OLP Resistir y Luchar. 

Desde Desarrollo Social afirman que trabajan en reconvertir planes en trabajo   

El secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó que el Gobierno nacional «trabaja para generar empleo» al ratificar la decisión del Ejecutivo de reconvertir los planes sociales en puestos laborales, y consideró que algunas organizaciones sociales «tienen una mirada distinta» sobre esta problemática.  Aguilera, quien se reunió con los representantes de las organizaciones de izquierda y piqueteras que se movilizaron hacia el Ministerio de Desarrollo y cortaron el tránsito en la avenida 9 de Julio, sostuvo que esos sectores «están en contra del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional con el FMI y esa es una discusión que va por otro lado».  «Hay gente que puede opinar y tiene el derecho a hacerlo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos planteando con mucha claridad que no hay ajuste», destacó. 

«El Ministerio (Desarrollo Social) está enfocado en fortalecer políticas que generen empleo y en ese sentido se están invirtiendo en los últimos tres cerca de 40.000 millones de pesos en ese sentido, por medio de todos los programas que están ejecutándose», agregó el funcionario.  Aguilera remarcó que en plena pandemia de coronavirus el Estado, a través de esa cartera, «garantizó la asistencia alimentaria a cada familia del país», y al respecto mencionó iniciativas como «el Banco de materiales y herramientas; los playones multideportivos y ‘mi pieza’, que es un plan que llega a 105.000 familias de los barrios populares».   

Planes sociales y precarización en aumento 

Desde inicios de febrero, organizaciones sociales y partidos políticos de San Luis comenzaron a visibilizar que cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario de la provincia fueron notificados de la baja en dicho beneficio. El argumento del Ministerio de Desarrollo de la provincia fue la incompatibilidad con el programa nacional Potenciar Trabajo. Así, funcionarios de esa cartera comenzaron a llamar a los y las trabajadoras para anunciarles la desvinculación del Plan Solidario. Sin aviso previo, dejaban a un significativo número de familias de estrato popular de San Luis al borde de la indigencia.   El día miércoles 9 de febrero, las organizaciones sociales emitieron un comunicado en repudio a la medida. “Denunciamos el avance del ajuste social por parte del gobierno de la provincia de San Luis con el despido anunciado de cientos de trabajadores y trabajadoras del Plan Solidario en un momento económico de enorme exigencia para las familias puntanas”.

Y continuaban: “sorpresivamente, muches de les trabajadores y trabajadoras que cuentan como único ingreso el Plan Solidario provincial y el Plan Potenciar nacional (38.000 pesos en total) son víctimas de un brutal ajuste que los deja sin ese precario ingreso, indispensable para la vida de sus familias”.  Ese mismo día, las organizaciones que emitieron el comunicado -Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa (CCC), Libres del Sur, Movimiento Territorial Liberación (MTL), Partido Comunista, Octubres, Lealtad Sanluiseña, TIERRA TECHO Y TRABAJO, Federación Juvenil Comunista (FJC), Frente Popular Darío Santillán, Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Movimiento Patriótico de Liberación (MPL), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- y se hicieron presentes en las puertas del ministerio de Desarrollo provincial. Allí, pudieron mantener un breve diálogo con el ministro Nicolás Anzulovich, quien manifestó que no han sido bajas sino suspensiones del Plan.

“El ministro planteó que están cruzando datos. Nosotres le planteamos que hay una situación desde hace años de suspensiones y que ahora queremos que se levanten las suspensiones”, detalló Arturo Gómez, integrante del Frente Popular Darío Santillán, luego del encuentro con el ministro.  A la espera de respuestas positivas, las organizaciones volvieron a movilizarse el jueves 10, para exigir el cese de bajas y la inmediata reincorporación de todes les trabajadores. La respuesta por parte del ministerio de Desarrollo provincial fue que se levanta la suspensión de todas las personas pero van a tener que elegir entre un plan u otro.  Es evidente que el gobierno provincial entiende que una familia puede vivir con un ingreso de $22.000 que es el del plan de la provincia, o con uno de $16.000 que es el de la Nación. Y así, se perpetúa la precarización laboral dibujando cifras de alto empleo en San Luis, que en realidad son planes sociales sin aportes jubilatorios.  Pasó la campaña electoral del 2021 y las promesas se diluyeron en bajas en los planes, amedrentamientos y amenazas. Así, pretende del gobierno provincial continuar con sus slogans acerca de San Luis como la provincia “mejor administrada”, que es “otro país” o que “no tiene pobreza”. Pero esto no es más que una cortina de humo en una provincia donde la precarización laboral crece día a día. 

¿Cuántos “planes” debería haber?

Por Ana Natalucci*   

Cada tanto aparece la discusión sobre la cantidad de planes y programas sociales destinados a los sectores más vulnerables. Esta discusión cobró relevancia en los últimos días en el marco de las declaraciones periodísticas del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sobre el aumento o no de los “planes” y la creciente conflictividad social. En este debate suelen mezclarse varios ejes que me propongo diferenciar para poder profundizar en su discusión. 

El primer eje tiene que ver con la cantidad. Y lo cierto es que esta discusión deja mal parado a cualquier gobierno. Desde el Programa de Economía Popular y Tecnologías Sociales (PEPTIS) -radicado en CITRA/CONICET y UMET- venimos construyendo una medición para seguir la evolución del sector de la Economía popular. En el peor momento de la pandemia, en el 4º trimestre de 2020, el sector ocupado en la Economía popular alcanzaba a 4,98 millones de personas, descendiendo a 4,36 en el 1º trimestre de 2021.

Este descenso se explica por el descenso de la desocupación y el crecimiento de la población económicamente activa. Aún con esta tendencia decreciente sigue siendo un número alto, en tanto más de 4 millones de argentinos/as necesitan de su trabajo cotidiano para sobrevivir. Y esto, como sabemos, en condiciones de precariedad respecto del acceso a los sistemas de protección social. Si vamos a los números de los planes Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Contemporáneos -creados durante el gobierno de Cambiemos- que en conjunto alcanzaban a 550.000 titulares aproximadamente en febrero de 2020. Ambos confluyeron en el programa Potenciar Trabajo, que alcanzó alrededor de 800.000 personas en diciembre de 2020 y a 1.300.000 en diciembre de 2021.

