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Crisis tras crisis en la frontera

Fuentes: CounterPunch (Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández)

(Foto: U.S. Customs and Border Protection – Dominio público)

Ciudad Juárez tiene una larga historia de crisis: invasiones extranjeras, revoluciones, recesiones económicas vinculadas a Estados Unidos, constricciones fronterizas desde el 11 de septiembre y guerras de mafias transnacionales. Y todo ello sin olvidar la crisis perpetua de tener que poner comida sobre la mesa en una ciudad cara y de bajos salarios mientras tratas de mantenerte a salvo en un lugar en el que la violencia puede surgir en cualquier momento.

Desbordada por las luchas de la vida cotidiana, la ciudad mexicana de alrededor de 1,5 millones de residentes que bordea El Paso, Texas, está lidiando ahora con la pandemia COVID-19.

Paula Flores, residente y activista en Juárez desde hace mucho tiempo, conoce demasiado bien la dinámica. Como parte de la ola de migrantes rurales que gravitaron hacia una ciudad en período de rápido crecimiento en virtud del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte (TLCAN) en los últimos años del siglo XX, la familia de Flores se dispuso a ganarse la vida y construirse una casa.

Su hija, una obrera de 17 años, Sagrario, desapareció un mal día de 1998. Fue encontrada fechas después, asesinada. Sin embargo, la pandemia actual ha dejado ya su propio sello, único y feo, en la ciudad, dijo Flores en una entrevista.

Después del golpe de la COVID-19, Flores y su familia soportaron como pudieron el toque de queda municipal de 10 días y el límite de dos personas por vehículo, durante el cual la policía se ganó bien la fama de detener y “multar” a los infractores. Fueron testigos de cómo se contraía la economía, sufrieron largas filas en los supermercados y sintieron el aguijón del aumento del coste de vida.

“Toda la comida está cara”, dijo Flores. “Lo único que ha bajado es la gasolina. Pero como hay mucha gente que no tiene coche, ¿de qué sirve, entonces?”.

Mantener a los niños convenientemente ocupados desde que cerraron las escuelas públicas ha sido otra tarea urgente. Las clases online impartidas por las escuelas duran solo un tiempo y no llegan a muchas personas sin acceso inmediato a Internet, dijo Flores. “[El gobierno] no hace nada para asegurar que los niños tengan algo que hacer además del trabajo escolar”.

Flores insiste en que no ha conocido a nadie que haya contraído la COVID-19 y culpa a los cierres de negocios y las restricciones sociales causados ​​por la pandemia, al exacerbar la depresión emocional y generar desempleo, de estar “matando gente”.

Aumento de la violencia contra las mujeres

La página de noticias de Juárez Laverdadjuarez.com informó recientemente de que Juárez y el estado de Chihuahua ocupaban el primer lugar en México por el número de llamadas de emergencia relacionadas con la violencia contra las mujeres registradas desde enero hasta finales de abril de este año.

Citando estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, la publicación informó que había habido 753,3 llamadas por cada 100.000 mujeres en Chihuahua, una tasa muy superior al promedio nacional, que es de 136,2 llamadas por la misma cantidad de mujeres.

En otro informe, el Instituto de Mujeres de Chihuahua expuso que sus centros de servicio en todo el estado habían recibido 4.233 consultas y 575 llamadas de emergencia desde el 23 de marzo al 7 de junio. De las consultas, 924 eran casos nuevos, un aumento del 17% respecto al mismo período en 2019, según dicho Instituto.

“Habíamos estado temiendo que pasara algo así”, dijo la directora del Instituto Emma Saldaña. “Uno de los impactos del confinamiento para niñas, adolescentes y mujeres es que, cuanto más tiempo están expuestas a sus agresores, más aumenta la violencia…”

Según Flores, la crisis de la COVID-19 socava esfuerzos más amplios para reducir la violencia de género en la zona al enviar repentinamente el problema a un segundo plano. La cuestión encabezó el discurso nacional a principios de este año, ejemplificada en el movimiento de mujeres que surgió en México antes de la pandemia, que organizó protestas nacionales el 8 de marzo y una huelga al día siguiente.

Las activistas de Juárez estaban en las calles antes de los acontecimientos de marzo protestando por el asesinato en febrero de Isabel Cabanillas, una joven artista de Juárez y miembro de la organización feminista Hijas de su Maquiladora Madre. El asesinato de Cabanillas sigue sin resolverse.

