¡¡¡Criminales!!!

La información surge de un pedido de acceso a la información pública que hizo El Destape. El gobierno de Milei no compró alimentos desde que asumió, por lo que es evidente que esos 5 millones de kilos son remanentes de la gestión anterior y por ende llevan más de 6 meses en depósito, tiempo suficiente para que muchos estén vencidos o próximos a su fecha de vencimiento. Yerba, leche en polvo, aceite, harinas, todo sin entregar por un gobierno que deja que se pudran alimentos bajo el argumento de una supuesta corrupción que nunca demostró.

Los más de 5 millones de kilos de comida sin entregar se encuentran en los galpones del exministerio de Desarrollo Social. La información la brindó el propio gobierno ante un pedido de acceso a la información pública. Dado que desde que asumió el nuevo gobierno no realizaron ninguna compra de alimentos (así figura en la web oficial de compras del Estado) y que las organizaciones sociales y religiosas que sostienen miles de comedores y merenderos en todo el país denuncian que no les entregaron nada todo indica que es un remanente de comida que quedó del gobierno anterior. Y que, sin entregar, esa comida corre riesgo de vencimiento ya que lleva al menos 6 meses en los galpones.

Dejar que se pudran 5 millones de kilos de comida en galpones públicos en un país con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza destraba un nuevo nivel de crueldad de Estado.

El stock de alimentos sin entregar guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tucumán incluye:

Yerba Mate, 3.146.707 kilos
Leche en polvo, 1.173.815 kilos
Aceite, 479.261 botellas de 900 ml
Puré de tomate, 137.796 kilos
Garbanzos, 81.148 kilos
Harinas de trigo y maíz, 20.416 kilos
Locro, 15.010 kilos
Arroz con carne, 13.629 kilos

En los galpones también hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo. Según la respuesta oficial, ese era el stock de alimentos sin entregar al 30 de abril pasado. Y el reparto no se reanudó en mayo.

¿De dónde salen estos alimentos que el gobierno reconoce que no entregó? Según el portal Compr.ar, donde figuran todas las compras y licitaciones del Estado Nacional, el ministerio de Capital Humano no registra compras de alimentos. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que según el organigrama del gobierno reemplazó al Ministerio de Desarrollo Social, tampoco hizo ninguna compra de alimentos de acuerdo al portal de información pública. En esta gestión ese área sólo registra una licitación para el servicio de limpieza que fracasó.

El gobierno anterior dejó 5,8 millones de kilos en stock, que es el número habitual en un esquema donde todo el tiempo salen alimentos e ingresan nuevos, donde se compra y reparte en forma constante y se tiene esa cantidad para emergencias y con una rotación que evite que los alimentos se venzan. El gobierno de Milei no compró alimentos y tiene guardados más de 5 millones de kilos. Todo indica que estaban desde diciembre del año pasado, hace 6 meses. Hay productos que vencen antes de ese tiempo; hay otros que les queda poco.

Milei no escatima elogios hacia Pettovello, a quien destaca por descubrir “curros” en la entrega de medicamentos y alimentos. En el primer sobre los casos de pacientes oncológicos a los que les suspendieron los tratamientos, varios de los cuales fallecieron. Lo mismo con personas que dependían de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), otra dependencia que quedó bajo la órbita de Pettovello. En el segundo, sobre los alimentos, ahora el gobierno confirma que los tienen guardados. Mientras no los entregan hacen denuncias judiciales donde afirman que había “comedores fantasmas”. La causa le tocó al juez Ariel Lijo, que Milei propone para la Corte Suprema.

La persecución judicial se complementa con una campaña contra dirigentes sociales que sostienen hace años ese sistema de contención social al que acuden más de 10 millones de argentinos. Eduardo Belliboni y Juan Grabois, entre otros, son demonizados por el sistema de medios empresariales cuyos negocios tiene que garantizar Milei. La realidad es que el gobierno reconoce que tiene más de 5 millones de kilos de alimentos guardados. Y que los datos muestran que no compró un kilo de comida por las vías oficiales en 5 meses de gestión

La ministra Pettovello cortó la entrega de alimentos y se limitó a la firma de varios convenios. Publicó que firmaron uno con Cáritas Argentina por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos. Otro por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.

Desde el ministerio de Capital Humano informaron que transfirieron 6.772 millones de pesos a la OEI y 14.000 millones de pesos al PNUD. Detallaron que desde la OEI se comenzó una licitación para 1.600.000 botellas de aceite de girasol y la misma cantidad de paquetes de lentejas secas de 400 gramos, para el cual recibieron 16 ofertas, pero hasta el momento no concretaron la compra.

Pettovello firmó otros convenios, entre ellos uno con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) por 177 millones de pesos para, informaron, “la compra de módulos alimentarios con los cuales se asistirá a 36.150 personas en los 723 puntos de entrega de ACIERA”. Un direccionamiento que dejó afuera a otras organizaciones religiosas como los Curas en Opción por los Pobres. Y hay otro convenio con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN) que preside Abel Albino, que mientras dice trabajar contra la desnutrición infantil asegura que “el preservativo no funciona” y que el VIH puede “atravesar la porcelana”. De buena relación con Mauricio Macri, Albino afirma: “atiendo niños pobres, hago pobreza y nutrición. Es un hobby caro que tengo”. No tanto: el gobierno de Macri le dio más de 14 millones de pesos. No se informó cuanto les dio ahora Pettovello.

