El recrudecimiento de la crisis económica internacional sigue afectando al empleo y salario en Argentina. Sin embargo la mayoría de las cúpulas sindicales -no toda- no está a la altura de la situación. Refiriéndose al panorama de la industria metalúrgica, el titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, Juan Grundy, informó que es mucho peor […]
El recrudecimiento de la crisis económica internacional sigue afectando al empleo y salario en Argentina. Sin embargo la mayoría de las cúpulas sindicales -no toda- no está a la altura de la situación.
Refiriéndose al panorama de la industria metalúrgica, el titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, Juan Grundy, informó que es mucho peor de lo que pinta la estadística oficial. Puntualizó que «alrededor de 600 empresas del sector han practicado recortes por fuera del procedimiento preventivo de crisis». Cuando este directivo habla de «recortes» está aludiendo a despidos, suspensiones y recortes de horas de trabajo.
Oportunamente se señaló en esta columna que los números verdaderos eran más crudos de lo que admitía el gobierno. El ministro de Trabajo de Buenos Aires quiso quitar dramatismo a la situación, comparando las 100 empresas que habían tramitado el procedimiento de crisis con el número de miles de establecimientos de esa provincia.
Quiere decir que esos números que manejan los ministerios de Trabajo de las provincias y la cartera de Carlos Tomada son relativos. Por fuera de los mismos discurren muchos dramas laborales.
Tomada, en una intervención ante el mundo empresario y gerentes de Recursos Humanos, en la Cuarta Cumbre de Relaciones Laborales, admitió que se había producido «un leve crecimiento de los despidos». Se adjudicó el mérito de que el 50 por ciento de las compañías que habían adoptado medidas contra el empleo las hubiera cambiado por suspensiones, adelanto de vacaciones, etc.
Ese discurso ministerial fue el 26 de marzo pasado y a su lado estaba y disertó Hugo Moyano, secretario general de la CGT. El dirigente camionero dijo que «vamos a salir de esta contingencia trabajando con los sectores empresarios, que es lo que el pueblo y los trabajadores quieren». Debió decir «que es lo que la CGT quiere», que no es lo mismo.
Coherente con esa actitud de apaciguamiento social y de colaboración con el gobierno y los empresarios, Moyano no promueve paros de los sindicatos adheridos y menos aún de carácter provincial o nacional. Mantiene, eso sí, su aval a algunas movidas del gremio de camioneros. Pero nada más. La última vez que se lo vio en alguna movilización fue en abril de 2007, cuando la CGT se sumó a la iniciativa de la CTA de hacer un paro ante el asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Después de mandó a guardar, como dicen los muchachos. Rompió su silencio para condenar el intento de democratización de los obreros de Metrovías, que quieren formar otro sindicato y sufrieron la agresión de las patotas enviadas por Roberto Fernández, de UTA. Moyano y Tomada hicieron frente común con Fernández.
El camionero podrá decir que está ocupado organizando el acto central por el 1 de Mayo. Pero éste tendrá poco de contenido anticrisis y mucho de posicionamiento para presionar por mejores lugares en las boletas del kirchnerismo.
La complicidad
El presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, cercano al grupo Techint, había expresado la necesidad de patear para setiembre las paritarias y dicho que de mejoras salariales era mejor no hablar. Su discurso, unificado entre los empresarios, era que en tiempo de crisis no se pueden dar aumentos y lo mejor es conservar el empleo.
Quien encabeza la Unión Industrial de Córdoba, Oscar Guardinelli, del grupo Arcor, insistió en que recién en setiembre podría «sentarse a discutir paritarias definitivas». Para ir tirando, el representante del monopolio de la alimentación propuso un «ingreso enlace» para el primer semestre, que podría ser «remunerativo o no remunerativo». Pero al no haber paritarias, muchos trabajadores quedarán sin esa eventual suma; algunas empresas pagarán y otras no, según el criterio expuesto por Lascurain.
Siendo Moyano el capo en Azopardo 802, Camioneros era el «caso testigo» para los aumentos salariales y las paritarias. Si firmaba por un 19,5 por ciento, ese era el techo para el resto del movimiento obrero. Ese gremio no ha concretado la negociación paritaria de 2009, por lo que se ha plegado, al menos hasta ahora, al freno del gobierno y la UIA. Esto es así aunque el asesor de Moyano, doctor Héctor Recalde, lo negara y asegurara que tal postergación era una maniobra de prensa inventada no se sabe por quién.