La COVID-19 impidió que Flores y sus compañeras volvieran a pintar cruces rosadas en las calles de Juárez para llamar la atención sobre los feminicidios, que tantas vidas de mujeres de Juárez se han llevado a lo largo de varias décadas. El evento anual había servido como recordatorio de la falta de justicia.

Hay otras formas de violencia que han aumentado también con la pandemia. Hace una década, Juárez adquirió el apodo de “Ciudad Asesina” por la matanza diaria que siguió al conflicto entre los carteles de Juárez y Sinaloa por el control del tráfico de drogas. La intervención de la policía federal y el ejército mexicano, aparentemente para restablecer el orden, fue en realidad paralela a un aumento de los asesinatos y la violencia.

La llamada hiperviolencia coincidió con la “gran recesión”, cuando decenas de miles de trabajadores de las fábricas de Juárez perdieron sus empleos y un gran segmento de la población huyó de la ciudad.

De 2012 a 2016 la violencia disminuyó aunque no desapareció. La economía se recuperó, la gente regresó y los trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones de empleo.

La violencia comenzó de nuevo a aumentar en 2016-17, con los últimos asesinatos vinculados a una competencia posiblemente más caótica por el control de las drogas ilegales en la calle, especialmente la metanfetamina, que ahora libran varios grupos del submundo marginal en lugar de solo las dos organizaciones dominantes anteriores.

Las cifras oficiales citadas en la prensa local informaron de 703 homicidios desde enero hasta finales de mayo, una tasa comparable al período de hiperviolencia de hace una década. Pero los observadores señalaron que la cifra era realmente de 712, ya que las autoridades no incluyeron a nueve personas asesinadas por la policía. Las últimas cifras de asesinatos vuelven a colocar a Juárez como la ciudad número dos en el país a nivel de homicidios perpetrados, solo por detrás de Tijuana, otra ciudad fronteriza mexicana envuelta en la violencia ilegal por el mercado de la droga.

La impunidad criminal es la constante en todo tipo de asesinatos. El gobierno terminó metiendo a un hombre en la cárcel por el asesinato de Sagrario, pero Flores ha mantenido durante mucho tiempo que había más gente involucrada. Hace casi dos años se acercó al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en un foro de derechos humanos de Juárez y le entregó personalmente información sobre el caso de Sagrario. Flores dijo que nadie de la oficina de AMLO la ha contactado para hacer algún tipo de seguimiento.

Jerarquía entre las víctimas del virus

Mientras la violencia vuelve a las calles de Juárez, la COVID-19 afecta a la salud y al tejido social en Juárez, en su ciudad hermana de El Paso y en otras ciudades del sur de Nuevo México. A mediados de junio, El Paso alcanzó oficialmente las 100 muertes y casi 4.000 infectados. Juárez, con aproximadamente el doble de población que El Paso, informó de algo más de 1.800 infectados y 388 muertes, según un informe en El Diario de Juárez basado en las cifras del departamento de Salud del estado.

Debido al déficit de pruebas y a la forma inadecuada de rastrear las muertes, se considera ampliamente que en especial las cifras de Juárez son fruto de un recuento insuficiente.

La enfermedad ha afectado a muchas familias de Juárez, incluido el alcalde Armando Cabada, que dio positivo por la COVID-19. Una de las primeras narrativas mediáticas enmarcaba la pandemia como una catástrofe sanitaria que no hacía discriminaciones, pero pronto se hizo evidente que determinados segmentos de la población que ya estaban en riesgo en “tiempos normales”: los pobres, los presos, los ancianos empobrecidos, los trabajadores de bajos ingresos y los migrantes, eran más vulnerables a una enfermedad aún incurable.

En 2018 y 2019, Juárez atrajo a miles de personas de América Latina y otras partes del mundo que intentaban cruzar la frontera y buscar asilo político en Estados Unidos. Mientras esperaban a que se consideraran sus casos, muchos se vieron obligados a quedarse en Juárez por la política de Quédate en México de la administración Trump acordada con la administración de AMLO.