Durante la pandemia, el gobierno nacional promovió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como estrategia de contención para los sectores no asalariados del mundo del trabajo. Como sabemos, el gobierno proyectaba alcanzar 3.600.000 de personas, pero fue solicitado por 13.400.000 y según datos del ANSES (2020) fueron admitidas 8.900.000. Los números no sólo son altos en sí mismos, sino también cuando se ponen en perspectiva con los planes existentes y la población que necesita de ellos.  

Entonces, ¿sobran planes en la población que los requiere? No. ¿Cuántos planes hacen falta? Muchos más, los que sean necesarios para garantizar condiciones de dignidad a millones de argentinos/as.  

El segundo eje es: ¿qué tipos de planes y para fomentar qué? Voy a empezar por esta última cuestión porque es bastante extendida la idea en las élites políticas que “hay que convertir los planes en trabajo” como si el trabajo sólo pudiera cobrar la forma de empleo, como si el mundo del trabajo no hubiera sufrido una brutal transformación desde mediados de los 70. Desde ese entonces han proliferado múltiples formas en que los y las trabajadoras trabajan.

De lo que se trata no es de volver a un pasado ideal, sino de imaginar nuevas formas de trabajar y de integración social. Volviendo a los planes hay de tipo individualizante, que le asigna a cada trabajador una culpa por no tener trabajo debido a su baja calificación y hay de tipo colectivizante que fomentan cooperativas que buscan nuevos modos de producir, de circular y de negociar su producción. Algunos planes suponen una mera transferencia de ingresos y otros tienen un carácter integral por el que no sólo se puede transferir dinero, sino herramientas, insumos, y otros elementos que refuercen un carácter colectivo, cooperativo de producir. 

En resumidas cuentas, ¿en este contexto de crisis hay que aumentar la cantidad de planes? Sí, definitivamente, si queremos mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas. Ahora bien, ¿cualquier tipo de plan? No, uno que promueva las formas colectivas, de anclaje solidario y cooperativo que las organizaciones populares han impulsado desde hace bastante más de una década y que son las que construyeron un sentido diferente de cómo pensar el mundo del trabajo y de imaginar otras formas de integración social. 

* Dra. en Ciencias Sociales, Investigadora CONICET (CITRA-UMET), Docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 

Carta abierta a Alberto Fernández de la Confederación de Cooperativas

Texto completo: 

21 de febrero de 2022 

Señor Presidente de la República Argentina 

Dr. Alberto Fernández 

S/D. 

Con mucho respeto, nos dirigimos al Presidente de la Nación para transmitirle el estado de alerta y preocupación que estamos atravesando por la asfixia que vive hoy el cooperativismo de trabajo debido a la crisis productiva que atraviesa todo el territorio nacional. 

Luego de más de dos años de gobierno es necesario revertir definitivamente las políticas del macrismo y los estragos que dejó la pandemia por Covid con organización y gestión del trabajo cooperativo. 

Nuestras unidades productivas, con más de 20 años de actividad y con 80.000 trabajadorxs en todo el país, sabemos hacerlo. Desde diciembre de 2019 nos pusimos a disposición de los distintos ministerios para participar en la planificación y ejecución de políticas económicas que pongan al país en funcionamiento en torno a la producción y el trabajo, especialmente a lo que respecta al cooperativismo de trabajo. 

Pero con bronca y desilusión creemos que hay funcionarios que prefieren los anuncios grandilocuentes sin transformación real o ponen trabas al desempeño, al aporte y la experiencia que pueda brindar nuestra institución a políticas públicas que fueron fuertemente desarrolladas durante muchos años en nuestro país. 

Durante el gobierno de Macri se descuartizaron los programas públicos que generaban producción y demandaban de los sectores populares organizados en cooperativas de bienes y servicios que creaban producción, crecimiento colectivo y distribución de la riqueza. 

Dentro de la concepción ideológica de aquel modelo, se cambió el esquema por beneficios y subsidios directos a la población para lograr contención de los sectores populares empobrecidos y eliminar la creación de empleo genuino y la organización cooperativa. 

Hoy se sigue exactamente el mismo funcionamiento de manera discrecional y aunque se mencionan las cooperativas, lejos se está de fomentar la producción y organización de lxs trabajadorxs. 

La salida de la pandemia muestra un panorama desolador en el que los sectores populares se ven arrastrados a la pobreza extrema mientras que desde el gobierno se anuncia algún despegue en el crecimiento de algunos sectores económicos. Esos indicadores no son percibidos por los trabajadores y diariamente se comprueba que el salario y los ingresos no alcanzan para sobrevivir mientras que el desempleo aumenta día a día. 

Se anuncia voluntad del gobierno de sustituir los planes sociales por lo que llaman políticas genuinas de trabajo, sin embargo solo se divisan discursos y gestos tibios que apuntan a lo fiscal o incentivos que dejan librado ese desarrollo social y creación de empleo a un supuesto crecimiento y derrame en los sectores populares. 

Esto no se lo cree nadie, lxs compañerxs menos. Es exactamente igual que los postulados del macrismo y de los sectores más liberales que creen que el mercado en última instancia va a permitir salir de la situación. 

Es necesario impulsar programas específicos para cooperativas como la demanda estatal de productos cooperativos (“compre cooperativo”); planes de construcción; pauta oficial para medios de comunicación cooperativos; programas relacionados a la producción textil y al reciclado, empresas recuperadas, entre otros. 

La historia y la convicción de las experiencias peronistas nos demuestran que únicamente con políticas y programas específicos se genera el empleo popular. 

El gobierno está esquivando su papel y responsabilidad, hay ejemplos que están a la vista y son conocidos de cuál debe ser el rol del Estado presente en la creación directa de empleo tanto como generador de demanda como regulador de la economía. 