La Justicia y el robo a los comedores

El juez federal Sebastián Casanello ordenó al Gobierno el lunes que reparta de forma «inmediata» los alimentos que mantiene acopiados en depósitos del ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello.

Además exigió que se informe «el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería; 2- Los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; 3- Los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada».

El juez le ordena además al «Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas».

Recordemos que, entre los ataques a las organizaciones sociales pero también a los comedores donde asisten centenares de miles de personas, el gobierno decidió no repartir alimentos almacenados hace 3 meses en depósitos oficiales. Los principales están ubicados en Tucumán y en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Como denunciaron ex trabajadores de PepsiCo, en este último caso se trata de las instalaciones de la fábrica que cerró y despidió a cientos de obreros.

“No solo vamos a declarar, sino que iremos también a denunciar”

Este lunes se conoció la decisión del juez Sebastián Casanello de citar a indagatoria a 27 referentes de distintas organizaciones sociales.

Ante la citación, el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni realizó declaraciones donde dio una primera respuesta: “No solo vamos a declarar lo que quiere Casanello, y en todo caso el fiscal, sino que iremos también a denunciar, porque la Justicia no nos convoca por otro lado, por esos cinco millones de kilos de comida que la ministra Sandra Pettovello no distribuyó y que afecta a la gente”, dijo en la entrevista.

“La señora Pettovello se robó el derecho de sacarle la comida a la gente que la necesita. Vamos a ir a declarar lo que nos pregunten y a denunciar al ministro de Economía que redujo el ingreso de un plan social a la nada. La inflación hizo de los ingresos la nada misma”, agregó.
En relación a la campaña mediática denunció que “es para hacer humo en un lado cuando la economía se está derrumbando, cuando hay miles de puestos de trabajo que se pierden cotidianamente, cuando hay una rebelión popular en Misiones”.

“Acá hay una campaña, evidentemente, pero nosotros vamos a ir a la Justicia. No somos ningunos delincuentes, no tenemos nada que ocultar”.

Las indagatorias comenzarán el día 11 de junio y continuarán hasta el 25, día que fue convocado Belliboni.

En el Encuentro Nacional de organizaciones en lucha realizado el sábado en Plaza Congreso se hizo un fuerte rechazo a la campaña del gobierno y sus medios afines contra las organizaciones sociales.

Audiencia pública en Diputados en defensa de los comedores populares y las organizaciones sociales

En defensa de los comedores populares y en repudio al ataque y la persecución que sufren las organizaciones piqueteras, se realizó el viernes 24 en el Congreso Nacional una importante audiencia pública, donde participaron más de 200 activistas y referentes de organizaciones populares, de Derechos Humanos y de trabajadores ocupados y desocupados.

Junto a los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, Romina del Plá, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, que organizaron el encuentro, estuvieron los diputados de Unión por la Patria Juan Marino, Carolina Yutrovic, Andrea Freites y Sabrina Selva y referentes del Polo Obrero, UTEP, FOL, Frente de Lucha, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Plurinacional, Libres del Sur, de la Coordinadora por el Cambio Social, MST- Teresa Vive, MTR-12 de Abril; abogados y abogadas en defensa de los Derechos Humanos e integrantes de la Corriente Cachito Fukman, Carlos «Sueco» Lordkipanidse, Serpaj, Ceprodh y Apel. Referentes sindicales, de la CTA Autónoma, ATE Capital, CTERA, SUTNA, SIPREBA, FOETRA, SUBTE, AGD UBA, Ademys, la Unión Ferroviaria Oeste y otros sectores, también participaron del Encuentro.

Con decenas de intervenciones, denunciaron que detrás de ese ataque está el intento de encubrir el ajuste a los sectores populares, que se implementa en detalle desde la cartera de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello. “Pettovello no solamente dejó sin alimentos a los comedores populares, tiene una denuncia por abandono de persona por arrancarle la comida de la boca a miles de familias, dejó a enfermos de cáncer sin medicación y cerró decenas de programas sociales”, denunció Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. En el mismo sentido se manifestó Nicolás Caropressi, del MTE (UTEP).

Como señaló la diputada Romina Del Plá (PO/FITU) la audiencia fue “un respaldo a los compañeros y compañeras que vienen organizando los barrios y que hoy están sufriendo un enorme ataque por parte del gobierno nacional que, con Patricia Bullrich a la cabeza, impulsa causas para criminalizar al movimiento piquetero que estuvo en las calles desde el 20 de diciembre y que sigue reclamando la devolución urgente de los alimentos. que hoy el gobierno reconoce que se están pudriendo en los galpones del ministerio de Desarrollo Social”.