Los solicitantes de asilo se quedaron varados en Juárez, apiñados en hoteles, apartamentos y refugios para migrantes privados o administrados por el gobierno. En mayo, El Diario informó que dos trabajadores y 12 refugiados centro-sudamericanos habían contraído el virus de la COVID-19 en el refugio del Centro de Integración de Migrantes Leona Vicario, gestionado por el gobierno federal mexicano. En diciembre pasado, la instalación sufrió un brote de varicela que, según los informes, infectó a 180 personas y obligó a semanas de cuarentena. El centro fue construido para albergar en grandes habitaciones estilo dormitorio a los solicitantes de asilo deportados de Estados Unidos.

Inaugurado en el verano de 2019, el nuevo centro fue inicialmente considerado por los funcionarios federales mexicanos como un centro de reclutamiento laboral para las plantas de ensamblaje de maquiladoras y las industrias agrícolas del norte de México, que, según el gobierno federal, tenían 50.000 puestos vacantes.

“Estamos colaborando con los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez y esperamos que muchos migrantes colaboren en la economía de las ciudades fronterizas”, declaró en un comunicado de prensa Horacio Duarte, subsecretario federal de Empleo y Productividad Laboral.

A principios de abril, una delegación del Congreso de Nuevo México envió una carta muy preocupada al director interino de la agencia estadounidense Immigration and Customs Enforcement agency (ICE) [Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.] después de que al menos un empleado y un detenido en su Centro de Procesamiento del Condado de Otero (OCPC, por sus siglas en inglés), en el sur de Nuevo México, cayeran enfermos de COVID-19. La empresa con fines de lucro Management and Training Corporation, con sede en Utah, es quien se encarga de la gestión para ICE y de detener a los migrantes y solicitantes de asilo.

En su carta, los representantes elegidos solicitaron información detallada sobre cómo la agencia federal se había preparado para proteger las instalaciones del centro contra la pandemia.

Antes de la pandemia, un informe de 2018 sobre el OCPC escrito para el Comité de Solidaridad con Migrantes Detenidos y para Freedom for Immigrants documentó más de 200 denuncias de condiciones de vida no saludables, abuso y explotación, aislamiento social y angustia mental, así como de barreras a la justicia y al acceso legal.

El obispo de El Paso, Mark Seitz, y las organizaciones locales de defensa de inmigrantes exigieron que ICE liberara a los internos en OCPC y sus otras cárceles para evitar un desastre de salud. A pesar de la gran cantidad de declaraciones y demandas, las infecciones por COVID-19 en el OCPC rastreadas por el Departamento de Salud de Nuevo México se dispararon de los dos casos originales a 146 al 21 de junio, según la agencia del gobierno estatal.

Trabajadores desechables

Mientras los inmigrantes languidecían involuntariamente en barrios peligrosos a ambos lados de la frontera del Paso del Norte, otros “invernaderos de virus”, en palabras de la abogada laboralista de Juárez Elizabeth Flores, iban apareciendo en las maquiladoras que impulsan la economía de la frontera.

Entre marzo y mayo, cerraron algunas maquiladoras, pero no todas, en parte debido al cierre de las plantas de automóviles de EE. UU. Los trabajadores de decenas de fábricas de propiedad extranjera en Juárez y el norte de México, que todavía estaban activos, organizaron huelgas salvajes para exigir el pago total de la reclusión en el hogar, algo que alentó el gobierno federal mexicano.

Otras corporaciones, argumentando que su producción cumplía los criterios esenciales, siguieron manteniendo sus líneas de montaje. Pronto comenzó a filtrarse la noticia de que había empleados enfermos y muertos. Las demandas de los trabajadores se encontraron respuestas variadas y los conflictos se acumularon alrededor de las definiciones de operaciones comerciales esenciales versus no esenciales.

Interviniendo del lado de las empresas, la Administración Trump, los líderes del Congreso estadounidense y las corporaciones de EE. UU. con fábricas en México ejercieron su influencia para mantener las fábricas funcionando y produciendo para la economía del TLCAN 2.0.

A medida que mayo avanzaba, aumentaban las informaciones sobre trabajadores muertos y enfermos en Juárez y otras ciudades fronterizas mexicanas. El Dr. Arturo Valenzuela, director de salud del estado de Chihuahua para la zona norte, afirmó que 25 trabajadores de maquiladoras habían perecido de COVID-19. Laboralistas como la abogada y activista Susana Prieto dijeron que la cifra real era de más de 200 trabajadores de las fábricas solo en Juárez.