Solicitamos al Sr. Presidente la adopción de medidas concretas que alivien la crítica situación descripta, 

Esperamos respuesta, 

Atentamente, 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE TRABAJO (CNCT) 

FECOOAPORT (MAR DEL PLATA)- FECOTRAR (ROSARIO)-FECOTRAUN CORRIENTES -FECOOTRAUN FCIO. VARELA-FECO SANTA CRUZ -FED. DE COOP. DE TRAB. OBRA PADRE MUGICA (CABA)-IFICOOTRA (CÓRDOBA)-UMISCOOP (MIISONES)-COTRAFER (ENTRE RÍOS)-FADICCRA (LA RIOJA)-FACTA-FED. DE COOP. DE TRAB. DE 1° DE MAYO QUILMES LTDA-FECOOPROJU (JUJUY)-FED. DE COOP. DE TRAB. MANUEL BELGRANO LTDA-FECOOTRASE (SANTIAGO DEL ESTERO)-FECOOTRAR (SANTA FE)-FED. DE COOP. DE TRABAJO DE TIERRA DEL FUEGO LTDA.-FECOOTRANA (LA RIOJA)-FECOOTRAUN JUJUY-FACTTIC LTDA-RED TEXTIL LTDA-FACAAL LTDA-FECOOTRAUN CATAMARCA- LA CENTRAL (BUENOSAIRES)-FECOLAR (LA RIOJA)-FECOR LTDA-FECOTRASA (SALTA)-FEDECABA LTDA-FED. DE COOP. DE TRABAJO SANTAFESINA LTDA-RED NACIONAL DE CARTONEROS-FECOOTREF (TRES DE FEBRERO)-FECOUN SANTA FE-FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN-FECOOMATRA (MAR DEL PLATA)-FED. DE EMPRESAS RECUPERADAS (CHACO)-FEDERACION DE COOP. DE TRABAJO GUARANIES DEL NORTE ARGENTINO -FECOOTRAUN TIGRE- RED COLMENA- FECOOTRAUN SAN JUAN- FECOOTRAUN MENDOZA-FECOOCHA (CHACO)-FEDERACIÓN ALBERTO ROSA (CATAMARCA)- REGIONALES: LA MATANZA; MERLO; MORENO; PTE PERÓN; SAN MIGUEL; PILAR; GRAL RODRIGUEZ; PARTIDO DE LA COSTA; ALTE BROWN; SAN MARTÍN; BERAZATEGUI Y SAN FERNANDO. 

La Justicia da un primer aval a los trabajadores de Cresta Roja para autogestionar la empresa 

La fiscal ante la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín dictaminó a favor de los trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja para que se les permita autogestionar a la firma en quiebra. Además reclamó que se investigue a ex funcionarios por su presunto aprovechamiento de la situación en que se encontraba la empresa a principios de 2016. 

Mediante un dictamen de unas 70 páginas, la fiscal requirió que «se revoque la resolución» que le desconoció a la cooperativa de trabajadores la posibilidad de hacerse cargo de las actividades de la empresa en quiebra para mantener las fuentes de trabajo en un sector productivo. 

En primera instancia le fue rechazada la «legitimación a la Cooperativa de Trabajo para efectuar los planteos formulados» con lo que virtualmente se la excluyó de una eventual solución de continuidad de la actividad de la firma. 

Cuando la empresa entró en crisis y se encaminaba a la debacle, su planta productiva fue vendida a la firma Proteinsa S.A., que también ingresó en concurso de acreedores y no estabilizó ni aseguró la continuidad de la actividad. 

La fiscal libró oficios a la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) para que intervenga en relación con «los aportes en calidad de préstamo o de otra índole que habría efectuado el Banco BTG Pactual SA en forma directa o a través del BTG Caimán a Proteinsa SA». 

Esa operación financiera supuestamente destinada al rescate de la empresa también está bajo investigación.

Además, resolvió «atento a lo señalado por la Cooperativa de Trabajo en cuanto al rol del Estado con una participación activa, más o menos velada, de ciertos representantes estatales, en un manifiesto conflicto de intereses´ se libra oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a los efectos que estimen corresponder».

La fiscal también ofició «a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en relación a la denuncia formulada por la Cooperativa» sobre los obstáculos para la continuidad de sus actividades. 

Finalmente, Boquín dio intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ante la posibilidad de que se hubiera producido el delito de lavado de dinero. 

La cooperativa de trabajadores había pedido que «se la autorizara a gestionar la unidad productiva de la fallida Rasic Hnos. S.A. ante los graves incumplimientos para con los trabajadores de quien la tenía a su cargo -Avícola Tres Arroyos S.A.- y se instara la investigación de lo actuado por los sucesivos operadores de dicha unidad productiva, en especial, por Proteinsa S.A. y por Avícola Tres Arroyos S.A.». 

«Entre otras cosas señaló la existencia de vínculos familiares o de amistad entre integrantes de tales sociedades y ciertos funcionarios del Gobierno, el escaso capital social de Proteinsa SA en comparación con el pasivo de la quiebra de Rasic Hnos SA, su enorme deuda por cheques sin fondos, el incumplimiento de su compromiso de incorporar trabajadores, el cálculo de las indemnizaciones de los trabajadores, su pago en cuotas sujetas a la depreciación propia de la inflación o en acciones de una empresa en concurso, habiendo usufructuado Proteinsa SA los importes cobrados del erario público en concepto de subsidios o REPRO».

La Cooperativa denunció que «diferentes funcionarios de reparticiones públicas obraron en pos de favorecer los negocios privados de los adquirentes de los activos falenciales».

El FOL construye un polo textil en vínculo con la UBA 

En las últimas semanas avanzó la construcción en un galpón del barrio de Flores, futuro polo productivo textil del FOL, en conjunto con el Taller Libre de Proyecto Social, cátedra en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). He aquí la experiencia contada por sus protagonistas. 

“Se trata de un galpón que alquilamos, y allí diseñamos distintos espacios donde se va a poder llevar a cabo el productivo textil. El objetivo es que sea un polo textil, un taller del FOL en CABA”. Quien habla es Alina, arquitecta y docente en la UBA, en la Cátedra Taller Libre de Proyecto Social, que tiene vínculo con el FOL desde hace muchos años y es la razón por la cual hoy se encuentra en este proyecto. 

Alina demuestra un gran entusiasmo por el trabajo que se viene realizando, en coordinación de las cuadrillas de trabajo del FOL y la asistencia que brindan desde la cátedra. “Hicimos una reforma de un entrepiso, instalaciones nuevas, baño, todo, teniendo en cuenta también para que estemos dentro de las normas para aprobar el productivo ahí. Lo primero fue hacer una reforma, un entrepiso nuevo para alojar las maquinas arriba”. 