En ese sentido, la diputada Myriam Bregman (PTS/FITU) agregó también que «la comida venciéndose en la ex multinacional Pepsico, es la muestra clara del crimen social que está cometiendo este gobierno: “eligieron que la comida se pudra para lanzar una campaña contra las organizaciones sociales”, dijo.

Como expresó Bregman, la decisión de atacar a las organizaciones tiene su contracara en la campaña que impulsa el gobierno nacional “para instalar que los comedores no funcionan, que no hay necesidad de comida en nuestro país, que es todo un gran negocio”. También destacó que esa campaña “tiene su pata en la justicia, con causas penales e investigaciones que intentan desarrollar para criminalizar a las organizaciones y referentes que nos movilizamos”. “No son cosas distintas”, aseguró Bregman, y destacó que “es una política deliberada para cumplir con los mandatos y el programa del FMI. Si unimos todo esto, se entiende el ataque y la persecución que llevan adelante”.

“El hambre no espera”, dijo a su turno el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que junto a las diputadas Carolina Yutrovic, Andrea Freites y Sabrina Selva denunció «la feroz persecución judicial que lleva adelante el gobierno contra el movimiento piquetero y las organizaciones sociales, con allanamientos ilegales y una operación mediática basada en justificar su política criminal: la no entrega de alimentos». «Se trata de estigmatizar a los sectores más vulnerables, que son los que garantizan un plato de comida a miles de familias y están abandonados por el Estado», dijeron.

También en ese sentido se expresó el diputado Christian Castillo, que enfatizó: “Cuando tenemos una pérdida generalizada de puestos de trabajo, cuando la recesión golpea cada vez más, cuando los salarios siguen por el piso y las jubilaciones no alcanzan, sabemos que solo con la lucha en las calles, con la lucha de clases, vamos a poder torcer esto”.

Castillo también destacó que la función de este ataque “es doble”: en primer lugar, instalar un instrumento más para intentar disciplinar a quienes reclaman por comida para los comedores y luchan por sus propios reclamos. A la vez, como parte de un dispositivo general que busca disciplinar a todos los que salen a pelear, como ya viene mostrando el Protocolo contra las movilizaciones, de la ministra Patricia Bullrich, los proyectos de ley que se tratan en Diputados para establecer penas más duras contra la protesta social y las distintas medidas represivas que vienen buscando instalar desde el Gobierno Nacional. También como un intento de desviar la atención de las luchas que protagonizan distintos sectores contra las políticas del gobierno de Javier Milei, atacando a las organizaciones sociales para convertir a las víctimas de estas políticas, en victimarios.

“Milei es hambre”

Bajo esa consigna, el jueves 23 de mayo miles de comedores salieron a las calles de todo el país para denunciar que continúan sin recibir alimentos por parte del gobierno nacional. En la Ciudad de Buenos Aires la concentración fue a partir de las 10:00 en el Obelisco.

“En un contexto de pobreza e indigencia crecientes, de reducción de ingresos y en particular de las jubilaciones, de despidos no solo en el sector público sino también por parte del sector privado, los espacios comunitarios se hacen más necesarios que nunca. Las respuestas del gobierno son: la represión a la protesta, la intimidación y las amenazas de quitar otras ayudas sociales, la difamación pública y la criminalización de las organizaciones populares. Ante esta realidad, el pueblo se organiza y sale a las calles una vez más”, expresan desde Territorios en Lucha, espacio integrado por FeNaT-CTAA, Libres del Sur, Movimiento Argentina Rebelde, Frente Popular Darío Santillán, Coordinadora por el Cambio Social (Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, FAR y Copa en Marabunta, Federación de Organizaciones de Base-Autónoma, OLP Resistir y Luchar, Movimiento Juana Azurduy, Arriba Lxs Que Luchan); MST Teresa Vive; FOL – MTD Aníbal Verón – MRP – FOB – MTR Por la Democracia Directa.

Campaña de desprestigio

Durante la semana anterior el gobierno de Javier Milei desplegó una terrible persecución contra los movimientos sociales. Uno de ellos, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) expresa su visión acerca del rol de los medios masivos en la campaña de desprestigio.

Compartimos el comunicado del FOL:  

Durante la última semana el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich desplegó una terrible persecución contra los movimientos sociales.

Los medios de comunicación masivos, fieles mercenarios del poder de turno se sumaron con una campaña de desprestigio y criminalización sin precedentes.
La embestida forma parte de un plan más amplio y sistemático de ajuste, empobrecimiento, saqueo y quita de derechos contra la clase trabajadora en su conjunto. La técnica de buscar un chivo expiatorio en los sectores más empobrecidos no es nueva, sino que por el contrario es la estrategia que históricamente han usado las clases dominantes para dividir al pueblo, mientras un puñado de personas amasan grandes fortunas en medio de una profunda crisis.