Como la crisis siguió deparando despidos incluso en sectores que estaban lejos de pasarla mal, caso bancos, algunos gremios debieron salir de su letargo. La Asociación Bancaria ha comenzado un plan de acción que contempla asambleas y no paros, pero ha advertido que de no haber soluciones puede haber medidas de fuerza. Juan J. Zanola está despabilándose luego que la «Patria Financiera» lo tomara para la chacota. Los bancos habían ganado mucho dinero en 2008 y negaron el 25 por ciento de aumento pedido. Infobae del 18/2 de este año informaba: «según la última información suministrada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante 2008, las entidades ganaron en conjunto $4.730 millones».
Otros dos gremios cegetistas, UOCRA y UOM, fueron cómplices de Techint-Siderar. Unos 2.200 trabajadores fueron suspendidos con un recorte salarial del 22 por ciento y tal acta fue firmada por Trabajo, Gerardo Martínez y Antonio Caló. Si el gobierno y ese par de tíos convalidan el accionar del mayor grupo empresarial, ¿con qué autoridad van a impedir los despidos y suspensiones de otras empresas? Techint facturó por 18.000 millones de dólares en 2007 sólo entre sus empresas sidero-metalúrgicas, sin contar Tecpetrol (petróleo), Tesur (servicios), telefonía y concesiones viales.
Tibieza de la CTA
No se puede terminar la exposición crítica de la CGT sin incluir al SMATA (mecánicos), que conduce desde 36 años el cuestionado José Rodríguez. La seccional Córdoba, en manos de Omar Dragún, ha tenido una conducta pro-empresarial notable en esta crisis, secundando a los ejecutivos de Renault, Fiat, Iveco, Volkswagen y las autopartistas como Gestamp, todas de capital extranjero. La última perla de Dragún es la solicitada en La Voz del Interior de ayer, donde trata de defenderse de las justas críticas hechas por los suspendidos y echados de Iveco. Allí la Comisión Ejecutiva de la seccional se vanagloria de haber logrado garantizar «el trabajo de los compañeros efectivos de Iveco hasta finales de 2009 y permitió prorrogar una vez más, esta vez hasta junio, los pagos mensuales de los ex contratados, aún cuando en circunstancias normales y frente a la caida de la producción no correspondería dicha prórroga».
Se supone que los efectivos deberian gozar de estabilidad y no sólo hasta fines de año. Que los suspendidos, en vez de convertirse en despedidos en marzo lo sean en junio, no debería ser motivo de orgullo para un dirigente gremial. Menos aún debería argumentar, junto a los dueños de Iveco, que esa «prórroga» no correspondería, cuando las terminales tuvieron un año récord en 2008.
La solicitada critica a «un minúsculo grupo promovido por agitadores», con un lenguaje maccartista ya utilizado por Fernández (UTA) contra los afiliados sublevados de Metrovías.
Frente a esas políticas de sindicatos de la CGT -de la otra, de Luis Barrionuevo, baste decir que es mucho peor-, resalta como mejor la de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Esta central ha impulsado varias medidas de fuerza de sus gremios, particularmente de los docentes (Ctera) y los empleados públicos (ATE). En el comienzo de clases hubo paros en 13 provincias, que continúa con mucha firmeza en Río Negro.
Reflejando la preocupación de los trabajadores frente a cómo está golpeando la crisis y la insatisfacción frente a las medidas que adopta Cristina Fernández, el Congreso Nacional de la CTA dispuso una jornada de movilización y protesta para el 22 de abril.
Entre los 500 delegados reunidos en el Teatro Margarita Xirgu había varios que querían concretar un paro nacional, lo que no prosperó. Es que Hugo Yasky quiere dar más tiempo al gobierno y Víctor De Gennaro está más ocupado en su armado electoral de centroizquierda, mirado con simpatía por un aliado que se corrió bien a la derecha (Eduardo Buzzi).
En el espectro gremial se nota la ausencia de una corriente clasista que años atrás supo expresar Carlos «Perro» Santillán. La CCC sigue funcionando pero fue el aliado más sólido de la Mesa de Enlace sojera en sus diez lock out.
De los conflictos laborales actuales es posible que surjan nuevas figuras para ocupar la vacancia de izquierda en el espinel sindical.