En el contexto del proceso judicial que se lleva a cabo en la provincia argentina de Tucumán contra los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, en la causa por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, la recientemente creada Agrupación Tucumana Contra la Impunidad que lidera la abogada defensora de los […]
En el contexto del proceso judicial que se lleva a cabo en la provincia argentina de Tucumán contra los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, en la causa por la desaparición del ex senador peronista Guillermo Vargas Aignasse, la recientemente creada Agrupación Tucumana Contra la Impunidad que lidera la abogada defensora de los derechos humanos, Laura Figueroa, convocó a un acto en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura militar en el predio conocido como El Pozo de Vargas. En una lucha por la memoria se realizó un acto en el que se hicieron presentes distintas organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda y otras organizaciones sociales. Un acto en el que se repudió el genocidio y se recordó a las víctimas.
¿Qué es el Pozo de Vargas?
El Pozo de Vargas es un viejo pozo de agua tapado con escombros y perdido entre la maleza en el presente, ubicado en una finca de cítricos a la altura del nº 4500 de la Avenida Francisco de Aguirre al oeste de la ciudad capital. Su dueño era de apellido Vargas por lo que toma ese nombre el pozo. Allí los organismos de derechos humanos, tienen la plena convicción que funcionó una fosa de entierro común a los represaliados por la dictadura en Tucumán. Es una zona de plantaciones de cítricos en general, en lo que serían las orillas de la ciudad capital de la provincia. Ahora hay una villa miseria que llega hasta el frente del pozo pero hace 25 años la última casa estaba ubicada a unos doscientos metros y la zona era en general despoblada. Pasa una vía del Ferrocarril General Belgrano por el costado sur, como a 40 metros del pozo.
La denuncia pública sobre la existencia del Pozo la realizó en febrero de 2002 Enrique Romero, quien fuera Director de la sección transportes del gobierno Provincial. Lo suyo fue una maniobra de interés partidario ya que denunciando la existencia de fosas comunes volvía a poner en la discusión pública los crímenes cometidos por el ex gobernador de facto, Antonio Domingo Bussi, adversario político del partido Peronista en el gobierno, en momentos en que se estaba discutiendo en la cámara legislativa la reforma de la constitución provincial con posibilidades de reelección para el entonces gobernador. En la denuncia realizada entonces por Romero no se evidenciaban motivaciones éticas ni de índole personal afectivo sino una mera pugna política entre dos partidos que luchaban por el poder. Desde el año 2002, los organismos de derechos humanos vienen realizando distintas tareas a fin de garantizar que la pesquisa en el Pozo de Vargas concluya con éxito. De encontrarse cuerpos de desaparecidos se estará mostrando las pruebas irrefutables que en la provincia de Tucumán existió un plan de exterminio de la oposición política desde febrero de 1975, ensayo general para lo que sucedería en todo el país a partir del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.
La Memoria apunta hasta vencer
El acto de la mañana del 23 de agosto en el predio del Pozo ha sido un paso más en la lucha por mantener viva la memoria de los desaparecidos. El marco es sin lugar a dudas el juicio contra los represores Bussi y Menéndez, juicio que está en la etapa final. En esta lucha por preservar la memoria de nuestro país, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se dieron cita para expresar una vez más su repudio a la dictadura y al plan político, económico, social y cultural que vino a implementar a sangre y fuego. Se pidió por la continuación en la pesquisa del Pozo, abandonada desde hace más de un año por la desidia judicial y la burocracia estatal. Pero también se ve paralizado porque en la lucha por la memoria, el Estado argentino, aún en su intento por mostrar un rostro preocupado por la defensa de los derechos humanos, camina, en determinadas circunstancias, más lento de lo que debiera. Es aquí, donde el cartel inaugurado en la mañana del 23 de agosto quedará como firme señal hasta que las obras paralizadas continúen y se llegue, literalmente, al fondo de la investigación.
Laura Figueroa, una de las principales promotoras del acto en el Pozo de Vargas expresó en una parte de su discurso: «Los que estamos abocados a rescatar los restos óseos de muchos militantes muertos desde el Operativo Independencia y durante la dictadura militar, que muchos cuerpos están acá, nos interesa recuperarlos. Y no es porque hagamos un culto de los muertos, sino porque nosotros, y cuando hablo de nosotros no me limito al grupo al que pertenezco, sino a todas las organizaciones, lo que nos interesa es la reconstrucción de los hechos para demostrar no solamente en el juicio público y oral como el que estamos viendo, queremos demostrar con elementos concretos, que cuando hablamos de «exterminio masivo», es exterminio masivo y no guerra, cuando hablamos de secuestros no estamos hablando de detención, cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad no estamos hablando de guerra…». El encendido discurso de Figueroa fue tajante en afirmar que en Argentina a partir de febrero de 1975 hubo un plan sistemático de exterminio de toda la oposición política del proyecto neoliberal. En este sentido la abogada busca responder a los militares juzgados quienes siguen afirmando la hipótesis de la guerra para justificar la violación sistemática de los derechos humanos.
Una voz, todas las voces