️Pero encontraron y encontrarán un pueblo que a pesar de los golpes se mantiene en pie. Los movimientos sociales somos quienes día a día luchamos contra el hambre; quienes sostenemos lazos de solidaridad en un mundo que es cada vez es más individualista; quienes luchamos por trabajo y nos la rebuscamos como podemos, somos las doñas que aunque no tengamos un peso partido al medio le metemos cuerpo y corazón a la olla; somos quienes acompañamos a nuestras compañeras que sufren violencia de género; somos la barrera de contención para que el narcotráfico no se lleve todos nuestros sueños.

Nos quieren con miedo y calladxs. Pero acá hay un grupo humano, que camina para adelante porque lo acompañan años de lucha y experiencia, que a la difamación la enfrenta con la frente en alto, porque no tenemos nada que ocultar; Tenemos bien en claro cuáles son las convicciones que nos mueven y que si nos persiguen quienes quieren ver a nuestro pueblo derrotado, es porque algo bien estaremos haciendo.

¡Organizarse no es delito!
¡Arriba lxs que luchan!
https://www.instagram.com/reel/C7MuT-gBnOb/?igsh=cmluOTdpYjJrZG8z

Eximen de prisión a las y los dirigentes perseguidos

El lunes 20, el juez Sebastián Casanello tuvo que ordenar la eximición de prisión para las y los 28 dirigentes sociales que figuran en la causa montada para perseguir y atacar a las organizaciones sociales.

Esto ocurrió luego de 27 allanamientos, en los que no hubo resultados. Como denunció la abogada Claudia Ferrero -integrante de Apel- el juez “otorgó la eximición de prisión a los militantes del Polo Obrero y el fiscal Pollicita no pudo manifestar ninguna oposición. Se cae el relato”.

Hay que recordar que este ataque judicial vino acompañado de una feroz campaña mediática. Las grandes empresas periodísticas afines al Gobierno montaron un show destinado a estigmatizar a las organizaciones sociales y a sus dirigentes. Todo en función de atacar el derecho a organizarse de los más humildes.

Ese ataque incluyó un conjunto de procedimientos represivos ilegales. Como allanamientos realizados sin testigos o de noche (algo que está prohibido). Como lo denunciaron las y los referentes de las organizaciones sociales, la agresión policial incluyó la destrucción de puertas en comedores y domicilios particulares.

La «fila del hambre» vuelve a salir a la calle mientras el Gobierno avanza con otra denuncia

Por Laura Vales

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular volverá a hacer la fila del hambre en el ministerio de Capital Humano. Le reclamará así a Sandra Pettovello que vea -y tome nota- de que sus comedores existen y les envíe alimentos. La protesta será este jueves 23, en un nuevo capítulo de la durísima confrontación que el gobierno de Milei mantiene con los movimientos sociales. Mientras las organizaciones preparan su salida a la calle, la ministra hizo saber que llevará a la Justicia nuevas denuncias sobre comedores fantasmas.

El gobierno de La Libertad Avanza está jugando a fondo para desarmar a los movimientos. No existen antecedentes de una ofensiva como esta. En los últimos 25 años hubo otros momentos de persecución de los gobiernos sobre las organizaciones territoriales -como con el expresidente Eduardo Duhalde-, pero la estrategia era otra, en el sentido de que quien estuviera en la Casa Rosada accedía a los pedidos de un sector, el que le resultara más manejable, y reprimía a los díscolos.

Con Milei, en cambio, la confrontación es contra todos y sin medir consecuencias. En los cuatro meses de su gobierno, agravó los niveles de pobreza recibidos de la gestión de Alberto Fernández, elevándola del 41 al 55 % de la población (confirmó ayer el Observatorio de la Deuda Social de la UCA) y en esa situación recortó un 45 % el gasto destinado a Comedores y Merenderos comunitarios (Cepa, «La ejecución presupuestaria del 1er trimestre de 2024«) .

La explicación de esta política fue dada por el autor de la Ley Omnibus, Federico Sturzenegger, en febrero pasado. En una conferencia virtual de la Universidad de Harvard, Sturzenegger planteó que existen “grupos de interés” que impiden el cambio y que el gobierno debía “empobrecerlos”, “drenarles los recursos” si quería cambiar el statu quo.

De hecho, eso es lo que viene haciendo. Cortaron a las organizaciones sociales todos sus recursos, desde los económicos (los alimentos, los fondos para emprendimientos y para urbanizar las villas), a los de representación (ningún ministerio recibe a ningún referente para gestiones o reclamos del conjunto, todo reclamo debe ser hecho de manera individual). También su principal recurso simbólico, la legitimidad de militar en los barrios -un término que alude genéricamente a los territorios y poblaciones excluidas y a las que no llega el Estado.

En las causas que abrió en la Justicia, el gobierno de Milei está acusando a los militantes no ya de tener una propuesta inconducente como, por ejemplo, desalentar la cultura del trabajo, sino de haberse convertido en los explotadores de los pobres: quedarse con su comida, armando comedores fantasma, o con su dinero, cobrándoles un porcentaje de los planes.

Las novedades en la causa

Eso es lo que se plantea en la causa de los 27 allanamientos, en la que el juez federal Sebastián Casanello admitió este lunes como querellante al ministerio de Pettovello. El juez, por otra parte, eximió de prisión a todos los imputados, aunque dispuso que no se acerquen a los comedores de sus organizaciones.