“El objetivo es que una vez que funcione el productivo se generen puestos de trabajos en el rubro textil y que ese sea nuestro taller. Por supuesto, significa que hoy se generen puestos de trabajo para nuestros compañeros y compañeras en obra, lo que nos da mucho orgullo y más que las cuadrillas en su mayoría son de mujeres”, describe Alina. 

La obra tiene parámetros como cualquier otra en la Ciudad de Buenos Aires, y se van cumpliendo, como comenta la arquitecta, “queremos demostrar al Gobierno a través distintas reuniones que nosotros podemos como organización social llevar a cabo un proyecto como esta obra y luego un proyecto productivo, dentro de los márgenes legales de la Ciudad, con lo difícil y cuesta arriba que te lo hace el sistema burocrático. Esto es un desafío en este proyecto productivo”. 

Finalmente, Alina se despide con la siguiente frase: “orgullo total de este vínculo de la Universidad con la organización social”, lo cual reafirma una vez más que el camino es la unidad de los distintos sectores en lucha, en pos de proyectos para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores. 

Andalgalá «Camina por Justicia» 

A 6 años del fallo de la Corte Suprema que les dio toda la razón a las y los vecinos se Andalgalá, pero que todavía no les provee de justicia, el jueves 3 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, dieron una conferencia de prensa informando sobre la caminata que emprendieron el pasado 23 de febrero desde Andalgalá, (Catamarca) pasando por distintas ciudades hasta la ciudad de Buenos Aires. Bajo la consigna Andalgalá «Camina por Justicia,» recorrieron más de 1.500 kms. por el Agua, la Vida, en defensa de la ordenanza 029/16 y contra la megaminería. 

Comunicado de las redes sociales de Asamblea El Algarrobo 

Gracias al apoyo de nuestro pueblo y de todos los pueblos en lucha este miércoles 2 de marzo nuestras compañeras y compañeros de Andalgalá llegaron a CABA a los tribunales de Comodoro Py en defensa de nuestros cerros y nuestro agua, en defensa de nuestra ordenanza 029/16. ¡Hemos recorrido cientos de kilómetros llevando con nosotrxs nuestras demandas como pueblo que quiere agua y vida y no destrucción! 

Cómo dice nuestra compañera Gladys «somos tozudos, de acá no nos movemos». Hemos presentado también las más de 500 firmas de todos los territorios recorridos que quedarán enel expediente que ya está en manos de la justicia federal. Llevamos nuestra incansable exigencia de que se cierre definitivamente el yacimiento MARA y que hagan valer nuestro derecho de la autodeterminación de pueblos libres y soberanos.
Agradecemos con todo nuestro corazón el apoyo y acompañamiento de las tantas asambleas, ONGs y autoconvocadxs, vecinos y vecinas como así también a todos los medios comprometidos que estuvieron cubriendo esta acción tan importante para nuestra lucha y la de todxs
Como dice Raúl «somos un pueblo que lucha con fuerza pero sobretodo con alegría»
¡Arriba los pueblos que luchan!
¡Bajen las máquinas del cerro! 

Represión y detención de manifestantes en Jujuy 

En el marco del denominado “Piquetazo provincial contra el ajuste y el hambre”, organizaciones sociales independientes que integran el Frente de Lucha Piquetero Provincial, fueron reprimidos el mediodía del 3 de marzo cuando intentaron cortar la ruta 34 a la altura del puente de San Pedro para reclamar asistencia a comedores y acceso a ayuda social. 

Carmen, del MTR Votamos Luchar señaló que “nos esperaba la policía y la caballería. Estábamos yendo pacíficamente y nos empezaron a reprimir. No les importó que estén yendo mujeres, niños, madres, abuelas que fueron a acompañar. Los policías agarraron hasta piedras para tirar y nos dispararon gases lacrimógenos y balas de goma”. 

Se había dispuesto la orden “de no dejar cortar la ruta”, mientras se veía el despliegue de Infantería y Gendarmería, la policía rodeaba las columnas de las distintas organizaciones, tales como Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, C.U.Ba, MTR/MIDO, Bloque Piquetero Nacional, entre otras. 

“Hay compañeros heridos, golpeados. Les golpearon la cabeza, los tiraron al piso. Al compañero Daniel del MTR Votamos Luchar lo agarraron, lo tiraron al piso, lo golpearon, le dieron patadas. Otros compañeros recibieron palazos en la cabeza y así fueron algunos compañeros detenidos. Mujeres también fueron detenidas”, aseguró Carmen. 

Según denunciaron en las redes sociales las distintas organizaciones, la orden de reprimir fue dada por el Gobernador Gerardo Morales, quien no quiere mostrar una provincia “del hambre y la extrema pobreza. Ayer fueron las maestras, y el Gobernador ya amenazó con descontar días de paro, además de sacarle contravención” escribieron en sus respectivas redes. 

Además, señalan que desde ayer se comenzó a “intimidar a los manifestantes con un cerco de transporte a los accesos a la Capital”, motivo por el cual las manifestaciones se desarrollaron hoy en distintas localidades como San Pedro de Jujuy, segunda ciudad más poblada de la provincia, Palpalá, Perico, San Salvador de Jujuy, La Quiaca y Ledesma, entre otras, las cuales también sufrieron represión policial, además de ruta 66. 

Según manifestó Carmen, la cantidad de detenidos asciende a 20, pero no existe un número exacto, debido a que muchos aún no han sido localizados. Desde la comisaría seccional 35 del Barrio San José de San Pedro, informaron que los detenidos eran 11, pero que no podían revelar más detalles debido a que se dispuso la causa a Fiscalía. 

“Los compañeros que sabemos que están detenidos son de MTR Votamos Luchar, Polo Obrero, MTR CUBa, y de otras organizaciones, son compañeros distribuidos en distintos lugares”, indicó la manifestante. 

En cuanto a las causas que se les imputan, aún no está definido, por lo que esperan que en las próximas horas se resuelva si los liberan o continúan encerrados. 

