El combo de evolución de precios y restricciones a los ingresos populares es contradictorio con los datos de evolución de la pobreza y la indigencia según los datos oficiales. Aún no existen datos fehacientes sobre crecimiento de precios para marzo, pero los pronósticos oscilan entre 2 y 2,5%, con un registro trimestral cercano al 50% […]
El combo de evolución de precios y restricciones a los ingresos populares es contradictorio con los datos de evolución de la pobreza y la indigencia según los datos oficiales.
Aún no existen datos fehacientes sobre crecimiento de precios para marzo, pero los pronósticos oscilan entre 2 y 2,5%, con un registro trimestral cercano al 50% de la proyección oficial para todo el 2018: un 15% incumplible.
El propio BCRA indica proyecciones para el año cercanas al 20% de inflación, contra una actualización de ingresos salariales que se pretende no superior el 15%.
Acaba de anunciarse un incremento del 40% en la tarifa de gas y nuevos ajustes en transporte, energía y combustibles, con un acumulado en dos años de gestión Macri que supera cualquier actualización de salarios, jubilaciones o subsidios a sectores desprotegidos.
Queda claro que se proponen eliminar subsidios a servicios y legitimar su mercantilización, en coincidencia con la expectativa de ganancias de propietarios extranjeros transnacionalizados.
Toda concepción de derecho sucumbe a mano de la mercantilización de los servicios públicos privatizados.
La proyección es de continuidad del incremento de tarifas, por lo menos durante el primer semestre del presente año, por lo que auguran una tendencia a la estabilización de precios y tarifas sobre el cierre del 2018.
Es algo que habrá que verificar, especialmente de cara a la conflictividad y las protestas emergentes de los aumentos en curso.
Resulta muy curioso que al mismo tiempo que escalan los precios, que como sabemos discrimina regresivamente a los más empobrecidos, el INDEC informa de una caída porcentual de la pobreza e indigencia por ingresos.
Ahora serían pobres el 25,7% de las personas que habitan la Argentina, y los pobres indigentes alcanzan al 4,7% según el INDEC.
En esta línea, la Canasta Básica Alimentaria que define la línea de indigencia alcanza los 6.665 pesos mensuales y el promedio de ingreso de éstos es de 4.061 pesos al mes.
La Canasta Básica total que explica la línea de pobreza es de 17.223 pesos mensuales y el ingreso promedio de las personas bajo esta situación es de 11.114 pesos al mes.
Algunos se interrogan sobre la evolución de los indicadores de pobreza e indigencia en el corto plazo, a la luz de la renovada suba de precios, no solo en servicios, sino también en alimentos, o lo que se denomina la inflación núcleo, es decir, aquella no asociada a los precios regulados.
¿Es sostenible un discurso de reducción de la pobreza e indigencia con la inflación actual o próxima?
Más allá de las discusiones relativas al método aplicado por el INDEC para el logro de estas mediciones, sobresale aún en esas cifras presentadas como positivas, el casi 40% de pobreza entre los menores de 14 años, lo que habilita otras discusiones sobre el presente y el futuro del país.
La especulación define la economía
El debate sobre la pobreza existe en un marco de consolidación de una política económica con privilegio a la especulación financiera.
Para prueba basta señalar la intervención del BCRA, que en el mes de marzo vendió más de 2.000 millones de dólares de las reservas internacionales para sostener el precio de un dólar en 20,50 pesos.
¿Vender reservas al mercado financiero es lo único que se puede hacer con recursos de las reservas internacionales? ¿Podrían tener el destino en inversiones productivas que se imaginan para los capitales externos?
Al mismo tiempo, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 27,25% para las LEBAC, con el argumento de frenar el alza de los precios.
Les preocupa la escalada del dólar y por eso se estimulan tasas en alza que alejan cualquier destino productivo del crédito y expansión de la actividad económica, que crece de manera sesgada.
En efecto, es notoria la expansión de la construcción, la actividad inmobiliaria y de las finanzas, a los que se suma el agro, el motor de la economía en palabras de Mauricio Macri.
Los datos no son determinantes para un crecimiento sostenido y por eso en el mensaje presidencial ante los parlamentarios en la inauguración del año legislativo se aludió a un crecimiento «invisible», el que se manifiesta en empleos de baja calidad y deficiente seguridad social asociada.
El país continúa siendo sostenido por el endeudamiento público, hipotecando el presente y el futuro, mientras la política económica depende del ingreso de capitales externos, precisamente cuando el Ministro de Energía explica que en la medida que crezca la confianza expatriará sus activos en el exterior.
Por eso, la esencia de la política gubernamental es el ajuste en los ingresos populares, controlando las negociaciones colectivas para limitar salarios de trabajadoras y trabajadores en paritarias, los que condicionan otros ingresos de contratados de manera irregular.
Inmensas ganancias por operaciones financieras y concesiones desde el origen a sectores hegemónicos de la producción y la exportación, contra ingresos deteriorados de una parte mayoritaria de la sociedad.
Eso sí, con indicadores que favorecen un discurso para la disputa del consenso político de la sociedad.
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