Quien lea con atención la acusación del fiscal Gerardo Pollicita encontrará que contiene un puñado de casos de conductas abusivas. Por ejemplo, una persona denunció que en el comedor donde trabajaba como contraprestación del Potenciar, su responsable la hacía cocinar chipá y rosquitas que luego vendía para quedarse, personalmente, con la ganancia. Otros casos son los responsables de comedores que cobraban un monto -en un caso de 200 pesos, en otro de 1.900- para pagar el flete de los alimentos, o el alquiler del local. 

Sin embargo, lo que importa de este expediente no son ese tipo de acciones individuales, sino dos prácticas por las que el fiscal sostiene que hubo delito de coacción y extorsión. Ellas son tomar lista en las manifestaciones y cobrar un aporte del 2% a quienes accedían a un plan social. Para la fiscalía, también es prueba de esos delitos que una de las organizaciones investigadas, el Polo Obrero, utilizara un sistema de puntajes por el que, según la participación en las marchas u otras actividades, las personas accedían primero a una lista de espera, si participaban más, a un Potenciar, y las que tenían más actividad dentro del movimiento sumaban un Nexo, un complemento del Potenciar. Por este motivo, la acusación incluye a referentes que no estaban a cargo del manejo diario de los comedores.

En varias de las organizaciones comenzaron a hablar del tema. En los movimientos no tienen una postura única: hay quienes están en contra de que se tome asistencia y quienes no. Ese es el caso de Juan Grabois, que lo ha planteado en su libro “Los peores”. “La asistencia a las movilizaciones era obligatoria tanto para quien recibía el plan como para quien pretendía recibirlo. Nosotros siempre estuvimos en contra de esa práctica, de que cualquier individuo pudiera quitarle a alguien el pan a los hijos de otro, pero en aquel contexto (se refiere a la crisis del 2001) tenían una justificación un tanto menos inmoral que en la actualidad”, dice en ese libro, publicado el año pasado. 

En cambio, en otras organizaciones lo consideran necesario, y plantean que son los propios vecinos, en cada barrio, los que hacen acuerdos de cómo repartir lo que consigan del Estado. «A nadie le gusta ir a una marcha un día de frío o de lluvia. Es lógico que se hagan estos acuerdos».

En cuanto a pagar un porcentaje del plan social, como aporte para la organización, hay mayor acuerdo, y la diferencia interna es si tiene carácter obligatorio o voluntario. 

El caso judicial es importante en la medida en que siente un antecedente. En estos días, Emilio Pérsico contó en una entrevista radial que hubo causas judiciales similares en Jujuy, en la que los imputados no fueron condenados, mientras que, en Moreno, una integrante del Movimiento Evita, muy humilde y madre a cargo de tres chicos, había abierto un comedor popular; por tener en su casa un listado en el que anotaba los aportes voluntarios de quienes iban a su comedor, está presa desde hace cuatro años.

Además de la investigación de los 27 allanamientos, existe una segunda causa judicial, en la que el ministerio de Pettovello denunció que la mitad de los comedores registrados en el Renacom no existían. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo. Durante el fin de semana, Capital Humano hizo saber a los medios que llevará al juzgado una ampliación de su demanda. 

Como hace ocho meses que los comedores de las organizaciones sociales no reciben alimentos del Estado nacional, es difícil saber qué significa la acusación. Todo indica que hay situaciones distintas: el comedor fantasma, el que tuvo que cerrar por falta de comida y el que está funcionando como puede, limitado a las donaciones que reúna y el apoyo eventual de los intendentes. 

Norma Morales, de Barrios de Pie, contó que el comedor de su cuadra, Arco Iris, en el barrio Danubio Azul de Dock Sud, fue denunciado como cerrado. «Desde diciembre que estamos pidiéndole a Pettovello que nos mande comida. Acá no vinieron a censarnos, sólo nos miraron por el Google Maps para decir que no existimos. No estamos cerrados, aunque pasamos a cocinar una vez por semana cuando antes abríamos tres. Nos ocurre lo mismo que en nuestras familias, donde la plata no nos alcanza para hacer más que una comida al día».

Los dirigentes refutan las acusaciones y denuncian

Los 27 allanamientos realizados el lunes 20 de mayo a domicilios particulares de dirigentes sociales, locales y comedores populares forman parte de la causa por «extorsión» que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado liderado por Sebastián Casanello. Comenzó el 20 de diciembre a instancias de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La carátula de la causa, sobre la que rige secreto de sumario y a la cual no pudieron acceder los abogados de la defensa, se fundamenta en las denuncias de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que habrían aportado pruebas sobre supuestas amenazas, como la de dar de baja los beneficios en caso de no participar de marchas o actividades de las organizaciones. La causa también investiga supuestos desvíos de dinero por alimentos para los comedores cuyos suministros se interrumpieron desde que en diciembre asumiera la nueva gestión al frente de la cartera de Capital Humano.