El 1 de junio se informó que la mayoría de las maquiladoras habían vuelto a funcionar, aunque a capacidad reducida y con acuerdos de distanciamiento personal. Como las muertes seguían aumentando en la región, muchos trabajadores de las fábricas estaban convencidos de que las plantas no eran seguras.

Los empleados de las maquiladoras no fueron los únicos trabajadores que denunciaron su situación en cuanto a salud y seguridad. Tanto en Juárez como en El Paso, los trabajadores sanitarios organizaron protestas para exigir equipos de protección personal e hicieron una petición pública de máscaras faciales y guantes en el corazón de la zona que une México, Canadá y Estados Unidos en un bloque económico comercializado considerado como una de las potencias industriales avanzadas del mundo.

Los trabajadores agrícolas mexicanos de temporada que viven a ambos lados de la frontera en Juárez, El Paso y el sur de Nuevo México también han asumido una posición. Reclutados para trabajar en los campos de cebolla y chile del sur de Nuevo México, muchos son personas entradas en años, no cobran seguridad social a pesar de años de trabajo en la agricultura estadounidense y enfrentan duras condiciones de trabajo bajo un calor extremo incluso en “tiempos normales”.

Los problemas de salud preexistentes, como diabetes e hipertensión, exponen a los trabajadores de edad avanzada a riesgos mucho más altos por la COVID-19. Los trabajadores de El Paso y Juárez se apiñan en camionetas que los transportan a los campos adyacentes de Nuevo México sin posibilidad alguna de distanciamiento social.

A medida que se acercaba la cosecha anual de cebolla, el veterano activista transfronterizo Carlos Marentes revisó recientemente un par de campos en el sur de Nuevo México. Descubrió que muchos no tenían aseos ni instalaciones para lavarse las manos según lo ordenado por la ley estatal de Nuevo México, una omisión insalubre en el mejor de los casos, pero ahora doblemente letal.

La aplicación de la normativa laboral era ya “muy deficiente” antes de la crisis y se ha deteriorado hasta convertirse en un “abandono total” por parte de las autoridades, dijo Marentes. Las oficinas que reciben quejas se han cerrado por la pandemia y, para agravar aún más el problema, algunos trabajadores no tienen acceso a Internet ni móvil para poder contactar con las autoridades y presentar quejas, dijo.

Al igual que las fábricas de Juárez que cuestionaron las condiciones de seguridad cuando se extendió la pandemia, a los trabajadores agrícolas también se les dijo “si no quieres trabajar, vete a casa”, dijo Marentes.

El cofundador y director durante mucho tiempo del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos de El Paso, Marentes, dijo que su agencia cerró sus instalaciones a los visitantes al comienzo de la pandemia, aunque lo mantenía abierto como refugio para los trabajadores agrícolas. Durante semanas no se supo de casos de COVID-19 entre los clientes, hasta que una persona, un hombre de 76 años conocido como Don Manuel, enfermó en mayo, su estado se agravó y murió.

Para Marentes, hay una gran hipocresía social alrededor de la gran cantidad de trabajadores agrícolas que son exaltados como heroicos, trabajadores esenciales mientras siguen expuestos a riesgos potencialmente mortales. “Los (trabajadores agrícolas) no son tanto esenciales como desechables”, se lamentó el activista laboral.

Salud, seguridad y democracia de los trabajadores en la cuerda floja

La pandemia ha supuesto, especialmente para los trabajadores mexicanos, una prueba crucial para sus derechos laborales bajo el acuerdo trinacional que siguió al TLCAN, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 1 de julio.

La abogada Susana Prieto, que protestó bien alto por la salud y la seguridad de los trabajadores de las maquiladoras durante la pandemia de COVID-19, fue arrestada el 8 de junio en Matamoros, Tamaulipas. El gobierno estatal del conservador gobernador del Partido de Acción Nacional, Francisco Cabeza de Vaca, la acusó de disturbios y otros cargos derivados de un incidente en una agencia laboral estatal en marzo de este año. Prieto fue trasladada a la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, encarcelada en el momento álgido de la pandemia y ahora está a la espera de juicio.

