Desde hace tiempo se viene señalando con gran preocupación la escalada represiva que se está viviendo en Córdoba, ciudad laboratorio en materia de seguridad, donde el Manhattan Institute hace de las suyas desde hace 15 años. El modelo securitario cordobés, impulsado por el narco-gobierno provincial, está en un punto de agudización altamente lesivo para la […]
Desde hace tiempo se viene señalando con gran preocupación la escalada represiva que se está viviendo en Córdoba, ciudad laboratorio en materia de seguridad, donde el Manhattan Institute hace de las suyas desde hace 15 años. El modelo securitario cordobés, impulsado por el narco-gobierno provincial, está en un punto de agudización altamente lesivo para la convivencia social. Es en este marco que el Estado Policial cordobés ha decidido, desde hace poco más de un año, no sólo profundizar la criminalización de la pobreza en general, sino sobre todo, afinar su práctica represiva sobre las organizaciones sociales y políticas. Se observa así un recrudecimiento, en el ya áspero trato que reciben cotidianamente los sectores organizados por parte del gobierno provincial y su policía. Las disidencias son entendidas aquí como ataques y no como parte de la vida democrática. A las prácticas que rigen en la provincia, debe sumársele los discursos presidenciales que demonizan a los sectores organizados y piden que se avance en la judicialización de las luchas sociales. El gobernador, ni lento ni perezoso, intentando mostrarse como candidato presidencial de la derecha más rancia del pejotismo y corriendo a Cristina por derecha, dijo en la prensa que «el que corte una calle, va a ir en cana».
A este complejo panorama, debe sumársele los intereses propios del aparato represivo mediterráneo, que luego del narco-escándalo que llevo a la destitución y detención de parte de la cúpula policial en la primavera del 2013, y la posterior huelga y saqueos del 3 y 4 de diciembre, se encuentra fuertemente deslegitimada frente a la población. Como una apostilla, se debe recordar que fueron en los saqueos de diciembre en esta ciudad, donde tomó visibilidad mediática esas prácticas llenas de racismo clasista que se conocen como «linchamientos», que durante algunos meses ocuparon un lugar importante en los diarios y noticieros televisivos. Cuando De la Sota fue preguntado por estos actos de violencia, no dudó en responder que era necesario que la policía cumpliera su tarea, «porque no puede ser que la gente tenga que hacer, lo que tendría que hacer la policía». Esos dichos, en la provincia con más policías por habitantes, con un historial de violencia y corrupción sin par, no fue sino un cheque en blanco para que la institución policial saliera a recuperar legitimidad a su modo, es decir: metiendo balas y palos, y desplegando aún más el Estado Policial omnipresente.
Los números generales de violencia policial son impactantes por donde se los mire. Como también lo son, la profundidad de sus prácticas securitarias. Vivir en Córdoba no es sencillo en esta situación para cualquiera que sea pobre o que esté organizado. Piquetes policiales en cada puente, cámaras de seguridad por doquier, un helicóptero que «patrulla» día y noche la ciudad, Código de Faltas que habilita 76.000 detenciones anuales, razzias en barriadas populares con corralitos de exhibición de detenidos sin razón (en los que se detienen casi 200 personas por mes), gatillo fácil y «ahorcados» en comisarías como noticia semanal de modo sistemático. En fin, Córdoba se ha convertido en una verdadera pesadilla, una distopía de ciencia ficción, pero real.
Esta distopía cotidiana fue recientemente puesta en números por un relevamiento realizado por el Colectivo de Investigación El Llano en Llamas [1], y los resultados son amargamente contundentes. En lo que refiere, solamente a criminalización de las luchas sociales, los números son más que elocuentes: 100 detenidos y 401 judicializados, en sólo 14 meses, algo así como 29 judicializados por mes en marco de luchas sociales [2]. Estos números dan cuenta de una forma de gubernamentalidad del poder y el capitalismo local (y no sólo), que involucra al poder ejecutivo y el aparato represivo policial, pero también al poder judicial, y todo con la cobertura de los medios masivos de comunicación. Hoy, el conjunto de los poderes locales se abroquelan fuertemente sobre los que se organizan y luchan, y los números no dejan lugar a dudas al respecto.
Hace unos meses atrás, andaba de visita por estas tierras un compañero porteño que supo resistir la última dictadura militar en el conurbano bonaerense. Luego de estar apenas 2 días, y mientras charlábamos sobre la situación, le mostrábamos imágenes y noticias de los hechos de las últimas semanas, soltó sin más: ¡esto no se puede creer!, en Capital esto no podría suceder. Luego nos dijo tranquilo que «a las dictaduras hay que enfrentarlas desde afuera, adentro sólo se puede resistir», y para fundamentar sus palabras nos relató anécdotas e historias de la resistencia que sostuvieron durante años a la dictadura militar, y el papel (fundamental, insistía él) que jugaron quienes estaban fuera. «Ustedes tienen que salir a decir lo que está pasando, afuera de Córdoba esto no se sabe», insistía. Siguiendo su consejo entonces, acá van estas líneas, a modo de carta urgente, de voz que busca encontrar eco que fortalezca la resistencia de quienes desde dentro, venimos aguantando la distopía del poder.
Notas:
[1] El llano en llamas, es un Colectivo de Investigación, integrado por docentes de grado y posgrado y estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, que tiene más de 11 años de recorrido académico, 9 libros publicados, numerosas tesis e investigaciones financiadas por los organismos académicos más prestigiosos. ver: http://www.llanocba.com.ar/
[2] Para ver el informe completo: http://www.llanocba.com.ar/
Sergio Job es integrante del Colectivo de Investigación «El Llano en llamas» y militante del Movimiento Lucha y Dignidad en el Encuentro de Organizaciones de Córdoba.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.