Por su parte, en forma colectiva las organizaciones sociales presentaron un recurso de amparo en la Justicia, que recayó en el mismo juzgado de Casanello. Es un amparo en el que exigen la restitución de los alimentos a los comedores y, además, denuncian penalmente a Sandra Pettovello por «abandono de persona». La ministra podría ser convocada a declarar en los próximos días.

«Los que obligan a la gente a ir a las marchas son los funcionarios del gobierno que no dan respuesta a las necesidades», respondió, María Isolda «Tango» Dotti, dirigente del Polo Obrero que sufrió un allanamiento en su hogar donde encontraron U$S 54.000 que le valieron una campaña persecutoria de parte de los medios adictos al gobierno. El dinero corresponde a la herencia de su padre, el profesor de filosofía de la UBA Jorge Dotti, velado con honores en la Biblioteca Nacional en 2018.

Jeremías Cantero, otro de los dirigentes que sufrió los allanamientos ilegales, dijo: «El 20 de diciembre por los altavoces de los trenes decían ‘el que marcha no cobra’. La persona que tiene un beneficio social no es sujeto de derecho. Ellos son los extorsionadores que deciden quién puede marchar y quién no».

El decreto 198/24, de febrero de este año, creó el programa Volver al Trabajo en reemplazo de los Potenciar Trabajo. Capital Humano reglamentó el nuevo plan el 9 de abril con la resolución 83/24. Allí se establece que «el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio».

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, señaló que «la reglamentación es un escándalo. Debería ser materia de intervención de un fiscal porque es violatoria de todos los derechos constitucionales».

Además, Cantero afirmó que las acusaciones sobre amenazas de bajas, al igual que las supuestas confiscaciones de parte de sus ingresos, no tienen sustento. Las organizaciones no tienen potestad de dar altas o bajas en los programas, que es una atribución exclusiva del Estado. Las organizaciones son el vehículo para canalizar el reclamo y, a lo sumo, el instrumento para poner en pie las cooperativas mediante las cuales se desarrolla la contraprestación laboral que exige la normativa. Por otro lado, el cobro del beneficio es individual mediante una caja de ahorro a nombre del titular del programa. De allí que los aportes son voluntarios y buscan financiar los costos logísticos de la distribución de alimentos, alquileres y equipamiento de los comedores.

Charly Fernández, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), también fue allanado. Denunció que «hay un intento de desarticular la organización popular y liberar el territorio a los narcos. Les blanquean los fondos y a la vez desarticulan las organizaciones que son las únicas que les ponen un límite en los barrios alejando a los chicos de la delincuencia, llevándolos a la escuela y a actividades deportivas y culturales. Es una política funcional al narcotráfico que ya se empieza a notar en el conurbano. En San Martín ya hubo un caso donde los juguetes que repartíamos las organizaciones ahora, como el Estado cortó la asistencia, los reparten los narcos».

Gobierno + Comodoro Py

El presidente recurre a operaciones judiciales y show mediático para justificar el ajuste a los sectores más vulnerados. 

Cuando llegó a la presidencia y habló de espaldas al Congreso, Javier Milei dijo que su gobierno no perseguiría a nadie. Pero era mentira lo que dijo el libertario: desde diciembre su equipo está enfocado en instalar que el enemigo político de hoy son las/los pobres y laburantes organizados/as. Quienes salen a las calles a protestar porque hay hambre y desocupación, los movimientos sociales que hicieron tambalear los cimientos ante la crisis en 2001 y que se consolidaron desde entonces en base a lazos solidarios y de contención, que no se traducen únicamente en proporcionar alimento.

Algo en común con el macrismo es apelar a la palabra clave: corrupción. Así, a la usanza macrista, el gobierno recurre a los tribunales de Comodoro Py y le ofrece medios y portales que practican el odio de clase y tapan el escándalo de fondo: la suspensión de la entrega de alimentos para los comedores de organizaciones sociales, la interrupción de la provisión de medicación oncológica y para enfermedades graves para pacientes sin cobertura médica, el desfinanciamiento del programa de urbanización de barrios populares y el reemplazo del Potenciar Trabajo, que golpeó emprendimientos productivos.

No se conoce aún cuál es la política pública sobre derechos sociales de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se conoce la política represiva, del ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

La última semana arrancó con 27 allanamientos por la madrugada en comedores populares, sedes partidarias y de organizaciones y casas particulares. Algunos fueron violentos y delante de niños, denunciaron los movimientos. La denuncia la había hecho la cartera de Seguridad. Previo a la primera movilización del 20 de diciembre de 2023, había habilitado la línea 134 para recibir denuncias –que podían ser anónimas– por extorsiones para asistir a la manifestación. El expediente le tocó al fiscal Gerardo Pollicita. Seguridad informó 2.720 llamadas atendidas y denunció 924. La fiscalía identificó 45 hechos en la Ciudad de Buenos Aires y rastreó quiénes eran las personas que se habían comunicado aun sin dar nombre. Ubicó a siete testigos. Cinco habrían aportado pruebas (sic).