Si bien el gobierno de ese estado mantiene que Prieto violó la ley, sus simpatizantes en México y en el extranjero afirman que el arresto de los defensores de los obreros es un acto represivo destinado a aplastar los movimientos de trabajadores independientes. A principios de 2019, Prieto dirigió las huelgas salvajes del movimiento #20-32 en las maquiladoras de Matamoros que consiguieron algunos aumentos salariales y la formación de un nuevo sindicato, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS). El SNITIS surgió como una alternativa al gobierno y los sindicatos sumisos ante las empresas.

El momento del arresto de Prieto ha generado sospechas de persecución política. A medida que se extendía la pandemia de COVID-19, la abogada, que vive en El Paso-Juárez, surgió como líder de los grupos de trabajadores de maquiladoras que exigían el cierre inmediato de las plantas en toda la región fronteriza y una compensación salarial y de beneficios completos para los trabajadores mientras permanecieran en sus hogares.

Su detención se produjo solo semanas antes de la activación del USMCA, un acuerdo económico cuyos defensores afirman que mejora los derechos laborales y la capacidad de los trabajadores mexicanos para organizarse. El pacto es considerado esencial por Washington y Ciudad de México para dar un impulso renovado a una economía norteamericana integrada.

En su conferencia de prensa de la mañana del 12 de junio, el presidente mexicano desvinculó a su administración del arresto, calificándolo de “asunto local” del gobierno del estado de Tamaulipas. No obstante, prometió que las autoridades federales, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, revisarían el caso y prestarían sus buenos oficios para llegar a una “conciliación”. AMLO negó que las presiones del gobierno de Estados Unidos hubieran influido en el encarcelamiento de Prieto, pero eludió una pregunta sobre la posible participación de las corporaciones estadounidenses.

El encarcelamiento de Prieto superó rápidamente los límites de una disputa legal localizada, sintetizando temas de salud y seguridad de los trabajadores, derechos humanos, soberanía económica y democracia laboral. Muchos consideran el caso como una prueba para los derechos laborales mexicanos y las obligaciones del gobierno federal mexicano en virtud del USMCA.

En una declaración de apoyo a la liberación inmediata e incondicional de Prieto, el presidente del sindicato AFL-CIO, Richard Trumka, calificó de “ultraje” el arresto de la abogada-activista a partir de “los falsos cargos de ‘incitación a los disturbios’”

El líder obrero estadounidense dijo que “Prieto es una abogada valiente cuya defensa incansable en nombre de los trabajadores de las maquiladoras de México la ha convertido en un dolor de cabeza de las compañías poderosas y los funcionarios corruptos”. Concluyó: “A medida que nos acercamos a la entrada en vigencia del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, México debe cumplir con sus compromisos de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores”.

En México, decenas de organizaciones obreras, de izquierda y populares exigieron la libertad de Prieto, al igual que destacados académicos, escritores y actores mexicanos. Sus seguidores en El Paso y en todo el mundo también se unieron en nombre de Prieto. A pesar de que la presión internacional aumentó sobre el gobierno mexicano, los problemas de salud y seguridad laboral que Prieto planteó con tanta fuerza poco antes de su encarcelamiento seguían sin resolverse. El 22 de junio, cientos de trabajadores de la maquiladora de fabricación de equipos médicos Erika, en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, organizaron un paro laboral y exigieron que se sanearan sus áreas de trabajo. La acción se produjo después de que se informara de infectados y muertes por COVID-19 en la fábrica.

La hija de Prieto, María Fernanda, publicó en Facebook que el alargamiento de la detención de su “combativa” madre permitiría al gobernador de Tamaulipas y a empresarios seguir “robando, intimidando y abusando de todos aquellos que no conocen sus derechos, específicamente el derecho a luchar y exigir una vida digna”.

Notas:

  1. Informe del Otero County Processing Center (en inglés): https://www.freedomforimmigrants.org/report-on-otero
  2. Caso Susana Prieto (en español): https://www.facebook.com/Lic-Susana-Prieto-Terrazas-308683619477612/?ref=py_c
  3. Sindicato SNITIS (en español e inglés): https://www.facebook.com/SNITISM2032/

Kent Paterson es un periodista independiente que cubre la información en el suroeste de Estados Unidos, la región fronteriza y México. Es colaborador habitual de CounterPunch y el Americas Program.

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/07/01/crisis-after-crisis-on-the-border/

Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la misma.

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