“Los referentes de MTR Votamos Luchar, Alcira y Daniel fueron reprimidos mal y están presos junto a sus hijos. No respetaron nada, no les importó nada. Cuando vinimos a la policía, porque pensamos que lo habían traído ahí para que lo suelten, no se podía. Cualquiera que pasaba, que veían con tu gorra que te identificaba, ahí nomás la policía te agarraba y te metían preso. Así un montón de compañeros fueron así agarrados en la calle, con tan solo pasar con su chaleco, su gorra que le identificaba a qué partido pertenecía, adentro lo llevaban preso, ya sea tanto mujer o varón. Los llevaban y tiraban como bolsa de papa, sin importar si se golpeaban o no”, remarcó la manifestante. 

¿Por qué cuando ellos rompen nuestros alambres y matan nuestros animales no los detienen y a mí me detienen por defender nuestra tierra, nuestra madre, nuestra actividad de vida? 

Testimonio de Ezequiel Orquera, referente campesino de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) en el paraje La Fidelidad, en la localidad de Misión Nueva Pompeya, provincia de Chaco. 

“Encontramos alambres tirados, gente armada a caballo que había matado a burros en la zona y había amenazado a gente de la UTT de Buenos Aires que estaba acampando a 500 metros del predio en conflicto con los empresarios Fabián Polentarutti y Luis Alberto Polentarutti, en el paraje La Fidelidad. El miércoles 23 de febrero, cuando fui a hacer la denuncia, me detuvieron y esposaron sin ninguna prueba. Dijeron que yo había cortado el alambre, que había incendiado una casa y había entrado encapuchado, a mano armada, a destruir y amenazar a gente que estaba ahí adentro. 

Ni siquiera me dejaron hablar por teléfono. El teléfono se lo di a un compañero -a quien también quisieron detener- para que difundiera la información. Él no tenía nada que ver con lo que pasó. Me llegaron informes para hacerme firmar un montón de cosas. Les dije que no tenía abogado. Estuve preso en la comisaría de Misión Nueva Pompeya. El calor era insoportable, me tuvieron sin tomar agua y comer hasta la noche. Alrededor de las dos de la mañana el jefe de Policía me llevó a su oficina para hacerme declarar, quiso grabarme con el celular, que yo diga que había sido el culpable de todo esto. Me presionó de muchas maneras, pero yo dije la realidad: que nosotros somos lugareños y no tenemos que ver con eso. Al otro día me liberaron. 

Los empresarios Polentarutti nunca vivieron acá, no son de la zona. Entraron en mayo del año pasado, primero en un lote, hicieron un alambrado de 250 metros. Los denunciamos. Metieron una topadora con cadenas, que está prohibida, entraron rompiendo todos los bienes que tenía la gente que vivía ahí, incluso había animales vacunos. La zona es de bosque nativo, pero hoy en día, por la deforestación, nos quedó un monte virgen. Destruyeron candados, cadenas, portones. A mí me tiraron un kilómetro de alambrado. La Policía encontró las máquinas pero jamás los detuvieron. 

Dicen que son dueños de esas tierras, que viven acá hace décadas, pero nadie los conoce. Dicen que son criollos y productores de la zona, pero no producen nada. Dicen que sus bienes y sus mejoras tienen 22 años, pero los árboles que usaron para hacer postes para sostener el alambrado todavía están verdes, con cáscara, ni siquiera llegan a tener tres meses. Son los palo santo y el quebracho colorado que cortaron de manera ilegal. Tienen una adjudicación de estas tierras que es del año 2000, que está vencida y jamás hicieron mejoras. Es una mentira. No se tomaron medidas. No los podemos frenar porque las autoridades no nos escuchan. La corrupción de las autoridades es muy clara, los cubren. 

Mi abuelo nació acá, fueron los primeros pobladores. En estas tierras se defendieron los indios en el tiempo en el que los estaban matando. Hay mucha historia, sabemos que hay muchos cadáveres de indios que mataron. Ahora nos están sacando a nosotros que tenemos a nuestros ancestros en estas tierras. Nunca tuvimos una respuesta concreta del Instituto de Colonización, lo único que nos ofreció el gobierno provincial es reubicarnos en un predio de cinco mil hectáreas; pero a nosotros no nos interesa movernos a otra zona que no sea la nuestra porque vamos a perder todo. Jamás vamos a aceptar eso. No vamos a bajar los brazos. 

A mí en el 2014 me tiraron una casa completa que era de cuatro por tres metros. Siempre hicieron daño. En un camión se llevaron las puertas, las ventanas, chapas y ladrillos. Nadie sabía quiénes eran, lo hacían de noche. No los pude denunciar porque no tenía los nombres específicos. Los negocios son las vinculaciones políticas, las autoridades son cómplices por dinero. Acá el robo de animales vacunos es normal. La familia Sarmiento también es cómplice. Es la misma gente de los Polentarutti. ¿Por qué cuando ellos rompen nuestros alambres y matan nuestros animales no los detienen y a mí me detienen por defender nuestra tierra, nuestra madre, nuestra actividad de vida? No tenemos más que eso. Si no tenemos tierra no vivimos. No tenemos laburo, no tenemos casa, es muy difícil. 

Sin tener apoyo de nadie nos sacrificamos sol a sol con cuarenta y cinco grados de temperatura cavando pozos de 15 metros de profundidad para sacar agua con baldes, para mantener nuestra producción, que ha bajado mucho. Nuestras tierras son altas y los reservorios de agua que teníamos -y nunca se secaban- comenzaron a secarse. Creemos que es por la deforestación. Hicimos notas al gobernador para que se hagan perforaciones pero nunca nos ayudaron. Nuestra vida no tiene descanso, nosotros no dormimos con aire acondicionado, con un buen techo de chapa y revoque. Nuestras casas son de paja, barro y madera. 

Acá las personas viven de la cría de animales, de la ganadería mayor y menor. No sembramos porque acá no llueve. En el paraje hay 60 familias, nadie tiene títulos de propiedad. Hay unos cuantos que tienen las cuentas canceladas pero nunca se les aprobó una mensura. Te dicen que pagues, pero nunca progresás. A los gringos los papeles se los solucionan en una semana, a nosotros hace años nos tienen dando vueltas sin darnos resultados positivos para quedarnos tranquilos y vivir dignamente. Los gobiernos nos discriminan por ser campesinos, es lo mismo que hacían con los aborígenes. Es una pena sentirnos así. Defendemos como cultura lo que llevamos adentro y lo que somos. 