El juez Sebastián Casanello rechazó allanar y detener por ser prematuro. Pero la Sala I de la Cámara Federal –conocida como la Sala M (de Macri)– habilitó los operativos, no los arrestos. El fiscal imputó a 27 dirigentes del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha. Los acusa de amenazar con quitar el plan social a quien no se movilizara, o de pedir plata para entregar alimento a comedores que proporciona el Estado, o mandar gente a vender esa comida, u ofrecerles subsidios. Pidió la intervención del Departamento de Crimen Organizado (de la Policía Federal) concepto que el gobierno identifica con las mafias.

De la mano de estas denuncias de Bullrich se instala la idea de que los pobres y sus organizaciones son mafias que se aprovechan del Estado, y perjudican a otros pobres. En base a cinco testigos no se puede hablar de organización criminal. Para sumar alarma se subió al revuelo el fiscal Guillermo Marijuán, quien tiene una causa contra beneficiarios de planes y asignaciones de ANSES. “Hay miles de llamadas”, advirtió y las comparó con la causa de Pollicita.

En estos días se supo que el ministerio de Seguridad denunció también a sindicatos por llamados al 134 en relación a la movilización del 24 de enero convocada por la CGT. El encargado de estas presentaciones es el funcionario Fernando Soto, abogado del policía Luis Chocobar que mató por la espalda, y arquitecto de planes de reforma como la ampliación de la legítima defensa para agentes que maten o hieran y las que hacen no excarcelables delitos usados contra manifestantes (atentado y resistencia a la autoridad). Acusó a sindicatos de armar listas de marcar a quienes no adhieren a medidas de fuerza y marchas y amenazarlos con despidos, descuentos y otras cuestiones. La causa llegó al juez Ariel Lijo, candidato propuesto por el gobierno a integrar la Corte Suprema, y al fiscal Ramiro González. Aún no avanzó.

El broche de oro fue la denuncia que hizo Pettovello y que le tocó también a Lijo. Mientras avanza una causa penal en su contra, promovida por el dirigente Juan Grabois, y un amparo del que también participa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ambas por la suspensión de la entrega de alimento a comedores, la ministra denunció que la gestión anterior no los controló. Alegó que de un relevamiento realizado del 7 de febrero al 19 de abril sobre 2.394 de ellos, 52,3% se pudo relevar y 47,7% no.

El análisis se hizo sobre comedores “preinscriptos” en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios) solo de la provincia de Buenos Aires. La muestra es chica en relación con los más de 42.000 anotados. El registro se creó en julio de 2020 –gestión de Daniel Arroyo en Desarrollo Social– como instrumento de información para el Estado para conocer los espacios que brindan o pueden brindar asistencia alimentaria. No informa qué comedor recibió esa asistencia. La preinscripción se hace online, el registro es abierto y cualquiera puede anotarse, hasta poner datos truchos. La aprobación es posterior.

La llegada de alimentos a las organizaciones se realiza por mecanismos que existían antes del RENACOM: algunos bajo la cobertura del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con convenios renovados en forma anual; un grupo de organizaciones tenía convenios semestrales con Desarrollo; y había un programa de “Asistencia Crítica”, para proveer alimentos secos. Todos debían rendir cuentas. La información debe estar en expedientes que la auditoría de Pettovello no parece haber analizado. ¿Cómo deduce que hubo fraude a la administración pública? El fiscal González impulsó la investigación y apuntó a titulares de ciertas áreas.

“Este gobierno está decidido a ajustar en políticas alimentarias y de salud, y redestinar partidas. Con las denuncias que fueron presentando buscan ensayar una justificación. Con esto y los recortes apuestan a desmovilizar”, analiza Diego Morales, director de Litigio del CELS. “Quieren desarmar lo colectivo, promueven el individualismo. Pettovello, ante la protesta por alimentos salió a la puerta y dijo ‘los que tengan hambre vengan de a uno’”, ilustró Morales. Hubo 30 cuadras de fila.

“Sin desmerecer situaciones que ameritan investigar, las denuncias expresan al 0,3 por ciento del universo de un millón de beneficiarios de planes. No se puede generalizar como si se tratara de una estructura corrupta. Si se da una situación con alguien se lo separa de la organización. Es el gobierno el que aprieta: a los gobernadores, al INCAA, a las universidades. En nuestro caso usan la Justicia, crean una Gestapo social para imponer su plan económico y desarticular las organizaciones”, afirma Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

“Nosotros debatimos mucho estas prácticas”, suma Silvia Saravia (Barrios de Pie-Libres del Sur). Cuenta que a los comedores de la organización registrados (249 en el Conurbano y 833 en provincias) les cortaron todo el alimento. “Hacíamos rendición de todo”, aclara. Explica que tienen más comedores informales que se nutren de donaciones. Entre todos alimentan 1.780.000 personas.

Desde la llegada del gobierno de Milei, tanto Bullrich como Pettovello se erigieron en garantes del plan de ajuste con la función de demonizar a los movimientos sociales. “Desarticularlos” es una palabra que usó la ministra de seguridad. Las organizaciones, y en parte los sindicatos, son los que pueden llevar las protestas a las calles y jaquear a un gobierno.

