El represor Julián «Laucha» Corres sigue prófugo. Se escapó el sábado 26 de julio a las seis de la mañana por la puerta de entrada de las dependencias correspondientes a la Policía Federal Argentina en la localidad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Está procesado por 47 secuestros, 38 torturas, […]
El represor Julián «Laucha» Corres sigue prófugo. Se escapó el sábado 26 de julio a las seis de la mañana por la puerta de entrada de las dependencias correspondientes a la Policía Federal Argentina en la localidad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Está procesado por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y siete desapariciones forzadas.
Cada vez va quedando más claro cómo se fue implementando el mecanismo que permitió la fuga del represor. Claro está que no pudo escaparse sin connivencia de terceros: la cuestión es quiénes.
La preocupación surge porque en este caso el Juez Federal Alcindo Álvarez Canale es cuestionado desde distintos ámbitos por su actuación en el caso Corres. El magistrado cometió una serie de irregularidades que favorecieron las condiciones para la fuga del represor. A saber: no trasladar a Corres a instalaciones que dependan del Servicio Penitenciario Nacional, donde existen las medidas de seguridad pertinentes para este tipo de imputado. Donde Corres se encontraba preso no se llevaban registro de visitas, las cámaras de seguridad del establecimiento no estaban en funcionamiento desde el año 2000, no fue dispuesta custodia exterior. Esto era de público conocimiento, o lo que es lo mismo, el Juez Alcindo Álvarez Canale debía tener conocimiento.
Cuando el Juez se entera de la fuga de Corres deja sus vacaciones para retomar su cargo. El juez es recusado por dos fiscales con el argumento de que tiene relación personal o amistosa con los primeros dos testigos que llama a declarar: El teniente coronel Roque Jorge Cocco y el coronel retirado Rubén Darío Villano ambos integrantes de la Jefatura II de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, el mismo destino de Corres cuando cometió los secuestros, torturas y asesinatos por las cuales lo procesó la Justicia. El Magistrado rechaza la recusación y se queda a cargo de la causa. Al Juez Canale no parece preocuparle su imagen.
Además, suele suceder que cada causa por delitos de lesa humanidad que cae en su escritorio padece de un grado de lentitud inusual. En otras palabras, las medidas que toma el juez en estas causas lentifican el proceso de juzgamiento, y esto es una constante.
Por acción u omisión
Hoy por hoy, poco importa si es por acción u omisión que el Juez Federal Alcindo Álvarez Canale beneficia con su actuación la situación legal de los represores. Lo cierto es que lo hace.
Por ello Ernesto Julio Moreau, Vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina (uno de los dos organismos más importantes de DD.HH. del país), llevó a cabo una denuncia contra el Magistrado.
En el documento el letrado sostiene que «surge la necesidad de investigar si el magistrado ha incurrido en mal desempeño, especialmente por:
1) haber dispuesto que la detención de uno de los imputados de los mayores crímenes cometidos durante el período del terrorismo de estado, quien por añadidura estuvo largo tiempo prófugo de la justicia, se cumpliera en una delegación de la Policía Federal, ámbito claramente inadecuado;
2) haber permitido, por acción u omisión, condiciones privilegiadas de detención para Corres las cuales, además de constituir un privilegio inadmisible y una ofensa a las víctimas, visiblemente le facilitaban la fuga en cualquier momento;
3) haberse anticipado a retomar sus funciones 15 días antes de la culminación de sus vacaciones, con el confesado objetivo de asumir la investigación de la fuga y de las responsabilidades de los jefes de la delegación de la Policía Federal (con quienes tenía una relación amistosa de larga data) detenidos y procesados por el juez ad-hoc interviniente. Esta intervención considerada por algunos medios inadecuada por cambiar el rumbo de la investigación, provocó que los fiscales intervinientes, de destacada actuación, no quisieran participar de audiencias relevantes. Por otra parte, el Dr. Álvarez Canale, tendría relaciones de varios decenios con el prófugo y sus familiares, oriundos o residentes de Caleta Olivia (localidad de la provincia de Buenos Aires) en donde se desempeñara como juez durante el período 1972/1984″.
Esta denuncia es el primer paso para que el Consejo de la Magistratura, luego de analizarla, pueda pedir juicio político contra el Juez Alcindo Álvarez Canale. ¿Lo hará? ¿Realmente será cuestionado públicamente y juzgado un Juez Federal? Ese interrogante es realmente atractivo, ya que no es la primera vez que un Juez Federal de la Argentina entorpece el desarrollo de juicios por delitos de lesa humanidad (pese a lo burdo del accionar del juez en cuestión) y nunca se toman medidas que permitan apartar a esos jueces de las causas.
Lo concreto es que del análisis de esta denuncia puede iniciársele juicio político al cuestionado funcionario judicial.
Por último, si bien aquí nos referimos al caso de Corres y el Juez Canale, lo cierto es que en Argentina uno de cada diez militares y colaboradores, represores en general acusados públicamente de cometer delitos de lesa humanidad no están siendo juzgados por la justicia. Seguramente no es casualidad ¿Voluntad política?