Tenemos que seguir luchando desde la organización, si perdemos las tierras perdemos todo. Si el gobernador Jorge Capitanich no nos escucha, iremos a nivel nacional. Para que se cumplan nuestros derechos humanos tenemos que cambiar nuestras autoridades, tanto en el Instituto de Colonización como en la Fiscalía de Nueva Pompeya, la Delegación de Bosques y la Policía. Tenemos que cambiar todos los organismos provinciales que están contaminados. No es fácil enfrentar esto con las autoridades porque cuando ellos quieran nos pueden detener y hacer cualquier cosa. Los gobiernos nos están sacando la vida. Hay que tomar medidas urgentes. 

Yo soy técnico en producción agropecuaria, tengo experiencia y recorrido. Tengo muy en claro y entiendo muy bien lo que le hacen a la gente campesina acá en la zona. Esto me ayuda a orientar a la comunidad. Yo soy hijo de campesinos, estoy dispuesto a luchar por ellos. Decidí quedarme para defender estas tierras. Con lo poco que tengo esta lucha la tengo que ganar”. 

Ezequiel Orquera, referente campesino de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) en el paraje La Fidelidad, en la localidad de Misión Nueva Pompeya, provincia de Chaco. 

Desde Mocase Vía Campesina relataron que el jueves pasado por la mañana una banda armada, integrada por personas vestidas con uniforme de la Policía de Córdoba y del Comando de Acción Preventiva de la misma provincia, liderados por la empresaria Noelia Berzano, ingresaron armados en territorio de la comunidad campesina indígena de La Martona, departamento Avellaneda, provincia de Santiago del Estero. Los agresores afirmaron que estaban allí de parte de parte de Juan Arsenio Sequeira, diputado provincial por el Frente Cívico por Santiago. 

Desde el Mocase detallaron que los atacantes interrumpiendo una asamblea de alrededor de 100 integrantes, apuntaron con armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad (calibre 9mm) a mujeres, hombres, niños y ancianos: “Cubriendo sus manos con guantes de latex, traían en sus vehículos bombas molotov, bidones de querosén y nafta, una camioneta Volkswagen Amarok, patente AB 398 EK, y un automovil Fiat Cubo, patente LOP 750”. 

El hecho ocurrió a solo 100 metros de la Escuela Primaria de Blanca Pozo. 

“La comunidad resistió este nuevo atropello pero el clima de inseguridad y preocupación sigue ante posibles ataques (…). Exigimos investigación y desarme de Bandas Armadas y parapolicias que operan con impunidad”, finalizaron. 

Nuevas detenciones a militantes populares en la localidad de Campo Viera, Misiones 

Comunicado: 

14 de febrero. 

En horas de la madrugada, la policía irrumpió en la casa de la compañera Roxana Mencia, militante del MTR VOTAMOS LUCHAR, quien se encontraba con sus dos hijos de 12 y 13 años, que frente a la violencia que ejercía la policía hacia su madre, intentaron defenderla y la policía también los esposó y llevó detenidos. Si bien a los niños luego de unas horas lo soltaron, los tuvieron en un calabozo junto con otros adultos una situación completamente inadmisible qué vulnera absolutamente todos sus derechos. A la compañera la trasladaron hacia otra localidad en Oberá como una forma clara de seguir martirizándola en semejante situación. 

Está claro que no hay otro motivo para su encierro que estar organizada y luchar por los derechos del pueblo misionero, no es la primera vez que ocurre esta situación con compañeros de nuestra organización en particular donde hemos tenido detenidos también con formas completamente arbitrarias de detención.

Esto, a su vez, se enmarca en la disposición judicial que a nivel provincial impide los cortes de ruta por manifestaciones. Lo cual está llevando a situaciones de gran tensión frente a todos los planes de lucha por trabajo genuino, obra pública en los barrios, salud y educación. 

Esta respuesta represiva, ninguneando las justas demandas de las organizaciones, es impulsada directamente por el intendente Germán Burger, así como por el gobernador Herrera Ahuad, quienes representan los intereses más poderosos de la provincia. Tanto los colonos más enriquecidos, como de otros empresarios agrupados en Cámaras de comercio son quienes utilizan a la justicia y todo el aparato represivo a su antojo para que jueces y fiscales ataquen a nuestras organizaciones. 

No vamos a permitir que la compañera siga detenida un solo día más, por eso convocamos a las organizaciones solidarias y el pueblo en general cansado de tantas injusticias en Misiones a movilizarse en la localidad de Oberá, Campo Viera, donde sigue la causa sumario de la compañera.  

LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR  

Agricultora familiar: “Hay que trabajar en cooperativas de productores que permitan agregar valor a lo que se hace”

Por Enrique de la Calle 

Diálogo con Cecilia Mayorga, productora de Mendoza del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos tierra 

Usted es parte de la agricultura familiar. ¿En qué se diferencia ese tipo de producción de la comercial? 

CM: La agricultura familiar tiene un enfoque de producción sana, que busca darle de comer al pueblo, con productos generados por el propio pueblo. El otro sistema sería todo lo contrario y está especialmente abocado al agronegocio, tener una cantidad grande de tierras para un uso comercial donde se quiere unas tierras “limpias” sin campesinos, donde han ocurrido un montón de situaciones de desalojos para poder lograr ese objetivo. Y es una mirada más a la exportación, tanto de los productos como de las semillas. El agricultor familiar, por ejemplo, no usa semillas modificadas genéticamente, las multiplica y las mejora naturalmente. 

¿Cuántos agricultores familiares hay en Argentina? 

CM: Se estima que hay alrededor de 250.000 familias de agricultores familiares en Argentina sin tener en cuenta la producción en las ciudades. 

¿Usted propone esquemas de mercado más locales, donde productores y consumidores articulen directamente? 