El primer anuncio fue el Protocolo de Orden Público de Bullrich, que convierte el corte de calles en un delito en flagrancia, que rastrea a los organizadores para darles un castigo especial y procura identificar a las/los participantes. Ahora quiere convertirlo en ley, con amplias facultades para que los agentes repriman y arresten. Desde las primeras marchas, se escuchaba por los altoparlantes de las estaciones trenes: el que protesta pierde su plan social. “El que corta no cobra”, reforzó Pettovello. ¿Eso no es apriete? La advertencia se convirtió en resolución: la 84/2024 que dice que quien participa en entorpecer la circulación “será egresado del programa (Volver al Trabajo) en forma inmediata”.

Pedido de firmas solidarias: “Organizarse no es delito”

Manifiesto para adherirse:

Las organizaciones sociales, politicas, sindicales, de derechos humanos y personas que firmamos este comunicado repudiamos enérgicamente los allanamientos y la persecución política a les compañeres luchadores sociales del FOL, Polo Obrero, Barrios de Pie y FeNAT por parte de la justicia y las fuerzas represivas.
En la madrugada y mañana del lunes 14 de mayo se realizaron 27 allanamientos violentos y con uso desmedido de la fuerza en casas personales de militantes, comedores y locales de las organizaciones sociales, en un intento por acallar a quienes nos organizamos hace décadas para paliar el abandono estatal y la desocupación estructural provocada por el capitalismo como sistema, bajo todos los gobiernos. Criminalizando a quienes nos oponemos y confrontamos las políticas de ajuste, hambre, entrega y saqueo del gobierno nefasto de Javier Milei, que de la mano de la ministra Sandra Pettovello arrojan a les más vulnerables a una situación de miseria. 
Se nos persigue porque no nos callamos; porque exigimos trabajo digno, porque enfrentamos el ajuste a los comedores populares en un momento donde cada vez son más las personas que se acercan por un plato de comida, consecuencia directa de las políticas programadas de hambre y desempleo que están llevando a miles a la pobreza. Porque somos quienes frente al desguace de los programas sociales nos organizamos más fuerte para continuar exigiendo por nuestros derechos. 
Allí donde el Estado estuvo siempre ausente estamos nosotres organizándonos hace años, construyendo cooperativas de trabajo, redes de contención barriales y de apoyo mutuo, bachilleratos populares, espacios de género y de infancias. Es justamente eso lo que intentan desarticular: la solidaridad y la organización de les de abajo.
Por otro lado, en este contexto de pobreza, somos los movimientos sociales les que actuamos como espacio de contención en los barrios, de cara al lugar que quieren ocupar los narcos y dealers, donde aumentará el consumo problemático y la violencia que genera toda esa mafia.
Frente al avance represivo y persecutorio nos mantendremos alertas, luchando en las calles y profundizando la labor comunitaria. 

Abrir y firmar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4AcY4J7PJn5qsWoaeXmcT20YUKUWRVs9J4gu0RQPIUv4Wtw/viewform

El CELS y la UTEP presentan amparo

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un amparo colectivo y una medida cautelar ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 para que «el Ministerio de Capital Humano de la Nación que encabeza Sandra Pettovello garantice el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente». Además, exigen «que se cumplan las partidas presupuestarias asignadas y se ejecuten el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y bocas alimentarias». «Mientras la inflación y la pobreza aumentan, y el trabajo se vuelve más precario, las filas de familias para buscar un plato de comida cada vez son más largas. Sin embargo, desde que asumió el nuevo Gobierno los comedores y merenderos comunitarios no reciben alimentos de parte del Estado. El Estado Nacional tiene la obligación de garantizar de forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional», remarcan. 

Así lo anunciaron desde el portal oficial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): «desde diciembre los espacios comunitarios dejaron de recibir los productos. Con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular presentamos una cautelar para que el Ministerio de Capital Humano garantice de manera urgente el derecho a la alimentación. Mientras la inflación y la pobreza aumentan, y el trabajo se vuelve más precario, las filas de familias para buscar un plato de comida cada vez son más largas. Sin embargo, desde que asumió, el nuevo Gobierno los comedores y merenderos comunitarios no reciben alimentos de parte del Estado», denuncian.

«Desde diciembre de 2023 los Espacios Socio Comunitarios dejaron de recibir todo tipo de productos o dinero para afrontar la demanda de alimentos – agregan– Mientras tanto, la pobreza crece y afecta principalmente a mujeres, niños y adultos mayores.  Por esto, demandamos al ministerio de Capital Humano y solicitamos, con carácter urgente, la entrega de alimentos e insumos de forma inmediata para el sostenimiento de los comedores y merenderos comunitarios del ReNaCom. El Estado Nacional tiene la obligación de garantizar de forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional, en cumplimiento de las leyes 25.724 y 27.642″, culmina el comunicado.

Fuentes: El Destape, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil. Página 12, Resumen Latinoamericano, Anred

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.