CM: Muchos productos se encarecen a través de las cantidades de manos de los intermediados, que van cambiándole el precio, hasta que termina llegando al consumidor. Hay productos que viajan miles de kilómetros y esto hace que suba el precio, inclusive llegando a un 1000% de lo que sale en la chacra. La alternativa que tiene la agricultura familiar es poder tener los mercados más locales, que sea una venta lo más directa posible, a través de campesinos, organizaciones como la UTT (Unión de los Trabajadores de la Tierra). Se busca evitar a los intermediarios. Esto hace que el producto pueda valer menos. 

También se considera agricultura familiar a los pueblos originarios, a sus prácticas. También el trabajo en el bosque con los temas de la miel, los pescadores artesanales, campesinos, chacareros y pequeños crianceros, que tienen pequeñas cantidades de cabeza de ganado o cabras u ovejas. 

Ustedes participan de una mesa agroalimentaria donde se debate sobre soberanía alimentaria en el país. ¿Qué proponen? 

CM: Una de las propuestas es poder trabajar con las cooperativas de productores y poder agregarle valor dentro de lo regional. El tema de hacer mermeladas, dulce, queso, miel, etc. Poder comercializarlo dentro del pueblo para que también al consumidor le llegue un producto de la zona y a muy buen precio. 

También proponemos una transición hacia la agroecología para poder sacarnos de encima el uso masivo de agroquímicos y poder volver a recuperar el arte de recuperar semillas, poder hacer la agricultura sana como se hacía antes. Que no es retroceso, ¿si antes se hacía por qué no se hace hoy? Poder llevar un producto sano a la mesa y que sea valorado en ese sentido. 

¿Cuáles son sus críticas al «agronegocio»? 

CM: Fundamentalmente la concentración de la tierra. Además, en la agroindustria, el mercado está en manos de corporaciones que imponen su tecnología y condicionan a la agricultura familiar. La concentración desde el poder monopólico hace que los precios de las semillas suban. Además, condicionan las políticas estatales, por ejemplo, las políticas de asistencia alimentarias, como la asignación o la tarjeta alimentaria, que siempre están beneficiando al que más tiene, porque terminan comprando en los grandes negocios que son los que están habilitados para recibir esas tarjetas. Siempre se terminan favoreciendo a esos tipos de mercados. 

Proponen crear una Empresa Nacional de Alimentos para combatir la inflación  

Ante el anuncio del índice inflacionario del mes de enero, el referente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, señaló la necesidad de crear una Empresa Nacional de Alimentos (ENA), que permita combatir los abusivos aumentos de precios que sufren las familias argentinas y en especial los sectores más vulnerables.  

“Una Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”, explicó Rafael Klejzer.  

“De esta forma, será posible generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social”, sostuvo. 

“Normalmente el aumento de precios de los alimentos está por encima de la media inflacionaria, eso quiere decir que hay un ensañamiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía”, afirmó el dirigente social. 

“Revertir esta situación es también parte de la construcción de soberanía: el acceso democrático y federal a los alimentos de calidad y a precio justo”, concluyó Klejzer.  

Denuncian que Larreta recorta los subsidios habitacionales 

El jueves 3 a las 11:00 Consejerías de Vivienda, el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) Rebelde, el Polo Obrero, el Cuba MTR, 17 de Noviembre, MBT, MTR Votamos Luchar y el Movimiento Argentina Rebelde (M.A.R.) movilizaron a la sede del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Cuidad de Buenos Aires para reclamar ante el cierre de las negociaciones por parte del organismo a cargo de María Migliore, que venían sosteniendo por reclamos habitacionales. Exigieron, además, una reunión con Sergio Constantino, Secretario de Inclusión Social y Atención Inmediata, de quien depende el programa de atención a familias y personas en situación de calle. 

“La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país, es crítica. Casi 400.000 personas habitan en villas o asentamientos sin urbanizar, el 40% de la población porteña es inquilina y debe pagar alquileres que aumentan sistemáticamente producto de la especulación inmobiliaria y el encarecimiento del suelo. Miles de familias se encuentran en la informalidad y deben habitar en hoteles y pensiones por no acceder a los requisitos que un alquiler conlleva, corriendo el riesgo constante de quedar en la calle”, expresaron las organizaciones en un comunicado. 

Y denunciaron, ante esta situación: “no se lleva adelante una urbanización real de las villas, no hay planes de vivienda ni créditos para acceder a las mismas y la asistencia para gente en situación de calle o que está cerca de esa situación es escasa o nula”. Además, sostienen que “el presupuesto destinado a programas de vivienda para el 2022 (‘Asistencia socio habitacional’, ‘Asistencia a familias alta vulnerabilidad social’, ‘Asistencia integral a los sin techo’ y ‘Asistencia inmediata ante la emergencia social’) plantea, en todos los casos, una reducción de la cantidad de gente a ser atendida por los mismos, cuando la situación desde el año pasado se ha ido agravando producto de la crisis social y económica que estamos atravesando”. 

Reclamaron, además, ante la insuficiencia y condiciones para acceder al subsidio habitacional, que va de los 8.000 a los 13.000 pesos, dependiendo del grupo familiar: “este programa no alcanza para pagar un alquiler en ningún lado, sumado a que los requisitos que se exigen para acceder al mismo son restrictivos y difíciles de cumplir para quienes se encuentran alquilando en la informalidad, ya sea en hoteles familiares o villas, además de que se exige que quien lo perciba ya se encuentre en situación de calle, siendo este precepto inconstitucional”, puntualizaron. 

Volvieron a exigir que “se garanticen los subsidios de emergencia, la atención en especial para mujeres y disidencias víctimas de violencia de género, que no se le niegue más un techo a las infancias y el aumento del monto a un mínimo de $25.000 (más un plus de $5.000 por integrante del grupo familiar), en el camino al acceso a la vivienda definitiva para las personas que alquilan en la Ciudad”. 

Finalmente, destacaron: “a través de la lucha y la organización de quienes nos encontramos en esta situación, se ha conseguido que se agilicen los trámites para acceder más fácilmente al subsidio y que se garantice un ingreso de emergencia para quienes estén a punto de ser desalojados. Pero el gobierno de Larreta viene recortando los recursos y busca terminar con esta conquista parcial, que aleja un poco, para miles de familias y personas trabajadoras, el riesgo de quedar en la calle. De todos modos, alertamos que ningún organismo del Estado actúa frente a la cada vez más común negativa de alquilar a familias con niños y niñas”, informaron. 

Mientras tanto, afirmaron: “se prioriza el negocio inmobiliario y la venta de tierras públicas y hay cada vez más casas vacías y más personas en situación de calle. Los y las trabajadoras estamos constantemente al borde del desalojo, expulsados por las políticas de distritos económicos que favorecen la quita de impuestos a grandes empresas”. Y anunciaron que de no obtener respuestas hoy, continuarán con un plan de lucha. 

Familias desalojadas de Guernica  

En un comunicado conjunto difundido el jueves 3 de marzo, la Asamblea Permanente de Guernica, Vecines y Familias de la recuperación de Guernica, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), el MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie/Libres del Sur y el Polo Obrero, anunciaron: «decidimos movilizar el día jueves 3 de Marzo a las 9:00 en Avenida Hipólito Yrigoyen (ruta 210) y Avenida Eva Perón (Avenida 29) para exigir a las autoridades municipales una reunión donde nos garanticen el cumplimiento de las actas que firmamos las familias que estuvimos en el proceso de recuperación de tierras, la adjudicación de los lotes con sus respectivas viviendas. Nuestras familias han sufrido constantes agravios y quedamos de rehenes de las propias internas políticas de los gobiernos provincial y municipal, que no han hecho más que dilatar y peligrar constantemente nuestro derecho de acceso a la tierra y la vivienda«, remarcan. 

Asimismo, rememoraron cómo se fueron dando las negociaciones tras el desalojo de la toma de tierras el 29 de octubre de 2020: «hace unos días la intendenta Blanca Cantero se reunió con el equipo de trabajo de la recientemente creada ‘Unidad de tierras’ de la provincia de Buenos Aires, ubicada en la ciudad de la Plata, dónde se presentó cómo será el plan urbanístico que lanzó el gobernador Axel Kicillof en el mes de agosto del año 2021 en el mismo predio donde cientos de familias habíamos sido desalojadas. En el mes de diciembre el gobernador de la provincia junto a la intendenta del municipio firmaron la escrituración de las tierras antes mencionadas, la cual se reguló bajo la aplicación de la ley 14.449 de acceso justo al Hábitat, la misma que los vecinos y organizaciones reclamábamos durante el proceso de recuperación llevada adelante a partir del 20 de julio del 2020». 

Asimismo, agregan: «a pesar de las innumerables reuniones y mesas de trabajo que hemos tenido con funcionarios de Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia para pensar la solución de esta problemática, y de haber firmado actas de Pre-adjudicación y compromiso de entrega de lote más servicios en las cuales explícitamente mencionaba en una de las cláusulas 180 días para dicha entrega (plazos vencidos hace más de 9 meses), expresamos nuestra preocupación de que en realidad no hay aseguro de que el municipio garantice el acceso a esas tierras a los vecinos que nos venimos organizando por tierra para vivir durante el proceso y luego del brutal desenlace del 29 de octubre del 2020. 

«A principios de febrero los funcionarios antes mencionados participaron de una reunión en la ciudad de La Plata dónde se evaluó el plan urbanístico, que, además de no recibir contacto alguno, ni información al respecto nos encontramos que en los medios locales la intendenta recalcó en todo momento que ‘Las viviendas serán solo para aquellos que necesitan realmente’, invisibilizando que ninguna familia ha solucionado su situación habitacional a la fecha, muchas nos seguimos organizando y luchando por un lugar donde vivir. Y nos preguntamos ¿bajo qué criterio Blanca Cantero va a considerar la “real necesidad” de la que habla? ¿Quizás bajo alguna afiliación a su partido o agrupación local?», se preguntan. 

Córdoba. Tres días de paro de los trabajadores de la Cooperativa Horizonte 

Desde el martes 22 de febrero hasta el 24 los trabajadores de la Cooperativa Horizonte de Córdoba estuvieron de paro para exigir aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.  

Los trabajadores denuncian que no tienen aportes jubilatorios, ni obra social, ni vacaciones o aguinaldo. Trabajan 9 horas diarias construyendo cientos de viviendas y su salario es menor al del Convenio de la UOCRA. Trabajan sin medidas de seguridad, los baños y comedores son un desastre. 

Además denuncian que son sometidos a un fraude laboral ya que todas las quincenas se les descuenta 18.000 pesos para pagar la vivienda de cada trabajador, percibiendo de bolsillo solamente entre 10.000 y 15.000 pesos. Pero nadie llega a tener su casa y la Cooperativa se queda con gran parte de los aportes. 

«El sueño de la casa propia» como es el eslógan publicitario de la Cooperativa, se basa en la explotación de cientos de trabajadores en muy malas condiciones. Horizonte se niega a recibir a los representantes de los trabajadores y dar respuesta a sus reclamos. Ellos se mantienen frente a los obrajes en distintos puntos de la ciudad esperando que sus reclamos sean atendidos. Mientras tanto continuarán con la medida de paro y en horas del mediodía, decidieron cortar la autopista que conecta la ciudad capital con Alta Gracia, como modo de profundizar la protesta y exigencia.

Curso de Administración general del Medio Ambiente en Madygraf 

La fábrica recuperada Madygraf, vuelve a poner en pie una nueva iniciativa amigable con el medio ambiente, esta vez con un curso formativo que se dictará en las instalaciones del predio ubicado en Garin: Administración General del Medio Ambiente. El curso es gratuito y abierto a todo público, con entrega de certificado oficial emitido por el Centro de Formación Profesional 402 de la misma ciudad. 

El curso de Administración General del Medio Ambiente inicia el 1° de marzo y finaliza el 1° de julio. La modalidad es semi presencial, con dos clases semanales. La preinscripción se puede realizar a través de las redes de Madygraf. 

Este curso es parte de la iniciativa de formación que la cooperativa puso en pie desde el año 2017, con los cursos de Electricidad domiciliaria, Electricidad industrial, y Seguridad e higiene, brindado espacio en la fábrica para diferentes especializaciones con salida laboral. 

Fuentes: IPS, La Izquierda Diario, Prensa FOL, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Revista Cítrica, APU, Radio La Bulla.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.